Calderón Collantes, Saturnino. Reinosa (Cantabria), 26.II.1807 – París (Francia), 7.X.1864. Estadista y magistrado.
Fue uno de los hijos de la familia de Reinosa (Cantabria) formada por Manuel Santiago Calderón Fontecha y Saturnina Collantes Fonegra. La primera etapa de su vida estuvo muy influenciada tanto en la orientación profesional como en la política por su padre, abogado de los Reales Consejos, que se adscribió al liberalismo durante el Trienio Constitucional, siendo diputado a Cortes y jefe político de Palencia.
Así, Saturnino, tras realizar los primeros estudios en el convento de religiosos de su villa natal, cursó parte de la carrera de Leyes en las universidades de Valladolid y Central de Madrid. En esta tuvo que abandonarla en marzo de 1823 por la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis y porque, para hacerles frente y a las fuerzas reaccionarias interiores, se enroló en Palencia en la Milicia Nacional, sumándose al ejército de operaciones que, bajo el mando del conde de Cartagena, se organizó en Valladolid, y continuando agregado a él hasta que se disolvió en Lugo.
Si por esta defensa de la legalidad constitucional gaditana recibió en 1836 la condecoración establecida entonces para distinguir a los milicianos que hicieron lo mismo, la implacable represión que acompañó a la segunda restauración del absolutismo fernandino no pudo por menos que afectarle. De ahí que la inmediata reanudación de sus estudios en la Universidad de Santiago de Compostela se viera interrumpida por la persecución, primero, de los propios estudiantes absolutistas y, después, de los voluntarios realistas. Con todo, en septiembre de 1824 por esta universidad obtuvo el grado de bachiller en Leyes, siendo recibido como abogado dos años después por la Audiencia territorial de Galicia e incorporándose al Colegio de Abogados de este territorio en mayo de 1828.
Pero este título profesional y el coetáneo cambio de estado civil para nada alteró su situación política de perseguido. Así, en marzo de 1831, el capitán general de Galicia, Nazario Eguía, acusándole de complicidad en las conspiraciones dirigidas al restablecimiento del régimen liberal, después de hacerle sufrir un mes de arresto le desterró a la villa de Barrios en El Bierzo, obligándole a abandonar el domicilio familiar de Santiago de Compostela. No pudo regresar hasta el tímido aperturismo que siguió a los sucesos de La Granja, que también le reportó en enero de 1833 su primer empleo público, el de fiscal del Juzgado de Guerra de la Capitanía General de Galicia. Poco después, en marzo, asumió además el cargo de regidor perpetuo del Ayuntamiento de La Coruña.
Fallecido en septiembre Fernando VII, bajo la regencia de su viuda María Cristina se abrió el camino a la Monarquía constitucional mediante el Estatuto Real en abril de 1834. Pues bien, en el estamento de procuradores contemplado en este texto Saturnino Calderón logró en las elecciones de junio un escaño por Orense, a pesar de no contar con la edad requerida y presentar como justificante de renta los bienes matrimoniales. Aunque por enfermedad apenas asistió a la primera legislatura, se sitúo en el sector de oposición al moderantismo gobernante. De ahí que participara en la movilización progresista que en septiembre de 1835 aupó al poder a Juan Álvarez Mendizábal, formando parte de la Junta auxiliar consultiva establecida en La Coruña; y de ahí también que en la siguiente legislatura destacara en el apoyo brindado al voto de confianza solicitado por éste, en calidad de miembro de la comisión dictaminadora de la cámara.
En coherencia con la defensa del régimen representativo que aquí realizó, se encuentra su consideración del sufragio como una función de la propiedad, significándolo así en la comisión de ley electoral, en la que también descolló.
Esta cercanía al mendizabalismo, si bien desde el sector más templado (como lo demuestra su participación en la redacción de las páginas de El Español), le reportó en febrero de 1836 un importante impulso en la carrera judicial, al ser nombrado magistrado de la Audiencia de Oviedo, además de afirmarle en la posición política adquirida, al resultar reelegido entonces procurador igualmente por Orense. Con todo, la ausencia de nuevo de la cámara, esta vez denotó un claro acercamiento al ejecutivo moderado de Francisco Javier Istúriz. Así, ya como su partidario, fue elegido en julio procurador por esa provincia gallega y se opuso al movimiento progresista que logró, al mes siguiente, el restablecimiento provisional de la Constitución de Cádiz. Por eso, su presencia desde noviembre en la comisión de armamento y defensa de Oviedo, se debió más a su calidad de magistrado de la Audiencia, que a su connivencia con el momento político.
Promulgada la Constitución de 1837 y trasladado desde julio de ese año a la Audiencia de Valladolid, en las elecciones de octubre, Saturnino Calderón sumó el escaño de diputado logrado por Orense al de la mayoría alcanzada por el partido moderado. En esta ocasión desplegó una intensa labor parlamentaria, apoyando y colaborando en la mejora de los proyectos gubernativos, de forma muy particular en el relativo a la organización de los ayuntamientos. Esto le valió, primero, la confirmación del puesto en el Congreso por esa provincia en los comicios de agosto de 1839 y, después, el nombramiento el 16 de noviembre como ministro de la Gobernación del Gabinete conservador presidido por Evaristo Pérez de Castro. Desde este Ministerio, por un lado, coadyuvó a la sustitución de la mayoría parlamentaria progresista por la moderada mediante las controvertidas elecciones de enero de 1840, en las que él resultó electo por las provincias de Orense, La Coruña y Santander, optando por la primera. Y, por otro lado, colaboró en la propuesta de contrarreforma moderada con la articulación del nuclear proyecto municipal, con el que, mediante la reducción del cuerpo electoral y la recuperación para el ejecutivo del nombramiento de alcaldes, así como con la conversión de los ayuntamientos en simples órganos consultivos, se quería poner fin al predominio en los mismos de los progresistas. Moduló el proyecto pero no intervino como ministro en su debate parlamentario, ya que el 8 de abril, junto a los titulares de las carteras de Guerra, Marina (Comercio y Gobernación de Ultramar) y Hacienda, presentó la dimisión por disentir con la aprobación de la Reina Gobernadora de ciertos ascensos militares requeridos por Baldomero Espartero.
Sabido es que la promulgación de esa norma municipal se acabó convirtiendo en el desencadenante, durante el verano, del proceso revolucionario que provocó el traslado de la Regencia de María Cristina a ese general a lo largo de tres años de dominio progresista.
Si este trienio fue para Saturnino Calderón un tiempo de silencio, la primera década del reinado de Isabel II, monopolizada por los moderados, fue una época de consolidación de su carrera pública.
Así, mientras que en la legislatura que acometió la reforma conservadora del sistema político mediante la Constitución de 1845 ocupó la alcaldía de Ferrol, en la siguiente se sentó en el Congreso cubriendo uno de los escaños de la provincia de Lugo. En la misma se aprobó la normativa electoral moderada, que reafirmaba el requisito de la propiedad, poniéndose fin así a uno de los principales desvelos de Saturnino Calderón. Pues bien, en su primera aplicación en diciembre de 1846 fue elegido diputado por los distritos de Betanzos (La Coruña) y Celanova (Orense), optando por el primero. No llegó a terminar el mandato porque, tras ser nombrado en mayo de 1847 consejero real, en agosto fue elevado a la dignidad senatorial vitalicia, prestando juramento a principios de diciembre. Ocupando este escaño de la Cámara Alta y situado ideológicamente en el sector puritano del moderantismo, en la recta final del último gabinete presidido por Ramón María Narváez durante la década asumió, desde el 29 de noviembre de 1850 hasta el 14 de enero de 1851, la responsabilidad ministerial de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.
Terminado este cometido de puro trámite, retornó al puesto del Consejo Real, donde se mantuvo hasta enero de 1853, en que se le declaró cesante.
Esta exoneración tuvo bastante que ver con su acercamiento a los sectores templados del progresismo.
Por eso, un mes después del ascenso al poder de esta fuerza política en julio de 1854, fue designado magistrado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, cargo que no llegó a ocupar, al optar en octubre por el puesto de vocal del nuevo Tribunal contenciosoadministrativo, que sustituía al entonces suprimido Consejo Real. Restablecido éste con el retorno de los moderados a la esfera gubernativa en octubre de 1856, se tuvo que contentar con la restitución del título de senador, abolido en el bienio anterior.
La vinculación de Saturnino Calderón al conglomerado de progresistas templados y moderados puritanos que conformaron la Unión Liberal no pudo resultarle más beneficiosa. Así, con el acceso al poder de esta fuerza política en junio de 1858 bajo el liderazgo de Leopoldo O’Donnell desde el 2 de julio hasta el 17 de enero de 1863 estuvo al frente del Ministerio de Estado.
Además, en este ejecutivo —el de mayor duración del reinado de Isabel II— asumió interinamente: la presidencia, reemplazando a Leopoldo O’Donnell, entre el 7 de noviembre de 1859 hasta el 30 de abril de 1860; y la cartera de Gobernación, sustituyendo a José Posada Herrera, entre el 6 de julio y el 1 de agosto de 1860, y el 21 de agosto y 26 de septiembre de 1861. Sus ausencias (del 4 al 31 de agosto de 1859, del 5 al 30 de agosto de 1860, del 20 de octubre de 1860 al 6 de febrero de 1861, y del 3 de agosto al 2 de septiembre de 1862) fueron cubiertas por el presidente del Consejo, el conde de Lucena.
Desde esta cartera de Estado, Saturnino Calderón tuvo una notoria participación en la política exterior de “prestigio” que, marcando una inflexión en la trayectoria seguida hasta entonces, fue uno de los aspectos que más definieron la etapa de la Unión Liberal.
Así, a rehabilitar el papel de España en el terreno internacional y a liberar y compensar tensiones de orden interno, estuvieron orientadas algunas intervenciones militares, cuyas principales manifestaciones fueron la expedición franco-española a Cochinchina (1857-1862), la guerra de África (1859-1860) —la que mayor impacto causó en la opinión pública, provocando un despertar del patriotismo español, y la que durante su desarrollo elevó interinamente a la presidencia del Consejo a Saturnino Calderón, al ponerse Leopoldo O’Donnell al frente de las operaciones militares—, la colaboración con Francia e Inglaterra en la expedición a México (1861-1862), la anexión efímera de Santo Domingo (1861-1865) y la guerra del Pacífico (1863-1866).
Finalmente, con la remodelación del Gabinete en enero de 1863, abandonó la responsabilidad ministerial.
Aquí concluyó su carrera pública, pasando a la jubilación con la máxima pensión anual reconocida: 40.000 reales. Disfrutando de la misma, Saturnino Calderón falleció el 7 de octubre de 1864 en la residencia que poseía en París.
A lo largo de su densa vida política recibió distintas condecoraciones: de las españolas contaba desde 1844 con la Gran Cruz de la Orden americana de Isabel la Católica y, a partir de 1851, con la de la real y distinguida Orden de Carlos III; y de las extranjeras, todas ellas recibidas en la etapa de ministro de Estado, poseía las cruces de la Orden de Leopoldo de Bélgica, de Pío IX de Roma, de la Orden de Dannebrog de Dinamarca, de Luis de Hesse Gran Ducal, de la Orden de la Estrella Polar de Suecia, de la Orden de la Concepción de Portugal, de la Orden de San Genaro de Dos Sicilias, de los Güelfos de Hannover, la Gran Cruz de Luis de Austria y la Legión de Honor francesa. A ellas debe sumarse el reconocimiento póstumo por los servicios prestados, que fue el que, en su memoria, Alfonso XII concediera a su hijo primogénito, Manuel Calderón de la Barca y Herce, fruto de su matrimonio con Petra Herce Varela —hija a su vez de Carmen Varela Fondevila y Pedro Herce de Aguilera, regidor de la ciudad de Santiago, de la Casa de Algara de Gres y de la de Figueiras—, el 23 de diciembre de 1875, y la merced de marqués de Algara de Gres.
Obras de ~: Oda leída en la festividad de San Andrés Avelino, Santiago de Compostela, Imprenta Pascual Arza, s. f.; “Reseña histórica de las leyes de sucesión a la Corona de España”, en Revista de Madrid, t. III (20 de marzo de 1839), págs. 250-269; Proyecto de Ley sobre la organización y atribuciones de los Ayuntamientos presentado por el Ministro de la Gobernación de la Península el 21 de Marzo de 1840, Madrid, Imprenta Nacional, 1840.
Bibl.: F. Caballero, Fisonomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836, Madrid, Imprenta de Ignacio de Boix, 1836, págs. 31-32; Anónimo, Los Ministros en España desde 1800 a 1869. Historia contemporánea por Uno que siendo español no cobra del presupuesto, vol. III, Madrid, J. Castro y Cía., 1869-1870, pág. 569; M. Ossorio Bernard, Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo xix, Madrid, Imprenta y Litografía de J. Palacios, 1903; A. y A. García Carraffa, Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y americanos, vols. XXI y XXVII, Salamanca, Imprenta Comercial Salmantina, 1925-1927, págs. 68-111 y págs. 98-104, respect.; J. L. Comellas, Los moderados en el poder, 1844-1854, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1970; N. Durán, La Unión Liberal y la modernización de la España Isabelina. Una convivencia frustrada, 1854-1868, Madrid, Akal, 1979; C. Marichal, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España: 1834-1844, Madrid, Cátedra, 1980; J. R. Urquijo Goitia, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, CSIC, 2001.
Javier Pérez Núñez
