Maura y Montaner, Antonio. Palma de Mallorca (Islas Baleares), 2.V.1853 – Torrelodones (Madrid), 13.XII.1925. Abogado y político.
Séptimo hijo en un hogar de diez hermanos, fueron sus padres Bartolomé, propietario de un taller de curtidos, y Margarita, consagrada por entero al cuidado de la familia. Tiempo adelante, en los días de celebridad de Antonio Maura al frente de la política española, su linaje sería descrito a menudo como chueta, sin que la investigación histórica haya dado refrendo a tal genealogía.
El futuro líder conservador cursó el bachillerato en el instituto de enseñanza media de su ciudad natal, sede hasta la Desamortización del famoso colegio jesuita de Montesión, con posterioridad devuelto a la Compañía de Jesús. Sin mención particular respecto a la notabilidad de su aprendizaje y formación, sin embargo, ha de señalarse el gran recuerdo que le mereciera a Maura una buena parte de su claustro de profesores, en especial, el catedrático de Historia y Geografía, representante notorio del regionalismo balear que por entonces daba sus primeros vagidos.
Antes de terminar Maura los estudios medios, sobrevino la muerte de su padre, en 1866, amenguando hasta los límites de la pobreza los recursos de la familia, regentada a partir de entonces por el primogénito Gabriel, quien debió renunciar por ello al brillante destino que sus sobresalientes cualidades intelectuales y artísticas semejaban asegurar, conforme su hermano ponderaría siempre con inextinguible reconocimiento a su gesto. Éste permitió a Antonio Maura ver satisfecha su aspiración de ingresar en la Universidad, una vez desechada su primera vocación de entregarse al cultivo de las Bellas Artes, en particular, la pintura, por la que sintió viva atracción hasta el final de su existencia, practicándola asiduamente a modo de afición y pasatiempo.
Inclinado inicialmente por la carrera de Ciencias —toda su vida mostró una singular predilección por la Botánica—, los cambios acaecidos en la ordenación de la enseñanza superior en los comienzos de la Septembrina, con la posibilidad de cursar Derecho en tres años, le llevaron a licenciarse en dicha carrera, con un fin primordialmente crematístico. En el trienio en que fuera alumno de la entonces llamada Universidad Central ocurrieron dos sucesos de relevante incidencia en su trayectoria ulterior. Objeto de una burla de desagradable índole por parte de uno de sus profesores y sus condiscípulos a causa de su expresión y acento fuertemente baleáricos, el lance acrecentó una conciencia e identidad regionales que compatibilizó sin ningún esfuerzo con un ardido sentimiento patriótico de radio nacional, imbuido por una indisimulable admiración por todo lo castellano. Probablemente, tal imantación se decantó a raíz del lance comentado con la estrecha incorporación al círculo del abogado y político vallisoletano Germán Gamazo, cuyo bufete empezó a cobrar gran fama en las postrimerías de la Gloriosa. Miembro de él desde que en 1871 terminara sus estudios de Derecho, su entronque con la familia del prohombre castellano se haría total una vez contraído matrimonio con una de las hermanas de Germán, Constancia, madre de sus diez hijos y compañera discreta y fiel de su agitada vida política.
Labrada una sólida reputación profesional, ésta comenzó en el terreno político para Antonio Maura en las Cortes de 1881, a las que advino por el voto de sus coterráneos, que le mantuvieron su confianza electoral invariablemente hasta el término de su andadura parlamentaria, 1923. Diputado del sector gamacista, aglutinador de una porción considerable del Partido Fusionista acaudillado por Sagasta, Maura subió peldaño a peldaño la nombradía y el prestigio de sus correligionarios a través de unas espaciadas y concienzudas intervenciones, que, por lo demás, resistirían exitosamente el cotejo con las de los astros de la oratoria de la década de 1880. Alternando triunfos en el foro con discursos parlamentarios bien documentados y atravesados de realismo político, Maura sería designado ministro de Ultramar —cartera de “entrada”, en la jerga y costumbres de la actividad pública de la época— el 11 de diciembre de 1892, en un gabinete presidido por Práxedes Mateo Sagasta y en el que su cuñado regentara el despacho de Hacienda. Su primera estadía en el poder ejecutivo no desmereció las expectativas despertadas por su nombramiento. Lógicamente, el tema de la autonomía cubana era el principal problema que debió afrontar el novel ministro, quien poseía ideas propias sobre su posible solución.
De manera insoslayable aunque opuestamente a las posiciones prevalentes en su partido, aquélla pasaba, en su pensamiento, por la concesión a la mayor de las Antillas de un régimen de franca autonomía, con el fin de desbloquear una situación obturada desde el inicio mismo del sistema constitucional, “No conozco ningún laborante tan peligroso, ni creo que haya hecho nadie en contra del amor de la Isla de Cuba a España, tanto como ha hecho la Administración del Estado”.
Pasada más de una década de la Paz de Zanjón, era llegada la ocasión de insuflar con aires de pleno autogobierno la política entera ultramarina, pues, probablemente, dado el desarrollo de la idea emancipadora en Cuba y Puerto Rico y el impostergable deseo norteamericano de expansión por las Antillas, no habría lugar ya a otra delación sin desencadenar una crisis total. En el año en el que estuvo al frente de tal responsabilidad —diciembre de 1892 a marzo de 1894— se implementó una bien perfilada arquitectura legislativa, plasmada en un ambicioso proyecto de reforma del Gobierno y la Administración Civil de la isla de Cuba, combatido ásperamente durante su tramitación por los diputados cubanos —muchos de ellos, “cuneros”—, que veían desaparecer con él su arraigado caciquismo, y apenas defendido por Sagasta y los prohombres liberales: “Se gobernaban aquellas posesiones —dirá muy posteriormente en su famoso discurso del Teatro Lope de Vega de Valladolid el 18 de enero de 1902— a través de un cacicato de peninsulares que iban allí para enriquecerse y repatriarse”.
En el texto del proyecto, las seis provincias de la isla quedaban reducidas a una, al tiempo que se instituía una Diputación Provincial integrada por dieciocho miembros, de elección cuatrienal, responsabilizados de los servicios públicos de orden civil así como de la iniciativa de leyes autonómicas. Bien que el gobernador general del territorio seguía como pieza maestra del sistema, la designación de los alcaldes por sus mismas corporaciones y la erección de un consejo de administración en funciones de asesoramiento directo y semivinculante del gobernador, prestaba al proyecto un aire tonificante e innovador, como comienzo de un camino aún más sugestivo.
Arrumbado como se decía por el rechazo tajante del Partido de la Unión Constitucional, del repudio igualmente frontal de los conservadores —Cánovas y Romero Robledo en pugilato de desprecio y descalificación— y de la apatía de los mismos liberales, poco después de la salida del ministerio por Maura —12 de marzo de 1894— estallaría el grito de Bayire, comienzo del fin de la presencia española en el archipiélago antillano. Cuando el propio Sagasta, en su penúltima experiencia gobernante tras el asesinato de Cánovas, adoptase sin reservas la línea de Maura, el tiempo de las reformas había pasado para siempre.
Como también el de la permanencia de Maura en las filas del Partido Liberal. Los sinsabores provocados en su ánimo por una formación de la que creía ausente el drástico programa de cambio requerido por la situación interna y externa del país, le llevarían, una vez convertido en jefe del gamacismo a la muerte de su cuñado —22 de noviembre de 1901—, a fundirse en las filas del Conservador, en plena crisis de liderazgo tras el trágico fin de su fundador en agosto de 1897.
Ministro de la Gobernación durante el segundo y último gabinete Silvela, en el semestre —del 6 de diciembre de 1902 al 20 de julio de 1903— en que rigiera dicho departamento asentó el prestigio que le diera en las huestes conservadoras los mítines y discursos pronunciados a raíz de su incorporación, con directrices y eslóganes de entusiasta aceptación entre los sectores más renovadores del canovismo, comenzado ya a llamarse maurismo. La más importante decisión adoptada por Maura al frente de la mencionada cartera revalidó su prestigio en los sectores más ardientes del conservadurismo, al paso que suscitaba la abierta reluctancia de los anclados en posiciones sobrepasadas por la historia. Su resuelta abstención en las elecciones legislativas de la primavera de 1903 dio el triunfo a los candidatos de la oposición antimonárquica en las tres principales capitales del país, llevando la consternación al propio entorno del Monarca. Sustituido el gabinete Silvela-Maura por otro de idéntico signo político presidido por Raimundo Fernández Villaverde, poco antes de que el gran hacendista resignara el poder, la disputa por el liderazgo en el seno del conservadurismo se decantó a favor de Maura. Su intervención —11 de noviembre de 1903— en el Congreso en alabanza de Silvela y de la empresa que acometiera, le valió el respaldo unánime de los diputados conservadores: “No puedo creer que el ensayo se haya concluido, y no tengo motivos para desesperar de los éxitos. Esta mayoría, al renunciar su jefe, sigue incólume, señal clara de que no estaba formada por los vínculos personales, ni por los zurcidos del interés, ni por los galeotes de las ambiciones, sino por las ideas, viniendo a acontecer lo que acontece en las familias bien formadas, que quedan incólumes cuando la muerte troncha el eje de la autoridad paterna o desbarata el nido santo del amor común”. A reglón casi seguido, un joven Alfonso XIII le encargó la formación de Gobierno el 8 de diciembre de 1903, desempeñando el cargo durante un año —16 de diciembre de 1904—. Pese al vigoroso programa diseñado y en parte aplicado en este breve período, sus desavenencias con el Monarca y los recelos suscitados en las altas esferas de su propio partido hicieron naufragar sus más ilusionados planes, en los que un liberalismo acendrado no era obstáculo para la defensa a ultranza del principio de autoridad, y en los que un radicalismo reformista —“O las clases poseedoras hacen la revolución desde arriba, o las clases hacen la revolución desde abajo”— no entrañaba contraposición alguna para el mantenimiento de la ortodoxia y legitimidad del establishment canovista, con su bipartidismo fundamental. Las dos páginas más resaltadas de su primer capítulo como gobernante de la nación expresan con nitidez las dos caras de esta primera experiencia de Maura al frente de los destinos del país. Su empeño, a redropelo de una gran porción del mundo político y cultural, de asegurar el nombramiento del arzobispo dominico Nozaleda en la diócesis valentina, frustrado a la postre; y la no menos firme voluntad de llevar a cabo la visita real a Barcelona —iniciativa coronada con un pleno éxito—, ilustran bien sobre el proyecto y la realidad de la obra que Maura pretendiera encarnar en su inicial travesía gobernante.
Con presteza desconocida en los anales ministeriales, Maura cumplimentó el 25 de enero de 1907 el mandato regio de formar gobierno, tras el agotamiento de la fórmula liberal vigente en el bienio anterior.
Será el llamado “Gobierno Largo”, por su insólita duración —hasta el 21 de octubre de 1909— en la inestable política ministerial de buena parte de la Restauración y aun de toda la etapa constitucional concluida en 1936. Su balance fue, en conjunto, altamente positivo. La Administración española fue remecida en casi todos sus extremos, con resultados beneficiosos para el equipamiento económico y social de la nación. Desde la reestructuración a fondo de la organización naval hasta la trata de blancas; desde el sistema electoral hasta las corridas de toros y la policía, pocos espacios de la vida pública quedaron fuera del afán reformador y la atención legisladora de un Maura que tendría en su ministro de la Gobernación, Juan de la Cierva, su colaborador más afamado y acaso también más eficaz. La política internacional no quedó tampoco al margen de la trepidante actividad del segundo gabinete maurista. En una Europa en la que la “paz armada” daba inequívocas señales de pronta resquebrajadura, el gobernante mallorquín, sin alterar sustancialmente las líneas de fuerza trazadas en la primera fase de la Restauración, buscó y logró una tímida pero significativa apertura del aislacionismo canovista. El agravamiento por días de la crisis magrebí con las vagorosas pero reales miras alemanas de derechos de “carboneo” —primer paso para un futuro asentamiento— precisamente en el archipiélago balear, determinaría a Maura en la primavera de 1907 a la firma del Tratado secreto de Cartagena, por el que Gran Bretaña, y más tarde el otro miembro de la Entente Cordiale —Francia—, aseguraban la soberanía española sobre todo el territorio de la nación.
No obstante el halagüeño balance del Gobierno Largo, el núcleo vivificador del proyecto regeneracionista de Maura no pudo, empero, materializarse. La asunción de sus responsabilidades cívicas del lado de las “masas neutras” del país, eje del programa reformista preconizado por el político balear y plasmado en la célebre Ley de Administración Local, que aspiraba al “descuaje del caciquismo”, no tuvo, en efecto, oportunidad de cristalizarse. Superada su aprobación en el Congreso tras la más prolongada discusión, junto con la suscitada en Cádiz en torno a la subsistencia del Tribunal del Santo Oficio, registrada en la historia del parlamentarismo hispano, el abandono del poder por Maura, cuando se hallaba en tramitación en la Cámara Alta, abortó su más acariciada idea de renovación de la política nacional.
Dada su identificación con tal empresa palintocrática, se comprende la irrestañable herida que produjo en su espíritu una crisis que atribuyó, esencialmente, a la deslealtad de la oposición gubernamental y a la debilidad del Rey ante el chantaje a que, en su opinión, se vio sometido el Monarca por los líderes del Partido Liberal, encabezados en esta ocasión por Moret. En efecto, los sucesos acontecidos en torno a la Semana Trágica barcelonesa —eventos provocados a su vez por la sangrienta emboscada sufrida por las tropas españolas en el Barranco del Lobo, en julio de 1909— llevaron a la sentencia capital de uno de sus principales inductores, el pedagogo anarquista Francisco Ferrer Guardia, director de La Escuela Moderna, considerado inocente por gran parte de la intelligentzia hispana y europea. El grito de guerra a favor y en contra de un Maura tildado de inquisitorial y despótico —“Maura, sí”, “Maura, no”— atronó la vida española con fuerza desconocida hasta el momento, poniendo en grave peligro la cohesión social.
Malquistado de antaño con el famoso trust periodístico madrileño —El Imparcial, El Liberal, reemplazado más tarde por El País, y El Heraldo— así como con toda la prensa progresista de la nación —Maura fue un pionero en la, ulteriormente, muy difundida distinción entre opinión pública y opinión publicitada—, la implacable campaña desatada por dichos medios, unida a la cadena interminable de manifestaciones fuera y dentro de la nación —abanderadas en ésta por los primates del Partido Liberal— condujeron finalmente a Alfonso XIII a solicitar su renuncia del poder —“se me ha roto el muelle real”, declaró a sus íntimos al abandonarlo: 22 de octubre de 1909—. Y dos años más tarde en un texto de amplia circulación en los medios políticos Maura elaboraba la apodíctica tesis de su caída, envolviéndola en un juicio casi histórico del orto y ocaso del Sistema: “Liberales y demócratas se habituaron a influir en las decisiones de la Corona con inminencias coactivas, si no con disturbios, prevaliéndose del cuidado que la Corona pone en no irritar a las facciones de la extrema izquierda. Más que afinidades de doctrina (a la cual sus obras no suelen acomodarse), aquella viciosa táctica los inclina a formar bloques y sentir solidaridades, unas veces ostensibles, latentes otras veces, promiscuidades corruptoras entre monárquicos y republicanos, gobernantes y facciosos, que enervan la sanción penal, desprestigian y entumecen a la autoridad y ocasionan enormes sacrificios del bien público para captar colaboraciones de tribuna y de prensa, sin las cuales la intriga se frustraría. Fue etapa lógica y término natural de este sistema, no episodio transitorio y fortuito, el asalto combinado que determinó instantáneo cambio de Gobierno en 1909”.
“Pronunciado de levita”, desde entonces, según el divulgado juicio de Ortega, su reluctancia a continuar con el bipartidismo canovista sin previa confesión de culpa y retractación de la otra fuerza del establishment, ha dado lugar a uno de los mayores debates anotados en la historiografía contemporaneísta. La prevalente en la etapa franquista no ocultaba su simpatía por un Maura símbolo de los valores encarnados por el conservadurismo de mejor cepa, defensor de la dignidad del gobernante frente a los ataques de la demagogia y la irresponsabilidad. La Monarquía quedó desahuciada ya en la crisis de 1909 al no respaldar al único hombre público capaz de asegurar su estabilidad.
Por el contrario, la corriente imperante en el tardofranquismo y en la democracia tiende a considerarlo como una rémora a la modernización política y social, sin comprender ni encauzar los elementos más pujantes de la nación. Ni siquiera en su actitud autonomista logró aquistarse realmente a la Lliga y a su caudillo Cambó, más en sintonía en su visión del quehacer público con Canalejas. Lastradas las dos posiciones historiográficas por un excesivo influjo del clima intelectual de ambos períodos, habrá que esperar a su necesaria revisión para diseñar con toda propiedad la semblanza del único prohombre del reinado alfonsino que provocara realmente la movilización de la sociedad española, a favor o en contra.
Pese a que a lo largo de la década de 1910 Maura volviera a dirigir en dos ocasiones más la política nacional, en puridad los treinta y tres meses al frente de ella en el bienio 1907-1909 significaron no sólo la plenitud de su ideario y actuación, sino también su última experiencia gobernante digna de tal calificación.
Escindido su partido en octubre de 1913 por la plausible iniciativa de Eduardo Dato de no secundar el frondismo de su antiguo jefe ante el mantenimiento de la confianza regia a los liberales tras el asesinato de Canalejas —12 de noviembre de 1912—, el ostracismo gobernante de Maura persistiría hasta la formación del denominado “Gobierno nacional”, coalición de los principales partidos —incluida la Lliga y a punto estuvo de hacerlo el propio PNV— representados por sus líderes: Dato, Cambó, Alba, García Prieto, La Cierva, Romanones. En opinión de todos ellos, Maura los presidió con alteza de miras, irreprochable talante y autoridad indiscutida en el conocimiento de los resortes de la maquinaria estatal. Pese a ello, no logró a la postre conciliar las posturas y, sobre todo, los temperamentos encontrados de gabinete tan descollante, bien que su gestión (del 23 de marzo al 9 de noviembre de 1918) presentara aspectos destacados.
Más anodina, efímera y controvertida fue su penúltima presidencia (del 15 de abril al 20 de julio de 1919), con unas elecciones legislativas tan criticadas por su deturpación como lo fuera por la misma prensa y opinión la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús mediante el famoso monumento del Cerro de los Ángeles madrileño (30 de mayo).
De manera opuesta a lo acontecido en 1909, la Guerra de África sería en 1921 la causa de su última llamada a regir los destinos del país (del 14 de agosto de 1921 al 8 de marzo de 1922). A consecuencia del desastre de Annual, la Corona, apelando a su sentido de la responsabilidad, le reclamaría una vez como “bombero”, conforme el término por él empleado en marzo de 1918. Gabinete típicamente de transición a pesar de algún esfuerzo en contrario por el mismo Maura —que preparaba su retorno al poder desde el anterior invierno— y el deseo de extensas capas conservadoras, su obra fue, sin embargo, notable en más de un área, según podía esperarse, dada la cualificación de algunos de sus miembros, como Cambó, que, en la cartera de Hacienda, evidenció, al igual que en la de Fomento en 1918, sus envidiables capacidades.
En una hora crítica, Maura conseguiría finalmente el objetivo para el que fuera designado, amortiguando la crispación y mejorando espectacularmente —Conferencia de Pizarra— el escenario militar norteafricano.
Pese a ello, su actitud en el famoso debate parlamentario de noviembre de aquel año con motivo de la depuración de las responsabilidades del desastre de Annual evidenció una notable pérdida de sus cualidades oratorias y de la fuerza de su argumentación. En el combate entre Gobierno y oposición antimonárquica triunfaría aplastantemente la segunda, protagonizada por un Indalecio Prieto que aseguraba con su intervención la continuidad de la retórica de alto coturno característica del Parlamento de la Restauración.
Ajeno por entero al advenimiento de la primera dictadura militar española del siglo XX, Maura se negó a colaborar personalmente con ella, aunque dejase a sus seguidores —“los jóvenes mauristas”— libertad para hacerlo: “Entre los antiguos adeptos a nuestra ideas, hay quienes piensan que la denominada Unión Patriótica prepara un régimen normal para la gobernación, y éstos obran con lógica entrando en ella. Pero no logro, aunque bien lo querría, compartir su opinión.
Para dar crédito al verdadero arraigo nacional del naciente organismo político estorba la incubación que el Directorio le dedica manifiestamente, y todavía estorba más la recluta que a sus delegados revela y que resulta de dificultosa disimulación. Necesitará, pues, revalidar su título cuando no goce de las asistencias sociales, ni la exclusiva para la publicidad y la propaganda, de suerte que se puede mostrar por igual adhesiones y desafectos, alabanzas y críticas”. Enojado con Primo de Rivera con tal escrito, entraría en un rifirrafe de cierta tensión con Maura. No obstante, el deseo por el general gaditano de encarcelarle no pasó de ser un improntu, figurando en la cabeza del cortejo mortuorio del político mallorquí, muerto a las pocas horas de haberse instituido el Directorio civil y de que falleciera su gran enemigo Pablo Iglesias, quien llegaría en el pasado, en horas de exacerbación pasional, a justificar “su asesinato”.
De cultura limitada, concerniente al ámbito del derecho y de la literatura del Siglo de Oro, sus discursos forenses y parlamentarios —de verbo culterano y vibrante— así como sus mítines y conferencias le acreditan como uno de los máximos oradores de la historia española, por la que se sintiese igualmente atraído.
Debe ser también objeto de mención su dilatada labor al frente de la Real Academia Española, elogiada con rara unanimidad. Además de la Española, Maura fue académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación (donde fue presidente en dos ocasiones), electo de la de Ciencias Morales y Políticas, y de la de Bellas Artes de San Fernando.
En 1920 le fue concedido el Toisón de Oro.
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José Manuel Cuenca Toribio
