Alba y Bonifaz, Santiago. Zamora, 23.XII.1872 – San Sebastián (Guipúzcoa), 7.IV.1949. Político y abogado.
Santiago Alba y Bonifaz creció en Valladolid, aunque había nacido en Zamora, el 23 de diciembre de 1872, en el seno de una familia de clase media profesional con importantes vinculaciones políticas y abolengo liberal. Su madre, Obdulia Bonifaz, estaba emparentada con Manuel Ruiz Zorrilla, y su padre, César Alba García-Oyuelos, fue un famoso abogado burgalés, diputado del Partido Liberal. Aún menor de edad, recién finalizada la carrera de Derecho y tras unos tempranos escarceos en la prensa local, Santiago Alba compró junto con otros socios un viejo diario vallisoletano: rebautizado como El Norte de Castilla, pronto se transformó en el periódico de mayor tirada e influencia de la región. Ya en las postrimerías del siglo XIX, Alba desempeñaba una intensa actividad. En 1897 fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valladolid.
Poco antes había abierto bufete propio. Todo ello lo simultaneaba con la gestión del periódico, con una considerable labor como publicista y con la traducción de un libro francés que había cosechado un importante éxito y que se publicó en España en 1899, con cien páginas de introducción a cargo de Alba. Se trataba del ensayo de Edmond Demolins ¿En qué consiste la superioridad de los anglosajones? Aplicando el mito de la decadencia de las razas latinas a España, el prólogo de Alba atribuía la derrota colonial de 1898 a la ineficacia del sistema educativo, a la débil iniciativa empresarial y a la falta de representatividad del sistema político. Hombre pragmático, empero, no sucumbió a la ola de pesimismo que aquejaba a las elites intelectuales del país y compartió sus reflexiones sobre el declive español con estudios más positivos sobre la mejora de los servicios municipales de su ciudad, al tiempo que diseñaba desde su concejalía un ambicioso programa de reformas dirigidas a sanear la hacienda local, vigorizar los ingresos, reducir los gastos y distribuirlos de manera más provechosa.
Por todo ello la Cámara de Comercio de Valladolid le eligió como secretario.
Tanto por sus preocupaciones intelectuales como por su talante emprendedor, Santiago Alba estaba abocado a participar en la gran movilización regeneracionista que protagonizaron las cámaras agrícolas y las cámaras de comercio entre 1898 y 1900. En noviembre de 1898, como delegado de la Cámara de Comercio de Valladolid, fue secretario de la Asamblea de las Cámaras de Comercio celebrada en Zaragoza, presidida por Basilio Paraíso. Y ya como representante de todas las Cámaras, asistió a la que convocó Joaquín Costa en febrero de 1899. En esta última cita el movimiento se escindió en dos bloques: Costa lideró a quienes sólo pretendían constituir un grupo de presión que apremiara y vigilara a los partidos, pero sin entrar en el juego político; Paraíso y Alba apostaron por la creación de un partido que contendiera en las elecciones e impulsara desde el Parlamento las reivindicaciones de las cámaras agrícolas y de comercio.
Vencieron Alba y Paraíso, aunque la división debilitó el movimiento. Aun así, Santiago.
Alba obtuvo un importante éxito en la Asamblea celebrada en Valladolid, en enero de 1900, en protesta contra los presupuestos de Raimundo Fernández Villaverde, ministro de Hacienda en el Gobierno conservador de Francisco Silvela. Al año siguiente, en las elecciones convocadas por el último Gobierno de Sagasta, Alba fue elegido diputado por Valladolid, como candidato de la Unión Nacional, el partido que pretendía asumir el programa de las cámaras.
Cuando poco después se disolvió la Unión Nacional, Alba se abrió camino en la política estatal al lado de su viejo enemigo, el hacendista conservador Raimundo Fernández Villaverde, cuya política de saneamiento financiero ahora elogiaba. A finales de 1903, llegó a ser subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros en un breve Gobierno que presidió Villaverde, pero cuando en 1905 Antonio Maura se hizo con la jefatura del Partido Conservador, Santiago Alba emigró al Partido Liberal. Allí, bajo la tutela de Segismundo Moret, llegó en 1906 al Gobierno Civil de Madrid y ese mismo año fue ministro de Marina, en un fugaz gabinete Moret que apenas sobrevivió tres días. No obstante, su carrera en Madrid ya estaba encauzada: Alba se instaló definitivamente en la capital y abrió allí bufete. Volvió al Gobierno en marzo de 1912, cuando José Canalejas le encargó la cartera de Instrucción Pública. Poco pudo hacer en los meses que fue ministro, pero apuntó sus principales preocupaciones en la materia: la formación y dignificación de los maestros, la creación de escuelas profesionales, el desarrollo de la autonomía universitaria y, siguiendo la estela iniciada por la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios, el fomento de la investigación científica y el aumento del número de pensiones para estudiar en el extranjero.
Asesinado Canalejas en noviembre de 1912, muerto Moret en enero de 1913, Alba ya no necesitó más protectores en el Partido Liberal: al contrario, los dos candidatos a la sucesión de Canalejas —el conde de Romanones y Manuel García Prieto— se disputaban su apoyo. Ganó Romanones, quien ofreció a Santiago Alba el Ministerio de la Gobernación en el Gobierno que constituyó entre enero y octubre de 1913. Y cuando tras un paréntesis conservador Romanones retornó al poder, en diciembre de 1915, Alba repitió en la misma cartera. Pero en esta ocasión se trató de una escala provisional, pues el 30 de abril de 1916 pasó al Ministerio de Hacienda y llevó con él como subsecretario a Joaquín Chapaprieta, un experto hacendista liberal. Ambos habían diseñado tiempo atrás un plan de choque para impulsar la economía española y sanear la Hacienda Pública.
Una vez en el Ministerio de Hacienda, articularon dicho plan en torno a una batería de proyectos de ley que Alba presentó en el Congreso de los Diputados entre junio y septiembre de 1916. Constaba su propuesta de tres partes: un Presupuesto ordinario para el año 1917; un presupuesto extraordinario, financiado con deuda pública y llamado de “reconstitución nacional”, que preveía grandes inversiones en educación e infraestructuras —pantanos y regadíos, sobre todo— para el decenio 1917-1927, y una veintena de proyectos de ley dirigidos a impulsar la economía nacional, a mejorar la administración de la Hacienda Pública y combatir el fraude fiscal, y a transformar el sistema tributario mediante la reforma de varios impuestos existentes y la creación de otros nuevos. Los proyectos asumían buena parte del ideario regeneracionista, sobre todo en lo tocante al fomento y protección de la producción, pero también respondían a los problemas de la economía española en el contexto de la Primera Guerra Mundial e importaban a España el programa económico que David Lloyd George, líder del liberalismo radical inglés, había defendido desde el Ministerio de Hacienda en la primera década del siglo.
Las reformas de Alba llegaron a las Cortes en un momento difícil. A partir de 1915, tras una primera fase de desconcierto y desorganización, la economía española comenzó a beneficiarse de la Guerra Mundial iniciada en agosto de 1914. Aumentaron y se diversificaron las exportaciones, mientras que la sustitución de las importaciones por producción nacional provocó una notable acumulación de beneficios en la producción hullera, en la hidroeléctrica, en la siderometalurgia, en la construcción naval, en la industria química, en la marina mercante, en sector textil [...].
Pero el Estado no obtuvo ningún rédito de esta expansión por culpa de un sistema tributario rígido que carecía de impuestos sobre la renta, que apenas gravaba los beneficios empresariales y que permitía un alto nivel de fraude. Esta incapacidad del Estado para aprovecharse del enriquecimiento nacional fue más grave porque si la guerra favoreció a ciertos sectores, también perjudicó a otros, como a la agricultura de exportación y, sobre todo, a la construcción. Además, la guerra desabasteció el mercado interno de productos de primera necesidad y desató un proceso inflacionario que duplicó los precios en pocos años: ambos factores, unidos al paro en la construcción, dispararon la conflictividad social. Por si fuera poco, los ingresos por la renta de Aduanas disminuyeron al caer las importaciones: el déficit, que en 1913 era de 71 millones, en 1915 había alcanzado los 811. En suma, el Estado necesitaba más recursos para paliar las consecuencias perjudiciales de la Guerra Mundial, pero no podía obtenerlos de quienes se estaban enriqueciendo a su costa. De ahí la importancia de la reforma tributaria de Santiago Alba, que intentaba aumentar los ingresos estatales, así como de sus planes para modernizar la administración tributaria y perseguir el fraude. Amén de modificar gran parte de los tributos ya existentes, Alba quería crear varios impuestos nuevos, entre los que destacaban una contribución sobre los beneficios extraordinarios obtenidos a resultas de la guerra y un impuesto sobre el aumento del valor de la propiedad inmueble. Del primero esperaba obtener, ya en el ejercicio de 1917, unos 30 millones de pesetas. El incremento de recaudación previsto para el segundo era insignificante, pero Alba hizo de este proyecto uno de los pilares de su futura trayectoria política, pues pretendía impulsar una reforma agraria a través de la política fiscal, inspirándose en los principios sobre la propiedad inmueble esgrimidos por el liberalismo radical inglés y su máximo ideólogo, el ministro de Hacienda David Lloyd George.
En definitiva, los proyectos de Santiago pretendían aumentar la recaudación del Estado gravando más a quienes más ganaban durante la guerra, reducir el fraude y aumentar la eficacia tributaria, impulsar la agricultura y la industria, y reorientar el gasto estatal en el sentido reclamado por los regeneracionistas: “escuela y despensa”. Sin embargo, salvo algún leve retoque tributario y una ley de protección a la industria nacional, nada prosperó de todo esto. En buena medida, porque la movilización patronal contra las reformas fue muy intensa. No obstante, no fueron las protestas en la calle las que provocaron la debacle.
Al fin y al cabo, se trataba de proyectos de ley y en el único sitio donde podían ser frenados era en el Parlamento: entre los meses de junio y diciembre de 1916 Alba fue víctima de una dura campaña obstruccionista en el Congreso de los Diputados, que dio al traste con la mayor parte de su obra. Lideró dicha campaña Francisco Cambó, al frente de los diputados de la Lliga Regionalista de Cataluña. En junio de 1916 Cambó había anunciado en el Congreso un período de “franca obstrucción”: acababa de reclamar la oficialidad de la lengua catalana y su libre empleo en la enseñanza, en la vida administrativa y en los tribunales de justicia, así como la soberanía plena para una Asamblea y un Gobierno catalanes. Rechazadas sus demandas por el conde de Romanones, Cambó declaró la guerra a su Gobierno: estaba dispuesto a demostrar, escribiría años después, que “sin Cataluña en España no se podía gobernar”. El objetivo a batir de la campaña de obstrucción regionalista fue la obra de Santiago Alba, núcleo del programa gubernamental en las Cortes. Alba, además, como ministro de la Gobernación, había combatido duramente a la Lliga Regionalista en las elecciones generales celebradas en abril de 1916. De ahí que Cambó, en sus memorias escritas años después, reconociera que su propósito era “llevar a Santiago Alba a un fracaso total, a fin de que el escarmiento fuera lo bastante notorio para que nadie más tuviera la tentación de hacer contra nosotros maniobras de cerco”.
Cambó alcanzó su objetivo: Alba sólo pudo salvar un par de proyectos menores y las Cortes ni siquiera aprobaron el Presupuesto ordinario para 1917. Todavía siguió unos meses en el Ministerio de Hacienda; cuando Romanones dimitió en abril de 1917 y le sucedió Manuel García Prieto al frente del Gobierno, Alba siguió en la misma cartera. Pero fue por poco tiempo. Los liberales cayeron en junio de 1917, tras la insurrección de las juntas militares de defensa, y los conservadores, con Eduardo Dato a la cabeza, retornaron al poder. En julio de 1917 el Gobierno Dato hizo frente con éxito a la Asamblea de Parlamentarios disidentes —liderada por los regionalistas y a la que se sumaron republicanos y algunos liberales— y en agosto a la huelga general convocada conjuntamente por la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación General de Trabajadores (CNT).
Pero Dato tiró la toalla en octubre, cuando tropezó otra vez con los militares, ahora en connivencia con Alfonso XIII. Derribados ambos partidos por el Ejército en pocos meses, y ante la creciente presión de la Lliga y de los disidentes conservadores y liberales, el Rey encargó a García Prieto que formara un Gobierno asentado sobre una coalición de varios grupos parlamentarios: fue el final del turno de partidos. Entre los ministros de este primer Gobierno de concentración había un regionalista y un republicano catalán próximo a la Lliga, un maurista, un romanonista, un liberal y un independiente en Gobernación para garantizar la limpieza electoral.
Santiago Alba no quiso ser ministro en este gabinete.
Su gestión en Hacienda le había conferido suficiente protagonismo político como para eclipsar a Romanones, y tampoco estaba ya dispuesto a someterse a García Prieto. Además, poco antes de que este último conformara su Gobierno de concentración, Alba había abogado por un gabinete que agrupara a las izquierdas liberal, republicana y socialista, y que incluso diera cabida a los regionalistas, solución radicalmente distinta a la adoptada. Así pues, a principios de 1918 proclamó su independencia respecto a los otros jefes liberales y fundó un nuevo partido: la Izquierda Liberal Monárquica. Constituían su núcleo programático los proyectos de reforma económica de 1916, una defensa cerrada del Parlamento y la apertura hacia la izquierda republicana y socialista, como punto de partida para regenerar el liberalismo monárquico.
Jefe ya de su propio grupo, Alba regresaría al Gobierno en marzo 1918, tras la caída del primer gabinete de concentración y un mes después de que éste celebrara unas elecciones de las que salió una Cámara muy fragmentada. Como ante una situación tan compleja ningún partido quiso constituir Gobierno, el Rey convocó a los jefes de las principales fuerzas políticas y les conminó para que ellos mismos ocuparan las carteras de un gabinete de coalición bajo la jefatura de Antonio Maura, que por su naturaleza excepcional fue pronto conocido como Gobierno nacional: Dato fue a parar a la cartera de Estado; Romanones, a la de Gracia y Justicia; García Prieto, a la de Gobernación; Cambó, a la de Fomento y Santiago Alba, a la de Instrucción Pública. Junto a ellos, el conservador González Besada accedió al Ministerio de Hacienda y el 31 de agosto se les unió el regionalista Juan Ventosa, en el nuevo Ministerio de Abastecimientos. Durante su gestión en Instrucción Pública, Alba fundó el Instituto- Escuela, que trasladó los principios de la Institución Libre de Enseñanza a la educación secundaria, e impulsó la autonomía universitaria. Además, elaboró un programa educativo que promovía la construcción de escuelas y la subida del sueldo de los maestros, y que en sus líneas generales sería adoptado años después por la Segunda República.
De nuevo chocaron Alba y Cambó en el Gobierno nacional. Si Alba había elaborado un ambicioso programa educativo, Cambó, desde el Ministerio de Fomento, diseñó un importante programa de obras públicas financiadas con deuda, y defendió la nacionalización de los ferrocarriles. Los dos antagonistas de 1916 coincidían en su disgusto ante la maniobra de Alfonso XIII, que les forzaba a estar en el Gobierno contra sus deseos: aspiraban a dirigir una derecha y una izquierda renovadas, y ejercer de conmilitones con los representantes de la “vieja política”, como Romanones o Eduardo Dato, les sabía a poco.
De ahí que trataran de coordinar sus actos en el Gobierno.
Pero la voluntad de acuerdo fue sometida a reiteradas crisis de desconfianza y al final no fueron capaces de unir sus fuerzas. La crisis llegó cuando Cambó propuso en el Consejo de Ministros la transferencia a la Mancomunidad Catalana de las competencias estatales sobre obras públicas, incluidas como un mero apartado más en los proyectos sobre infraestructuras que proponía desde su ministerio. Alba no aceptó que algo tan delicado se colara de rondón en un proyecto económico, arremetió contra Cambó y dio por roto el pacto: cuestionó la nacionalización de los ferrocarriles, por su alto coste y por el beneficio que reportaba a las empresas, y advirtió que no consentiría con su voto que se otorgase la delegación de obras públicas a la Mancomunidad como parte incidental de un proyecto económico. Cambó amenazó con abandonar el ministerio si la cesión de competencias no se realizaba, pero al final permaneció en el Gobierno. Fue Alba quien dimitió el 2 de octubre, cuando el Consejo de Ministros rehusó por mayoría subir el sueldo a los maestros. El Gobierno nacional sólo sobrevivió un mes a su partida: cayó a principios de noviembre. Tras la crisis del Gobierno nacional de 1918 se sucedieron varios breves gabinetes liberales.
Santiago Alba fue ministro de Hacienda en uno de ellos —de nuevo con Chapaprieta como subsecretario—, a finales de 1918, a las órdenes de García Prieto. Condicionó su participación a que el programa gubernamental incluyera el impuesto sobre el aumento de valor de la propiedad inmueble que había propugnado en 1916. Pero apenas transcurrido un mes de vida el Gobierno sucumbió en una crisis parlamentaria.
Ya no volvería a ser ministro hasta diciembre de 1922, cuando Manuel García Prieto llegó de nuevo al Gobierno ahora al frente de una gran coalición integrada por todas las familias del viejo Partido Liberal, a la que se sumaron, gracias a las gestiones de Alba, los republicanos reformistas de Melquíades Álvarez. Alba fue a parar al Ministerio de Estado, entre cuyas competencias figuraban buena parte de las responsabilidades españolas en Marruecos. Durante su gestión, Santiago Alba chocó con varios sectores del Ejército.
Los militares africanistas rechazaron su política en Marruecos. Alba apostaba por el ejercicio de un verdadero protectorado mediante un aumento del gasto civil y el establecimiento de pactos con los indígenas que acabaran con el eterno recurso a la respuesta bélica.
Con este fin logró que el Gobierno nombrara por vez primera a un civil —el albista Luis Silvela— como alto comisario en Marruecos. También irritó a los africanistas cuando, con la mediación del millonario republicano Horacio Echevarrieta, negoció con Abd-el-Krim el pago de un rescate por los centenares de prisioneros que aún custodiaban los rebeldes rifeños tras el desastre de Annual. La transacción indignó a muchos militares que buscaban la redención de la derrota en la liberación de los presos por las armas.
Alba, además, rechazó todo avance militar en Marruecos y, sobre todo, se opuso al plan alentado por numerosos jefes y oficiales para desembarcar en Alhucemas.
El veto de Alba a una acción militar dividió al Gobierno y provocó la dimisión del ministro de la Guerra, Niceto Alcalá-Zamora. No obstante, ante las reiteradas presiones, al fin del verano Alba aceptó un informe del Estado Mayor Central que aconsejaba un avance por tierra. Pero a estas alturas su relación con el Ejército estaba muy deteriorada y un último incidente acabo de enturbiarla. En el verano de 1923 un cabo se amotinó en Málaga contra el embarque de tropas a Marruecos. Condenado a muerte por consejo de guerra, el Gobierno le indultó, y numerosos militares —de África y de la Península— vieron en ello un premio a la indisciplina. Cuando Miguel Primo de Rivera —capitán general de Cataluña— criticó con dureza al Gobierno, Santiago Alba pidió su destitución.
Pero el Rey se opuso y Primo siguió en Barcelona.
Desde allí organizó el general el golpe de Estado que derribó al último Gobierno constitucional de la Restauración, el 13 de septiembre de 1923. El manifiesto que leyó el dictador en Barcelona, tras un repudio generalizado a la clase política, arremetía expresamente contra Santiago Alba a quien tildaba de “depravado y cínico ministro” y cuyo procesamiento anunció a requerimiento de “la unánime voz del país”. Temiendo por su seguridad, Alba partió hacia el exilio al día siguiente de conocer el manifiesto. Tras una escala en Biarritz y una larga estancia en Bruselas, se instaló en París. Y ya fuera de España comenzó a rebatir las acusaciones lanzadas contra él por la dictadura: apropiación indebida de fondos del protectorado civil de Marruecos, adjudicación arbitraria de almadrabas, tratados comerciales secretos que concedían beneficios a determinados países, tratos de favor en las exportaciones [...]. El 18 de septiembre negó los cargos en una carta dirigida a L’Echo de Paris. Pero la censura prohibió que se difundiera en España. De ahí que el 1 de octubre, desde Bruselas, escribiera directamente a Alfonso XIII exigiendo justicia. El silencio del Rey hizo que Alba fuera incubando, primero, un cierto desapego frente al Monarca, que se fue transformando en claro desprecio a medida que arreciaba la persecución en España. Primo de Rivera nombró un juez especial encargado de investigar su actividad pública y privada, mientras arremetía contra sus amigos políticos, varios de los cuales fueron desterrados o encarcelados. Asimismo, el Gobierno instó a La Papelera Española para que negara nuevos créditos a La Libertad, el periódico de Izquierda Liberal, que hubo de ser vendido. Dada la desbandada de muchos afiliados ante la persecución, Alba disolvió el partido.
Primo ni siquiera permitió que la prensa anunciara que el 2 de julio de 1924 el Tribunal Supremo había dejado sin efecto los procesamientos, o que el 19 de noviembre de 1926 el mismo tribunal ordenó el sobreseimiento de todas las actuaciones contra Alba.
Mientras, Alba había abierto bufete en París, asociado al abogado y ex ministro Jean Louis Malvy: en breve consiguió una buena clientela gracias a la cual vivió con cierta holgura.
Cuando Primo de Rivera dimitió a finales de enero de 1930, Alfonso XIII llamó a otro militar, el general Dámaso Berenguer, un soldado liberal que había conspirado contra Primo y que formó su Gobierno con conservadores y algunos independientes leales a Palacio. Berenguer pretendía tornar al estado de cosas previo al golpe de Estado: convocar al Parlamento para volver a la normalidad constitucional, reconstruir los grupos políticos monárquicos y devolver a la Corona su autoridad moral. Santiago Alba, como otros monárquicos constitucionales que se habían sentido traicionados por el Rey, no aceptó el programa.
Y, sin embargo, pese a su desconfianza hacia el Rey, Alba apostaba aún por la Monarquía. Recelaba de quienes atacaban en público la institución y desconfiaba de los viejos monárquicos reciclados en nuevos republicanos. De ahí que, aunque se resistía a volver a España, aceptara mantener un encuentro con Alfonso XIII en París. La reunión se celebró en junio de 1930, en el Hotel Meurice y no en la Embajada: Alba pensaba que una cita en la sede diplomática equivaldría a una visita en Palacio, y ansiaba mostrar ante la opinión pública que el Rey acudía a él, y no él al Rey, hecho que en sí mismo llevaba implícito un desagravio hacia su persona. Durante la entrevista exigió al monarca elecciones “absolutamente sinceras”, una reforma de la Constitución de 1876 que democratizara la Monarquía, el examen severo de las responsabilidades contraídas por la dictadura y “garantías públicas” de que el Rey sólo actuaría como “un presidente de la república vitalicio”. Alfonso XIII lo aceptó todo, pero Alba no se comprometió a nada. Es más: insistió en que no aspiraba a gobernar mientras perdurasen “la confusión y la incoherencia”. No obstante, poco después, con el fin de formar un posible Gobierno abierto a las izquierdas, tanteó a varios intelectuales republicanos como Altamira, Sánchez Román y Marañón, e incluso a socialistas como Manuel Llaneza. Todos rechazaron gobernar bajo la Monarquía. Alba, al no lograr el respaldo de las izquierdas, renunció a formar Gobierno y continuó en París.
Mientras tanto, se dejaba querer. En octubre los jefes liberales, Romanones y García Prieto, cruzaron la frontera para visitarle en Hendaya, y le propusieron la jefatura liberal. Él no dijo que no, aunque tampoco hizo nada por ejercerla. A lo largo del otoño, también le requirieron los “constitucionalistas”, el grupo de viejos monárquicos constitucionales que había conspirado contra la dictadura y ahora exigía que una Asamblea Constituyente decidiera el futuro del país, entre los que figuraba su antiguo lugarteniente Joaquín Chapaprieta, junto con Melquíades Álvarez y otros. En febrero de 1931, fueron Cambó y Alfonso XIII quienes acudieron en su busca. Berenguer debía convocar elecciones generales, pero republicanos, socialistas y constitucionalistas, escamados porque el Gobierno pretendía resucitar el encasillado, anunciaron su abstención. Cambó pensaba que sólo un Gobierno abierto a la izquierda podría evitar la consiguiente deslegitimación del régimen.
De ahí que tentara de nuevo a Santiago Alba, al que visitó en París el 1 de febrero. El Gobierno Berenguer, aseguró, había perdido la legitimidad para convocar elecciones. Cambó no estaba capacitado para derribarle porque, convaleciente aún de la operación de un cáncer de garganta, no podía gobernar. Pero Alba sí se hallaba en situación de forzar la crisis, con la condición inexcusable, eso sí, de remplazar a Berenguer.
Pidió Alba unos días para reflexionar y el 6 de febrero llamó a Cambó: le constaba —dijo al catalán, quien así lo anotó— que “muchos republicanos y muchos socialistas” anhelaban una “fórmula para abandonar sus actividades revolucionarias”, y esa fórmula podía ser un Gobierno liberal abierto a la izquierda.
Así pues, el 8 de febrero, Santiago Alba se unió a quienes pedían Cortes Constituyentes y anunció que no concurriría a las elecciones. El día 13 Romanones y García Prieto, en decisión pactada con Cambó, remataron al Gobierno Berenguer anunciando que sólo acudirían a las futuras Cortes para exigir su inmediata disolución y la convocatoria de Cortes Constituyentes. Completamente solo, Berenguer dimitió. Informado por Cambó de la buena disposición de Alba, Alfonso XIII le telefoneó a la Embajada española en París, a las 12 de la mañana del 15 de febrero, y le encargó que formara Gobierno.
Pero en contra de lo esperado, Alba declinó la oferta: de nuevo republicanos y socialistas rehusaron su invitación, y sin el apoyo de la izquierda, Alba no dio el paso adelante, sugirió que gobernaran los “constitucionalistas [...]” y siguió en París.
Desde allí vivió las elecciones de abril de 1931 y la victoria republicana en las grandes ciudades.
En un manifiesto publicado el día 13 reconoció lo inevitable: “Pues que España así lo quiere, vaya a la República [...]. Quienes no hemos propugnado la República, que alborea [...] tenemos ya una sola cosa que hacer: retirarnos con dignidad.” Pero no se retiró.
Próximo a los sesenta años, se presentó a las elecciones de junio de 1931 como independiente agrario por Zamora, y salió elegido diputado. Desde el primer momento intervino activamente en la Cámara: interpeló a Indalecio Prieto, ministro de Hacienda, sobre política económica; participó en los debates constitucionales; opinó sobre la reforma agraria [...]. Mediada la legislatura se incorporó al Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux, quien intentaba atraer hacia sus filas a los monárquicos liberales con el fin de acrecentar su partido y consolidar la República ampliando su base. En la segunda legislatura republicana, Lerroux le promovió a la presidencia de las Cortes. Así, Alba, que en la primavera de 1931 parecía un político acabado, cuatro años después ocupaba la segunda magistratura republicana. Y en el otoño de 1935, cuando el escándalo del straperlo hundió la carrera política de Lerroux, era el candidato a sucederle en la dirección del partido y en la presidencia del Gobierno.
Gobernaban los radicales a la cabeza de una coalición integrada por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles, la Lliga Regionalista, el Partido Agrario, los seguidores de Melquíades Álvarez y de Alcalá-Zamora y varios republicanos independientes, entre los que figuraba Joaquín Chapaprieta, titular de Hacienda.
Cuando cayó el último gabinete Lerroux, el 20 de septiembre de 1935, Alcalá-Zamora, presidente de la República, encargó la formación de un nuevo gabinete a Santiago Alba, quien se empleó a fondo en la formación de Gobierno. Acudió a unos y a otros, negoció con Lerroux, con Gil Robles, con Melquíades Álvarez, con Cambó y con los jefes de las pequeñas minorías coaligadas. Pretendía dirigir un gabinete de concentración republicana que emulara al viejo Gobierno nacional de Maura, integrado por los líderes de los partidos de la derecha y abierto, incluso, a los socialistas moderados. Pero los jefes de filas no aceptaron someterse a sus órdenes: Lerroux, porque aún confiaba en recuperar el liderazgo radical y no quería depender de un directo competidor; Gil Robles, porque buscaba debilitar a los radicales y no quería que Alba cobrara suficiente fuerza como para remplazar a Lerroux; el resto, por no ser menos que los dos anteriores. Por otra parte, Alba tampoco tenía el respaldo cerrado de su partido, pues muchos radicales seguían viendo en él a un viejo monárquico advenedizo.
Además, como explicó más tarde Chapaprieta, la coalición conservadora rehusó “ampliar la mayoría parlamentaria hacia la izquierda”. Al fin, Alba renunció.
Más suerte tuvo Chapaprieta, un independiente solitario que al carecer de grupo en la Cámara no representaba un peligro real para Lerroux ni para Gil Robles, y que el 25 de septiembre de 1935 tramó un gabinete con políticos de segunda fila. Cuando los escándalos del straperlo y Tayá estallaron en toda su magnitud, en octubre de 1935, los radicales pidieron a Alba que dirigiera la comisión encargada de depurar la corrupción en el partido. Tocado Lerroux, todo indicaba que el viejo liberal sería su heredero.
Pero si algo heredó fue un barco a la deriva y al borde del naufragio. Los escándalos, la caída de Lerroux y el cuestionado liderazgo de Alba, junto con la creciente polarización de la vida política pasaron su factura.
Muchos radicales abandonaron la política, otros se fueron a la CEDA, los menos buscaron cobijo en partidos republicanos situados a la izquierda. Alba dirigió la campaña electoral radical en las elecciones de febrero de 1936, mas sólo pudo conseguir cinco escaños para su partido, entre los cuales figuró el suyo.
Santiago Alba salió de España al día siguiente del asesinato de José Calvo Sotelo, el 14 de julio de 1936.
Desde Francia colaboró con los rebeldes franquistas: la presión de sus viejos aliados radicales, con Edouard Herriot a la cabeza, fue decisiva para que el Gobierno del Frente Popular secundara el pacto de no-intervención; gracias a los radicales Alba consiguió que el Gobierno republicano no recuperara los depósitos de oro del Banco de España asentados en Mont de Marsan.
Pero tras la guerra no quiso volver a España: se había exiliado durante la primera dictadura militar y no tenía ningún interés en regresar bajo la segunda. Ocupada Francia por los nazis, se instaló en Lisboa, donde frecuentó a viejos amigos como Lerroux y a los exiliados monárquicos contrarios a la dictadura. Retornó a Francia tras la liberación y alternó sus días entre Biarritz y París. Enfermo de Parkinson, Alba quiso regresar a España.
Murió en San Sebastián el 7 de abril de 1949.
Obras de ~: El problema arancelario cubano y la producción castellana, Valladolid, Imprenta Castellana, 1897; “Prólogo”, en E. Demolins, ¿En qué consiste la superioridad de los anglosajones?, Madrid, Victoriano Suárez, 1899; “Durante la Regencia. Movimientos organizados de opinión”, en Nuestro Tiempo, 17 (mayo 1902), págs. 33-59; Un programa económico y financiero, Madrid, M. Minuesa, 1916; Problemas de España, Madrid, Hesperia, 1916; “Discurso de presentación del Plan económico y financiero en el Congreso de los Diputados”, en El Financiero, 6 de octubre de 1916, págs. 663-678; La Izquierda Liberal. Campañas políticas de D. Santiago Alba, Valladolid, Imprenta Castellana, 1919; Para la historia de España, colección de artículos publicados en mayo de 1930 por el diario El Sol, Madrid, 1930; El pensamiento político de Santiago Alba, pról. de F. Nitti, Valladolid, Imprenta Castellana, 1930.
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Miguel Martorell Linares
