Domínguez y Pascual, Lorenzo. Sevilla, 1863 – Madrid, 9.XII.1926. Político, ministro.
Como muchos otros hombres públicos de la restauración canovista, siguió pedisecuamente el camino recorrido por su padre —diputado y senador—, abogado, terrateniente y cacique del importante distrito electoral de Carmona, solar acendrado de su familia.
Casi simultáneamente con la obtención de su licenciatura en Derecho por la Universidad hispalense consiguió el acta de diputado canovista por Carmona, cuyo distrito representaría de manera particularmente apática en la Cámara Baja hasta el golpe de Estado del general Primo de Rivera (legislaturas de 1899-1901, 1903-1905, 1907-1910, 1914-1916, 1918-1919 y 1920-1923). Pero si como miembro o presidente de las varias comisiones parlamentarias de las que formara parte no se distinguió por el afanoso cumplimiento de sus obligaciones aunque sí por sus grandes dotes oratorias y finura analítica en la exposición y defensa de los asuntos que abordara, aspecto muy distinto presenta su estrecho control de la red clientelar, que, en la mejor tradición de la Andalucía de la época, tejiera su progenitor y él llevara a la cima de la perfección con trabajos de arduo empeño y sostenida vigilancia. Prevalido del completo dominio sobre tan importante distrito electoral sevillano pudo permitirse una tranquilidad envidiada por otros caciques meridionales, de bases más frágiles o inestables.
Sobre tal circunstancia descansó gran parte de su independencia respecto a las querellas internas que minaban el conservadurismo sevillano de finales del siglo xix y comienzos del xx, dividido por las diferentes lealtades de sus principales “familias” y jefes a los líderes madrileños a la muerte de Cánovas. En los laberínticos caminos de la política sevillana, siguió la pauta invariable de su padre de apartamiento a ultranza, como mejor fórmula para mantener intacta su autoridad en el feudo carmonense.
Su permanente presencia en el Congreso en la etapa finisecular decimonónica y la fama de inteligencia y prestancia retórica que siempre le rodearan dentro de las filas del partido conservador, determinaron que su cursus honorum parlamentario estuviera cumplido cuando se iniciara la segunda fase de la restauración con la llegada al trono de Alfonso XIII. Alcanzada la madurez física y política —probablemente fuera uno de los diputados andaluces con mayor conocimiento de los problemas de su tierra—, su currículum reunía ya todas las condiciones para el desempeño de una cartera ministerial. Un hombre de su generación y mentalidad, Antonio Maura, le llevaría consigo en su primera experiencia al frente del poder Ejecutivo. La siempre controvertida y no obstante cartera de “ingreso” en la trayectoria clásica de la vida política de la restauración, la por entonces flamante de Instrucción Pública, le tuvo como cauto y sereno rector durante el año en que el prohombre mallorquín pilotara la marcha de la nación: del 5 de diciembre de 1903 al 16 de diciembre de 1904. Consejero de Estado permanente en 1908, su nombramiento como gobernador del Banco de España en 1913 semeja indicar su inclinación datista, una vez producida en la citada fecha la escisión del partido conservador; deriva plenamente confirmada por su designación como ministro de Hacienda en el último gobierno de Eduardo Dato (del 5 de mayo de 1920 al 22 de enero de 1921), reemplazando en la importante cartera a Gabino Bugallal, autor de una controvertida reforma de la Contribución de Utilidades, causa justamente de una campaña de críticas lanzadas contra su sucesor por las posiciones patronales e incluso ciertos historiadores posteriores no excesivamente familiarizados con la materia abordada. La carencia de habilidad que se le atribuye por estos últimos al no haber sabido gestionar tan polémico asunto al pretender otorgar la correspondiente ley con carácter retroactivo, implica desfigurar la apremiante coyuntura fiscal de los inicios de los años veinte. Quizá no menos reduccionista sea la postura descalificadora de otra faceta esencial de su labor —la lucha contra el déficit de la balanza de pagos a través de una mengua de las importaciones— llevada a cabo por la historiografía posterior: “En 1920 Domínguez Pascual dobló, por término medio, los derechos sobre 100 partidas. Una respuesta muy tosca e ineficaz, porque, junto a partidas relevantes, se incrementaron los derechos sobre otras de muy escasa trascendencia económica, como artículo de consumo suntuario que apenas afectaban a la balanza de pagos” (J. M.ª Serrano Sanz, 2001: 270-271). Pese a todo, la alusión de los críticos a la desmaña y falta del sentido de la comunicación y diálogo en su postrera presencia ministerial no es por entero infundada, según vino a atestiguarlo un conflicto de “personal” dentro del funcionamiento del propio Departamento, que cavaría, ciertamente, su tumba política. En efecto: su antaño reconocida habilidad y prudencia sufrieron un desplome cuando los funcionarios sindicados de Hacienda se declararon en huelga ante la creación de unas plazas de liquidadores del impuesto de utilidades. Enquistada la cuestión, el ministro unió, con cierto empecinamiento, su continuidad en el poder al refrendo de dicha iniciativa.
Aunque la Junta de diputados electos y el mismo gabinete secundaron sus miras, lo hicieron más que por apoyar su conducta, por mantener el principio de autoridad.
Añadido a ello la frialdad que semejó advertir en la postura de su compañero de gabinete y coterráneo, el primer titular de la cartera de Trabajo, el también abogado Carlos Cañal, creyó lo más acertado y honorable dimitir, provocando una crisis parcial del Gabinete (22 de enero de 1923).
Bibl.: con M. Sánchez de los Santos y S. de la Redondela, Las Cortes Españolas: las de 1914, Madrid, Tipografía de A. Marzo, 1914; Duque de Maura, M. Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado, Madrid, Ediciones Ambos Mundos, 1948; R. Sánchez Mantero, “Los diputados sevillanos durante la Restauración”, en Archivo Hispalense, 220 (1989), págs. 33-49; A. Rull Sabater, Diccionario sucinto de Ministros de Hacienda (siglos xix-xx), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991; C. Seco Serrano, “El último gobierno de Eduardo Dato”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, CLXXXVIII (1991); M.ª Sierra, La familia Ibarra, empresarios y políticos, Sevilla, Muñoz Moya, 1992; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, “Sociología de los ministros de la Restauración (1902-1931)”, en Revista de Estudios Políticos, 75 (1992), págs. 87-130; M.ª Sierra, “El problema Silvela”: efectos del regeneracionismo en el Partido conservador sevillano”, y J. L. Ruiz Sánchez, “La crisis del conservadurismo sevillano (1897-1901). Ideología y praxis política”, en J. Tusell, J. Pecharromán y F. Montero (eds.), Estudios sobre la derecha española contemporánea, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1993; M.ª Sierra, “La política del Pacto”, en El sistema de la Restauración a través del partido conservador sevillano (1874-1923), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1996; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Editorial Actas, 1998, págs. 482-485; M.ª J. Ramos Rovi, Andalucía en el Parlamento español (1876‑1902), Córdoba, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000; J. M.ª Serrano Sanz, “Francesc Cambó”, en F. Comin et al., La Hacienda desde sus ministros. Del 98 a la guerra civil, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2001; J. M. Cuenca Toribio, Historia general de Andalucía, Córdoba, Editorial Almuzara, 2005.
José Manuel Cuenca Toribio
