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Francisco Tadeo Calomarde Arria

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Biografía

Calomarde Arria, Francisco Tadeo. Villel (Teruel), 10.II.1773 – Toulouse (Francia), 25.VI.1843. Político destacado en la crisis final del Antiguo Régimen.

Perteneciente a la hidalguía bajoaragonesa, Calomarde nació en una pequeña localidad turolense de la que posiblemente era alcalde su progenitor. La controversia que muy pronto se apoderó de la personalidad del famoso ministro de Fernando VII envolvió en el misterio y la leyenda diversas facetas de su existencia, en particular, las concernientes a su infancia y mocedad. Sin embargo, algunas se han disipado por la labor de una crítica acribiosa. Entre ellas, la versión de un joven carente de medios al que una rica hacendada zaragozana costeó su carrera jurídica en la Universidad cesaroagustana. Por el contrario, provistos de una discreta fortuna, sus padres le enviaron a la Universidad aragonesa, una vez cursados los primeros estudios en centro o centros desconocidos, que bien pudieron ser, conforme estaba muy extendido en la época, la propia casa familiar y algún convento o colegio eclesiástico cercanos a ella. La oscuridad volverá a adueñarse de los primeros pasos de Calomarde como flamante licenciado en Leyes. Bufetes y pasantías privados de la capital de la región fueron los bancos de prueba y aprendizaje de un Calomarde interesado por las cuestiones más candentes de la actualidad, según parece refrendarlo su temprana inclusión en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza, una de las más acreditadas de la nación, como es bien sabido. Al joven abogado, laborioso y tenaz, no tardaron en antojársele estrechos los horizontes del Aragón de las postrimerías del setecientos y buscó en la marcha a la Corte el escenario propicio a sus ambiciones profesionales y, acaso también, políticas, unas y otras concentradas en su integración en la dilatada esfera de la Administración godoyesca, red tentacular en el Madrid finisecular setecentista.

Conforme a la tópica visión del carácter y la personalidad de los aragoneses, el sostenido empeño del tenaz turolense alcanzó sin excesiva tardanza el objetivo propuesto con su marcha a la capital de la todavía nación-imperio.

De nuevo aquí, la polémica se enseñorea de su enigmática juventud y atribuye su adscripción al entorno godoyesco al valimiento de uno de los médicos del favorito regio, Antonio Beltrán, quien logró un puesto burocrático para él. La contrapartida vino impuesta por el casamiento —enero de 1808— de Calomarde con una de las hijas de dicho galeno, matrimonio sin descendencia y muy pronto agrietado hasta llegar a la separación de facto de los cónyuges.

Bien que la sorprendente carencia de estudios y biografías calomardinos impide llegar a la raíz de los hechos, la versión más solvente de la trayectoria vital del futuro ministro amengua en amplia medida los aspectos más sórdidos achacados a su matrimonio. La responsabilidad del rompimiento de la pareja no fue exclusiva del marido, que no regateó esfuerzos ni medios para satisfacer las exigentes demandas pecuniarias de su mujer, vuelta al hogar materno, fallecido ya el padre de familia. Al margen de la exactitud de las peripecias del lance matrimonial, su habitual pintura en noir servirá para perfilar los rasgos dominantes de la sombría figura de Calomarde descrita por sus muchos adversarios y la mayoría de los historiadores decimonónicos y novecentistas.

El Madrid de comienzos del siglo XIX constituyó, sin duda, una magnífica escuela y un observatorio impar para el Calomarde introducido ya en los círculos de poder, aunque fuese en los peldaños últimos. Nada menos que el célebre y polémico marqués de Caballero, su coterráneo y ministro de Gracia y Justicia en la última etapa del reinado de Carlos IV, era el titular de la Secretaría de Despacho en la que hizo su vela de armas burocráticas un Calomarde llegado a la madurez. De acuerdo con las mejores tradiciones de la ejemplar Administración dieciochesca, su sólida formación fue fruto de la entrega a su labor, en la que, con el paso de los días y el ahincado trabajo, se labró una firme reputación. Las mil intrigas que debió de presenciar en la sorda y enconada lucha entre Caballero y Godoy por ganarse el favor y la asfíctica atmósfera de la fase postrera del reinado, con las turbias operaciones montadas alrededor o por iniciativa del príncipe de Asturias, constituyeron innegablemente una experiencia insustituible para alguien que había decidido consagrarse de por vida al servicio del Estado y la política generada y gestada por sus principales órganos.

Pese a lo difundido por alguna visión —por una vez, hagiográfica...—, su ascenso por la escala y el cursus honorum burocrático fue —acomodada también aquí al más genuino estilo y talante dieciochescos— lento y parsimonioso, sin que se conozca la reacción de Calomarde ante ello.

Lo cierto es, sin embargo, que al estallar la gran crisis de 1808, el caudal de conocimientos y saberes atesorados en su etapa de oscuro y competente funcionario había de evidenciarse decisivo para el salto al palenque de la alta política. Hecha desde el primer momento su opción, la Junta Central lo tuvo como uno de los miembros más capacitados de su aparato administrativo, siendo un “descubrimiento” para algunos de los integrantes de los cuadros dirigentes de la España fernandina. Decantado hacia posiciones tradicionales y conservadoras, el Cádiz de las Cortes lo vio ya como figura notable de dicha corriente, pues Calomarde se alineó decididamente al lado de su principal favorecedor, el regente Manuel de Lardizábal y Uribe, famoso por su ardida defensa de la vieja Monarquía y su reluctancia hacia el sistema constitucional del corte doceañista; al que, no obstante, Calomarde pretendió servir según lo patentiza su fracasada elección como diputado tarraconense. Sus servicios a lo largo de toda la Guerra de Independencia le condujeron al término de ella a la cúspide de la jerarquía burocrática, con estancias en varios de los altos organismos estatales y secretarías de despacho, particularmente en la que imantara siempre sus preferencias: la de Gracia y Justicia. Precisamente uno de sus últimos titulares durante dicho período, Antonio Cano Manuel y Ramírez de Arellano, le encargó, comediado 1813, una misión especialmente delicada: la recuperación y rescate de toda la documentación estatal dispersa hasta en los rincones más inverosímiles en el Madrid post-josefino. Su veloz desempeño granjeó a Calomarde la admiración general, no obstante los aspectos polémicos que enturbiaron un tanto sus relaciones con el ministro Cano, quien le acusó de haber dado un sesgo en exceso personalista a la espinosa tarea.

La vuelta de Fernando VII a España y el retorno de su protector Miguel Lardizábal a las responsabilidades ministeriales se tradujeron, para Calomarde, en un reforzamiento de su figura como pieza importante de la elite administrativa. Ya desde Cádiz y en pos de las huellas de su mentor mexicano, el turolense había entrado en estrecho contacto con la infanta Carlota Joaquina, hermana del Monarca español y esposa del lusitano João VI, encendida partidaria del reaccionarismo más puro y aspirante a la regencia española mientras durase el cautiverio de su hermano en Francia.

Gran parte de los hilos de la compleja maniobra, urdida a ambos lados del Atlántico para hacer realidad tal deseo, se tejieron en Cádiz de la mano de Lardizábal y Calomarde. Fracasado el intento, la sintonía entre Carlota Joaquina y sus agentes españoles brindó a éstos con posterioridad la ocasión de fomentar en la Corte madrileña la bondad de matrimoniar a Fernando y a su hermano Carlos con las dos hijas de Carlota Joaquina y João VI, iniciativa que halló eco prestamente. Mas en una Corte como la fernandina del Sexenio Absolutista, era muy escasa la distancia entre la cima y la sima. Por denuncias de las que nunca se llegó a conocer la autoría, el ministro Miguel Lardizábal fue enviado fulminantemente al destierro, acompañándole en su desgracia un Calomarde que preparaba en Sevilla y Cádiz el recibimiento oficial a las princesas. Justamente cuando —tras superar no pocas intrigas de vuelo corraleño— se efectuaban los desposorios reales, Calomarde recibía la orden de residenciarse en Pamplona por tiempo indefinido.

El segundo ensayo liberal dio un inesperado final a su muy amargo destierro iruñés, que remeció hondamente su ánimo y su pensamiento, según revela uno de los pocos escritos personales que de él se conservan.

Como compás de espera en una situación que su olfato político le hacía presentir efímera, Calomarde se trasladó a Olba (Teruel), donde se ocupó durante algunos meses de la fábrica de papelería tenida allí por su padre. Las medidas adoptadas por el burócrata tramutado fugazmente en empresario multiplicaron en pocos meses la productividad del floreciente negocio, fuente principal en adelante de la próspera hacienda del personaje. Empero, sus imprevistos éxitos económicos no cegaron su vocación política, como demostró su rápida aceptación del alto cargo que le ofreció la Regencia provisional del reino que escoltara hasta Madrid la trepidante marcha de los Cien Mil Hijos de San Luis en su camino hacia Cádiz. El conocimiento poseído por Calomarde de los ambientes realistas y el crédito ganado por su manejo de los negocios públicos, así como su insobornable antiliberalismo, le catapultaron al puesto clave de secretario del Consejo de Regencia —26 de mayo de 1823—, a la espera de una previsible designación ministerial.

Ésta, en efecto, no se hizo esperar, y al iniciarse 1824 —17 de enero—, Calomarde vio materializado su sueño más acariciado con el nombramiento para rectorar la cartera entonces descollante de Gracia y Justicia.

La vida de Calomarde, transcurrida hasta dicha fecha en la oscuridad burocrática y en la penumbra de destinos curialescos, pertenecerá ya plenamente, por espacio de una década, al dominio de la historia.

El juicio de la mayor parte de sus cultivadores acerca del papel “histórico” de Calomarde ha sido hasta la actualidad abrumadoramente negativo, al paso que a partir de unas décadas atrás se advierte una corriente parcial y matizadamente reivindicadora de una figura en la que, por causas explicables, los estudiosos liberales simbolizaron los horrores y errores de la reacción absolutista. Bien que ésta lo tuviera como uno de sus artífices e inspiradores más salientes, no cabe olvidar, al hacer un balance de su actuación, los aspectos positivos, concretados, entre otros extremos, en la preocupación y fomento de los establecimientos educativos —singularmente, los de índole eclesiástica y religiosa—; atención al fortalecimiento de la vida municipal; impulso de ciertos servicios públicos como los viarios, etcétera.

Dos entre los citados merecen, sin duda, una referencia más detenida. Uno y otro atañen a facetas básicas de la estructura estatal y el desarrollo social y muestran el exacto conocimiento que Calomarde poseía de algunas de las causas de la crisis sufrida por la nación. En el vasto intento reorganizador de la enseñanza concebido por el político turolense al hacerse cargo de la polifacética cartera de Gracia y Justicia, sólo el mandato inflexible del Monarca de regular sin demora la docencia universitaria determinó que la materialización de su plan comenzase por aquélla antes de acometer la de los escalones precedentes.

De esta forma y en el surco abierto por Carlos III y proseguido por los liberales, la reforma de la Universidad se encuadró en coordenadas centralizadoras y secularizadoras —por ejemplo, la supresión del cargo de cancelario— impuestas por la realidad. Bien que, como en toda la legislación del momento, la diatriba anticonstitucional alcanzase registros elevados —“[...] por consecuencia de los abusos introducidos en la enseñanza en la época del titulado gobierno constitucional, y de las doctrinas y máximas de sus maestros, que se habían distinguido por su adhesión a las novedades que se propusieron establecer los revolucionarios [...]”; Real Cédula de 21 de julio de 1824—, el Plan de Estudios y Arreglo General de las Universidades de 24 de octubre de 1824, del que había sido redactor un intransigente monje mercedario gallego —Manuel Martínez—, no se desviaba en sustancia de sus inmediatos predecesores e introducía sin reparo la hoz en el todavía frondoso árbol de la institución, reduciendo las de menor vitola a colegios de Filosofía.

La fulminante separación del padre Martínez y su reemplazo como secretario de la Inspección General de Instrucción Pública por el célebre intelectual afrancesado José Gómez Hermosilla indicaron sobradamente los derroteros por los que se encauzaría el proyecto educativo impulsado con entusiasmo y energía por Calomarde.

En efecto, sin pausa alguna, en las postrimerías de 1824 se iniciaban los trabajos que concluirían en el Reglamento General de Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades, de 16 de enero de 1826, mediante el que los tradicionales estudios preparatorios para el ingreso en la Universidad se ordenaban igualmente conforme al esquema centralista y racionalizador, auspiciado desde las esferas del Estado borbónico a partir de su implantación en España. La poda fue también muy drástica en su densa red; y aun los mismos centros religiosos quedaron sujetos a la Universidad y la Inspección General, diseñadora de métodos y materias. El ostensible afán de Fernando VII y los ministros de la “década ominosa” de potenciar en alto grado el papel y la función de Madrid en todas las vertientes de la centralidad se patentizó también en el terreno universitario, al secundar con toda eficacia Calomarde las iniciativas regias de erigir en la capital establecimientos en que se cursasen Derecho, Medicina, Filosofía, Cirugía y Farmacia, en detrimento, claro es, de la Universidad Complutense.

Ésta y todas las de la nación se constituyeron, a raíz de la Revolución de 1830, en focos de abierta ruptura con el absolutismo, por lo que Calomarde no vaciló en suspender en sus aulas la enseñanza, aunque no así los exámenes, hechos por la matrícula libre. Sin embargo, ni tal hecho ni aun menos la falsa leyenda de convertirlo en promotor de la Escuela de Tauromaquia creada en Sevilla en el mismo año en el que las universidades se clausuraban —por contrario se mostró junto, con su colega Manuel González Salmón, su máximo enemigo— restan valor a su gestión ministerial en su dimensión educativa.

Como lo sería, y tal vez en mayor medida, no hacer justicia a la tarea promovida en otra parcela de gran relieve en la vida de cualquier Estado y de toda sociedad.

Sin conceder ningún carácter innovador ideológica y administrativamente a la labor que amparó y potenció en el campo municipal, hay que ver, empero, en dicha faceta de Calomarde al político fernandino que poseyó una clara visión del problema más enrevesado de la organización del Estado en la redistribución de los distintos poderes que la conformaban.

En esta área volverá a repetirse lo descrito respecto a la reforma educativa llevada a cabo con parámetros ilustrados y liberales bajo el signo formal del absolutismo más férreo. Floridablanca, los doceañistas y los veinteañistas se descubrirían como los patrocinadores y arquitectos del ambicioso proyecto remitido por Calomarde, el 22 de marzo de 1829, a las cancillerías y audiencias de todo el país acerca a una nueva y verdaderamente revolucionaria delimitación provincial.

Era dicho texto el fruto serondo de los trabajos ciertamente ímprobos de la Junta creada por instigación del mismo ministro en diciembre de 1825, en la que se dieron cita liberales templados, como Agustín de Larramendi —principal colaborador de Bauzá en el proyecto de la misma índole elaborado bajo el Trienio Constitucional—, con supérstites del despotismo ilustrado a la manera del famoso riojano Martín Fernández de Navarrete, con futuros carlistas de intachable linaje, como el magistrado José Lama Pardo y el todavía más apostólico enragé José Arias Teijeiro.

Las piezas del puzle se completaban con la inclusión en los trabajos del más, tiempo adelante, encendido defensor del progresismo, el geógrafo conquense Fermín Caballero. A la vista de tales antecedentes se hace innecesario recordar que un centralismo lindante, en ocasiones, casi con el jacobinismo, daba aliento a los trabajos de una nueva distribución provincial entregados por la comisión a finales de abril de 1832.

Ayuntamientos y corregimientos caían en él en cascada bajo la piqueta de un absolutismo que parecía remedar al “robespierrismo” más inflexible. Pese a ello, y de forma probablemente acertada, Calomarde se alzó como franco opositor a la creación, en las postrimerías de 1830 y los comienzos del año siguiente, de un ministerio del Interior a causa precisamente de un bien definido mapa administrativo de la nación.

Los planes y los proyectos del criticado ministro se vieron por entero cambiados por el giro espectacular del país en septiembre de 1832. Empero, sus afanes en la materia no quedaron sepultados en el olvido. Si el granadino Francisco J. de Burgos comparece ante la historia como el creador de una división de España que ha perdurado hasta el presente, su obra, rematada apenas un mes después de haberse hecho cargo del Ministerio de Fomento en octubre de 1833, únicamente puede explicarse —sin merma alguna de los numerosos talentos que adornaban al gran humanista motrileño— a la luz de la labor ardua desplegada por Calomarde y los hombres de los que él tuvo el acierto de rodearse en la ocasión. La fría prosa notarial de las actas del Consejo de ministros resulta equitativa en repartir a cada uno lo suyo: “El Sor. Secretario de Despacho de Fomento presentó el proyecto de división del territorio formado por la comisión nombrada al efecto el 16 de diciembre de 1825, con presencia de los diferentes trabajos que había preparados, de lo que han manifestado las audiencias y chancillerías y representado algunos pueblos a consecuencia de las reales órdenes de instrucciones comunicadas en 22 y 31 de marzo de 1829 para proceder al arreglo de Corregimientos y el Consejo acordó proponer a S. M. la Reina Gobernadora se dignase mandar pasar este proyecto de límites de las provincias, con el informe de la Comisión y efecto en el mapa que le acompaña al Consejo de Gobierno, para que consulte a S. M. cuanto se le ofrezca y parezca”. (Actas del Consejo de ministros, 29 de octubre de 1833.) Equidistante de las posturas que se disputaban el poder, la voluntad regia fue para él norte exclusivo de una actuación que le llevó a aconsejar al Monarca, a poco del primer embarazo de su cuarta esposa, María Cristina, la publicación de la Pragmática Sanción de 30 de marzo de 1830, que abrogaba la ley sálica promulgada por Felipe V en 1713. Mediado septiembre de 1832, Fernando VII, ante el peligro inminente de una guerra civil provocada por los carlistas y aconsejado por muchos personajes, entre los que, probablemente, se contara su ministro de mayor confianza, la restableció por unos días, antes de abolirla definitivamente, una vez repuesto de su grave enfermedad. A consecuencia de los célebres sucesos de La Granja, Calomarde, acusado de traidor por el bando vencedor en el primer acto del pleito sucesorio, fue desterrado primero y perseguido después para ser enjuiciado criminalmente. Huido novelescamente, asentado definitivamente en el sur de Francia y una vez fracasados sus reiterados intentos de colaborar con el pretendiente Don Carlos, Calomarde dedicó el resto de su existencia a remediar la dura suerte de los muchos españoles a los que las luchas políticas llevaron a establecerse en dicho territorio. Entre los escritos que redactó en Tarbes destaca la declaración del mismo nombre, en la que, como en todo texto justificativo, se esfuerza en hacer patente la recta intención que le guiaba en los controvertidos acontecimientos de septiembre de 1832, en los que el servicio al Rey y la Monarquía inspiraron toda su conducta. Por ella debiera juzgarle la Historia...

Ésta, sin embargo, dictó un veredicto bien distinto.

Calomarde, junto con su “amo” Fernando VII, quizá el más denostado de la España contemporánea, concentró ya en vida y en toda la posteridad los mayores ataques registrados en una memoria e historiografía en las que el escarnio y la condena llenan más páginas que la loanza y la gratitud. El máximo dispensador de famas y anatemas de la literatura del pasado inmediato, al tiempo que el historiador quizá más relevante del mismo período, Benito Pérez Galdós, dejó ya sentenciado tal vez para siglos el caso Calomarde: “Paseaba grave y reposadamente, con casaca de galones, tricornio en facha, bastón de porra de oro y una comitiva de sucios chiquillos, que admirados de tanto relumbrón le seguían. El célebre ministro, a quien Fernando VII tiraba de las orejas, era todo vanidad y finchazón en la calle. Si en Palacio adquirió gran poder fomentando los apetitos y doblegándose a las pasiones del Rey, frente a frente de los pobres españoles parecía un ídolo asiático en cuyo pedestal debían cortarse las cabezas humanas como si fuesen berenjenas [...]. Calomarde, el hombre rastrero y vil, cuya existencia y cuyo gobierno no fueron más que pura bajeza y engaño [...]. Cruel con los débiles, servil con los poderosos, cobarde siempre, este hombre abominable adornaba con una lagrimilla la traición infame que su amo hacía en los umbrales de la muerte [...]. Vea usted [la infanta Carlota a Calomarde durante los sucesos de La Granja] en lo que paran sus infamias. Usted ha engañado, usted ha sorprendido a Su Majestad abusando de su estado moribundo; usted al emplear tales medios para esta traición, ha obrado en conformidad con su carácter de siempre, que es la bajeza, la doblez, la hipocresía. Rojo como una amapola, si es permitido comparar el rubor de un Ministro a la hermosura de una flor campesina, Calomarde bajó los ojos. Aquella furibunda y no vista humillación del tiranuelo era el contrapeso de sus nueve años de insolente poder. [...] Sobre los mofletes del Ministro resonó la más soberana bofetada que se ha dado jamás [...]. Señora, manos blancas [...]. Calomarde acabó para siempre como hombre político. Los apostólicos, cuando se llamaron carlistas, le despreciaron y el execrable ministril se murió de tristeza en país extranjero”. (B. Pérez Galdós, “Los Apostólicos”, Episodios Nacionales. Serie Segunda. Madrid, 1971, II, págs. 614, 671 y 675).

El 15 de noviembre de 1829 le fue concedido el Toisón de Oro.

Con todo, quizá Calomarde espere aún el juicio matizado y sereno de la Historia...

 

Bibl.: F. de Cárdenas, “Vida de Calomarde”, en P. Díaz y F. de Cárdenas, Galería de españoles célebres contemporáneos, Madrid, 1847; S. Bermúdez de Castro y O’lawlor, marqués de Lema, Calomarde. Discurso leído en la Real Academia de la Historia por el Excmo Sr. ~, Madrid, Jaime Ratés, 1916; E. Silva, “El Plan de Estudios y Arreglo General de las Universidades españolas redactado en 1824 por el P. Martínez, mercedario, obispo después de Málaga”, en Boletín de la Orden de la Merced, XIV (1924), págs. 74-79, 103, 104 y 137-139; Marqués de Villa- Urrutia, La Reina Gobernadora María Cristina de Borbón, pról. del Excmo. Sr. Conde de Romanones, Madrid, Francisco Beltrán, 1925; E. Silva, El Plan de Estudios y Arreglo General de las Universidades españolas redactado por el P. Manuel Martínez, Roma, 1926; Marqués de Villa-Urrutia, Fernando VII, Rey absoluto. La ominosa década, Madrid, Francisco Beltrán, 1931; N. Rivas Santiago, La Escuela de Tauromaquia de Sevilla y otras curiosidades taurinas, pról. de J. Belmonte, Madrid, Librería de San Martín, 1939; H. Juretschke, Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Escuela de Historia Moderna, 1951; F. Suárez Verdeguer, Los sucesos de la Granja, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953; C. Llorca, “Los sucesos de La Granja y el conde de Solaro”, en Revista de la Universidad de Madrid, III (1954), págs. 347-356; Isabel II, Madrid, Ateneo, 1956; F. Suárez Verdeguer, La crisis política del Antiguo Régimen en España (18001840), Madrid, Rialp, 1958 (2.ª ed.); J. Gorricho, “Los sucesos de La Granja y el cuerpo diplomático”, en Anthologica Annua, XXIII (1966), págs. 243-437; M. y J. L. Peset Reig, “Legislación contra los liberales en los comienzos de la década absolutista (1823-25)”, en Anuario de Historia del Derecho Español, XXXVII (1967), págs. 437-487; M. Artola Gallego, La España de Fernando VII, en J. M.ª Jover Zamora (dir.), Historia de España de R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1968 (reed. en 1999); J. Blasco Ijazo, Aragoneses que fueron ministros (17171969), Zaragoza, Publicaciones de La Cadiera, 1969; A. Martínez de Velasco, “El Plan de estudios de 1824 y su aplicación en la Universidad de Alcalá de Henares”, en Hispania, 113 (1969), págs. 562-609; A. Álvarez de Morales, Génesis de la Universidad Española contemporánea, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1972; C. Seco Serrano, Sociedad, literatura y política en la España del siglo XIX, Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1973; M. y J. L. Peset, La Universidad Española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal), Madrid, Taurus, 1974; A. M. Calero Amor, La división provincial de 1833. Bases y antecedentes, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1987; R. Gómez Ferrer (dir.), La provincia en el sistema constitucional, Barcelona, Diputación, 1991; S. Martín Retortillo, La Provincia. Pasado, presente y futuro, Madrid, Cívitas, 1991; J. Burgueño, Geografía política de la España constitucional. La división provincial, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1998; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1999; F. Suárez Verdeguer, “Sobre los sucesos de La Granja”, en Homenaje a D. José Luis Comellas, Sevilla, Universidad, 2000, págs. 59-73; J. PH. Luis, L’Utopie réactionnaire. Épuration et modernisation de l’État dans l’ Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-34), Madrid, Casa de Velázquez, 2002; J. M. Cuenca Toribio, Ocho claves de la historia de España contemporánea, Madrid, Encuentro, 2003; E. Orduño Rebollo, Municipios y provincias. Historia de la organización territorial española, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.

 

José Manuel Cuenca Toribio

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