Romero Robledo, Francisco. Antequera (Málaga), 8.III.1838 – Madrid, 3.III.1906. Político.
Nació en el seno de una rica familia andaluza, propietaria de grandes fincas (“El Romeral”, entre otras), en la comarca de Antequera. Su madre, Teresa Robledo Checa, murió cuando Francisco tenía dos años.
Su padre, Matías Romero Montilla, dedicado a la administración de las tierras, no parece que ejerciera especial influencia en su vida. Fue su tío materno, Vicente Robledo Checa, quien resultó decisivo en su trayectoria: se encargó de su educación y costeó sus estudios, le inició tempranamente en la vida política, y fue en todo momento su amigo y consejero.
En 1853 comenzó sus estudios universitarios en Madrid, donde se licenció en Derecho Civil y Canónico en 1859, consiguiendo el doctorado en 1861, colegiándose en el de Abogados de la capital, y entrando en la Academia de Jurisprudencia, de la que llegó a ser presidente, al igual que del Círculo de Bellas Artes; y fue miembro, además, de la de Ciencias Morales y Políticas. Por lo que, aunque su figura no se va a corresponder con la de un intelectual, tampoco parece a priori encajar con la del personaje escasamente ilustrado y hasta inculto con que, en ocasiones, se le caracterizará más tarde. Lo que no excluye que, muy pronto, destaque por una activa vida social: frecuentó importantes tertulias y salones, y participó en algunas de las más famosas fiestas de sociedad (v. gr. las de los malagueños marqueses de Casa Loring, donde introducirá a Silvela); por no hablar de sus famosas cuchipandas, que en el futuro se continuarán tanto en su domicilio como, incluso, en el Ministerio (según Fabié).
Hay que hacer notar, por su significación posterior, que, si la carrera en Derecho resultaba en la Restauración el mejor pasaporte para la política, el dinero de la familia le garantizó poder asumir cualquier gasto imprescindible para conseguir acta de diputado en un primer momento, y su tío Vicente pudo con su influencia mover adecuadamente los hilos para dicho empeño en la comarca antequerana, Romero Robledo sobresalió desde su juventud por cualidades excepcionales que le iban a allanar el camino en su trayectoria pública. Destacó por su locuacidad, temperamento inquieto, agudeza y simpatía arrolladora, e ingenio y talento desbordantes, así como por su capacidad para la seducción, hacer amigos y para las relaciones sociales en su más amplio sentido; incluso su atrevimiento y hasta osadía (Audaces fortuna iuvat). Y a la educación esmerada y al carácter esbozado, vino a sumarse su físico, en lo que inciden los cronistas españoles y hasta algún extranjero (así L. Teste, en su Viaje por España), incluidos los críticos. Linares Rivas resalta su estilo elegante en el vestir, su garbo, ligereza y gracia andaluza, como también su rostro rubio como el de Apolo, su barba del mismo color, su cabellera ensortijada, cualidades que le dan “más el aspecto de un pollo cortado para las empresas amorosas que el de un representante del pueblo”. El “pollo de Antequera”, en definitiva, apelativo entre irónico y admirativo, aunque más por lo mundano y lo frívolo (en conceptuación de Pérez Galdós), con el que fue apodado desde joven.
A los veinticuatro años, fue elegido diputado de la Unión Liberal por su distrito natal de Antequera (legislatura de 1862-1863), lo que supuso una alineación centrista, equidistante entre el moderantismo y el progresismo. Inició así una carrera parlamentaria que, salvo en alguna muy concreta ocasión antes de formar tándem con Cánovas (dos legislaturas de 1866 a 1868, y en la breve que se inició con las elecciones de septiembre de 1872), lo convertirá en el miembro más estable del Congreso, casi siempre representando a Antequera, aunque también a Madrid, Matanzas (Cuba) y, como cunero, episódicamente a La Bañeza (elegido también por Montilla y Archidona, al ser entonces frecuente optar como candidato por varios distritos, aunque no presentase credenciales). Dado que en el momento de la elección no tenía la edad exigida, la aprobación de dicha acta requirió alguna discusión; en ella participó con bastante lucimiento, destacando ya por sus dotes oratorias. Las quejas que por entonces formuló sobre el comportamiento electoral de alguno de sus contrincantes, manifiestan que se está ante unas corruptelas coetáneas generalizadas, estilo del que, si ahora es crítico sin descartar que ya sea aprendiz, acabará siendo consumado maestro en la Restauración, tras el estadio intermedio de oficial (y oficiante), que sin duda será su encuentro con Sagasta.
Durante cuatro legislaturas resultó uno de los miembros más activos de la Cámara, participando en las más variadas discusiones y comisiones, y llegando a secretario en 1865, criticando en especial a Narváez, generalizándose ya el término “batallador” para definir su actividad desbordante: rara fue la discusión —sobre todo si era importante, también aquí su olfato político— en la que no pedía la palabra, fuese el asunto que fuese; entendiese o no, en lo que coincidirán más tarde opositores, amigos... e historiadores (“ganaba batallas sin doctrina, sin votos y hasta sin razón”, en palabras de Fernández Almagro).
Su ideología política (puestos a buscar una línea de coherencia en tiempos de mudanza, en un hombre joven, esencialmente de acción, para quien los principios doctrinales nunca se constituyeron en algo inmutable), quizá no esté por entonces muy definida; si es que lo estuvo alguna vez meridianamente en su vida.
Antes de “la Gloriosa” trabajó por el derrocamiento del gobierno autoritario de Narváez, lo que, para el caso, viene a ser también destronamiento de Isabel II: firmante de un manifiesto a la soberana (la conspiración de “los ciento veintiuno”) en protesta por unas leyes dadas por el Gobierno sin intervención de las Cortes, la no convocatoria de éstas, y el allanamiento del Congreso por el conde de Cheste, se dictó contra él auto de prisión, por lo que se vio obligado a huir a Francia. Quizá más bien antiisabelino (como los unionistas en general) que antimonárquico, a pesar de que entre las proclamas que suscribió por esta época, utilizada más tarde por sus opositores en los momentos posteriores de fervorosa devoción alfonsina, esté la de “abajo los Borbones”. De vuelta a España se integró, al lado de diferentes personalidades unionistas y progresistas, en una de las dos juntas que se formaron en la capital (la otra la conformaban elementos del Partido Democrático); de la fusión de ambas resultará la Junta Revolucionaria provisional de Madrid (29 de septiembre de 1868), de la que formó parte, siendo comisionado para armonizar y coordinar el movimiento juntero en Andalucía. Con lo que, en esta coyuntura política, siguió los avatares de su partido, pues el sucesor de O’Donnell, el general Serrano, tampoco sobrado de convicciones, se convirtió en un elemento activo, y líder junto a Prim, de la revolución.
Aunque no parece que esta participación le dejase secuelas imborrables a la larga ni, tal vez, a la corta, sí supuso una especie de nueva inmersión en la vida política, que vino a añadirse a su ya no desdeñable trayectoria parlamentaria. Consecuencia de este alineamiento, de su notoriedad, y también de la amistad, fue el nombramiento como subsecretario de Ultramar (su amigo, y también revolucionario de entonces, López de Ayala, va a ser el titular de dicha cartera), en el inmediato gobierno provisional del duque de la Torre (octubre de 1868). Es el primer cargo que ejerció en la Administración Pública (hasta finales de mayo de 1869, cuando Ayala dejó el Ministerio). Quizá ejemplo de que la participación revolucionaria antedicha no le dejó reseñable huella (incluso a la corta), de su innata volubilidad, o de que el subconsciente lo encaminó hacia otros derroteros en los que realizarse, más acordes con su trasfondo conservador (línea intrigante), sea el hecho de que, diputado otra vez por Antequera en las nuevas Cortes, se declaró opuesto al sufragio universal, precisando que el reconocimiento de haber sido elegido para ellas por dicho sistema no le quitaba autoridad para combatirlo (sesión del 21 de abril de 1869): “el sufragio universal necesita naturalmente para ser ejercido de la libertad del individuo que lo posea. Esta es una verdad inconclusa.
Pero la libertad supone una voluntad ilustrada e independiente”, argüirá según una discutible lógica argumentativa, impugnando el principio esencial de la revolución: lo que causa extrañeza en algún sector de la Cámara (el republicano Figueras va más allá, apreciando no ya un desvío personal sino del unionismo).
Probablemente, una similar lógica, amén de una pasión irrefrenable por los asuntos públicos, así como una clarividencia y astucia para no hipotecar el futuro, aun estando siempre en el candelero, motivó que se inclinase por el duque de Aosta, en vez del de Montpensier, al que en principio apoyaba junto a algunos unionistas (Serrano y López de Ayala entre ellos). Tanto que se le nombró integrante de la delegación que, presidida por Ruiz Zorrilla, marchó a Florencia a finales de 1870, para la presentación del acta de elección al hijo de Víctor Manuel II, siendo el redactor del discurso en el que se le ofrecía a Amadeo de Saboya la Corona española. Lo que no fue óbice para que, de regreso a Cartagena, ante la bisoñez del nuevo Monarca, le dedicase algún subido de tono exabrupto descalificador (“es un idiota”); que relega a un muy segundo lugar el de “es un niño con barbas”, de Ruiz Zorrilla (a pesar de ello, uno de sus más firmes apoyos).
Asesinado el general Prim, principal mentor del nuevo Monarca, el gobierno de coalición de Serrano, de enero de 1871, aunque incluyó a progresistas, demócratas y unionistas, carecía de la solidez necesaria que demandaba la nueva situación. El nuevo gobierno constitucional era más bien débil y llevaba en sí el germen de la descomposición: no sólo no era aceptado por el carlismo y los seguidores de la Monarquía destronada, rechazado por los republicanos, con conspiraciones varias, sino que también se vio debilitado desde el principio por un exceso de personalismos, enfrentado el pragmatismo de Sagasta y sus constitucionalistas con el radicalismo de Ruiz Zorrilla (la escisión del progresismo histórico), que en modo alguno consiguió enmendar la mediación de Serrano. El hombre fuerte de este gobierno era, empero, Sagasta, titular de la cartera de Gobernación, y que iba a contar con la ayuda política, electoral y parlamentaria inestimable de Romero Robledo, a la sazón su subsecretario.
Celebradas elecciones por sufragio universal (cuerpo electoral superior a los cuatro millones), ambos forzaron la maquinaria electoral para que los resultados no sentenciasen a la Monarquía ni a la coalición gubernamental.
Lo que consiguieron sólo en parte —un millón setecientos mil votos del bloque gubernamental frente a un millón, o 235 actas frente a 128 traducen que la oposición no es manca—, y a costa de métodos faltos de ortodoxia, presiones mil, compra de votos y, sobre todo, un control férreo de las personas y recursos de la Administración del Estado.
La sintonía de Romero Robledo con Sagasta se continuó en la segunda mitad de 1871, en los breves paréntesis de gobierno, primero de Ruiz Zorrilla y, de inmediato, del almirante Malcampo, éste ya hechura del riojano; quizá porque Sagasta, ante las nuevas circunstancias, también estaba por entonces en un proceso de redefinición política, reculando en su progresismo, tanto por pragmatismo cuanto porque Ruiz Zorrilla venía ejerciendo de abanderado de la facción radical. Ante los intentos de éste último de atacar al gobierno fuese como fuese, incluso apoyando a los carlistas, horas y horas estuvo perorando y mareando a sus señorías el de Antequera, secundando a Sagasta, saltando de tema en tema y dando mil vueltas a Jericó, mientras el almirante Malcampo obtenía del Rey la firma del decreto de suspensión de sesiones: ciento siete páginas —sin duda un récord— en el Diario de Sesiones de las Cortes, para referir un debate que se abrió a las dos de la tarde del 17 y que no se cerró hasta las siete y cuarto de la mañana del 18 de noviembre de 1871. Si bien este discurso de resistencia, con sus contrarréplicas, no ha encontrado acomodo en los manuales de oratoria, sin duda contribuyó cual ninguno a fraguar y potenciar la personalidad de un Romero parlamentario todoterreno, sobrado de labia, capaz de entretener cual ninguno a la Cámara, o de desviarla de los asuntos preestablecidos o fundamentales si hacía al caso.
Y esta sintonía que, en algunos casos, al menos en apariencia, tiene bastante de identificación, se mantuvo en la primera mitad de 1872, cuando Sagasta, de nuevo en el Gobierno, aunque ahora jefe, nombró a su antiguo subsecretario ministro de Fomento, siendo la primera vez que éste accedía a una cartera ministerial; aunque también se explique por la necesidad del político de Torrecilla de Cameros, al verse un tanto aislado, de contar para su nuevo gobierno con miembros de la antigua Unión Liberal. En cualquier caso, Romero Robledo resultaba un personaje adecuado en esta coyuntura, sea por su carácter fronterizo sea por su eclecticismo: avalado por el marchamo de su filiación revolucionaria, asumió el compromiso de los constitucionalistas de ahora, aunque sin renunciar un ápice a sus raíces unionistas. Ambos caerán también por un asunto de complicidad relacionado con las elecciones y denunciado por la oposición: el trasvase de dos millones de reales de la caja de Ultramar a Gobernación, se dice que pensado para lubricar la maquinaria electoral, con motivo de las nuevas elecciones de abril de 1872; por lo que el “tenemos poder para veinte años” del siempre optimista antequerano, se esfumó en unos meses. Finalizaba así la colaboración entre dos políticos, con algunos puntos coincidentes de carácter y comportamiento (astutos, marrulleros y con un similar estilo en lo que a prácticas electorales se refiere). El cinismo que refleja la respuesta de Sagasta al Rey cuando, para este compromiso, le reclamó elecciones no manipuladas (“Serán todo lo sinceras que puedan serlo en España”), y que parece compartido por su coadyuvante al éxito, resulta al tiempo una buena diagnosis de lo que acaecía en la época. Por demás, desgastados Sagasta y Romero por el asunto del dinero de la caja antedicha, el Rey se vio obligado a llamar in extremis a Ruiz Zorrilla, a pesar de su emparejamiento anterior, en las elecciones de abril de 1872, con republicanos y carlistas; éste llamó a las urnas en agosto, venciendo su Partido Radical con el setenta por ciento de los votos (si bien con una abstención que superaba la mitad del censo). El que Romero no obtuviera en esta ocasión acta de diputado es asunto menor frente al hecho de que, recrudecida la Guerra Carlista y complicada la cuestión cubana, Amadeo de Saboya, más por la falta de resistencia de los monárquicos que por el voto de los republicanos (a juicio de Romanones), acabó renunciando al Trono.
Descontento con la solución y con la inestabilidad en que de inmediato se vio inmerso el país, fue desde los primeros momentos de gobierno republicano cuando Romero Robledo manifestó su sentimiento monárquico y su conversión al alfonsismo (Pons y Umbert). Elegido diputado cunero por La Bañeza en las Cortes Constituyentes de la República Española, de mayo de 1873, no tardó en proclamar, en su ampulosa oratoria, su ubicación política: “Soldado de una bandera vencida, pero tenaz e impenitente monárquico” (sesión de 3 de julio), lamentando y/o criticando la huída del capital, la bancarrota económica, las perturbaciones del orden público, el cantonalismo y la guerra civil. Sus contradictores le echarán en cara estos vaivenes (derriba y restaura a los Borbones), de los que él se intentará defender en su confuso estilo.
En cualquier caso, su trayectoria (sin valorar en demasía su participación septembrina), no resalta en exceso por la incoherencia, ya que casi siempre se movió por los amplios espacios del unionismo y el conservadurismo, desde su bautizo parlamentario en 1863; incluso en sus tiempos de colaboración revolucionaria nunca rompió las ataduras con esta orilla, como manifiesta en sus críticas al sufragio universal. Y, por demás, sus disidencias o hasta herejías, anteriores o posteriores, o el dimitir en solidaridad con un amigo, como en más de una ocasión demostrará, nunca le llevarán a una apostasía definitiva del redil conservador, por lo que las más de las muestras de su radicalismo verbal no encontraron eco práctico en sus hechos.
Abrazo entusiasmado de la causa del alfonsismo que coincide con su encuentro definitivo con Cánovas, tras el ingreso del de Antequera, en 1873, en el Círculo Liberal Alfonsino, que el de Málaga había fundado como medio de búsqueda de adhesiones y lugar de encuentro para el proyecto que, con su discreción, tacto y sentido de estado habitual, diríase que venía preparando desde las mismas Cortes de la Revolución: la restauración monárquica en la persona de don Alfonso. Encuentro definitivo, aunque no casual, de quienes, en buena medida, habían llevado trayectorias paralelas, tenían ideas incluso aficiones comunes, y cuya complementariedad de caracteres podía resultar enriquecedora, política y hasta personalmente: malagueños los dos, ambos en las filas de la Unión Liberal, uno y otro con gran éxito parlamentario (aunque lo fuese por diferentes motivos), con trayectorias similares en el Congreso antes y tras 1868, incluso con relaciones sociales comunes a pesar de la diferencia de edad. Y donde no son óbice los notables contrastes: sea la menudez, tics nerviosos y el desaliño en el vestir de uno frente a la apostura y el corte de dandi del otro (el “pollo antequerano” lo compensaba con su carácter afable, dicharachero y falto de toda presunción); sea el pesimismo canovista frente al optimismo visceral de su paisano; sea la solidez ideológica, la seriedad y el clasicismo de uno con la fanfarria verbal, la travesura y la palabra gramaticalmente incorrecta del otro; sea el sentido profundo de Estado frente al férreo control del Partido (Ayala Pérez). Por lo que, quizá, también se necesitaban: resulta difícil imaginar a Cánovas con los tejemanejes electorales, tan caros a Romero, pero sin los que difícilmente hubiese ganado elecciones de tan olímpico modo. Quizá no sea descabellado pensar que, cuando el líder conservador manifestó en 1883 en Biarritz, aquello de “soy enemigo declarado del sufragio universal, pero su manejo práctico no me asusta”, estaba contando con las habilidades maniobreras de su fiel paisano, para quien la política era “una pasión, un vicio, la vida entera” (Miguel Moya); aunque quizá más acertado el marqués de Lema cuando habla de “la pasión política y el espíritu de bandería”. En cualquier caso, el único que, al parecer, plantaba cara a su jefe (a decir de Cañamaque y Linares Rivas).
Tras el golpe de Pavía (3 de enero de 1874), Cánovas, que no colaboró con Serrano en su gobiernopuente (aunque éste lo pensase vitalicio), sí que encontró en Romero un excepcional agente de proselitismo que iba a actuar también de intermediario para evitar que algún inoportuno golpe militar en el verano de 1874 dejase lastrada la legitimidad de la Restauración. Producido el esperado de Martínez Campos, desubicado Serrano, y dado que no se puso en cuestión el liderazgo de Cánovas, estableció éste el 31 de diciembre de 1874 el Ministerio-Regencia en el que, sin hipotecas de militares y moderados, aunque intentando dar cabida al mayor número de nuevas fuerzas, entró Romero Robledo en la cartera de Gobernación. Desde allí, usando libérrimamente de la Gaceta, contribuyó al asentamiento del régimen (amnistía, leyes sobre prensa, renovación de ayuntamientos y diputaciones, reconocimiento del derecho de asociación), bien que colocando a muchos de sus amigos en puestos clave del Gobierno y la Administración; lo que hasta será criticado por los moderados clásicos, que no lo ven sino bajo la perspectiva de su adscripción septembrina anterior, como también criticarán que las elecciones para las Cortes que van a redactar la nueva Constitución se hagan (aunque sea por una vez) por el sistema de sufragio universal.
Serán estas elecciones las que le consagrarán definitivamente como “gran elector”, merced a la utilización de todas las artimañas posibles para conseguir un Parlamento adicto, entre las que, ahora y después, se encontrarán, aunque sin ser patrimonio exclusivo suyo: control de gobernadores y funcionarios, traslado de jueces hostiles, destituciones y destierros del candidato contrario al gobierno, recaudadores de impuestos que embargan a enemigos y perdonan las deudas de los amigos, manejo y compra de cédulas, “encasillamiento”, pucherazo, detención por la guardia civil de los electores de la oposición, aparición de canjeadores de candidaturas y asaltos a colegios, votos de difuntos, ausentes e indiferentes, avisos que llevan aparejadas presiones imposibles de resistir, cartas amenazadoras de alguna autoridad, apaleamientos, multas a corporaciones desafectas, prestidigitaciones varias (Núñez de Arce sale por Castellón, en vez de por Palencia, donde estaba encasillado), etc., etc.; y, tal vez, en muchos casos, en especial en el mundo rural, probablemente la realidad superó la leyenda (Varela Ortega).
Se entiende que el Partido Liberal Conservador (los gubernamentales más bien) obtenga el 93% de los votos, traducido en una mayoría abrumadora de 333 escaños (de 391), con lo que su triunfo es palmario. El eficaz ministro había cumplido su palabra: “Prometo a V. M. que no vendrá ninguno” (republicano a las Cortes), había sido su respuesta a Alfonso XII antes de estas elecciones, a pregunta previa del Monarca.
Aunque, en parte, con estos métodos, es ahora cuando, vencidos por entonces los carlistas y controlados los republicanos de Ruiz Zorrilla, el bipartidismo se afianza, y con él la Monarquía, gracias a que el posibilismo de Sagasta le hace entrar progresivamente en juego, convirtiendo al Constitucional, luego Fusionista (una vez integrados los centralistas de Alonso Martínez), en el Partido Liberal, generándose el juego bipartidista que diseñase el arquitecto de la Restauración.
Y ello con una Constitución transaccional, la de 1876, a mitad de camino entre la de 1845 y la de 1869, que en su artículo 18 señala, como eje básico, que “la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey”. En otro orden de cosas, es también por entonces, en 1875, cuando el “pollo de Antequera” asienta su vida familiar, casándose con Josefa Zulueta, rica también, y no sólo por merced de los versos hiperbólicos de su amigo Asenjo Barbieri (“hija de padres tan ricos/ que dieran limosna a Fúcar”).
Romero Robledo, salvo un breve paréntesis en 1879 con Martínez Campos, sigue como ministro de Gobernación hasta 1881, momento en el que se pone en práctica el turnismo. Ahora con Sagasta y Venancio González, su émulo, de “gran elector”, el liberal fusionista (y los ministeriales) obtiene 297 votos (de 392), ya con sufragio restringido. El hecho de que los resultados siempre respalden al partido del gobierno, sea el tipo de sufragio que sea, y por similar porcentaje, refrenda de indirecto modo que se ejercen las mismas prácticas en todo momento, y hasta es plausible que el clientelismo sea ahora menor que en 1876, o el que campará desde 1891 con sufragio universal; Seco Serrano señala que en Italia se empleaban comportamientos similares, que también encuentran su mejor caldo de cultivo en el analfabetismo (mayor en el ámbito rural) y en la falta de cultura y conciencia ciudadana. De nuevo formará parte del gobierno conservador en enero de 1884, consiguiendo para su partido, en las elecciones inmediatas de abril, 318 actas (de 392); aunque en las municipales del año siguiente su estilo maniobrero comience a fallar.
La salida del gobierno (“obligado a salir” matiza Silvela) en el verano de 1885, viene determinada, sin duda alguna, por la trasnochada política cuarentenaria seguida ante el cólera de 1885, que provocará también la rebelión del comercio (Silvela tacha a las cuarentenas de “ridículas”), y por su oposición cerril a la vacunación Ferrán, a pesar de que ésta había manifestado largamente su eficacia en Valencia; siendo sustituido por un silvelista, Fernández Villaverde. Pero coadyuvan otros factores menores, entre ellos: los alborotos estudiantiles de Santa Isabel (con una policía que se aplica con dureza para reprimir los disturbios), y las elecciones municipales de abril de 1885, ganadas por la oposición en las principales ciudades (“quebrantados los prestigios electorales hasta entonces invictos, del ministro de Gobernación”, de nuevo en expresión de Silvela). Su oposición a la salida que Cánovas da al conflicto de las Carolinas con Alemania es posterior: si para el conde de Bugallal el arbitraje de León XIII “dejó a salvo el honor nacional”, para Romero “España, como más débil, había tenido que bajar la cabeza”, hiriendo a su jefe en lo más profundo, pues se sentía orgulloso del éxito obtenido. El distanciamiento y hasta el enfrentamiento entre Robledo y Cánovas es, por tanto, previo al fallecimiento de Alfonso XII, en noviembre de 1885, y del inmediato traspaso del poder a Sagasta en el llamado Pacto de El Pardo (criticado por Romero). Sin desconsiderar, pues, las altas miras de Cánovas ante la nueva tesitura (“a un nuevo reinado...le convienen ministros nuevos también”), el óbito real le proporciona ocasión para el traspaso de un poder seriamente deteriorado. Con un partido dividido, sin Romero en Gobernación, y sin sus fieles adictos (los “húsares”) era bastante difícil seguir ganando elecciones. Y la mejor prueba de que la escisión Romero tiene calado para el partido, tal vez sea el hecho de que, constituidas las Cortes en 1886, el de Antequera se enfrenta a Cánovas por la presidencia del Congreso, obteniendo 112 votos (frente a 222 de su todavía jefe, que contaba, como muestra de reciprocidad, con el apoyo liberal); ergo la disidencia consumada tiene tanto arraigo cuantos adeptos.
Desacuerdo con el traspaso del poder a Sagasta pero, también y primero, en su origen, motivos de índole personal (Pirala), pues la disidencia es previa; y el nulo apoyo (imposible por otra parte) a su política cuarentenaria y el apartamiento de Gobernación por el fracaso de dicha política, sin duda significaron mucho para quien tenía en alta estima las relaciones personales y era capaz de todo por un amigo. Tal vez Silvela fue demasiado lejos cuando, por entonces, le espetó aquello de “su señoría no es un discrepante ni un disidente...Yo creo que es un enfermo”.
Romero inicia entonces una errática trayectoria, lo que, probablemente, es uno de los primeros síntomas de crisis en los partidos dinásticos, asociándose con el también malagueño general López Domínguez (“como él disidente sin programa”, para Artola), que viene de la Izquierda Dinástica fundada por Serrano. Ambos constituyen un partido liberal reformista, bajo jefatura de López Domínguez que llevará una vida bastante precaria, viéndose abandonado por quienes en él habían recalado en un primer momento, hasta desaparecer en 1889, acercándose, hasta entrar, sus líderes, uno en el conservador y otro en el liberal. Cánovas, por su parte, en el poder desde 1890, y que desea recuperar a Romero, es consciente de que dicho acercamiento comportará de inmediato el retraimiento o hasta la dimisión de Silvela. El antagonismo entre ambos es posible que venga de cuando, en 1875, Romero nombra al madrileño subsecretario de Gobernación, aunque la incompatibilidad de caracteres es más que suficiente para explicarlo; cuestiones de liderazgo aparte. La entrada de Romero en el gobierno, en 1891, como ministro de Ultramar, donde llevará a cabo algunas discutidas reformas económicas y administrativas en Cuba, producirá de inmediato, no ya la salida de la facción silvelista sino, también, el rechazo de los liberales, que lo consideran como personificación de los vicios del pasado, calificando Sagasta el nombramiento de temerario. Un escándalo en el Ayuntamiento de Madrid, a la sazón en manos de un romerista fiel, Bosch y Fustegueras, provocará la salida del líder de los “húsares” en 1892, en solidaridad con su amigo; lo que, de rebote, forzará la caída del gabinete conservador. Situación parecida a la que va a acaecer en 1895 cuando, ahora en Gracia y Justicia (con Bosch en Fomento), ante los ataques del marqués de Cabriñana a sus amigos políticos por un asunto de especulación urbanística, de nuevo acaba con la caída de los conservadores, un año después.
Y es que, si bien a Romero Robledo no pudo acusársele con fundamento de beneficiarse de la política (no sólo era rico de familia y por casamiento sino que tenía un concepto hasta cierto punto altruista de ella, bien que sui géneris), sí es cierto que se cometieron desmanes varios por parte de sus amigos políticos; lo que no le exime de responsabilidad. En una y otra consideración coinciden sus contemporáneos (contradictores y hasta próximos), y también la historiografía posterior (Salcedo, Ayala Pérez). Aunque lo más censurable, desde perspectiva actual, sea que su estilo contribuyó muy mucho a que el pueblo permaneciese alejado de la participación en los asuntos públicos, reducida la política a un juego entre partidos y sometida a los constantes cambalaches de sus dirigentes y amigos políticos. Lo que, sin duda, es más grave en el tránsito de siglo, cuando el analfabetismo había decrecido, la educación se iba extendiendo, siquiera lentamente, y los regeneracionistas clamaban por una renovación del país (Lucas Mallada publica Los males de la patria en 1890). Los políticos de primera hora de la Restauración, y Romero en destacado lugar (si acaso con la excepción de Silvela, y tampoco del todo, como muestra Carlos Seco en un estudio sobre los silvelistas catalanes), no supieron captar dicha evolución, que hacía más inadecuadas las estructuras políticas y las prácticas electorales de antaño; creyeron que con la estabilización política de hacía veinticinco años ya habían cumplido, desconsiderando la emergencia de nuevas fuerzas (socialismo, obrerismo, regionalismo), y minusvalorando en definitiva el desarrollo de una conciencia ciudadana a cuyo despertar, en alguna medida, sin duda habían contribuido; siendo especialmente censurable, por parte del de Antequera, el olvido de un campo andaluz que reclamaba reformas radicales urgentes.
Tras el fallecimiento en 1897 de Cánovas, jefe indiscutido durante el cuarto de siglo anterior, y la decantación de la jefatura del partido hacia Silvela (ahora Unión Conservadora), de nuevo Romero intenta alguna de sus clásicas disidencias; aunque sus intentos tengan cada vez menos fuerza y, sobre todo, eco. Sí que verá colmada en el ocaso de su vida la frustrada aspiración de 1886, culminando su espléndida trayectoria parlamentaria con la presidencia del Congreso; a la que, paradojas del destino, será encaramado en 1903 por su contradictor de siempre, tal vez para frenar así su innato espíritu conspirador, y donde permanecerá cuatro años, hasta su muerte en 1906. Mas, dado que el cargo no se ajunta bien con su carácter partidista, le lloverán hasta tres votos de censura.
Desaparecidos Cánovas (1897), Sagasta (1903) y Silvela (1905), con la de Romero parece como si se cerrara definitivamente toda una época, caracterizada, en su vertiente negativa, por el caciquismo y el falseamiento electoral, vicios que, en ocasiones, se le han adjudicado en exclusiva. El conde de Romanones dirá que con él moría, no un político sino, “el político por antonomasia, hombre que de la política hizo su vida, y a ella consagró sin descanso su existencia entera”. Y un cronista parlamentario de excepción, como Azorín, que lo visitó en El Romeral en 1905, aun resaltando la intriga, el favoritismo y el atropello de las leyes para favorecer a sus amigos, no duda en reconocer que dedicó toda su energía humana a la política, que tuvo un amor ardoroso por el Parlamento y los asuntos públicos, y que tal vez en nuestra historia moderna no haya habido hombre más entregado al Parlamento que Romero Robledo, a quien considera como el “último político romántico”. De él se cuenta que, en 1893, tras ser operado con éxito en Alemania de un cáncer de nariz (a consecuencia de lo cual su rostro sufrió algún menoscabo, teniendo que utilizar una prótesis), optimista como siempre, para asegurarse de que no había perdido facultades, lo primero que se le ocurrió fue mirarse a un espejo mientras pronunciaba las consabidas palabras de “Señores Diputados”.
Obras de ~: Discurso en la Universidad Central (sobre el fundamento del derecho de castigar) en el acto de recibir la investidura de doctor en la Facultad de Derecho, Madrid, 1861; Discurso en el Congreso de los Diputados (sobre la libertad de fundar y conservar los institutos y congregaciones religiosas) en 1871, Madrid, Imprenta de E. G., 1871; Discurso en las Cortes Constituyentes en 1873, Madrid, Imprenta de José M. Ducazcal, 1873; Discursos en el Congreso de los Diputados con motivo de la discusión del Mensaje de la Corona de 1877, Madrid, Imprenta de Aribau y Cía., 1877; Discursos en los cuerpos colegisladores durante la legislatura de 1878, Madrid, Imprenta Central, 1879; Discurso en el banquete celebrado en su obsequio por el Partido Liberal Conservador de Sevilla en 1880, Albacete, Imprenta Luciano Ruiz, 1880; Discurso del presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (sobre la libertad de palabra e imprenta) en la sesión inaugural del curso de 1883 a 1884, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1883; Discurso en la recepción por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (sobre condiciones de los Municipios) en 1886, Madrid, Tipografía de los Huérfanos, 1886; Discursos en el Congreso de los Diputados con motivo de la discusión de las Reformas Militares en 1888, Madrid, Manuel Minuesa de los Ríos, 1889; Discurso del Ministro de Gracia y Justicia en la solemne apertura de los Tribunales en 1895, Madrid, Imprenta B. A. de la Fuente, 1895; Discurso contestando al Mensaje de sus amigos de Cataluña, 1900.
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Juan José Fernández Sanz
