Madoz e Ibáñez, Pascual. Pamplona (Navarra), 17.V.1805 – Génova (Italia), 11.XII.1870. Ministro de Hacienda.
Los padres de Pascual Madoz, Juan Francisco Madoz y Dindacoa y María Antonia Ibáñez de Iriarte, de origen navarro, contrajeron matrimonio en 1798 en Pamplona, donde siete años más tarde nacería Pascual Madoz. Los Madoz obtenían sus ingresos de la administración de rentas estancadas. El padre era el encargado de la venta de la pólvora en Pamplona y la madre, la estanquera del tabaco. En 1810, la familia se trasladó a Barbastro (Huesca), para encargarse también de la administración de rentas.
Pascual Madoz acudió a las aulas del colegio de San Lorenzo de los padres de las Escuelas Pías, a quienes guardó siempre un especial afecto y consideración, a pesar de su acendrado anticlericalismo. En 1821 se matriculó en la Universidad de Zaragoza, donde estudió la carrera de Leyes. Fue allí donde dio las primeras muestras de su radicalismo liberal. Durante las vacaciones de 1823 Madoz fue hecho prisionero en Monzón por defender la causa constitucional. Acabó la carrera de Leyes en 1828. Tres años después, tras una ocupación de correspondencia, tuvo que exiliarse a Francia.
Pascual Madoz no pudo escapar a la emigración política de aquellos años. En el mes de febrero de 1831 cruzó la frontera francoespañola, para permanecer en el país vecino hasta 1832. Durante esos años fijó se residencia en Tulle, París y Tours. Cada ciudad constituyó una historia distinta en la vida de Pascual Madoz, pero las tres se entrelazaron por una línea común, que en este caso tenía nombre de angustia y penalidad. La falta de recursos económicos, el abandono de sus compañeros de exilio y la enfermedad fueron circunstancias cotidianas en el transcurrir de los meses durante su expatriación. Madoz fue uno de los beneficiados del Decreto de Amnistía promulgado por la Regente el 15 de octubre de 1832. Conocida dicha disposición, preparó inmediatamente su regreso a España. Al final, como al principio, volvieron a aparecer las dificultades económicas, lo que le obligó a dirigirse a las autoridades francesas en solicitud de una ayuda económica para realizar el viaje. A pesar de todas las dificultades, Madoz pudo regresar a España con la mayoría de los exiliados. El resto tuvo que esperar al año siguiente a que se ampliara el perdón de la Regente, días después del fallecimiento de Fernando VII. Esta amnistía, a su vez, fue completada por el Decreto de 7 de febrero de 1834.
En 1832 se estableció en Barcelona, donde inició su carrera cultural y política: fue director del periódico El Catalán, presidió la Sociedad de Amigos Colaboradores, fue redactor de la colección de Causas Célebres y editó su primer libro, Reseña sobre el clero. También fue alcalde mayor de Barcelona, gobernador militar del valle de Arán y diputado en 1836. En todas estas empresas, Madoz se encontró arropado por los liberales que, con el tiempo, formarían el Partido Progresista.
Sin duda, el acontecimiento que le catapultó a la política fue la Revolución de 1835. No le faltaba razón a El Catalán, cuando el 2 de mayo de 1835 anunciaba desde sus páginas que se iba a armar “una de San Quintín” y que iban “a cortar a cercén el cuello al fraile mostén”. Dos meses después de este anuncio, los hechos venían a confirmar lo que unos sospechaban y otros ya sabían que habría de producirse, porque en los motines y matanzas de frailes en Barcelona, en julio de 1835, no se dejó nada a la improvisación.
Al menos a algunos no les pudo suponer ninguna sorpresa que se llevara a efecto lo que ellos mismos habían programado minuciosamente. Por otra parte, se respiraba en el ambiente que algo iba a suceder; y para ser consciente de ello no fue preciso sondear oscuros cenáculos políticos. El Catalán, órgano oficioso de los progresistas barceloneses, preparó la opinión y alentó a los lectores a participar en las bullangas. Se repetía de este modo, con fidelidad exquisita, el motín de la capital de 1834, con el mismo programa ensayado en Madrid. Con la experiencia y un mayor perfeccionamiento, se traspasó a otras provincias con éxito, porque a diferencia de lo ocurrido en Madrid, en esta ocasión los progresistas catalanes obtuvieron un sustancioso beneficio político.
Por estos años también se produjo un cambio en la vida personal de Pascual Madoz. El 11 de diciembre de 1838 se casó por poderes con Matilde Rojas e Iglesias.
Su esposa era jovencísima, tenía tan sólo trece años y Madoz treinta y tres. Los Rojas y los Madoz debieron establecer relaciones en Zaragoza, pues el padre de Matilde era intendente de rentas de esta provincia, y el de Pascual Madoz contador de arbitrios de amortización de la misma. Pascual Madoz tuvo, al menos, cinco hijos, dos de los cuales murieron entre febrero y abril de 1857. Las otras tres supervivientes, mujeres todas ellas, se llamaban Juana, Matilde y Dolores. De las tres, conviene hacer una referencia a la última. Cuando murió su padre sólo tenía ocho años y con el tiempo ingresó en uno de los conventos fundados por santa Teresa, el de las carmelitas descalzas de Beas de Segura (Jaén), donde tomó el hábito el 12 de julio de 1900. Doce años después fue elegida priora del mismo, y reelegida en el cargo en 1920. Falleció en 1933.
Desde que Pascual Madoz obtuvo por primera vez su acta de diputado en 1836 hasta su muerte, salvo pequeños paréntesis, su protagonismo en el Congreso fue muy importante, por ser Madoz una de las figuras más señeras de su partido. Enérgico en sus intervenciones parlamentarias, destrozó en alguna ocasión el respaldo del escaño que tenía delante del suyo de los puñetazos que daba sobre él, para reforzar sus discursos.
En 1844 al iniciarse la Década Moderada, Madoz fue detenido, junto con los principales dirigentes del progresismo, aunque en el juicio fue absuelto. Al año siguiente, aletargada su actividad política, comenzó la impresión de los dieciséis volúmenes del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, que concluyó en 1850.
Desde 1834, había iniciado los trabajos previos. Pero las vicisitudes por las que atravesaba el país y sus cargos públicos, así como su permanencia en el Congreso, interrumpieron la labor comenzada. Reemprendió su estudio al comprender que se acercaba el final de la Guerra Carlista, y fue entonces cuando buscó los colaboradores en todas las provincias de España, que llegaron a sumar la cifra de 1.484, repartidos por la Península, Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Madoz seleccionó a estos hombres sin tener en cuenta su filiación política. Según él mismo manifestó en el Congreso, por cada colaborador progresista, tenía cuatro moderados.
En cuanto a la información, Madoz pudo haber contado con la inestimable ayuda de organismos oficiales, ya que le nombraron presidente de la Comisión de Estadística. Creado el 21 de agosto de 1843, al día siguiente un real decreto le confería el cargo, que desempeñó hasta el 8 de febrero de 1844, fecha en la que cesó por hallarse bajo la inspección del poder judicial. Por todo ello, la principal fuente de información del Diccionario fueron los colaboradores repartidos por toda España. Los datos enviados desde provincias se recogían en la redacción de Madrid, donde —a juzgar por lo que dice Madoz— la mezcla política no tenía ingredientes tan variados como en las provincias. Sin duda, ése fue uno de los destinos de su clientela, y que él designó como “hombres de mérito de los partidos vencidos”, a los que no es difícil identificar políticamente, ya que los vencedores mientras se componía el Diccionario, es decir, durante la década de 1844-1854, eran los moderados.
Para la impresión del Diccionario, Madoz montó su propia imprenta. Los once primeros volúmenes fueron impresos en Madrid, en la calle de la Madera, donde estuvo la imprenta hasta el 31 de diciembre de 1846, fecha en la que Madoz la vendió a la sociedad de La Ilustración. Los últimos tomos se publicaron en la nueva imprenta, también propiedad de Madoz, y que, como la primera, fue vendida una vez concluido el último volumen.
Al triunfar la Revolución de los progresistas, Pascual Madoz fue nombrado gobernador civil de Barcelona el 8 de agosto de 1854. Las circunstancias por las que atravesaba Cataluña, especialmente delicadas debido al conflicto de las “selfactinas”, exigían que el nuevo gobernador fuera un buen conocedor de la región catalana. Juan Agell, vocal de la Junta Provincial de Barcelona, fue quien intervino ante Manuel de la Concha para que se nombrase gobernador civil a Madoz, quien, a juicio del cónsul Baradère, era el hombre clave para aquellos momentos.
Madoz se encontraba en Lérida cuando recibió la noticia de su nombramiento y, aunque estaba a punto de dirigirse a Madrid, decidió encaminarse a Barcelona para tomar posesión de un “cargo difícil siempre, delicado en estas circunstancias, y en todas superior a mis fuerzas”, como decía el mismo desde las páginas del Diario de Barcelona. El 10 de agosto hizo su entrada en Barcelona, donde permaneció hasta el 22 de octubre, dos semanas después de ser nombrado su sustituto, Cirilo Franquet. Durante estos dos meses, no le faltaron preocupaciones y trabajos a Pascual Madoz. La situación conflictiva entre obreros y patronos y la epidemia del cólera fueron los dos problemas más graves a los que tuvo que hacer frente. Al mismo tiempo, trató de cambiar la fachada política de la provincia acomodándola al nuevo régimen; a este objetivo apuntaba la renovación que hizo en el Ayuntamiento y en la Diputación. En su actuación, Madoz contó con la colaboración del nuevo capitán general, Domingo Dulce, que desempeñó este cargo al mismo tiempo que Madoz fue gobernador civil.
Durante el Bienio Progresista, Madoz coronó la cumbre de su carrera política. Realizó una eficaz labor como gobernador civil de Barcelona. Su tacto político para resolver el problema de los obreros y su actuación para combatir la epidemia motivaron que el Ayuntamiento de Barcelona le nombrara Hijo Adoptivo de la ciudad. Poco después de abandonar Barcelona, en diciembre de aquel mismo año fue elegido presidente del Congreso de los Diputados.
Un mes después, el 21 de enero de 1855, Espartero le incorporó a su equipo ministerial, encargándole la cartera de Hacienda.
El 21 de enero de 1855, por la mañana, el Consejo de Ministros aceptó la dimisión de Sevillano como ministro de Hacienda, y en esa misma sesión se convino reemplazarle por Madoz. Reunido el Consejo de Ministros, ese mismo día a última hora de la tarde, Madoz expuso a la aprobación del ejecutivo cinco puntos, como condición a la aceptación del cargo que le había ofrecido Espartero. Entre estos cinco puntos figuraba la desamortización, que en opinión de Madoz debía realizarse sin que fuera necesaria la aprobación de Roma, ante lo que el Consejo se pronunció afirmativamente. Tampoco hubo problemas para ponerse de acuerdo en las tres propuestas referentes al conocimiento de inmediato del estado del Tesoro, a la organización del Senado y a la Ley Fundamental.
Respecto a esta última, Madoz propuso que debería hacerse una Constitución “muy liberal”, petición, por otro lado, tan vaga como fácil de conceder. Sin embargo, fue algo más difícil lograr un acuerdo en el último de los puntos. Según Madoz, debía hacerse algo más de lo que la comisión de bases proponía en materia de religión, a lo que, según consta en el libro de actas, “el Consejo manifestó hallarse conforme en teoría con cuanto pueda desearse en esta delicada materia; pero que era sumamente grave y que debía procederse con mucha circunspección”. Solamente la concesión de Madoz, que tuvo que refrenar su anticlericalismo, hizo posible un entendimiento.
En principio, el nombramiento de Madoz tuvo una acogida favorable. La prensa progresista señaló que había sido ésta la causa del movimiento de alza en la Bolsa en aquellos días. Llegaban felicitaciones de numerosas corporaciones locales, como la de la Diputación de Lérida, que consideraba que con Madoz se abría “una senda verdaderamente liberal y económica en la dirección de los negocios públicos”. Y si esto puede parecer lógico, dada la filiación de la prensa, los ayuntamientos y las diputaciones, no deja de ser sorprendente que también los periódicos de la oposición coincidieran con sus adversarios al enjuiciar a Madoz. Indudablemente, Madoz llegaba al Ministerio precedido de una aureola de prestigio. Sus trabajos de estadística y el Diccionario ofrecían sobrados motivos para ello. Sin embargo, pronto se resquebrajaría la unanimidad de esta aceptación.
El prestigio de Madoz comenzó a resquebrajarse por el despido de cuarenta funcionarios del Ministerio de Hacienda por motivos partidistas, medidas que fueron criticadas por los periódicos. Por otro lado, los métodos que emplearon los progresistas con la prensa no se diferenciaron mucho de los que habían usado los moderados, de modo que caían en los mismos defectos que sus adversarios políticos. Y en explicable réplica, la prensa se defendió atacando. El blanco preferido de los periodistas fue Pascual Madoz, responsable de la Ley de Desamortización, que en alguna ocasión se había referido a ella como “mi desamortización”.
Como se ha dicho, la desamortización había sido unos de los cinco puntos que Madoz había presentado, la noche del 21 de enero, al Consejo de Ministros, como condición para aceptar el cargo que le proponían. Dos días después, siendo ya ministro de Hacienda, formulaba una propuesta en el sentido de que el Consejo manifestase su acuerdo respecto a la desamortización. De este modo pudo presentar en las Cortes su programa desamortizador, sintiéndose respaldado por todo el gabinete.
En esta sesión, en la que fue aclamado como el sucesor de Mendizábal, Madoz consiguió el apoyo del legislativo para la realización de sus planes. Fue así como inició el recorrido desamortizador, envuelto en un ambiente de euforia y optimismo.
La característica del programa desamortizador de Madoz era su carácter general y global. Frente a la normativa parcial precedente, la Ley Madoz, en su artículo 29, sometía a su régimen todas las leyes anteriores a 1855. Por otro lado, Pascual Madoz fue un decido partidario de la desamortización total. Sirvan sus propias palabras como demostración: “Desde el primer día que como Ministro de Hacienda me presenté en este banco, pronuncié la palabra desamortización: todo el mundo sabe que yo llevo el pensamiento de mi desamortización a la desaparición completa de la mano muerta, de la mano mortífera [...] yo he desamortizar los bienes del clero si puedo, los bienes de los municipios, de los establecimientos de instrucción y beneficencia”. La radicalización de la postura de Madoz no afectó solamente a la extensión de las tierras objeto de la desamortización, sino también a los mismos planteamientos políticos con los que defendió su proyecto, e incluso la estrategia a seguir. De todos modos, esta vez estaba claro que, aparte de la energía de Madoz, demostrada desde el primer momento, la desamortización iba a ser total. En este punto convinieron con el ministro de Hacienda los restantes miembros del gabinete.
Para Madoz la desamortización civil y eclesiástica era una medida no solamente económica sino de política y de conveniencia pública. “Cuando yo veo a la propiedad con ese grillo a los pies —afirmaba Madoz en las Cortes— que no le permite andar, creo que dando libertad a la propiedad hago un servicio a la libertad política de mi país”. Y más clara todavía es esta otra referencia a la conexión entre liberalismo y desamortización, pronunciada también por Madoz en el Congreso: “Esta cuestión debe considerarse en el terreno político; nuestro objeto debe ser hacer muchos propietarios, es decir, muchos defensores de Isabel II, muchos enemigos de la reacción”.
Por otro lado, coherente con el pensamiento liberal, Madoz estableció una relación entre desamortización y aumento de riqueza. Para lograr este incremento, según expuso Madoz, era necesario que la propiedad tuviera libertad, comunicabilidad y transmisibilidad.
De este modo, entregada la tierra “al interés particular —razonaba Madoz—, las afecciones de familia, el cariño del padre por el hijo que ha de sucederle hace que la cuide y la mejore, y la finca y sus dueños ganan, y el Estado también; y gastando el dinero, la repara, lo que no hace nunca la mano muerta o mejor la mano mortífera, como decía muy bien un escritor de nuestros tiempos. Así pues, resulta un beneficio para el Estado, porque tiene mayor riqueza imponible”.
Ahora bien, este pensamiento teórico se vendría abajo, si el proceso desamortizador se realizaba a un alto precio social, lo que redundaría en beneficio de los especuladores, y no dejaría ni siquiera la posibilidad de que existieran esos hombres dispuestos a mejorar las fincas, frustrándose así por la base el interés particular, las afecciones de familia y el cariño paterno...
Como última razón, y no la menos importante ciertamente, se debe apuntar como causa de la urgencia en sacar adelante la Ley de Desamortización los problemas de la Hacienda. Los planes de Madoz se consideraban como el arreglo decisivo de todos los males que sufrían las arcas del Estado. Y aunque este motivo no tenía tan buenas cartas de presentación ante la opinión pública, como el de mostrar la desamortización al modo de palanca de lanzamiento de la riqueza individual y del Estado, no por ello pudo ocultarse como móvil de la reforma. Y así, en el preámbulo del proyecto de ley, que Madoz presentó a las Cortes el 5 de febrero, tras señalar que su propósito era “comunicar un impulso poderosísimo a la riqueza pública”, exponía que el segundo objetivo de la desamortización era “proporcionar al tesoro grandes recursos, afirmando sólidamente su situación”.
Dadas las medidas, era lógico que también apareciesen los primeros enfrentamientos de los representantes de la Iglesia con el Gobierno. Uno de los más significativos fue protagonizado por el obispo de Osma, quien dirigió una petición a las Cortes que, en opinión de Madoz, era ajena a los deberes del ministerio episcopal, desconocía los poderes públicos y establecía “doctrinas enteramente contrarias a las obligaciones que también corresponden a los obispos como súbditos de S. M. y ciudadanos españoles”. En consecuencia, el obispo fue desterrado de inmediato. Por estas y otras medidas anticlericales, se endurecieron las relaciones entre Madrid y Roma. En el fondo del conflicto, se encontraba el Concordato de 1851, vigente entonces, según el cual no se podía proceder a la desamortización eclesiástica. Éste fue el argumento de Moyano cuando atacó el proyecto de Madoz. Según Tomás y Valiente, jurídicamente asistía la razón a Moyano y, por lo tanto, las razones esgrimidas por Madoz no podían salvar un obstáculo jurídico como éste, de no ser que los progresistas denunciaran el Concordato en su totalidad y rompieran con la Santa Sede. Sin embargo, prefirieron no correr el riesgo de una decisión política como ésta, y seguir adelante con sus proyectos manifestando, como incluso mantuvo Madoz años después, que la desamortización no infringía los acuerdos concordatarios. Hubiera sido preferible armar de sinceridad los argumentos políticos, porque, al fin y al cabo, sucedió lo que se pretendía evitar y se produjo la ruptura de relaciones con Roma, de lo que con cierto cinismo se inculpó a una cruzada carlo-moderada.
La desamortización de 1855 no afectaba únicamente a los bienes de la Iglesia, sino también, y sobre todo, a los de los ayuntamientos y otras instituciones civiles. Las corporaciones municipales, según manifestó Claudio Moyano, ya habían dado su opinión acerca de la enajenación de sus bienes. El 30 de septiembre de 1851, una comisión parlamentaria, presidida por Ríos Rosas, elaboró un cuestionario que el Gobierno envió a todos los municipios españoles.
En dicho cuestionario se les preguntaba si admitían la posibilidad de la enajenación total o parcial. Fue más que suficiente, porque según los datos que proporcionó Moyano en el Congreso, sólo respondieron dos mil ayuntamientos. Si la cifra parece baja, lo es mucho más el número de corporaciones favorables a la enajenación: veinte de los dos mil. Y de los veinte ayuntamientos que respondieron afirmativamente, sólo seis tenían bienes para vender. En 1855 no se efectuó ningún tipo de encuesta.
Indudablemente los pueblos veían en la Ley de Madoz su futura ruina, y muchos enviaron múltiples peticiones a las Cortes, para librarse de la normativa desamortizadora.
El tiempo les dio la razón, porque a partir de estas medidas fueron muchos los pueblos que ya no pudieron pagar ni al médico, ni al personal del Ayuntamiento.
Así pues, Madoz encontró aquí otro elemento más de oposición a sus propósitos. El rechazo, en esta ocasión, no entendía de matices políticos.
Con el paso de los meses aumentaban las críticas a la gestión de Madoz en el Ministerio de Hacienda. El mismo Madoz en el mes de mayo se quejó de estas censuras prácticamente solo. Las protestas habían comenzado a arreciar en el mes de marzo, y por entonces El Diario Español acusaba al ministro de Hacienda de “que no ha llegado a comprender todavía la diferencia que existe entre la empresa de dirigir y administrar la Hacienda pública, y la empresa de redactar y explotar un Diccionario; que la ley que rige el conjunto de la actual situación financiera se escapa a las fuerzas intelectuales del Sr. Madoz; en una palabra y más claro, para que el Sr. Madoz lo entienda, que el Sr. Madoz no sabe lo que tiene entre manos, como vulgarmente se dice”. Si las críticas anteriores, procedentes de sus adversarios políticos, pueden parecer excesivas, resulta altamente revelador el siguiente párrafo de un periódico progresista como El Iris de España, promocionado por el mismo Madoz unos meses antes: “Y no confundan algunos de nuestros colegas, como han querido confundir, nuestra amistad personal con el señor Madoz, con los imprescriptibles deberes que tenemos que inculcar al ministro de Hacienda. No confundan la defensa política, y nada más que política, que de él hicimos en el terreno de los principios, con el derecho que tenemos de aconsejarle en el terreno administrativo.
En este terreno el señor Madoz hizo poco; nada en el reglamentario, y menos aún comparado con lo que ofreció y nosotros esperábamos en todos los demás, que debe llenar un ministerio de Hacienda”. Las líneas del periódico protegido de Madoz parecían rendirse ante la evidencia. Si no se encuentran en ellas los tonos altisonantes de la oposición, sí que se aprecia la decepción amarga ante la gestión de Madoz, tan prometedora cuando fue nombrado ministro de Hacienda en los últimos días de enero. Lo más grave es que a Madoz se le concedieron todas las facilidades que había pedido. Si éste es el juicio de sus contemporáneos, por otra parte, se debe decir que, en líneas generales, el juicio de los investigadores especializados en desamortización tampoco es positivo.
Y para concluir con la desamortización, sólo queda añadir un dato. Pascual Madoz, además de autor, también fue beneficiario de la desamortización de 1855. Los últimos años de su vida fue director de una compañía, denominada La Peninsular. La compra, edificación y renta de fincas desamortizadas fueron objeto importante de sus operaciones. Cuando murió Madoz en 1870, La Peninsular tenía suscrito un capital de 209.753.015 reales.
Pascual Madoz, fiel a los principios de su partido, sin embargo se apartó de sus correligionarios en dos cuestiones importantes: fue siempre decidido defensor del proteccionismo y se manifestó contrario al retraimiento político, acordado por los progresistas, en los años precedentes a la Revolución de 1868, justo en la década en la que se produjo el desmoronamiento de la Monarquía isabelina. Los acontecimientos se precipitaron en 1868, y al grito de “Viva España con honra”, Isabel II fue expulsada de España.
En septiembre de 1868, el marqués de La Habana nombró gobernador de Madrid a Pascual Madoz, que pasó a formar parte de la junta de esta provincia como presidente de la misma, y consiguió integrar en ella a unionistas y demócratas.
Los últimos años de su vida, Pascual Madoz compaginó su carrera política con la atención a los negocios.
En 1860 había fundado una compañía de seguros, La Peninsular, que, como ya se ha dicho, invirtió una parte importante de sus fondos en fincas desamortizadas.
Dicha compañía, tras un desarrollo impresionante, fue afectada por una crisis profunda, hasta el punto de acabar con Madoz en la ruina. El desastre económico fue de tal magnitud que, a pesar de los bienes que llegó poseer Madoz, cinco años después de morir él, su viuda declaraba, en 1875, “no poseer bienes algunos de que poder testar, a excepción del corto mobiliario que existe en la habitación que ocupa y ropas de su uso, contando únicamente para su subsistencia con la pensión que disfruta”. Se sabe que el 21 de abril de 1873 se embargaron los bienes que la viuda de Madoz poseía en Toledo y en Zarauz.
Tras la expulsión de Isabel II, Madoz fue uno de los pocos diputados que apoyó a Espartero como candidato al trono de España. El viejo general tuvo el sentido común de renunciar, por lo que el voto de Madoz, junto con el de unos pocos progresistas, fue sobre todo testimonial. En 1870, el Congreso eligió a Amadeo de Saboya para ocupar el trono de España.
Pascual Madoz fue elegido como miembro de la comisión que debía acudir a Italia, para volver con el nuevo Rey. Ésta fue su última actuación política, pues falleció en pleno viaje. Sus restos mortales fueron trasladados a Barcelona, donde reposan en la actualidad en el cementerio del sudoeste. Sobre su tumba, sucia, rota y abandonada, se eleva un monumento costeado por suscripción popular.
Obras de ~: Reseña sobre el clero español y examen de la naturaleza de los bienes eclesiásticos por ~, Barcelona, Imprenta de José Tauló, 1835; Moreau de Jonnes, Estadística de España, territorio y población, agricultura, minas, industria, comercio, navegación, colonias, hacienda, ejército, justicia e instrucción pública, traducida y adicionada por el Lic. ~, Barcelona, Imprenta de M. Rivadeneyra y Compañía, 1835; Colección de causas políticas formadas durante el Ministerio de González- Bravo, redactadas con presencia de los procesos originales por dos jóvenes abogados, Madrid, Imprenta de Dº Narciso Sanchiz, 1844; Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, Est. Literario-Tipográfico de Pascual Madoz y L. Sagasti, 1848-1850, 16 vols.; Memoria leída en la junta general ordinaria de La Peninsular celebrada el 31 de mayo de 1863, por el director general Excmo. Sr. D. ~, Madrid, 1863; Memoria leída en la junta general extraordinaria de La Peninsular, de 16 de febrero de 1869, por su director, Madrid, Imprenta de T. Rey y Cía., 1869; La Peninsular. Boletín administrativo n.º 27 (26-I-1870), Madrid, Est. Tipográfico de Luis Jayme, Fomento 6, 1870.
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 13 n.º 36, 15 n.º 2, 16 n.º 15, 19 n.º 12, 19 n.º 15, 20 n.º 32, 20 n.º 35, 20 n.º 41, 21 n.º 42, 23 n.º 41, 26 n.º 7, 28 n.º 8, 28 n.º 26, 31 n.º 9, 34 n.º 6, 37 n.º 32, 42 n.º 8, 44 n.º 5, 46 n.º 8, 57 n.º 8, 60 n.º 3.
F. J. Paredes Alonso, Pascual Madoz. 1805-1870. Libertad y progreso en la monarquía isabelina, Pamplona, EUNSA, 1982; Pascual Madoz, progresista y liberal, Pamplona, Diputación de Navarra, 1982; J. M. Moro Barreñada, “La desamortización de Madoz”, en Historia 16, n.º 84 (1983), págs. 58-64; J. C. Bilbao Díez, “Bibliografía sobre la desamortización de Madoz”, en Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea (Valladolid, Universidad), n.º 5 (1985), págs. 165-214; V. Gómez Mampaso, “Don Pascual Madoz, una semblanza del hombre y del político”, en Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (Madrid), n.º 8 (1986), págs. 119-134; J. M. Moro Barreñada, “Una medida liberal: la desamortización de Madoz”, en Homenaje a Juan Uría Ríu, vol. I, Oviedo, Universidad, 1997, págs. 573-598; G. Morales, J. García-Bellido y A. de Asís, Pascual Madoz (1805- 1879): un político transformador del territorio: homenaje en el bicentenario de su nacimiento: Madrid, mayo de 2005, Getafe, Universidad Carlos III, 2005; J. L. Pan-Montojo González, “Pascual Madoz e Ibáñez: perfil de un progresista isabelino”, en VV. AA., La hacienda por sus ministros: la etapa liberal de 1845 a 1899, Zaragoza, Universidad, 2006, págs. 171-208.
Francisco Javier Paredes Alonso
