Bravo Murillo, Juan. Fregenal de la Sierra (Badajoz), 9.VI.1803 – Madrid, 10.I.1873. Estadista español, impulsor del desarrollo nacional.
Nació en el seno de una familia modesta. Su padre era profesor de Latinidad. A los doce años se trasladó a Sevilla con una beca para estudiar en el Seminario.
Posteriormente cursó las carreras de Filosofía y Derecho en las Universidades de Sevilla y Salamanca.
Terminados sus estudios, Bravo Murillo fue durante nueve años profesor de Instituciones Filosóficas en la Universidad hispalense y ejerció simultáneamente la abogacía, en la que destacó como discutidor sereno, de lógica contundente y clara exposición, con lo que su bufete llegó a ser el primero de Sevilla.
Nombrado en 1834 fiscal de la Audiencia de Cáceres, alcanzó gran reputación en el desempeño de este puesto. Designado al año siguiente fiscal en Oviedo, renunció al cargo para instalarse en Madrid.
En la capital de España volvió a ejercer como abogado y alcanzó la plenitud de su vida profesional al ser escogido por los más altos personajes y las empresas.
Entre sus clientes se contaban miembros de la Familia Real, como los duques de Montpensier, el infante Don Carlos (Carlos V para los carlistas), el célebre duque de Osuna y soberanos de estados alemanes.
Esta carrera la siguió desempeñando toda su vida, salvo en los períodos en que le absorbieron los asuntos públicos. Empezó también a destacar como periodista: fundó y dirigió varios periódicos de ideología moderada y el Boletín de Jurisprudencia y Legislación.
En el año 1836 entró en la vida política gracias al ministro Manuel Barrio Ayuso, profesor suyo en la Universidad de Salamanca, que le concedió un puesto en su ministerio, siendo presidente del Gobierno Istúriz, que fue derribado poco después por el pronunciamiento militar del “motín de La Granja”.
Fue uno de los líderes del partido moderado. Diputado del mismo por Sevilla en 1837, por Ávila en 1840 y desde 1843 siempre por Fregenal, hasta su retirada del mundo político en 1858. En sus intervenciones en el Congreso fustigó al Partido Progresista por su política laica, acusándolo de encubridor de motines revolucionarios para alcanzar el poder. Por ello, sufrió las vicisitudes del partido en que militaba y llegó a ser desterrado de España por Espartero en 1840, lo que le llevó a instalarse en París.
Volvió a residir en Francia durante el gobierno progresista de 1854-1856.
Fue durante la denominada Década Moderada cuando el político extremeño alcanzó los más altos puestos como hombre de Estado, al ser sucesivamente ministro de Gracia y Justicia en 1847, de Comercio, Instrucción y Obras Públicas entre 1847 y 1849, de Hacienda en 1850 y de este departamento y presidente del Gobierno de 1851 a diciembre de 1852.
Su acción en los casi seis años al frente de los diversos ministerios fue profunda, eficaz y reconocida hasta por sus adversarios políticos, que admiraron también en él la integridad y sencillez de que siempre dio ejemplo en su vida.
En la época isabelina representaba un caso fuera de serie; para él, en contradicción radical con sus correligionarios, las aplicaciones eran más importantes que los principios, y los hechos, más que las doctrinas. Por ello, cuando fue jefe del Gobierno, constituyó un gabinete de técnicos, el primero de esta clase que hubo en España.
La labor legislativa de Bravo Murillo, tanto en los ministerios que desempeñó como desde la presidencia del Gobierno, tuvo como hechos fundamentales la Ley de Funcionarios, el Plan Nacional de Construcción de las líneas férreas, el arreglo de la Deuda Pública, el Concordato con la Santa Sede, el abastecimiento de aguas de Madrid, la grandísima atención al fomento del tráfico marítimo y su célebre proyecto de reforma política, en realidad un proyecto de nueva Constitución, que iba a determinar su caída.
La Ley de Funcionarios fue de trascendental importancia.
Hasta entonces, en los reinados de Fernando VII e Isabel II, el principal mérito para desempeñar un puesto en cualquier delegación de un ministerio era la adscripción al partido político que gobernaba, lo que representaba que, en los frecuentes cambios de gobierno, se seguía una remodelación completa de los cuadros administrativos, lo que causaba la inseguridad del funcionario y la catástrofe económica familiar que el cese representaba.
En la nueva ley se dispuso que los ingresos en los diversos organismos se hicieran mediante baremos en que se tuvieran únicamente en cuenta los méritos personales del aspirante; en cada ministerio, los ascensos se regularían por antigüedad o por méritos administrativos y el puesto se perdería por corrupción.
Como impulsor del desarrollo de las líneas de comunicación, se le debe a su Gobierno la Ley de diciembre de 1851, en que se señalan las principales líneas férreas que debían construirse en España con clara visión de los intereses generales del país. Se empezaba señalando como centro de ellas Madrid y se adoptaba el sistema radial hacia los puntos periféricos.
En la construcción de las líneas, el Estado asumiría la responsabilidad general y las provincias podrían subvencionar las que se hicieran para poner fin a la confusión que representaban los distintos sistemas de medición, ya que se seguía contando por varas y leguas; se había promulgado la Ley de julio de 1849 que impuso el sistema métrico en toda la nación y sus dominios. En este aspecto, Bravo Murillo se mostró partidario de que la propiedad de las líneas fuera del Estado. Para cerrar este apartado cabe recordar que acompañó a la reina Isabel II en la inauguración de la primera línea que salió de Madrid: la de Aranjuez.
De gran importancia fue la labor realizada en la construcción y perfeccionamiento de los puertos españoles, disponiendo por Real Orden que las obras, la limpieza y el dragado de los principales puertos fueran costeados por el Estado. Las que se hicieran en los puertos secundarios se pagarían por mitad por el Estado y por los puertos que las disfrutaban. Fomentó el tráfico marítimo y declaró puertos francos los principales de las Islas Canarias, lo que contribuyó al desarrollo marítimo del archipiélago.
Bravo Murillo resolvió con pleno éxito el problema de la Deuda Pública, cuyos intereses hacía muchos años que no se pagaban. Formó una junta con los más expertos en la materia y presentó a la Cortes un proyecto de ley que, aprobado por éstas, resolvió este importante obstáculo de la Hacienda. El interés, que era oficialmente del 5 por ciento se reducía al 3 por ciento; los acreedores cobrarían menos, pero cobrarían con toda seguridad desde entonces.
El Concordato de 1851 fue el paso más importante que se dio en España para la restauración de la vida religiosa durante el siglo XIX. Esta empresa trascendental fue elaborada durante cuatros años y en ella intervinieron varios ministros, pero fue Bravo Murillo el que la llevó a feliz término, promulgándola como Ley del Reino. Por el Concordato se hizo una nueva demarcación de diócesis suprimiéndose ocho y creándose tres; una de ellas, la de Madrid. Se incorporaron a las diócesis colindantes las de las órdenes militares y para conservar el recuerdo de éstas se creó una nueva diócesis con el nombre de Priorato de las Órdenes Militares, que fue la de Ciudad Real. Importancia capital tuvo en el Concordato la solución encontrada para el problema de la desamortización de los bienes eclesiásticos, que impedía desde hacía quince años normalizar las relaciones con la Santa Sede. Ésta reconoció la venta de las propiedades de la Iglesia y el Estado se comprometió a mantener el culto y a sus ministros.
Uno de los mayores éxitos del estadista extremeño fue el abastecimiento de aguas de Madrid, que era a mediados del siglo XIX la capital europea peor dotada del servicio de aguas, calculándose en seis litros diarios los que correspondían a cada uno de los doscientos cincuenta mil habitantes que tenía entonces la Villa y Corte.
Desde que fue ministro de Obras Públicas se decidió a acometer la empresa encargando a competentes ingenieros de caminos estudiar el problema. En el proyecto y presupuesto de obras que éstos presentaron hacían constar que era el río Lozoya el más indicado por la calidad y abundancia de sus aguas para conducirlas a la capital, pero para ello se requería construir un canal de setenta kilómetros de longitud y amplio cauce, una presa con un dique de gran altura para derivarlo y un depósito para la recepción del agua de considerables dimensiones. Desconocida como era entonces la maquinaria moderna y con escasez de recursos económicos, aquella obra resultaba ingente. Los medios para financiarla se consiguieron abriendo una suscripción sobre la base de que a los suscriptores se les reintegraría el capital que devengaría un 6 por ciento de interés, a la terminación de las obras. Éstas comenzaron el 11 de agosto de 1851 y duraron seis años. Finalmente en junio de 1858 llegó, por el canal que recibió el nombre de Isabel II, el agua del Lozoya a Madrid, que pasó a ser una de las ciudades mejor dotadas en ese aspecto de la época.
El éxito de la administración de Bravo Murillo llevó a éste y a su Gobierno a un proyecto de reforma política que consideraba necesario realizar para asentar debidamente la gestión política. El estadista extremeño estaba convencido de que, aun habiendo presidido la dirección del país los hombres más notables del mismo, ninguno había conseguido, en los diecinueve años transcurridos desde el establecimiento del sistema representativo, dar al poder ejecutivo la fuerza bastante para evitar las frecuentes agitaciones, los motines y los golpes militares. Se habían producido, además de la Guerra Civil de siete años, la Carlista contra los opuestos al sistema, tres golpes de Estado y una docena de intentos revolucionarios, y se habían promulgado tres Constituciones distintas que, a pesar de tener excelentes disposiciones, no siempre se cumplían. Nada menos que catorce gobiernos se habían sucedido en España; grave era la constante intervención de los jefes militares con pronunciamientos que eran en realidad los que decidían los cambios de gobernantes, de manera que cada partido contaba a su lado con un general de prestigio. Por otra parte, proyectos acertados y soluciones idóneas se estrellaban con frecuencia en el Congreso, ante la estrechez de miras de políticos que utilizaban con frecuencia su voto al servicio de sus ambiciones particulares.
La opinión que Bravo Murillo tenía de muchos de estos diputados está condensada en la respuesta que dio a uno de ellos en ocasión de haber disuelto el Parlamento y preguntarle por qué lo había hecho: “Para que Uds. los diputados descansen y a nosotros nos dejen gobernar y sobre todo administrar, cosa imposible con las Cortes disueltas”.
La reforma preparada por el Ministerio había dado lugar a numerosas deliberaciones y quedó ultimada en el otoño de 1852. Era tan amplia que, en realidad, era una nueva Constitución con ocho disposiciones más de carácter legislativo, sobre organización del Senado, elecciones de diputados a Cortes, régimen de los Cuerpos colegisladores, relaciones entre las dos Cámaras, seguridad de las personas, seguridad de la propiedad, orden público y grandezas y títulos del reino.
Conocido en los círculos políticos este proyecto reformista, se acusó al Gobierno no sólo por los progresistas, sino también por una parte de los moderados, de que éste intentaba acabar con el régimen constitucional para restablecer el régimen absoluto, pero realmente no era así, ya que subsistía la participación de las Cortes en la vida legislativa, establecíase que no podrían imponerse ni cobrarse impuesto alguno que no estuviese autorizado por la ley. Disponíase igualmente que el Rey necesitaría estar autorizado por una ley para enajenar, ceder o permutar parte del territorio español, para ratificar tratados internacionales, los especiales de comercio o dar subsidios a potencias extranjeras.
Lo que en realidad perseguía Bravo Murillo era vigorizar los resortes del poder ejecutivo y corregir los que le parecían abusos del parlamentarismo, según la experiencia de los últimos años.
Una vez la coalición contra el Gobierno derrotó en las Cortes a su candidato para presidirlas —Santiago de Tejada—, obtuvo Bravo Murillo el decreto de disolución del Congreso y convocó nuevas elecciones para el 1 de marzo de 1853. Simultáneamente y en el mismo número de la Gaceta (el Boletín Oficial de entonces) se incluía íntegro el texto de la nueva Constitución en proyecto, con lo que se intentaba dar a la misma carácter de referéndum, pues así los electores que votaran a los nuevos diputados sabían lo que éstos iban a aprobar y rechazar.
Pero la guerra al ministerio fue total por parte de los partidos y de la prensa. Muchos generales y el más influyente de todos por ser el apoyo constante del Partido Moderado, Narváez, que había sido alejado de España con el pretexto de darle una misión en el extranjero, se manifestaron con dureza contra el gabinete Bravo Murillo. También era contraria al proyecto constitucional la reina María Cristina, que tenía gran peso en la opinión. Temerosa de mayores males, Isabel II retiró su confianza al Gobierno, por lo que Bravo Murillo presentó la dimisión. Tras su caída del poder, siguió interviniendo como diputado en la vida política y después del Bienio Progresista, al producirse la reacción moderada, sus partidarios presentaron su candidatura para presidente del Congreso. Obtuvo la victoria contra la del gabinete Armero que hubo de presentar la dimisión.
En las Cortes pronunció Bravo Murillo un magnífico discurso en el que exponía sus principios políticos, que definió en sus Opúsculos como un testamento ideológico. Lo fue efectivamente, ya que Isabel II terminó en junio de 1858 por encomendar la formación del Gobierno al general O’Donnell que se presentó con un nuevo partido político: la Unión Liberal.
Se convocaron nuevas elecciones, pero ya no acudió a ellas Bravo Murillo. Profundamente monárquico, no quiso combatir el uso que había hecho la Soberana de sus prerrogativas, pero se sintió decepcionado y sin ánimo para colaborar con la nueva política que entonces se inauguraba.
No compartía la opinión de muchos de que los cinco años de gobierno de la Unión Nacional fueran de gran bien para España; sostenía que ese quinquenio había sido un quebranto para el desenvolvimiento de la vida pública ya que, debilitado el Partido Progresista, muchos de sus miembros se lanzaron más hacia la izquierda, colocándose enfrente de la Corona, y el Partido Moderado hubo de afrontar intentos de golpes de Estado que radicalizaron y alteraron la estabilidad del sistema. Éste se hundió finalmente con la Revolución de septiembre de 1868 e Isabel II se vio obligada a marchar al destierro.
Aunque sin gestión alguna por su parte en la última etapa de los gobiernos moderados, en 1865 Bravo Murillo fue nombrado senador y, entendiendo que rehusar pudiera interpretarse como desprecio a la Cámara Alta, lo aceptó e intervino en ocasiones en la discusión de los presupuestos con el perfecto conocimiento que tenía de tales problemas.
Bravo Murillo fue buscado por los partidarios de Isabel II para las gestiones de restauración monárquica y formó parte de una Junta constituida para este fin pero, advirtiendo que la Reina seguía teniendo en su entorno una camarilla de personas desacreditadas, renunció a su puesto como hicieron otros ministros isabelinos.
Pasaron años hasta que la acertada política de Cánovas del Castillo consiguió, muerto ya Bravo Murillo, ver restablecida la Monarquía con Alfonso XII.
Alarmado por el movimiento revolucionario de la Comuna de París de 1871 y consecuente con sus convicciones, Bravo Murillo fundó la revista En Defensa de la Sociedad, con la misión principal de hacer frente a las ideas anticristianas y antisociales, y supo atraer a su lado a notables escritores de aquel tiempo de muy diferentes matices pero coincidentes todos en cuanto a los fundamentos de orden social cristiano. Fue una de las mejores publicaciones periodísticas de aquel tiempo.
Bravo Murillo murió en Madrid el 10 de enero de 1873. De acuerdo con sus disposiciones testamentarias, fue enterrado en Fregenal, donde había nacido, y cuya población, años después, le dedicó un magnífico mausoleo.
Bravo Murillo fue sin duda, en su actuación política, un modelo evidente de honradez, modestia, intensidad en el trabajo y de dar a conocer a sus conciudadanos su gestión en los ministerios que regentó.
Así, ordenó publicar en la Gaceta Oficial, y ello se hacía por primera vez en España, mensualmente la distribución de los fondos públicos a cada ramo y departamento respectivo, la declaración de los impuestos y rentas, el movimiento de las clases pasivas y hasta el importe de la deuda flotante.
Su sencillez era tan grande que se negó obstinadamente a recibir las condecoraciones que le fueron ofrecidas, incluso la más alta de las que existen en España, la del Toisón de Oro, que quiso otorgarle Isabel II y estando ya redactado el decreto, al enterarse Bravo Murillo se trasladó a Palacio y consiguió a fuerza de ruegos que se desistiese de concedérselo por considerarlo muy superior a sus merecimientos.
Por los mismos motivos, al ser elegido miembro de la Academia de la Historia y de la de Ciencias Morales y Políticas, renunció a tomar posesión de las respectivas plazas.
Dado que era soltero y consideraba suficientes sus ingresos por su profesión de abogado, no quiso admitir nunca retribución alguna en los elevados puestos ministeriales que desempeñó. Rara vez utilizaba los carruajes oficiales y solía ir andando por las calles como un ciudadano más.
El éxito de sus realizaciones en la administración del país se debieron a su laboriosidad en estudiarlas, y a su gran inteligencia para desarrollarlas sabiendo encontrar sus soluciones, y en haber podido escoger los más expertos conocedores para cada una de las cuestiones que se trataban, sin preguntarles nunca por su ideología.
Bravo Murillo, como hombre de acción, era en sus discursos escueto, claro y contrario a los diputados que hacían gala de sus dotes oratorias alargando innecesariamente las sesiones. Así, en su primera intervención en el Congreso, después de haber sido presidente del Gobierno, dijo: “No podré en manera alguna satisfacer lo que la opinión pública espera de mí en este momento. No esperen de mí ni un discurso apasionado ni lleno de movimientos y de imágenes que suelen en estos tiempos cautivar la atención”.
Por todo esto, se comprenderá que el proyecto de nueva Constitución de Bravo Murillo podrá ser discutido, pero tiene la innegable ventaja de su rotunda precisión y claridad.
La ideología política de Bravo Murillo está contenida en sus Opúsculos que publicó ya sexagenario y apartado de la política; obra en seis tomos, póstumo el último de ellos. Defendió siempre la supremacía del poder civil sobre el militar moviéndose todo dentro de la ley, en una época en que en España los golpes de Estado eran frecuentes. Es trascendental señalar que sólo concebía el poder político para servir desde él a la nación: “La política —afirma— ha de estar subordinada a la administración”.
Es imprescindible, pues, para acabar de conocer la figura de Bravo Murillo, leer sus Opúsculos. No son memorias propiamente dichas, ya que en ellas se trata solamente de su vida política. Con la modestia que le caracterizaba, narra con absoluta imparcialidad los hechos y busca sólo las razones objetivas y serenas para justificarlos. Habla a la razón, no a la imaginación, y sabe encontrar frases muy expresivas y demuestra su dominio de la lengua latina con frecuentes citas de los clásicos.
En la introducción a los Opúsculos dice: “Estoy hace tiempo fuera del mundo político, mi vida pública ha sido más corta que mi vida terrenal. Es tan natural el deseo de ser mirado con aprecio de merecer la estimación de los contemporáneos y un recuerdo grato de los venideros”.
En resumen, fue Bravo Murillo uno de los políticos del siglo XIX que más contribuyó al desarrollo de la economía española y a la honorabilidad en el desempeño del gobierno, lo que le es unánimemente reconocido.
Fue también precursor de importantísimas normas políticas, ya que su proyecto de reforma por el que fue tan duramente criticado —si se prescinde de disposiciones inadmisibles pero propias de su época como eran el sufragio restringido a una pequeña minoría, la religión católica como única admitida y la composición del Senado—, en principios fundamentales se ha cumplido.
La Monarquía cumple la Constitución vigente, el Ejército es garantía de la defensa de la patria y de su unidad sin intervenir en las decisiones de los partidos políticos, y a los gobiernos con frecuencia efímeros del reinado de Isabel II han sucedido los que se eligen para cuatro años, que suelen ser reelegidos, y los mismos reglamentos electorales hacen prácticamente imposible la obstrucción de los grupos minoritarios, cosa habitual en aquellos tiempos.
Convencido Bravo Murillo de la razón de sus convicciones aunque no fueran aceptadas por sus coetáneos, creía muy posible que se reconocieran de algún modo en el futuro; por eso, en el cuarto libro de sus Opúsculos, apunta: “No escribo para los presentes, sino para los venideros porque estos podrán juzgar con imparcialidad sobre el Proyecto, el Juez lo será la posteridad, invoco su fallo y el de los venideros a los que reconozco competencia en este asunto”.
Y como gran estadista, admite igualmente que las características políticas de cada época pueden modificarse en puntos no esenciales. Así, añade, “pueden hacerse las modificaciones que reclame el tiempo y aconsejen las circunstancias”.
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Alfonso Bullón de Mendoza
