Martínez Almagro, Juan Felipe. Almería, 1.III.1799 – ?, s. m. s. XIX. Político, militar, ministro.
Hijo primogénito de los vecinos de Almería Juan Pedro Martínez Remacha, abogado de los Reales Consejos, regidor y alcalde de su Ayuntamiento (afrancesado y absolutista) y auditor de Marina de la Comandancia de la misma ciudad, y María Manuela Almagro Salas. Sus abuelos paternos, naturales de Fuentelmonge (Soria), fueron Felipe Martínez Rodríguez y Juana de la Cruz Remacha Gamo; y los maternos, vecinos de Almería, fueron Juan Bautista Almagro Valera, regidor perpetuo de su corporación municipal, comisionado principal de los caminos de su partido y alcalde honorario del Crimen de la Chancillería de Granada, y María Manuela Salas Perales.
Pues bien, asentándose en las ejecutorias de nobleza familiar probadas por ambos abuelos y teniendo a su hermano José Antonio, en calidad de abogado, como representante, Juan Felipe Martínez Almagro logró en febrero de 1839 la admisión como caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, incorporándose en mayo de 1841. Para entonces, desde enero de 1839, contaba con la Cruz de Comendador de la Orden Americana de Isabel la Católica, que se acrecentó a Gran Cruz en octubre de 1846 con motivo del matrimonio de Isabel II.
Estas últimas condecoraciones las recibió por los servicios prestados al Estado, que comenzaron en 1833, una vez cursados ocho años de estudios mayores y superada la postergación sufrida durante la segunda etapa absolutista de Fernando VII, por haber pertenecido en el Trienio Liberal a la milicia nacional con el grado de capitán graduado. Así, al poco de inaugurarse la regencia de María Cristina, entró a formar parte como oficial 5.º de la clase de quintos de la plantilla de las oficinas centrales del Ministerio de Fomento. Aquí se mantuvo, progresando en el escalafón administrativo, no sólo después de la salida del principal impulsor de este departamento ministerial, Francisco Javier de Burgos, sino también con los cambios de denominación que, primero, por el del Interior y, después, por el de la Gobernación, se efectuaron durante la época del Estatuto Real. A la conclusión de éste, en agosto de 1836, ocupaba el puesto de oficial 6.º de la Clase 1.ª.
Por el momento, en esa categoría vio paralizada su carrera, porque, vinculado al Partido Moderado, con el restablecimiento provisional entonces de la Constitución gaditana y la asunción de las riendas del Estado por el progresista, fue declarado cesante.
En esta situación permaneció hasta finales de 1837, a lo largo del proceso constituyente abierto a continuación y concluido en junio con el nuevo Código político transaccional, y una vez que en las elecciones legislativas de octubre triunfaron los conservadores.
Con ellos, primeramente, pasados dos meses entró a formar parte de la comisión especial establecida para la formación de un proyecto de ley sobre la organización de los ayuntamientos y diputaciones, y, seguidamente, en enero de 1838 fue reintegrado al Ministerio de la Gobernación como oficial 3.º de la Clase 1.ª. Pero la cosa no quedó ahí. En abril era ya jefe de sección y, ostentando la dirección del departamento el marqués de Vallgornera, en octubre era nombrado subsecretario. Además, parece que también por influencia de éste, desde julio de 1839 fue vocal de la Dirección General de Estudios, reteniendo el anterior cargo.
Permaneció al frente de la Subsecretaría de ese Ministerio durante el mandato del anterior titular, integrado en el Gobierno del duque de Frías, y de los que le sucedieron (Antonio Hompanera de Cos, Lorenzo Arrázola, Juan Martín Carromolino, Lorenzo Arrázola, Saturnino Calderón Collantes y Agustín Armendáriz) en el siguiente gabinete de Evaristo Pérez de Castro. De esta manera tuvo una estrecha implicación, en la medida que la tuvo su departamento, en la política de este ejecutivo orientada a modificar restrictivamente el sistema político para afirmar en el poder al Partido Moderado en detrimento del Progresista.
Para ello resultaba primordial que este Gobierno, sostenido desde el verano de 1839 sólo con la prerrogativa regia, contara también con la parlamentaria.
Pues bien, por la colaboración proporcionada en la consecución de la mayoría moderada con los controvertidos comicios de enero de 1840 y en la articulación de los proyectos legislativos de la contrarreforma conservadora, Juan Felipe Martínez Almagro por primera vez obtuvo acta de diputado por Almería. Con ella apenas intervino en la labor parlamentaria, pero sí avaló la reforma de la legislación municipal, con la que se supeditaban política y administrativamente los alcaldes y ayuntamientos al Ministerio de la Gobernación. Como es sabido, la promulgación de esta normativa se acabó convirtiendo en el desencadenante, durante el verano, del proceso revolucionario que provocó el traslado de la regencia de María Cristina al general Baldomero Espartero a lo largo de un trienio de dominio progresista.
Durante este tiempo, como moderado que era, quedó apartado de la escena pública, encontrando refugio, al igual que otros correligionarios, en la Empresa de la Sal, de la que desde diciembre de 1841 fue visitador de alfolíes en la provincia de Salamanca.
En este empleo permaneció hasta que, agotada la alternativa del liberalismo avanzado, con el comienzo del reinado efectivo de Isabel II los conservadores regresaron al poder, para mantenerse diez años. En su afianzamiento jugó un importante papel Juan Felipe Martínez Almagro, ya que, tras ocupar desde enero de 1844 el puesto de inspector segundo del cuerpo de la Administración Civil, al establecimiento en mayo del gabinete presidido por el general Ramón María Narváez, el titular de la Gobernación, Pedro José Pidal —principal sistematizador de los presupuestos fundamentales del moderantismo— volvió a contar con él como subsecretario. Desde este cargo y desde el escaño en el Congreso por su provincia natal, alcanzado en las elecciones de septiembre, participó en la definición de los aspectos nucleares del sistema político moderado: la Constitución doctrinaria del siguiente año, el modelo de administración local centralizado y el régimen restringido de libertades públicas (participación y prensa).
Convertido ya en un miembro indiscutible de la familia conservadora, a la conclusión de ese Gobierno no sólo continuó al frente de la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación, sino que, asimismo, entre el 5 y 12 de abril de 1846 ocupó interinamente la cartera, sirviendo de puente entre sus titulares del segundo ejecutivo de Ramón María Narváez y del de Francisco Javier Istúriz, Francisco Javier de Burgos y Pedro José Pidal, respectivamente. Cumplida esta función, pasó a integrarse en el Consejo Real en la clase de ordinario dentro de la sección de lo contencioso, compatibilizándolo desde mayo con el cargo de viceprotector del Conservatorio de Música y Declamación de María Cristina. Además, después de recibir en julio en la capital almeriense un homenaje por ser considerado uno de los más egregios conciudadanos, en los comicios de diciembre revalidó el puesto de diputado, si bien por el distrito de Puebla de Sanabria (Zamora).
Sin alterarse esta situación, salvo por la recuperación en las elecciones de agosto de 1850 y confirmación en las de mayo de 1851 del distrito de Almería en la representación en el Congreso, pasaron los días hasta finales de 1852. Entonces, en noviembre, Cristóbal Bordiú Góngora, último ministro de la Gobernación del gabinete de Juan Bravo Murillo, requirió sus servicios en la dirección de la Subsecretaría, que ocupó en comisión hasta la conclusión de diciembre. Además, en la legislatura que duró los dos primeros días de este mes asumió una de las vicepresidencias.
Con el inicio del nuevo año, las cosas volvieron a su sitio y, sin más cambios que los relativos a la revalidación en febrero del escaño de la Cámara Baja, permanecieron hasta julio de 1854. El ascenso entonces de los progresistas al poder y la inauguración del bienio bajo su dominio, significó para Juan Felipe Martínez Almagro la salida inmediata del Consejo Real, al verse suprimido, y en marzo de 1855 del Conservatorio de Música.
El retorno, en el verano de 1856, de los conservadores a las riendas del Estado le permitió recuperar posiciones, pero sólo durante los dos siguientes años, en los que el moderantismo histórico, al que estaba adscrito, fue hegemónico. Así, en diciembre del mencionado año fue nombrado vocal de la Junta Superior de Archivos dependientes del Ministerio de Gracia y Justicia, en las elecciones de marzo del siguiente año recobró el escaño en el Congreso por su provincia natal y en febrero de 1858 volvió al puesto de Consejero Real. Pues bien, todo se diluyó con el ascenso en junio de la Unión Liberal. Primero, el cargo en la alta institución consultiva, del que fue cesado en septiembre cuando se hizo efectiva la reforma que dos meses antes acompañó al cambio de denominación de Consejo Real por Consejo de Estado; después, la representación en las Cortes, con la que ya no contó desde los comicios de octubre; y, por último, la vocalía en esa Junta Superior de Archivos, que la perdió con el paso a la jubilación en enero de 1859. De esta manera terminó la vida pública de Juan Felipe Martínez Almagro, que le permitió desde junio disfrutar de una pensión de 25.000 reales anuales.
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 18 n.º 4, 24 n.º 24, 24 n.º 69, 24 n.º 24, 27 n.º 13, 28 n.º 4, 30 n.º 4, 32 n.º 19, 39 n.º 4.
M. Sánchez Silva, Semblanzas de los 340 Diputados a Cortes que han figurado en la legislatura de 1849 a 1850, Madrid, Imprenta de D. Gabriel Gil, 1850, págs. 121-122; J. S antisteban y M. Flores González-Grano de Oro, Historia cronológica y biográfica de Almería de los corregidores, gobernadores, alcaldes, regidores y concejales desde 1493 hasta 1927, obtenida de actas y documentos inéditos, Almería, Imprenta C. Peláez, 1927; A. y A. García Carraffa, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, t. LX, Salamanca-Madrid, Imprenta Comercial Salmantina-Artes Gráficas Roberto López, 1947, págs. 179-181; J. Á. Tapia Garrido, Almería hombre a hombre, Almería, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería, 1979, pág. 143.
Javier Pérez Núñez
