María Cristina de Borbón Dos Sicilias. Palermo (Italia), 27.IV.1806 – Sainte-Adresse (Francia), 22.VIII.1878. Reina gobernadora de España.
Hija de Francisco I, rey de las Dos Sicilias, y de María Isabel de Borbón, infanta de España. Fue la cuarta esposa del rey Fernando VII, con el que contrajo matrimonio tras quedar viudo de su tercera esposa, la reina María Josefa Amalia de Sajonia.
María Cristina era sobrina carnal de Fernando VII, ya que su madre, la infanta María Isabel de Borbón, era hermana de éste, por lo que para poder realizarse el matrimonio hubo que solicitar al Vaticano las oportunas dispensas, gestión que realizó el embajador de España en Roma Pedro Gómez Labrador, quien también fue el encargado de pedir la mano de María Cristina en nombre del rey Fernando VII, al rey de las Dos Sicilias.
El 30 de septiembre de 1829 salió María Cristina desde Nápoles hacia España, acompañada por sus padres y por su hermano menor, Francisco de Paula, conde de Trápani, pasando por Roma, donde fueron recibidos por el papa Pío VIII, y atravesando Italia y Francia, país en el que fue vitoreada por los liberales españoles emigrados, quienes anhelaban que aquel matrimonio sirviera para suavizar de algún modo el absolutismo de Fernando VII, anhelos que se vieron cumplidos tres años más tarde, con la amnistía concedida por María Cristina en octubre de 1832.
El 8 de diciembre llegó la comitiva a Aranjuez. La impresión que causó al Rey su sobrina fue muy positiva, pues, además de contar con su juventud —tenía veintitrés años—, María Cristina de Borbón, princesa de las Dos Sicilias, era hermosa, elegante y poseía un carácter abierto y dulce. Sin duda, no causó el mismo efecto en el ánimo de la joven María Cristina su tío y esposo, que tenía cuarenta y cinco años —era veintidós años mayor que ella— y estaba envejecido prematuramente a causa de su precaria salud.
La boda se celebró en el Real Sitio de Aranjuez el 9 de diciembre de 1829, siendo ratificada a su llegada a Madrid, el día 11, en la basílica de Nuestra Señora de Atocha, prolongándose las fiestas nupciales durante varios días con un despliegue de suntuosidad sin precedentes.
Desde el principio, el matrimonio fue muy mal acogido por los ultra-realistas, partidarios del hermano de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro, quien influido por éstos y por su esposa la infanta portuguesa María Francisca de Braganza, había concebido la esperanza de suceder en el trono a su hermano, pues éste, a pesar de sus tres matrimonios anteriores, no había conseguido tener sucesión (solamente su segunda esposa, María Isabel de Braganza, le había dado dos hijas, que no se habían logrado: la infantita María Luisa, que murió a los cuatro meses y medio de nacer, y otra infanta nacida muerta).
El 8 de mayo de 1830, la Gaceta hizo pública la noticia de que la reina María Cristina había entrado en el quinto mes de embarazo. Tres meses antes, el 29 de marzo, el rey Fernando VII, en previsión de que fuese una hija la que naciera, había decidido hacer pública la Pragmática Sanción, que derogaba la ley semi-sálica dada por Felipe V en 1713, la cual excluía a las mujeres en el acceso al trono de España en tanto hubiese descendencia masculina directa o colateral. La Pragmática Sanción, dada por Carlos IV en 1789 y respaldada por las Cortes —pero que al cerrarse éstas precipitadamente por los acontecimientos políticos de Francia en aquella fecha no dio tiempo a que se hiciese pública—, ponía de nuevo en vigencia el orden sucesorio de las Leyes de las Partidas, restableciendo la tradición de la Monarquía española según la cual las mujeres podían reinar.
Con la decisión de Fernando VII de hacer pública la Pragmática Sanción, se disiparon las esperanzas de reinar de su hermano Carlos María Isidro, alentadas por su camarilla, los legitimistas —los carlistas—, iniciándose el enfrentamiento que provocó la lucha dinástica que azotó España tras la muerte de Fernando VII durante gran parte del siglo xix: las Guerras Carlistas, en las que se enfrentaron carlistas e isabelinos. Aunque en realidad, más que un problema dinástico, aquél fue un pretexto para desencadenar el conflicto que existía entre dos tendencias políticas que no aceptaban convivir: absolutistas y liberales.
El 10 de octubre de 1830, la reina María Cristina dio a luz a su primera hija: la princesa Isabel, futura Isabel II. Y trece meses después, el 30 de enero de 1832, nació otra niña, la infanta Luisa Fernanda.
Mientras la felicidad inundaba a María Cristina por haber conseguido dar a Fernando VII la tan ansiada sucesión, las esperanzas de reinar del infante Carlos María Isidro se desvanecían por completo.
En el mes de septiembre de 1832, estando la Corte en La Granja de San Ildefonso, el Rey sufrió uno de sus ataques de gota, pero esta vez tan grave, que se temió por su vida.
Los partidarios del infante Carlos María Isidro, que ocupaban posiciones claves en el Gobierno de la nación, como el ministro de Justicia, Tadeo Calomarde, y el ministro de Estado, conde de Alcudia, aprovecharon este agravamiento de la salud del Rey para pintar ante la reina María Cristina —a la que Fernando VII había encargado la Regencia mientras durase su enfermedad— un panorama tan desolador y con el fantasma de la guerra civil de fondo, que la Reina pidió a su esposo que revocase, por medio de un codicilo, la Pragmática Sanción. La firma de este documento (18 de septiembre de 1832) supuso la derogación de la Pragmática Sanción y el restablecimiento de la legitimidad sucesoria en la persona del hermano del Rey.
Apenas recuperada la salud, Fernando VII mandó iniciar los trámites para anular el codicilo que derogaba la Pragmática Sanción. Calomarde fue desterrado y al conde de Alcudia se le obligó a reincorporarse a su actividad diplomática fuera de España.
Pocos días después, la reina María Cristina, a la que su esposo había facultado para gobernar conjuntamente con él, firmaba un decreto de amnistía que afectó a un gran número de personas, incluidos los exiliados (15 de octubre de 1832).
El 31 de diciembre de 1832 tuvo lugar, ante una nutrida representación de personalidades, el acto solemne de la lectura por parte del Rey del documento derogatorio del codicilo que contenía la derogación de la Pragmática Sanción, que restablecía los derechos sucesorios de su primogénita, Isabel, quien seis meses más tarde, el 30 de junio de 1833, fue jurada por las Cortes princesa de Asturias y heredera del trono, en la madrileña iglesia de San Jerónimo.
Tres meses después, el 29 de septiembre de 1833, murió en el Palacio Real de Madrid el rey Fernando VII a consecuencia de un fulminante ataque de apoplejía. Como su sucesora, Isabel II, cumplía tres años el 10 de octubre, el testamento del Rey disponía que la Reina viuda ejerciera como regente y gobernadora, asesorada por un Consejo de Gobierno, hasta que su hija cumpliera los dieciocho años.
El 1 de octubre, el infante Carlos María Isidro lanzó desde Abrantes (Portugal) un manifiesto en el que no reconocía los derechos al trono de su sobrina Isabel y se intitulaba Carlos V, rey de España. De este modo se inició la guerra civil —Primera Guerra Carlista (1833-1839)— y la Regencia de la reina María Cristina, que duró siete años (1833-1840) y estuvo marcada por graves dificultades desde sus comienzos, pues además del grave problema interno que supuso el estallido de la guerra civil —que incidió profundamente en la vida del país y forzó la actitud de los distintos gobiernos moderados y liberales— en el exterior la reina María Cristina no fue reconocida más que por Francia e Inglaterra, y hubo que esperar hasta 1834 para que las relaciones exteriores de España se mejorasen con la firma del tratado de la Cuádruple Alianza.
La Guerra Carlista dividió al país en dos bandos: los cristinos, liberales partidarios de la reinita Isabel II y de la Reina gobernadora, en los que ésta únicamente podía apoyarse para sostener los derechos de su hija al trono, y los carlistas, realistas partidarios de Carlos María Isidro.
Mientras en el norte de España, Vascongadas, Navarra y Cataluña, a partir del mes de octubre de 1833 ardía la Guerra Civil, la Reina gobernadora comenzó a gobernar dando al país —a instancias de Cea Bermúdez, presidente del Consejo de Ministros— el Manifiesto del 5 de octubre, verdadero programa del primer gobierno de la Regencia.
Dos eran las líneas básicas de actuación contenidas en el Manifiesto: la firme voluntad de salvaguardar el poder de la Corona y la promesa de acometer reformas administrativas. Pero el Manifiesto, recibido con frialdad, no gustó a nadie y el propio Consejo de Gobierno —que Fernando VII había dispuesto en su testamento para asesorar a su esposa— aconsejó a la Reina gobernadora que iniciara un ensayo liberal.
El Gobierno de Cea Bermúdez tenía sus días contados: los liberales al unísono se le opusieron y los capitanes generales Llauder y Quesada, de Cataluña y de Castilla la Vieja, respectivamente, elevaron a la Regente sendos escritos reclamando la inmediata reunión de Cortes como punto de partida de una reforma política que estuviera por encima de la mera administrativa que se propugnaba en el Manifiesto.
La reina María Cristina comprendió que no podía mantener ni un minuto más a Cea Bermúdez y en enero de 1834 pasó a sustituirle por Francisco Martínez de la Rosa.
En Martínez de la Rosa, militante del viejo liberalismo de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal —aunque su entusiasmo de entonces lo habían enfriado la adversidad y el exilio—, se vio al hombre capaz de iniciar un ensayo liberal. En aquellos momentos mantenía una postura liberal moderada que quedaría plasmada en su programa político, el Estatuto Real de 1834, primer texto constitucional del reinado de Isabel II.
El Estatuto Real, que tenía sus antecedentes en la Carta Otorgada de Luis XVIII y era simplemente una convocatoria de Cortes, satisfizo solamente a los sectores más moderados del liberalismo español, aunque a su amparo vivieron cuatro Gobiernos: el de Martínez de la Rosa, hasta junio de 1835; el del conde de Toreno, hasta septiembre de 1835; el de Juan Álvarez Mendizábal, hasta mayo de 1836, y el de Istúriz, hasta agosto de 1836.
A excepción del Gobierno presidido por el liberal progresista Mendizábal —que logró sacar adelante su Decreto desamortizador de 1836 y dejó preparada la Ley desamortizadora de 1837—, los otros tres Gobiernos eran de signo moderado, por lo que tuvieron que gobernar con el fantasma del pronunciamiento y de la conspiración de los progresistas contrarios al Estatuto Real.
En el verano de 1836 se desencadenaron una serie de levantamientos que se iniciaron en Málaga, propagándose muy rápidamente por Granada, Cádiz y demás provincias andaluzas, pasando después a Aragón y Valencia y luego al resto de España. Finalmente, la noche del 12 de agosto de 1836, en el Real Sitio de La Granja —donde la reina María Cristina y sus hijas se encontraban pasando el verano— se consumó el pronunciamiento de los sargentos, siendo obligada la Reina gobernadora a restablecer la Constitución de 1812 poniéndose fin de este modo al Estatuto Real de 1834.
Tras el triunfo del pronunciamiento de los sargentos de La Granja, la reina María Cristina encomendó el poder a los progresistas. El nuevo presidente del Consejo de Ministros fue Calatrava, y éste nombró a Mendizábal ministro de Hacienda, quien pudo entonces sacar adelante su Ley desamortizadora de 1837.
Inmediatamente se convocaron Cortes Constituyentes, que abrió la Reina gobernadora en octubre de 1836, para revisar la Constitución de 1812 o en caso necesario proceder a la elaboración de una nueva. Se designó una Comisión encargada de la reforma constitucional presidida por Agustín Argüelles y cuyo secretario fue Salustiano Olózaga, la cual, tras seis meses de trabajo, elaboró un nuevo texto constitucional: la Constitución de 1837, que fue sancionada por la Reina gobernadora el 18 de junio de 1837.
Con los progresistas en el poder, el Partido Moderado se convirtió en oposición escindido en dos posturas: la de los que deseaban participar en el juego político y la de los que preferían hacerlo desde la clandestinidad.
A causa de la postura de estos últimos, el Gobierno Calatrava —que había durado casi un año— cayó el 18 de agosto a causa del pronunciamiento realizado por los oficiales de la brigada Van Halen, en Aravaca, a las afueras de Madrid.
A consecuencia de esta inestabilidad política, los carlistas aprovecharon para reiniciar su ofensiva, llevando a cabo personalmente el pretendiente Carlos la llamada Expedición Real, llegando a las puertas de Madrid con sus tropas en septiembre de 1837. Pero Carlos no atacó Madrid, pues venía con la intención de pactar con su cuñada y sobrina María Cristina, quien le había hecho llegar sus propuestas por mediación del rey Fernando II de Nápoles.
Para la Reina gobernadora, los sucesos de La Granja del mes de agosto de 1836 habían supuesto una humillación y causado tal alarma que, desde entonces, pensó en la posibilidad de hacer un acuerdo secreto con Carlos María Isidro, ofreciéndole para su hijo, la mano de Isabel II. Pero María Cristina se arrepintió y no abrió la capital a Carlos, quien tuvo que abandonar Madrid sin pacto alguno y en su retirada, sufrir la derrota en Aranzueque (Guadalajara), causada por el general Espartero.
Al caer Calatrava, la Reina gobernadora ofreció el Gobierno a Espartero, pero éste lo rechazó con el pretexto de tener que ponerse al frente del ejército que combatía a los carlistas. Se sucedieron entonces tres gobiernos moderados: el de Eusebio Bajardí, Ofalia, duque de Frías, y Pérez de Castro. Este último inició un programa reformista con vistas a modificar el sistema político pero manteniendo la Constitución.
Los tres puntos fundamentales de su reforma fueron: la limitación del sufragio a través de la Ley Electoral de 1840; el proporcionar medios legales al Gobierno para combatir a la prensa y, el tercero, reforzar el poder central en los municipios, por medio de una nueva Ley de Ayuntamientos.
Acababa la Guerra Carlista, el general Espartero, ya conde de Luchana y ahora duque de la Victoria tras el abrazo de Vergara, era considerado el héroe de la Guerra Carlista y el militar de máximo prestigio del momento. Por eso, la reina María Cristina, aunque conocía su identificación con el progresismo, quiso sondearle para saber si podía contar con él para apoyar el nuevo programa de Pérez de Castro.
Con el pretexto de que los médicos habían aconsejado a la reinita Isabel que tomase baños de mar, la Reina regente decidió viajar con ella y con la infanta Luisa Fernanda a Barcelona, ciudad que contaba entonces con el mayor número de elementos conservadores y que a ella le ofrecía garantías de orden. La primera entrevista de la Reina gobernadora con el duque de la Victoria fue en Lérida, y en ella la reina María Cristina ya se dio cuenta claramente de que Espartero se había convertido en el hombre fuerte del progresismo.
En su segunda entrevista, que tuvo lugar en Esparraguera (Lérida), Espartero comunicó a la reina María Cristina su tajante oposición al Gobierno Pérez de Castro, a la sanción de la Ley de Ayuntamientos y a las Cortes que la respaldaban. La Regente le contestó que estaba dispuesta a un cambio en la composición del Gobierno que podría presidir Istúriz, y del cual el propio Espartero podría formar parte, una vez dominados los últimos reductos de la Guerra Carlista que, al mando del general Cabrera, aún coleaban en el norte de Cataluña.
Por fin, la Reina gobernadora y su hija Isabel II llegaron a Barcelona el 30 de junio de 1840. Lo sucedido en la Ciudad Condal a la llegada de éstas dejó bien patente el enfrentamiento que existía entre la postura de María Cristina, identificada por completo con los moderados, y la de Espartero, vinculado totalmente a los progresistas, pues aunque las Reinas fueron recibidas con entusiasmo, el Ayuntamiento de Barcelona —de clara filiación progresista— se encargó de engalanar las farolas de las Ramblas con el artículo de la Constitución de 1837 relativo a la Ley de Ayuntamientos, y el capitán general, Van Halen, cabeza visible del progresismo barcelonés y brazo derecho de Espartero, presionó personalmente a la reina María Cristina con la amenaza de un estallido popular si Pérez de Castro seguía al frente del Gobierno. La Reina contestó a Van Halen que nunca se atentaría contra la Constitución y que pensaba cambiar el Gobierno, pero que primero deseaba conocer el programa del nuevo diseñado por Espartero.
La toma de Berga y Hort supuso el final de los últimos reductos del carlismo a los que se combatía en el norte de Cataluña. Y desde Berga, Espartero envió a la Reina regente su programa en forma casi de ultimátum: disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones y la anulación de la Ley de Ayuntamientos.
Estaba claro que la postura de la Reina regente y la del duque de la Victoria no eran compatibles, pues pocos días después la reina María Cristina sancionó la Ley de Ayuntamientos, lo cual supuso la inmediata ruptura con Espartero, quien dimitió de todos sus cargos, incluido el último, el de jefe de la Guardia Real, que le había sido concedido por la Regente el mismo día en que ella firmaba el texto de la Ley de Ayuntamientos.
A partir del día 16 de julio, una marea de manifestaciones y protestas contra la Ley, perfectamente orquestadas, hicieron caer al Gobierno de Pérez de Castro. La reina María Cristina tuvo que dar paso a un nuevo Gobierno de carácter progresista presidido por Antonio González —afín a Espartero—, que el 6 de agosto juró su cargo, siendo la primera decisión de este Gobierno dejar en suspensión la Ley de Ayuntamientos y la disolución de las Cortes.
Ante el cariz de los acontecimientos la Familia Real decidió marcharse a Valencia y, estando en esta ciudad, estalló el 1 de septiembre de 1840 en Madrid primero y después se propagó a toda España un movimiento revolucionario que cristalizó en la creación de juntas revolucionarias de gobierno. Ante la gravedad de los acontecimientos, María Cristina llamó a Espartero y le pidió que pusiera fin a aquella revolución, a lo que Espartero contestó que no podía hacerlo porque él se sentía plenamente identificado con ella.
La Reina gobernadora se dio cuenta de que no le quedaba más remedio que abdicar la Regencia en la persona del general Espartero, decidida a no iniciar de nuevo la guerra civil y con el convencimiento de que en aquellos momentos el duque de la Victoria representaba la garantía de seguridad para el trono y el sostenimiento de los derechos de su hija Isabel II.
El 12 de octubre de 1840, María Cristina hacía pública su renuncia en el palacio Cervellón de Valencia y cinco días más tarde, el día 17, abandonaba España, dejando a sus dos hijas, Isabel II, la reina de España, que tenía diez años, y a la infanta Luisa Fernanda, que aún no había cumplido los ocho, que —sin entenderlo— se veían de golpe despojadas del cariño y los cuidados insustituibles de una madre. Embarcada en el vapor Mercurio, se acogió a la hospitalidad que le brindaron sus tíos, el rey Luis Felipe de Francia y su esposa la princesa Amalia de Borbón, tía carnal de María Cristina, y el 8 de noviembre, desde Marsella, explicó a los españoles en un manifiesto los motivos de su importante decisión.
Pero, junto a todos estos motivos políticos, existían otros motivos personales en la renuncia a la Regencia de María Cristina. Tres meses después de la muerte de Fernando VII, se había casado con el capitán de la Guardia de Corps, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez- Funes. Este matrimonio, mantenido en secreto, pero sabido en toda España, restó mucha popularidad a la Reina regente, que sólo podía serlo de su hija Isabel II en tanto era la Reina viuda, según constaba en el testamento de su esposo el rey Fernando VII.
De este matrimonio morganático nacieron ocho hijos, de los cuales cinco lo hicieron en España, mientras la Reina fue regente: María Amparo, María de los Milagros, Agustín, Fernando María y María Cristina.
Estos nacimientos hicieron muy difícil la situación de la Reina gobernadora, que debía ocultar a los ojos de la Corte y de todo el país sus embarazos y partos, sin lograrlo, lo que dañó fuertemente su reputación y le valió ser el blanco de graves críticas. Los otros tres hijos, Juan María, Antonio y José María, nacieron ya en París, después de haber tenido que abandonar la Regencia.
En el exilio María Cristina, basándose en la pretensión de conservar al menos la tutoría de sus hijas —que las Cortes habían concedido al político Agustín Argüelles—, impulsó el primer pronunciamiento moderado surgido para derrocar a Espartero en octubre de 1841, del que fueron alma el general O’Donnell —presidente de la Junta de exiliados que se formó en París nada más llegar a esta ciudad María Cristina— y el general Diego de León, conde de Belascoaín, y que tuvo su momento culminante el 7 de octubre. El plan era una sublevación militar que empezaría en las provincias vascas y Navarra, raptarían en Madrid a las reales niñas y al Regente y volverían a proclamar la Regencia de la reina María Cristina.
Pero la conspiración fue abortada y sus protagonistas, a la cabeza de los cuales se encontraba el general Diego de León, fueron sometidos a juicio sumarísimo y fusilados por decisión inapelable de Espartero, que con esta demostración de dureza inició la caída de su popularidad.
El pronunciamiento incruento de Torrejón de Ardoz, del 22 de julio de 1843, puso punto final a la regencia del duque de la Victoria, quien tuvo que abandonar España el 30 de julio y refugiarse en Inglaterra.
Los moderados, con el general Narváez a la cabeza, llegaban de nuevo al poder y era proclamada reina de España Isabel II, a los trece años, adelantándose cinco años su mayoría de edad.
Con los moderados gobernando, la reina María Cristina regresó a España el 23 de marzo de 1844, sin pensar en corregir el gran error que la había conducido al exilio: identificarse por completo con el Partido Moderado, además de constituirse en un apoyo básico para la exclusión política del Partido Progresista, lo que a la larga le trajo graves consecuencias.
En el mes de octubre su hija Isabel II legitimó su matrimonio clandestino con Fernando Muñoz y a los ocho hijos que tuvo con él. De este modo quedaba resuelto el espinoso tema que a la reina María Cristina había tanto atormentado, pues, tras haber estado once años ocultando su matrimonio, ya podía exhibirse en público con el hombre al que verdaderamente amó durante cuarenta años y al que su hija la reina Isabel II le otorgó el título de duque de Riansares con Grandeza de España, le ascendió a teniente general de los Ejércitos Reales y le condecoró con el Toisón de Oro y con la Gran Cruz de Carlos III.
A su regreso del exilio, la reina María Cristina, que fijó su residencia habitual con su esposo, el duque de Riansares, y sus hijos Muñoz-Borbón, en el palacio de la madrileña calle de las Rejas —próximo al Palacio Real—, ejerció una gran influencia sobre su hija Isabel II, interviniendo directamente en muchos temas políticos durante la Década Moderada (1843-1853), temas que no eran de su competencia sino de su hija, reina constitucional de España. Uno de los asuntos en los que influyó de forma decisiva fue en el desgraciado matrimonio de su hija Isabel II con su primo hermano Francisco de Asís de Borbón, que, de todos los candidatos posibles —y que no fueron vetados por Francia e Inglaterra—, fue el menos adecuado para Isabel II, ni como Reina ni como mujer.
La violencia extrema con que se vivieron las jornadas revolucionarias de julio de 1854 se cebó —además de en los tres ministros moderados más odiados: Sartorius, Esteban Collantes y Doménech, cuyas casas fueron asaltadas, así como la del banquero Salamanca— en María Cristina, a quien los revolucionarios culpaban de la prolongada permanencia en el poder de los moderados, y para hacérselo pagar se expolió e incendió su palacio de las Rejas, teniendo que refugiarse con su familia en el Palacio Real. Finalmente, controlada la situación, su antiguo enemigo, el general Espartero —a quien la reina Isabel II había llamado para contener la revolución— permitió que fuese puesta en la frontera con todas las garantías de seguridad. El día 28 de agosto de 1854, la Reina madre, con su esposo el duque de Riansares, abandonó Madrid con destino a Portugal, quedando anulada su pensión de Reina madre y confiscados todos sus bienes.
María Cristina se volvió a instalar con su familia en Francia y, aunque su hija Isabel II, durante el Gobierno Largo de la Unión Liberal (1858-1863), pidió al general O’Donnell que autorizase la vuelta de la Reina madre a España, el duque de Tetuán se opuso a ello. Quedaba muy lejos la antigua identificación del joven general O’Donnell con la Reina gobernadora, que no volvería ya nunca a España.
En Francia, María Cristina adquirió el castillo de la Malmaison, desde donde se trasladaba frecuentemente a París. En esta ciudad conoció en 1868 la noticia del destronamiento de su hija Isabel II; asistió en el palacio de Castilla al solemne acto de abdicación de la reina Isabel II a favor de su hijo el príncipe Alfonso (25 de junio de 1870), y tuvo la noticia de la restauración de la Monarquía borbónica en la persona de su nieto el rey Alfonso XII (29 de diciembre de 1874).
La reina María Cristina murió el 22 de agosto de 1878 a los setenta y dos años en la ciudad francesa de Sainte- Adresse. Sus restos fueron trasladados a España y, por haber dado descendencia a la Corona, está enterrada en una urna funeraria frente a la del rey Fernando VII en el Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial.
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Trinidad Ortuzar Castañer
