González Romero, Ventura. Soto en Cameros (La Rioja), 15.VII.1796 – Valladolid, 31.I.1870. Político y jurista.
Realizó sus primeros estudios en el colegio de padres escolapios de Villacarriedo (Cantabria), mientras que sus estudios universitarios tuvieron lugar en la Universidad de Salamanca, obteniendo los grados de bachiller y licenciatura, que fue aprobada uno tantum discrepante. En dicha Universidad ocupó el puesto de catedrático sustituto de Derecho Real en el bienio 1817-1818, breve paso por la docencia universitaria, que no sería su auténtica vocación, pues entró a desempeñar al año siguiente el puesto de abogado de los Reales Consejos.
Accedió el 18 de noviembre de 1820 al cargo de oficial 4.º de la Secretaría de Gracia y Justicia, iniciando su trayectoria ascendente en dicha institución, siendo nombrado el 20 de abril de 1823, secretario con ejercicio de Decretos, pero el retorno al absolutismo de Fernando VII (1823) supuso su traslado voluntario a Mallorca, junto a su tío el obispo Pedro González Vallejo, desde donde pasaría a Francia, en un exilio voluntario. Fue reintegrado en su puesto en el Ministerio de Gracia y Justicia por el gobierno liberal, pasando en 1834 al puesto de oficial 1.º y en 1835 al de jefe de sección del Ministerio, puesto que ocupó hasta 1842. Desde abril de 1837 hasta septiembre de 1840 se encargó de la Subsecretaría de Gracia y Justicia, volviendo a ocupar dicho cargo en 1847 hasta su dimisión, con un breve intervalo de dedicación a la administración de justicia, que se produjo en 1844 cuando ocupó el puesto de magistrado de la Audiencia de Madrid y presidente de su Sala Primera, debido a la regencia del duque de la Victoria. La creación de la Dirección de lo Contencioso en el Ministerio de Hacienda, fue brindada a este ilustre jurista que la aceptó en comisión y sin sueldo, desinterés que ya había demostrado cuando rechazó la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Miembro del Partido Moderado desde que en 1839 fue elegido diputado por el distrito de Sepúlveda (Segovia), la reelección se produjo para un período de tiempo de veinte años, formando parte de numerosas comisiones, así como de la Vicepresidencia de la Cámara.
Amigo y correligionario político de Juan Bravo Murillo, la colaboración con éste fue particularmente intensa, encargándole de la realización de una estadística personal de la administración de justicia, y siendo designado el 14 de enero de 1851 ministro de Gracia y Justicia en el Gobierno presidido por aquél, puesto que ocuparía hasta el 14 de diciembre de 1852, fecha en que dimitió. Su actuación dentro del Ministerio fue notoria, primero por reorganizar los propios servicios del propio Ministerio, después por devolverle la gestión de la instrucción pública en el Decreto de 20 de octubre de 1851, justificándolo en que “no solamente es el menos cargado de atribuciones, sino que es el que por la santidad y gravedad de sus demás negocios puede imprimir a la educación general el sello que corresponde a un pueblo unido en creencias religiosas, noble en carácter, rico en grandes recuerdos [...] El Ministerio de Gracia y Justicia, conocedor del personal de las carreras de la iglesia, de la magistratura y de las que no son técnicas e industriales, puede, de la manera más ventajosa para los pueblos, y más conveniente al Estado, regularizar y armonizar en todos conceptos la marcha general de la enseñanza pública”. Precisamente en orden a estas nuevas facultades concedidas, González Romero modificó en un reglamento de 1852 (septiembre), el Plan de Estudios de Pedro José Pidal, suprimiendo las Facultades de Teología y, respecto a la Facultad de Filosofía, que contaba con una sección de Ciencias y otra de Letras, añadió la Química a las Ciencias Físico-Matemáticas y conservó la Filosofía y su Historia en la licenciatura de Filosofía, sección de Literatura, aunque hizo desaparecer el doctorado de dicha sección, lo que aumentó el deterioro existente en el área de Filosofía.
Pero además, en virtud del anterior decreto pasaron al Ministerio de Gracia y Justicia negociados que antes dependían de otros Ministerios: “El Vicariato general castrense en sus altas relaciones eclesiásticas; las Juntas investigadoras de memorias y obras pías, y la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén, y la designación de eclesiásticos que hayan de ejercer su ministerio en los establecimientos públicos de beneficencia, u otros, siempre que sean costeados por el estado, así como la intervención que al Gobierno competa en todo lo referente a funciones eclesiásticas en establecimientos costeados por las provincias, los pueblos o los particulares”.
En virtud de ello, suprimió la Junta Consultiva Eclesiástica e integró las oficinas de la Santa Cruzada en la dirección de Culto y Clero. Es preciso recordar que durante su mandato se firmó el Concordato con la Santa Sede de 17 de octubre de 1851, que fue preparado en unión del marqués de Pidal y de Bertrán de Lis.
Fue el inspirador de una Ley de Bases para una Ley Hipotecaria, que encargaría a Francisco de Cárdenas en 1852, primer paso hacia la elaboración de la primera Ley Hipotecaria de la historia codificadora española, regulando asimismo la naturalización de extranjeros y el fuero de extranjería mediante Decreto de 17 de noviembre de 1852.
Suyas son también, dentro del ámbito de las actuaciones de este Ministerio, un conjunto importante de disposiciones tendentes a dotar de funcionalidad práctica la actuación procesal de los tribunales, tales como la necesidad de que figure en las sentencias el nombre del ponente (Orden de 20 de julio de 1852), la regulación de la forma en que se debían realizar los exhortos (Orden de 16 de agosto de 1852), y especialmente el Decreto con las normas para el nombramiento de magistrados (7 de marzo de 1851). Junto a ello inició una publicación semanal, el Boletín Oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, que se mantuvo desde el 7 de enero hasta el 29 de diciembre de 1852, y en el que se difundieron noticias jurídicas, trabajos monográficos, a la vez que se daban cuenta de las disposiciones que se iban elaborando, los proyectos legislativos que se encontraban realizando, y se publicaban catálogos bibliográficos-jurídicos.
También destacable de su etapa de ministro fue la compra de la casa de la Sonora, sede actual del Ministerio de Justicia, en la calle de San Bernardo de Madrid, que pasó a ocupar desde ese momento, pues anteriormente se encontraba, junto con el Ministerio de Marina, en la calle de Bailén.
La Revolución de 1854 supuso su vuelta al exilio voluntario durante dos años, de forma que a su regreso quedó ajeno a cualquier empleo público y de vinculación con la militancia política, no teniendo contacto político alguno, salvo su elección para el Senado como senador vitalicio en la legislatura 1863- 1864, donde resaltó por sus trabajos sobre estadística y organización eclesiástica, además de sus excelentes dotes oratorias.
También desempeñó puestos esenciales para la vida económica del país, destacando su elección como comisario regio del Banco de Fomento.
Fue distinguido por el Papa con la Gran Cruz de Pío IX, siendo comendador de Carlos III en España.
Fuentes y bibl.: Archivo del Senado, exps. personales, HIS-0202-03; Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 17 n.º 12, 23 n.º 5, 24 n.º 10, 24 n.º 47, 24 n.º 59, 27 n.º 4, 29 n.º 11, 32 n.º 4, 35 n.º 6.
El Excelentísimo Señor Don Ventura González Romero, París, Imprenta de Walter, ¿1870?; J. F. Lasso Gaite, “Edificio del Ministerio de Justicia: Su historia”, en Boletín Informativo del Ministerio de Justicia, 759 (25 de enero de 1968); G. Bleiberg (dir.), Diccionario de Historia de España, vol. II, Madrid, Alianza Editorial, 1981 (2.ª ed.), pág. 233; El Ministerio de Justicia. Su imagen histórica (1714-1981), Madrid, Imprenta Sáez, 1984; G. Bueno Sánchez, “Gumersindo Laverde y la Historia de la Filosofía Española”, en El Basilisco (Oviedo), 2.ª época, 5 (1990), págs. 49-85 (versión digital en http://www.filosofia.org/rev/bas/bas20506.htm); J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1998, págs. 574-577; R. V. Orden Jiménez, “Los orígenes de la cátedra de Historia de la Filosofía”, en El Basilisco (Oviedo), 28 (2000), págs. 3-16 (versión digital en http://www.filosofia.org/rev/bas/bas22801.htm); “La introducción de la Estética como disciplina universitaria: la protesta de Sanz del Río contra la ley de Instrucción Pública”, en Revista de Filosofía, 26 (2001), págs. 241-291 (versión digital en http://fs-morente.filos.ucm.es/publicaciones/revista/n26/orden.PDF).
María Dolores del Mar Sánchez González
