Salamanca y Mayol, José de. Marqués de Salamanca (I) y conde de los Llanos (I). Málaga, 23.V.1811 – Madrid, 23.I.1883. Financiero y promotor.
José Salamanca y Mayol nació en Málaga el 23 de mayo de 1811. Tras cursar sus primeros estudios en su ciudad natal, estudió Leyes en la Universidad de Granada. Vinculado en estos años, entre 1827 y 1833, a los círculos liberales, conoció a Mariana Pineda, a cuya ejecución asistió en 1831 en Granada, y en ese mismo año trató, sin éxito, de salvar la vida del general Torrijos cuando éste fue apresado por los absolutistas tras su desembarco en Málaga. Salamanca tomó posesión, en 1833, de la Alcaldía Mayor de Monóvar, en Alicante. En 1835 fue nombrado primer juez de instrucción en Vera (Almería), y contrajo matrimonio con Petronila Livermore Salas, hija de un comerciante británico establecido en Málaga; otra de las hijas de Livermore era esposa del empresario Manuel Agustín Heredia, quien, hacía varios años, había inaugurado su siderurgia de altos hornos en Marbella, y otra más del escritor y bibliófilo Serafín Estébanez Calderón, con quien Salamanca mantendría una prolongada y estrecha relación de afecto y colaboración durante muchos años.
En 1836, Salamanca se trasladó a vivir a Madrid. En dicho año fue elegido diputado para las Cortes Constituyentes, siendo ésta la primera vez de las diecinueve que ocupó un escaño parlamentario, en la mayoría de las ocasiones por Málaga. Nombrado juez de instrucción en Madrid en 1836, renunció al cargo, prefiriendo dedicarse a los negocios. Se asoció con el hombre de negocios, de origen luxemburgués, José Buschental en varias operaciones de préstamos al Tesoro, actividad a la que se dedicaban numerosos banqueros y empresarios de la época, como Daniel Weisweiller, agente de Rotschild en Madrid, José Manuel Collado, Tomás O’Shea, José Safont o Jaime Ceriola. A veces, en los primeros años cuarenta, su cuñado Manuel Agustín Heredia participaba en sus negocios, lo que seguramente avalaba la solidez de su firma en los contratos públicos, como ocurrió con un consorcio de capitalistas, encabezado por el Banco Español de San Fernando, que completó un anticipo de 15 millones, en 1843, para el pago del servicio de la Deuda del Estado; además de Salamanca y Heredia, participaron Weisweiller, Buschental, Carriquiri —amigo personal de Salamanca y destacado hombre de negocios— y Manuel Gaviria. Ello revela una posición de cierto relieve en aquellos años para Salamanca, dentro del estrecho mundo financiero de Madrid. En 1843, Salamanca tenía fijada una cuota de crédito de 500.000 reales en el Banco Español de San Fernando, la misma que Gaspar Remisa y Manuel Safont, y la mitad exactamente de la que tenían señalada Daniel Weisweiller, Enrique O’Shea y Compañía, Antonio Guillermo Moreno o José Manuel Collado, entre otros. En diciembre de 1841, Salamanca, con la acreditación y aval de Manuel Agustín Heredia que le fue solicitada por el Gobierno, a los cuales se asoció después Gaspar Remisa, fue encargado de convenir la reanudación del pago del servicio de la deuda exterior del Estado, en suspenso desde 1837. En el curso de esta misión, visitó en París a la reina María Cristina, en el exilio desde que el general Espartero se convirtió en regente de España. En París conoció al general Narváez, asimismo exilado y principal figura del Partido Moderado. Salamanca, también en 1841, consiguió la contrata de la renta estancada de la sal, en sociedad con José Safont. Dicha contrata, obtenida por sesenta millones de reales, permitía la explotación de las salinas españolas durante cinco años.
Cuando se habían dejado atrás las secuelas económicas más graves de la Guerra Carlista, que había durado siete años, y tras la salida del poder del general Espartero, jefe del Partido Progresista, la Bolsa de Madrid conoció un movimiento de alza de valores, casi exclusivamente efectos públicos, en el cual la participación de Salamanca, sobre todo en operaciones a futuros, fue particularmente intensa y brillante. En noviembre de 1844 ganó en una sola jugada 30 millones de reales. Sin embargo, tuvo también algunos contratiempos, uno de los cuales, por 40 millones, reportó pérdidas al propio general Narváez, quien, a partir de entonces, guardó una actitud desafecta hacia la persona del financiero.
Salamanca no tuvo, a lo largo de su vida, un perfil reconocible entre las diferentes fuerzas políticas de la España de mediados del siglo XIX. Sus inclinaciones y antipatías, en este caso, muchas veces estaban condicionadas por la naturaleza y el planteamiento de sus negocios. Sin embargo, pueden constatarse algunas circunstancias llamativas, como el rechazo que su personalidad y modo de actuar suscitaba entre los elementos ortodoxos del Partido Moderado —es decir, los más fieles a la jefatura política de Narváez— como Alejandro Mon, Ramón Santillán y Pedro José Pidal. Éstos interpelaron de manera acerba a Salamanca cuando se estaba debatiendo en las Cortes el proyecto sobre arreglo de la Deuda flotante del Tesoro en 1844, reprochándole sus manejos especulativos en la Bolsa. Y en cuanto estuvo a su alcance, dichos exponentes del conservadurismo procuraron frustrar, o al menos entorpecer, los planes inversores del financiero. Seguramente el talante impetuoso, su afán por lo novedoso y la afición al riesgo que caracterizaban el proceder de Salamanca en sus inversiones, con apuestas novedosas e insólitas en el statu quo del pequeño y monopolizado mundo madrileño de los negocios, junto con sus tempranos y llamativos éxitos económicos y sociales, provocaban a la vez aprensión y resentimiento. Todo lo anterior no impidió que, desde el lado más autoritario del moderantismo, mantuviera afinidades con Bravo Murillo o con la llamada facción “polaca” de dicho Partido, encabezada por el conde de San Luis, o en el otro extremo, con los llamados “puritanos”, con quienes llegaría a compartir dos gobiernos. Tuvo amigos en el Partido Progresista, como Patricio de la Escosura, y en Unión Liberal, como el general Serrano, manteniendo, en alguna ocasión, relaciones con el carlismo. Probablemente las dos enemistades políticas mayores de su vida fueron Ramón Santillán, primer gobernador sucesivamente de los Bancos de San Fernando y de España, quien vilipendia a Salamanca en sus Memorias, y el varias veces ministro de Hacienda Pedro Salaverría. Su proceder con Isabel II fue de dilatada lealtad hasta el exilio regio, y con su marido, y sobre todo con su padrastro, el duque de Riánsares, compartió intereses económicos en las décadas centrales del siglo.
En abril de ese año, 1844, Salamanca participó de modo destacado en la formación de la Empresa de Tabacos para optar a la concesión del arrendamiento del monopolio de dicho producto en España, obteniéndola en concurso y firmando el correspondiente contrato con el ministro de Hacienda García Carrasco. El canon anual quedaba establecido en 75 millones de reales al año, por diez años, a favor de la Hacienda Pública, más la mitad de los eventuales beneficios que superaran dicha cantidad, corriendo el Estado con las pérdidas que compensaría con las ganancias de otras anualidades, sin que quedara modificado, en ningún caso, el canon mencionado. Además la empresa debía realizar un préstamo al Tesoro Público por 50 millones de reales, con el 6 por ciento de interés anual, quedando aquél obligado a reintegrarlo en los últimos cinco años del contrato. Salamanca aportaba a la operación 10 millones de reales, suma superior a las cuota del Banco Español de San Fernando (nueve millones de reales), pero inferior a las de Weisweiller (18 millones), Gaviria (17 millones), O’Shea (16 millones) y Heredia (14 millones), además de otras participaciones menores. La llegada al poder del general Narváez, con Alejandro Mon en Hacienda, poco tiempo después, hizo que el contrato fuera rescindido, aunque no sin una considerable indemnización para los socios de la Empresa de Tabacos.
En el mismo año de 1844, Salamanca consiguió la aprobación gubernamental —cuando Luis González Bravo, amigo de Salamanca presidía el gabinete, con García Carrasco en Hacienda— para la creación de un segundo Banco de emisión en Madrid, que recibiría el nombre de Banco de Isabel II, en asociación con José Buschental, Manuel Agustín Heredia, Nazario Carraquiri y Manuel Gaviria, además de otros capitalistas y políticos. La apertura del Banco de Isabel II contrarió profundamente a los accionistas del Banco de San Fernando que había recibido, quince años antes, el privilegio de emisión exclusiva en Madrid. El ministro de Hacienda, Alejandro Mon —sucesor en dicho cargo de García Carrasco, según se ha dicho más arriba—, se mostró alarmado ante el aumento de la circulación de billetes en Madrid, y también por la facilidad con que la nueva entidad concedía crédito sobre títulos públicos y sobre las propias acciones, en función de la cotización que alcanzaban en la Bolsa. En realidad, gran parte de dicho crédito, entre 1845 y 1847, fue utilizado por los prestatarios del Banco para comprar y vender títulos en el mercado de valores, con la expectativa de realizar plusvalías aprovechando la larga onda expansiva de las cotizaciones. Pareciera como si Salamanca y sus socios, habituales jugadores en la Bolsa, hubiesen creado un Banco capaz de aprontarles con relativa facilidad la liquidez que precisaban para sus negocios. Pero, además de esta facilidad para conceder crédito —sin duda, excesiva y arriesgada para cualquier entidad crediticia, sobre todo de emisión—, el Banco de Isabel II introdujo innovaciones interesantes en un sector de la economía española demasiado anquilosado en sus procedimientos, como era el de la banca en la década de 1840. El Banco de Isabel II emitió billetes de baja denominación y extendió el uso del préstamo en cuenta corriente.
Como en otros muchos casos históricos de especulación en Bolsa, llegó un momento determinado en que comenzó a fortalecerse la convicción, en un grupo nutrido de inversores, de que la rentabilidad real de los títulos distaba de justificar sus elevadas cotizaciones. Entonces empezaron las ventas de títulos en Bolsa, que pronto llegaron a superar las peticiones de compra. Los valores iniciaron una progresiva caída, poniendo en peligro la estabilidad e incluso la supervivencia de aquellos banqueros y sociedades — incluido el Banco de Isabel II— que habían adelantado fondos para invertir en Bolsa. En esa situación, en febrero de 1847, el ministro de Hacienda, Ramón Santillán, recién llegado a dicho cargo, no encontró mejor salida que decretar la fusión del Banco de Isabel II con el Banco de San Fernando, a fin de evitar una situación de pánico y una catástrofe financiera en Madrid.
El problema más grave, para la entidad resultante de la fusión que mantuvo el nombre de Banco de San Fernando, era la valoración de los activos que aportaba el antiguo Banco de Isabel II. En su mayor parte préstamos con garantía de títulos cotizables en Bolsa, casi todos irrecuperables a corto plazo. Entre los deudores de dicha entidad figuraba Salamanca en primer lugar, al menos con un 33 por ciento del total de créditos pendientes, a nombre propio y también de testaferros.
La difícil evaluación de los activos pertenecientes a uno y otro Banco integrados en el nuevo Banco Español de San Fernando quedó resuelta cuando una comisión de accionistas, pertenecientes a las antiguas entidades, decidió admitir por su valor nominal los créditos allegados a la fusión. Esta decisión, obviamente favorable a los accionistas del Banco de Isabel II, estuvo sin duda condicionada por el inesperado nombramiento de Salamanca como ministro de Hacienda, el 28 de marzo de 1847. Según refiere Santillán en sus Memorias, fue Salamanca quien urdió en los más altos niveles del Estado la trama que hizo posible el cambio de gobierno y su propia designación para el Ministerio de Hacienda, con el fin de salvar sus intereses personales en la fusión de los dos Bancos madrileños. En los meses posteriores, Salamanca —hasta su cese en octubre del mismo año de 1847— recibió créditos adicionales del Banco de San Fernando, dirigidos a financiar sus proyectos ferroviarios, acumulando 28 millones de reales en nuevos débitos. Además, Santillán calculó que Salamanca era deudor del Banco, en razón de anteriores créditos pendientes con el Banco de Isabel II, por más de 80 millones de reales. Transcurridos seis años, le fueron canceladas todas sus obligaciones por una suma mucho menor, recibiendo incluso el beneplácito del ministro de Hacienda en 1853, Alejandro Llorente, quien llegó a elogiar el “comportamiento hidalgo” que Salamanca había tenido con el Banco en la resolución de estos asuntos.
Sería injusto silenciar algunas de las realizaciones de Salamanca en el breve período de su mandato ministerial. Seguramente, el proyecto más importante, en estos meses, fue el de reforma monetaria, que resolvía el viejo problema de la paridad entre la moneda de plata francesa y la española, el cual se remontaba a 1823; además, aplicaba al sistema monetario la división decimal. Aunque el proyecto de Salamanca no se convirtió en ley, fue el antecedente más identificable de la reforma monetaria de 1848.
Ya a mediados de la década de los cuarenta, Salamanca se había fijado como principal empeño, entre sus negocios, la construcción de la línea férrea de Madrid a Aranjuez, aparentemente un ferrocarril al servicio de la Reina y de la Corte, pues enlazaba la capital con el Real Sitio al que aquéllos se desplazaban durante algunos meses del año. Sin embargo, la línea Madrid-Aranjuez era contemplada justamente por Salamanca como el primer tramo del futuro ferrocarril de Madrid al Mediterráneo, en Alicante. Era ésta una de las primeras direcciones del ferrocarril que previeron los pioneros de este medio de transporte en España. Salamanca obtuvo la concesión del Madrid a Aranjuez en abril de 1845 y en diciembre de este mismo año empezaron las obras. Salamanca era socio mayoritario de la empresa junto a algunos miembros de la Familia Real, Buschental y otros socios españoles y británicos. Por otra parte, Salamanca, en 1845, figuró entre los consejeros del proyectado ferrocarril de Gijón a Villaviciosa, Sama, Mieres y Oviedo, puesta en servicio en 1866.
Las obras del Madrid-Aranjuez quedaron interrumpidas en 1847, cuando la crisis bancaria hizo imposible a Salamanca la prosecución de las obras. En 1848 Salamanca fue acusado en las Cortes por haberse prevalido de su condición de ministro para respaldar los créditos concedidos al Madrid-Aranjuez con la garantía del Estado. A consecuencia de aquellas imputaciones, hubo de abandonar España, regresando rehabilitado al cabo de un año. En 1850 se reanudaron las obras de la línea de Aranjuez, la cual fue terminada en 1851.
En diciembre de 1851, con Bravo Murillo en la presidencia del Consejo de Ministros, el Estado emprendió, a su cargo, la construcción de la línea de Aranjuez a Almansa —continuación de la Madrid-Aranjuez— otorgando la contrata de los trabajos a Salamanca. Salamanca y sus socios recibirían una subvención del Estado de 220 millones de reales en deuda pública especial admisible por su valor nominal. En 1852, el empresario malagueño obtuvo también la concesión de los dos primeros tramos del Madrid-Irún, aunque renunció a ella a raíz de la indecisión del Gobierno sobre el paso de la línea por Ávila o Segovia. En el mismo año sustituyó a Martín Larios en la contrata del ferrocarril de Málaga a Almodóvar y, en 1853, se interesó también como contratista en la línea de Socuéllamos a Ciudad Real. Entre los años 1853 y 1854, Salamanca figuró como primer beneficiario de las ayudas que el Estado reservaba a los contratistas del ferrocarril. Esta circunstancia, además de las numerosas críticas que en las Cortes y la prensa recibía la política de concesiones ferroviarias, tachada de discrecional e incluso de arbitraria, contribuyó a formar un estado de opinión de creciente descontento con el gobierno. Incluso el propio Consejo de Estado dictaminó en contra de dicha política de concesiones, considerando que adolecía de omisiones, irregularidades y otras faltas.
El gobierno del conde de San Luis, en agosto de 1853, se avino a revisar las concesiones realizadas con la promesa de ajustarlas literalmente a la ley vigente. Sin embargo, los escándalos ferroviarios habían llegado a convertirse en uno de los argumentos más efectivos de los enemigos de San Luis, principalmente de los progresistas, alejados desde 1844 del poder. La protesta popular llegó a convertirse, en Madrid, en una insurrección que adquirió pronto un tono violento, llegando a incendiar las residencias particulares y a destruir los muebles y enseres, entre otros, de la Reina Madre, del conde de San Luis y del propio Salamanca. Este último, temiendo por su vida, se vio nuevamente obligado a huir de España. La revolución de 1854, promovida por liberales moderados y progresistas condujo a la formación de un gobierno presidido por el general Espartero, que procedió a un examen completo de las concesiones otorgadas, línea por línea. Salamanca vio algunas de sus concesiones anuladas, como las de Socuéllamos a Ciudad Real y de Almodóvar a Málaga, y reformadas por completo las cláusulas de la contrata del Aranjuez-Almansa. Por Ley de 2 de marzo de 1855, se le obligó a reintegrar al Estado, a partir de 1857, la suma de 172 millones de reales en siete anualidades. No obstante, Salamanca continuó como concesionario de la línea Madrid-Almansa, a cuyo término se comprometió con un depósito de ocho millones de reales. Recibió, para esta concesión, una subvención efectiva de 16 millones de reales, deducidos los intereses de su débito frente al Estado.
La mayor estrechez de las nuevas condiciones que el gobierno progresista le impuso en la concesión del Aranjuez-Almansa, y de su continuación Almansa- Alicante, influyó, muy posiblemente, en la venta que Salamanca hizo de la línea completa Madrid-Alicante a un grupo de financieros franceses asociados con la casa Rothschild Hermanos, de París, en el ferrocarril Gran Central de Francia. Por entonces, en el verano de 1856, los Rothschild y los Pereire habían trasladado de Francia a España su cerrada competencia en el campo de las concesiones ferroviarias y de la financiación de las líneas por medio de la banca. El 7 de julio de 1856, la línea Madrid-Aranjuez-Almansa fue vendida al grupo de los Rothschild, comprometiéndose Salamanca a terminar la construcción de los ochenta kilómetros que restaban; Salamanca ingresaría, a cambio, 232 millones de reales. Por otra parte, los franceses recibirían el Almansa-Alicante de la sociedad propietaria, de la cual Salamanca poseía el 88 por ciento de las acciones, a cambio de 64 millones de reales. Aunque hay discrepancias acerca del beneficio alcanzado por Salamanca en esta operación, el cálculo más reciente lo sitúa en el 7 por ciento, es decir, 22 millones de reales. La línea de Madrid a Alicante constituiría uno de los pilares básicos de la Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA), patrocinada por los Rothschild, a cuyo consejo de administración se incorporó Salamanca.
No se limitó Salamanca a estas actividades dentro del sector ferroviario. En octubre de 1858 le fue concedida la línea de Zaragoza a Pamplona y Alsasua; esta línea constituía un tramo importante de la línea transversal que enlazaba las provincias vascongadas y Navarra con Aragón y Cataluña, conectándose en Zaragoza con el Zaragoza-Barcelona. Posteriormente, en 1865, ambos ramales se unirían en una sola compañía, la de Pamplona-Zaragoza-Barcelona. En 1858 quedó inaugurado el ferrocarril de Toledo, pequeño ramal del Madrid-Alicante, que Salamanca había construido. Mayor relevancia tuvo la participación de éste, en el mismo año de 1858, en la empresa que hizo posible el Atlantic and Great Western Railway, el cual conectaba los estados norteamericanos de Nueva York, Pennsilvania y Ohio. Intervino también Salamanca, en torno a 1860, en iniciativas ferroviarias en diferentes países europeos —Portugal, Francia, Estados Pontificios, Nápoles, además de otras—, en unas ocasiones como contratista, intermediario o proveedor, y en otras como socio de las empresas encargadas de la explotación. El proyecto más fabuloso de los que tomó en consideración, en 1862, fue el de la conexión por ferrocarril entre Francia e Inglaterra, bajo la dirección técnica de los ingenieros Leopoldo Broockmann y José Echegaray; Salamanca llegó a presentar el expediente a Napoleón III, quien lo acogió con interés, aunque sin llegar a darle curso.
Se interesó también Salamanca por los ferrocarriles de su tierra natal. Obtuvo y le fue arrebatada la concesión del Málaga-Córdoba, finalmente otorgada en 1859 a Jorge Loring y a otros socios, entre ellos Tomás Heredia Livermore, sobrino de Salamanca. Sin embargo, aquél mantuvo la concesión del Granada- Bobadilla que, en este último punto, conectaba con la línea de Málaga. Salamanca trató de modificar el punto de enlace llevándolo más al sur, hasta Vélez Málaga, lo que podía representar una amenaza potencial para el ferrocarril de Loring y sus socios, sobre todo si se trataba de llevar el transporte de mercancías desde el litoral mediterráneo hacia el norte de Andalucía, donde la MZA —empresa a cuyo Consejo Salamanca pertenecía— poseía líneas como la de Córdoba a Madrid, pasando por Linares. No pudo tampoco conseguir dicha modificación en el trazado y en 1863 decidió traspasar la concesión a la Compañía Córdoba-Málaga.
Seguramente, Salamanca llegó al máximo nivel de su fortuna y de su esplendor social y económico en el decenio comprendido entre 1856 y 1866. En estos años fue, con frecuencia, el principal receptor de crédito por parte del Banco de España. Además, cuando este Banco emisor de Madrid atravesaba por una delicada situación de falta de liquidez, en el otoño de 1864, Salamanca le facilitó un anticipo, con diversas casas de París, de 20 millones de francos.
Resuelta de manera positiva la mayoría de sus negocios ferroviarios en España, y con diversas y rentables participaciones en inversiones en diferentes países, Salamanca, en 1858, terminó de construir un suntuoso palacio, en el Paseo de Recoletos de Madrid, donde situaría su importante colección de pintura y su valiosa biblioteca, para cuya formación había contado con el asesoramiento de su cuñado Estébanez Calderón. Un año después compró la finca de Vista Alegre, en Carabanchel Bajo, que había sido propiedad de la reina María Cristina, y que pertenecía a sus herederas, la reina Isabel II y su hermana, la duquesa de Montpensier. Algunos años antes, en 1855, con compras sucesivas de tierras, empezó a formar la que sería su posesión de Los Llanos, en la provincia de Albacete. Precisamente en 1864 recibiría el título nobiliario de conde de los Llanos, con grandeza de España, un año después de serle concedido el marquesado de Salamanca. En 1863 fue nombrado senador vitalicio y recibió del Gobierno francés la Legión de Honor.
En esta época, Salamanca vislumbró nuevas oportunidades de inversión: la construcción de un nuevo y extenso barrio residencial en Madrid, de acuerdo con los proyectos de ensanche que se llevaban a cabo en algunas grandes ciudades europeas a mediados del siglo. En 1858 empezó a comprar terrenos al este del recién terminado Paseo de Recoletos, hasta disponer, en 1863, de más de 236.000 metros cuadrados. En 1868, la superficie adquirida por el empresario malagueño superaba los 923.000 metros cuadrados. Salamanca intentó crear una sociedad en Londres, con el fin de distribuir el coste de la inversión entre un número relativamente elevado de partícipes; sin embargo, no fue posible seguir adelante con esta idea, pues hacía más de diez años que la Bolsa londinense mantenía un litigio con el Gobierno de Madrid sobre el impago de la deuda exterior que afectó negativamente a la cotización de los valores españoles privados. Salamanca hubo de afrontar en solitario la ingente empresa de construir casas —se calcularon trescientos cincuenta edificios en cuarenta y tres manzanas— en el nuevo área urbanizable. Es preciso subrayar, en primer lugar, el hecho de que los terrenos, en el momento de la adquisición, carecían de vías y estructuras, por lo cual no resultaban directamente susceptibles de enajenaciones como solares edificables. En segundo lugar, Salamanca compró los terrenos como suelo urbano, de manera que no se pudo beneficiar de las plusvalías derivadas de la recalificación de aquéllos.
En 1862 retomó un proyecto que había debatido cuatro años atrás, la de crear un banco hipotecario, a imagen y semejanza del Credit Foncier de Francia, fundado en 1858 con el objeto de facilitar crédito con la garantía de bienes inmuebles. Los requerimientos de dinero líquido en abundancia que las obras del ensanche madrileño exigirían a Salamanca acentuaron su convicción acerca de las ventajas que tenía una institución de este carácter. Trató de implicar en el proyecto a los apoderados de Rothschild en Madrid, Weisweiller y Bauer, y al financiero Vicente Bayo. En 1864, Salamanca sometió al gobierno presidido por Alejandro Mon, cuyo ministro de Hacienda era Pedro Salaverría, un proyecto de Banco Hipotecario, con participación de capital francés, en el cual se contemplaba la posibilidad de que el nuevo establecimiento tuviera entre sus fines primordiales la liquidación de la deuda flotante del Tesoro. Sin embargo, el empeoramiento de la situación general financiera, a partir de 1864, y la variación de las circunstancias políticas hicieron que el proyecto fuese postergado. Finalmente, el Banco Hipotecario de España sería creado en 1872, pero sin Salamanca y con la colaboración de Paribas y de Rothschild.
En 1864, Salamanca dio comienzo a las primeras edificaciones del barrio madrileño que llevaría su nombre, en la primera mitad de la calle de Serrano y en su entorno. La crisis financiera y monetaria internacional abierta en 1864, con tipos de interés superiores al 10 por ciento, llegaría a su punto más grave dos años después. La escasez y carestía del crédito, en estos años, representaron una dificultad gravísima para Salamanca, puesto que dependía de anticipaciones a corto plazo para hacer frente a los costes de construcción, en espera de la venta o del alquiler de los edificios. Por dicha razón, a finales de 1864 decidió realizar una emisión de obligaciones hipotecarias, a fin de obtener liquidez que le permitiera proseguir los trabajos hasta la terminación de la primera fase del proyecto, en 1866. Por entonces había cerca de cinco mil trabajadores contratados en las obras. Aunque la primera fase fue efectivamente terminada antes de dicho año, a la altura de 1868 Salamanca aún reclamaba del Ayuntamiento de Madrid las obras de infraestructura más imprescindibles en buena parte de la extensión construida.
Para dar salida a las casas construidas en la primera fase, el empresario llegó a un arreglo con la Sociedad Española de Crédito Comercial, creada en 1864 por varios banqueros madrileños con el objeto prioritario de emprender operaciones financieras con el Estado. Dicha sociedad entregó a Salamanca 50 millones de reales en títulos de Deuda Pública y se comprometió a pagar las obras hasta 25 millones, a cambio de las obligaciones hipotecarias firmadas por el promotor, que la entidad bancaria procuraría colocar entre el público. La caída continuada de las cotizaciones en Bolsa de los títulos del Estado hizo que el valor efectivo de los recibidos por Salamanca se desplomara de 50 a 35 millones de reales. La Sociedad Española de Crédito Comercial se encontró con obstáculos insalvables para colocar las obligaciones hipotecarias, y el propio Salamanca hubo de enfrentarse a serios problemas para vender las edificaciones terminadas. Se llegó entonces a un compromiso entre ambos, liquidándose los créditos facilitados por la Sociedad, mediante la anulación de las obligaciones hipotecarias, y la cesión al Banco de la propiedad de casi todos los inmuebles construidos, exactamente treinta y siete, desde la calle Villanueva hasta la de Juan Bravo en su cruce con la de Serrano. La Sociedad Española de Crédito Comercial valoró, en 1869, los edificios que de ese modo pasaron a su propiedad, en 82 millones de reales. Sin embargo, en los años siguientes, se encontró con las mismas dificultades que había hallado Salamanca para vender los inmuebles y hubo de ofrecer condiciones muy favorables a los compradores, como pagos aplazados en veinte años.
Asimismo, Salamanca vendió en 1868 al marqués de Urquijo ocho casas en la calle de Claudio Coello, al precio justo de la construcción, de manera que no sólo dejó de ganar beneficio alguno, sino que además perdió el valor del suelo y los intereses del capital invertido. La escasez de dinero efectivo se hizo tan apremiante que Salamanca se vio así obligado a vender con pérdida las casas que le restaban por vender de la primera fase de construcción de su barrio. La segunda fase concluyó en 1875 y contó, como reclamo, la apertura en 1871 de la línea de tranvía Puerta del Sol al Barrio de Salamanca. El núcleo de esta fase se situaba en la calle de Goya, desde la de Serrano a la de Velázquez, y en sus transversales.
En esta segunda etapa, Salamanca recibió crédito, por 20 millones de reales —cinco millones de pesetas, puesto que ésta era la nueva unidad monetaria española—, de un conjunto nutrido de prestamistas, destacando entre ellos el marqués de Urquijo —además de la sociedad Urquijo y Arenzana— y el Banco Hipotecario de España, junto con la Sociedad Española de Crédito Comercial, el Banco de París, la francesa Société Générale du Credit Industriel et Commercial y el Banco de Castilla. En 1870 Salamanca vendió a la Sociedad de Crédito Mercantil, de Barcelona, terrenos comprados en esta ciudad hacía cierto tiempo, en los llamados Campos Elíseos, con la intención de proceder a su urbanización; se calcula en más de tres millones de reales la pérdida sufrida en esta operación. Con la sociedad Urquijo y Arenzana, Salamanca contrajo préstamos hipotecarios, a veces con el 12 por ciento de interés anual, para satisfacer los cuales hubo de cederles diversas casas al poco de concluir su edificación, a veces al 51 por ciento de su valor de tasación. En 1872, Salamanca efectuó ventas de terrenos sin edificar, a fin de obtener liquidez; dichos terrenos, de más de dos hectáreas de superficie —al comienzo de la calle de Serrano, cerca de la Puerta de Alcalá— fueron vendidos, a 41,5 pesetas el metro cuadrado, a un consorcio en que participaban el Banco de Castilla, el Crédito Mobiliario Español y el financiero Antonio López y López; algunos de estos solares volvieron a venderse, al cabo de tres años, sextuplicándose su valor de mercado.
Tras las operaciones con Urquijo y Arenzana, ya a fines de 1873, Salamanca —con el fin de finalizar la última etapa de su proyecto urbanístico en Madrid— suscribió diversos préstamos con el recién creado Banco Hipotecario de España, actuando Urquijo como fiador, sobre la garantía de cuarenta y ocho edificios, por un valor global próximo a seis millones de pesetas, que el empresario recibió en cédulas hipotecarias, a colocar entre el público con un interés del 7 por ciento. La operación crediticia dio paso a la formación de una compañía mercantil —formada por Salamanca y Urquijo—, encargada de enajenar al público las fincas; el activo de la sociedad, además de las cuarenta y ocho edificaciones, contaba con 61,5 hectáreas de superficie de terrenos sin edificar, en el mismo barrio.
Se intentó atraer más socios, con el estímulo de un 12 por ciento de interés fijo a las acciones. Los elevados gastos financieros que implicaba el pago de los intereses de las cédulas hipotecarias y las acciones, y la lenta evolución de las ventas, hicieron que, al cabo de dos años, la sociedad fuera liquidada. A tal fin, se nombró una comisión encargada de enajenar o de asignar las propiedades a los acreedores. De la distribución resultante de las propiedades no hipotecadas resultaron principales beneficiarios, aproximadamente por los dos tercios de aquéllas, el marqués de Urquijo, el Crédito Mobiliario Español y el marqués de Mudela.
En 1873, Salamanca fue apremiado por Pedro Salaverría, que actuaba como administrador de los bienes particulares de Isabel II, en su exilio de París, a fin de que restituyera diferentes préstamos facilitados por la Reina, por un valor total de 3,6 millones de reales, desde 1866. Consistían dichos débitos, por una parte, en varias letras, con un valor conjunto de 600.000 reales, y afianzadas con acciones de la empresa inmobiliaria arriba descrita, formada por Salamanca, Urquijo y varios socios más. Por otra parte, la Reina le había concedido un crédito de tres millones de reales, del que no constaban escrituras ni garantías, y que Salamanca aseguró haber devuelto a una persona de la confianza del Rey. En los meses en que Salaverría desempeñó aquella función no pudo recuperar este último crédito, según se desprende de la correspondencia mantenida con Isabel II, en la cual no ahorró frases desdeñosas e incluso epítetos injuriosos hacia la persona del financiero. Hay constancia, sin embargo, de que Salamanca mantuvo relación de amistad con la Reina, años después de ser restaurada la dinastía en la persona de Alfonso XII. A lo largo de los doce años que duró el empeño de construir el barrio que lleva su nombre, Salamanca hubo de desprenderse de gran parte de su patrimonio personal, a fin de hacer frente a los sucesivos compromisos económicos en que se vio envuelto. Desde 1867 procedió a la enajenación de su magnífica colección de pintura, que había comenzado a formar hacía más de veinte años y que contaba con lienzos de pintores flamencos y españoles; también hubo de deshacerse de la rica biblioteca, compuesta de miles de volúmenes, algunos muy raros, como las ediciones antiguas de libros que, según Cervantes, había leído don Quijote.
En 1873, Salamanca vendió varias casas, situadas en Madrid, en Málaga y otras provincias, y tres años después hizo lo mismo con su palacio del paseo de Recoletos, en este caso, al Banco Hipotecario de España, recién creado entonces, y del que fue sede hasta finales del siglo XX. Por otra parte, la crisis de 1866 también había afectado seriamente a las compañías ferroviarias españolas, entre ellas la de Pamplona a Zaragoza y Barcelona, a cuyo consejo de administración Salamanca pertenecía. En 1878, dicha compañía fue absorbida por la de Norte, cambiándose dos acciones de ésta por tres de la Pamplona-Zaragoza-Barcelona. Aunque Salamanca, entre 1872 y 1879, trató de promover algunas nuevas iniciativas, como el Canal del Duero o el monopolio de tabacos de Filipinas, acabó desistiendo de las mismas, que fueron reemprendidas por otros inversores. En 1881 adquirió la empresa de ensanche de Zurriola, en la desembocadura del río Urumea, en San Sebastián; se trataba, en esta ocasión, de edificar un nuevo barrio, en terrenos tomados al mar. Sin embargo, al poco de volver de uno de sus viajes a la capital guipuzcoana, falleció en Madrid, en su palacio de Vista Alegre, el 23 de enero de 1883.
Fuentes y bibl.: Archivo de la Real Academia de la Historia, 9/6963, leg. XXIV, n.os 25, 30, 31, 32, 36, 46.
Romanones, Conde de, Salamanca, conquistador de Riqueza, gran señor, Madrid, Espasa Calpe, 1931; F. Hernández Girbal, Salamanca, marqués de Salamanca (el Montecristo español), Madrid, Lira, 1963; J. A.Torrente Fortuño, Salamanca, bolsista romántico, Madrid, Taurus, 1969. G. Tortella, “El Banco de España entre 1829 y 1929, la formación de un banco central”, en A. Moreno (ed.), El Banco de España. Una historia económica, Madrid, Banco de España, 1970; M. Espadas Burgos, Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1975; R. Mas Hernández, “La actividad inmobiliaria del marqués de Salamanca en Madrid (1862-1875)”, Ciudad y territorio, 3 (1978), págs. 47-70; R. Mas Hernández, El barrio de Salamanca, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1982. P. Tedde, El Banco de San Fernando, Madrid, Banco de España, 1999; F. Comín y P. Martín Aceña, Tabacalera y el estanco del tabaco en España, 1636-1998, Madrid, Fundación Tabacalera, 1999; I. Burdiel, Isabel II. Una bibliografía (1830-1902), Madrid, Taurus, 2010.
Pedro Tedde de Lorca
