García Prieto, Manuel. Marqués de Alhucemas (I). Astorga (León), 5.XI.1859 – San Sebastián (Guipúzcoa), 14.IX.1938. Abogado y político.
Hijo de Manuel Vicente García Cerecedo, nacido en Peranzanes (León) en 1818, y de Ramona Prieto Crespo, natural y vecina de Astorga, donde se casaron y donde nació en 1859 Manuel García Prieto.
Manuel Vicente García era de modesto origen; salió de su pueblo para cursar estudios, y, obteniendo muy joven su licenciatura en Derecho, se trasladó, ya en 1840, a Astorga para ejercer la abogacía en dicha ciudad, y en donde, más tarde fue elegido juez de paz y juez municipal. Posteriormente, en las elecciones de 1854, Manuel Vicente fue elegido diputado a Cortes por el Partido Progresista en el distrito de Astorga, trasladándose toda la familia a Madrid. Manuel Vicente fue también diputado en las Constituyentes de 1869-1870 y se incorporó más tarde a la carrera judicial, llegando a magistrado del Tribunal Supremo.
Debido a este traslado familiar, Manuel García Prieto se educó ya en la capital, cursando su bachillerato en el instituto nacional de San Isidro en los años 1869-1875 y licenciándose luego en Derecho por la Universidad Central y colegiándose para el ejercicio profesional de la abogacía en 1881. Ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar por oposición y con dispensa de edad, en 1884, y solicitó pronto, en 1885, la excedencia y en 1896 el retiro en dicho cuerpo para dedicarse al ejercicio de su profesión de abogado, al principio en el bufete de Eugenio Montero Ríos —con cuya hija, Victoria Montero Ríos y Villegas, contrajo matrimonio en 1890— y luego independizándose creó su propio despacho que llegó a ser uno de los más acreditados de Madrid, actividad —que sintió siempre como su verdadera vocación— que ejerció en todo momento en que no ocupaba puestos de Gobierno, ya que entonces cerraba su bufete, en aras de la incompatibilidad ética. En esta faceta jurídica de su vida, llegó a ser por dos veces en 1916-1922, decano del Colegio de Abogados de Madrid, y otras dos, en 1910 y 1911, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
La vida política de Manuel García Prieto comenzó en 1888, y en ella cabe distinguir tres etapas muy diferenciadas: primera, 1888-1905, como de iniciación a la vida política, diputado a Cortes. Segunda, 1905-1906 hasta 1909, ministro de los Gobiernos de Montero Ríos, Moret y López Domínguez. Tercera, ministro de Estado en el Gobierno Canalejas 1910- 1912, y luego, presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones 1917-1918 y 1922 hasta septiembre de 1923, en que presidía el Gobierno, cuando se produjo el golpe de Estado de Primo de Rivera. Y por último, caída de la Monarquía y últimos años de su vida, 1930-1938.
Como queda dicho, en 1888, fue elegido diputado a Cortes, por el distrito de Astorga, como años antes lo había sido su padre. La defensa personal que de la legitimidad de su elección hizo en la discusión parlamentaria del acta significó la primera intervención oratoria de su vida política.
Representó también a Astorga en la legislatura siguiente 1888-1889 y desde 1893 hasta 1911, en que fue nombrado senador vitalicio por Santiago de Compostela.
En esta época, su actuación se desarrolló, en muy numerosas y varias comisiones, familiarizándose así con temas muy diversos, y con el funcionamiento de la Cámara, de la que fue elegido por dos veces secretario.
En este período fue nombrado para sus primeros cargos ministeriales: director general de lo Contencioso en 1897 y más tarde, subsecretario de Ultramar, con Moret como ministro del ramo en el gobierno Sagasta, de ese mismo año.
En junio de 1905, con la dimisión del Gobierno presidido por Raimundo Fernández Villaverde, terminó una serie de gobiernos del Partido Conservador, y Su Majestad el Rey, tras escuchar las opiniones de las diversas personalidades políticas, encargó a Eugenio Montero Ríos la formación del nuevo gobierno, haciéndose éste en nombre del Partido Liberal y no de una fracción del mismo porque “así se lo habían indicado a S. M. las Altas personalidades del partido” y como consecuencia de lo pactado en la Asamblea de Parlamentarios liberales, celebrada en 1903, para redactar un programa de gobierno y acordar la jefatura del Partido, en sucesión al fallecimiento de su anterior jefe, Práxedes Mateo Sagasta.
En este gobierno Montero Ríos, Manuel García Prieto figuró como ministro de la Gobernación, nombrado a solicitud del Partido como persona con garantía de imparcialidad para las próximas elecciones, lo que fue así reconocido tras su celebración.
Asimismo, en ese gobierno, ante los graves sucesos de noviembre y diciembre de ese 1905, en Barcelona, planteó y propuso a las Cortes, la suspensión parcial de garantías constitucionales como medio legal de actuación, sin tener que declarar el estado de guerra, que hubiera hecho pasar a la jurisdicción militar, el mantenimiento del orden público.
Sin embargo, tras un Consejo de Ministros en el que se manifestaron diferencias de criterio en cuanto a la aplicación, Eugenio Montero Ríos presentó al Rey la dimisión total del gobierno el 1 de diciembre de 1905. Luego, como continuación de ese problema planteado, en el siguiente gobierno de Segismundo Moret, enero de 1906, como ministro de Gracia y Justicia, redactó el Proyecto de Ley para represión de los delitos contra la Patria y el Ejército, proyecto en que agilizando y reforzando la actuación de los tribunales de la jurisdicción ordinaria, trataba de corregir los huecos y deficiencias observadas y evitar así, las críticas y reacciones extralegales producidas.
Este proyecto de ley, presentado por el Gobierno a las Cámaras, fue totalmente desvirtuado en las discusiones parlamentarias, manifestando, sin embargo, en las pocas, por consenso interior del Gobierno, y breves intervenciones de García Prieto, casi limitadas a aclaraciones y reajustes de carácter técnico-jurídico, su firme criterio sobre el mantenimiento de la jurisdicción civil, así expuesta en ese proyecto original.
Aprobado en las Cámaras ese nuevo texto de la ley, el presidente del Gobierno, Moret, en sesión del Senado, consideró terminado el compromiso de los ministros, a los que agradeció “su abnegación y sacrificio” de permanecer en él; Manuel García Prieto se adelantó unos días a la dimisión total del gobierno para reafirmar así su firme criterio anterior sobre ella.
Terminó así esa situación dura y desagradable en el Gobierno Moret, en el que, como queda dicho, esta discusión sobre la Ley de Represión de delito contra la Patria y el Ejército fue tema principal.
A pesar de ello, Manuel García Prieto realizó en su Ministerio de Gracia y Justicia una importante labor legislativa y, como final, le correspondió, como notario mayor del reino, en 30 y 31 de mayo de 1906, formalizar las capitulaciones y certificar el acta de matrimonio, de Sus Majestades los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
Dimitido así el gobierno Moret, el 6 de julio de 1906 fue designado como presidente del Consejo de Ministros José López Domínguez, que formó gobierno, como los anteriores presidentes, con personalidades de los distintos grupos del Partido Liberal y, entre ellas, Manuel García Prieto como ministro de Fomento.
Debe destacarse que en esta etapa ministerial, García Prieto redactó un importante informe-proyecto de actuación civil en Marruecos, que, en su día, después de los tratados de 1910-1912, sirvió de base para la deseada presencia pacífica en la zona norte de ese territorio.
Tras la dimisión del gobierno López Domínguez el 6 de diciembre de 1906, Segismundo Moret no contó con Manuel García Prieto, que volvería a un ministerio, el de Estado, con Canalejas en 1910. En él, además de otros asuntos de su departamento, dedicó atención preferente a la cuestión de Marruecos.
El primer tema a resolver fue el de dar base legal a las actuaciones que reforzaran la seguridad en las vecindades de las plazas de soberanía española, Ceuta, Melilla y las islas, lo que se consiguió, tras ardua negociación, con el tratado firmado en noviembre de 1910, con el representante del sultán xerifiano de Marruecos, Mohamend el Mokri. Como consecuencia de una serie de incidentes internacionales a lo largo de 1911, se consideró urgente iniciar conversaciones con Francia para formalizar un convenio que fuera base y diera estabilidad al tema de Marruecos. Tras largas y duras negociaciones, se llegó al acuerdo final en los últimos días de octubre de ese año y, aunque se firmase el 27 de noviembre de 1912, y fuese presentado a las Cortes y solicitada su ratificación por el conde de Romanones, es haber del Gobierno de Canalejas, asesinado unos días antes (12 de noviembre).
La actuación de Manuel García Prieto fue laboriosísima y brillante, así reconocida por todos. Su gestión estableció el protectorado y permitió, con ese acuerdo, la presencia española en la zona norte de Marruecos durante más de cuarenta años, hasta la retirada forzada, tras la Segunda Guerra Mundial, en 1956. Como colofón de estas actuaciones sobre Marruecos, debe dejarse constancia en lugar destacado el conocimiento, interés y seguimiento, de Alfonso XIII, y el aliento y apoyo que tuvo del Rey Manuel García Prieto en esas actuaciones como ministro de Estado de José Canalejas.
El reconocimiento explícito de la labor realizada se expresó con las concesiones del título de marqués de Alhucemas en enero de 1911 y de la Grandeza de España en diciembre de 1913, “en atención a los relevantes y extraordinarios servicios prestados a la nación, en las negociaciones con las representaciones de los gobiernos Xerifiano y de la República Francesa sobre Marruecos”, como figura en las respectivas cartas de concesión de las mercedes citadas.
Tras el asesinato de Canalejas el 12 de noviembre de 1912, por un Real Decreto de ese mismo día, fue encargado interinamente de la presidencia del Consejo de Ministros el ministro de Estado Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. Inmediatamente, tuvo lugar una reunión del Consejo de Ministros, presidido por Su Majestad el Rey, y consultas regias para estudiar la situación planteada y la solución política, resolviéndose por Alfonso XIII con el encargo de la presidencia del Consejo de Ministros, al que lo era del Congreso de los Diputados, conde de Romanones, pero con las condiciones de mantener íntegro el mismo equipo de gobierno anterior, hasta la aprobación por las Cámaras de los presupuestos y de la ratificación del convenio entre España y Francia sobre Marruecos.
El convenio franco-español fue ratificado el 17 de diciembre de ese año 1912, por gran mayoría (mayoría liberal y minoría conservadora) de doscientos dieciséis votos a favor y veintidós en contra (casi todos de republicanos y socialistas), tras un muy serio e interesante debate, en el que no intervino, como lo señala en sus notas, el presidente del Consejo de Ministros.
Aprobadas estas leyes, el conde de Romanones, contando ya con la renovación de la confianza regia, presentó en los primeros días de enero de 1913 la dimisión completa de ese gobierno, para remodelarlo a su entender, sin el compromiso anterior de permanencia, y no formando parte del nuevo, como era lógico, dadas las circunstancias de la tensión entre ellos, el marqués de Alhucemas.
Al cabo de unos meses, en junio de 1913, al reanudarse las sesiones parlamentarias, suspendidas desde primeros de año, la tensa situación entre los grupos liberales se acentuó. Romanones puso en marcha la discusión del proyecto de mancomunidades, que quedó pendiente en el gobierno Canalejas, pues tramitado en el Congreso no lo fue en el Senado, donde el grupo de senadores liberales monteristas, encabezados por el presidente de la Alta Cámara, Eugenio Montero Ríos (quien ya había sufrido en su gobierno de 1905, las consecuencias de los excesos catalanistas), era opuesto al proyecto, al considerarlo antecedente peligroso para la unidad española. Romanones insistió en su propósito y Montero Ríos consideró incompatible su continuidad en la presidencia del Senado, por su oposición ideológica, y presentó la dimisión de su alto cargo, dimisión que le fue aceptada. El grupo de parlamentarios —senadores y diputados— seguidores de Eugenio Montero Ríos se separaron de la jefatura de Romanones en el Partido Liberal y se reunieron en un nuevo Partido Demócrata, eligiendo presidente del mismo al marqués de Alhucemas, y quedando así escindido el Partido Liberal.
Ante esta situación, el marqués de Alhucemas convocó una reunión en el Senado de los parlamentarios, diputados y senadores de su grupo, ante los que expresó esa situación y sus razones en memorable discurso que recogió el diario ABC de 22 de octubre de 1913. Planteada en el Senado una proposición de confianza a Romanones, fue derrotada (con votos en contra de demócratas), por lo que presentó la dimisión del gobierno el 25 de octubre de 1913, siendo sustituido, y dando con ello fin a los gobiernos del Partido Liberal, en el poder desde febrero de 1910, por Eduardo Dato, del Partido Conservador, lo que provocó, a su vez, la ruptura de este partido, por la no participación de los seguidores de Antonio Maura.
Después de casi dos años del gobierno conservador, presidido por Eduardo Dato, en los que son de destacar como acontecimientos más importantes la aprobación por decreto del antiguo proyecto de mancomunidades que autorizaba a las diputaciones provinciales a constituirlas, pero limitadas a “fines exclusivamente administrativos”, se produjo la dimisión a fines de noviembre de 1915, ante la dura intervención del conde de Romanones contra el proyecto de reformas militares que Dato consideraba importante. El 9 de diciembre, el conde de Romanones formó el nuevo gobierno con participación de todos los grupos liberales. Disueltas las Cortes, se celebraron nuevas elecciones, con resultado de amplia mayoría para el Partido Liberal, unido en el gobierno.
El marqués de Alhucemas fue nombrado presidente del Senado, cargo que ocupó hasta abril de 1917, en que fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, ya que el conde de Romanones, objeto de una muy extendida campaña de oposición, por la interpretación, quizá exagerada, de su orientación pro-aliada en la Guerra Europea, explicada por su famoso artículo “Neutralidades que matan”, y desmoralizado por ella, presentó la dimisión irrevocable de su Gobierno, a principios de abril de 1917. El Rey, para continuar la línea liberal, encargó, el 19 de abril de 1917, la Presidencia del Consejo de Ministros a Manuel García Prieto, de imagen más “neutralista”.
Fue muy breve la duración de ese Gobierno, ya que las Juntas Militares de Defensa, al resistirse a cumplimentar la orden de disolución dictada por el anterior gobierno, provocaron un gran conflicto de disciplina que conllevó a la dimisión del ministro de Guerra (general Aguilera) y luego de todo el gobierno el 11 de junio de 1917, siendo sustituido por el gobierno de Eduardo Dato.
Dimitido Dato el 1 de noviembre de 1917, por las actuaciones, de nuevo, de las Juntas Militares de Defensa, el Rey consideró la necesidad de que un Gobierno de concentración podría abordar los graves problemas planteados en esas últimas etapas: juntas militares, catalanismo y orden social. En este sentido, encargó la misión a varias personalidades que renunciaron a ello, y, por último, Alhucemas, ante la grave situación planteada y la no resolución de la crisis y a petición de la Corona, haciendo gran sacrificio por la dificultad de los momentos, se prestó a ello, y pudo formar un gobierno, incluyendo a mauristas, liberales y catalanistas, con el propósito de disolver las Cortes y proceder a unas elecciones limpias e imparciales. El 12 de enero de 1918 se disolvieron las Cortes, hubo convocatoria de nuevas elecciones y la reunión de las nuevamente elegidas tuvo lugar el 18 de marzo de 1918. Celebradas las elecciones y tras cambios de algunos ministros, entre ellos los catalanistas, por discrepancias en el Gobierno, el día de la reunión de las Cortes se produjo la dimisión total provocada por la huelga de funcionarios, especialmente de Correos y Telégrafos, y de la consiguiente orden de disolución de los dos cuerpos, que no se pudo llevar a efecto.
Tras la dimisión de García Prieto como presidente del Consejo de Ministros y de todo el Gobierno (llamado Gobierno de Concentración) y ante la grave situación planteada, el Rey consideró —insistiendo en su anterior idea de la conveniencia de un Gobierno de Concentración— que debía formarse en ese sentido, pero dotado de la máxima autoridad y fuerza al estar formado por las personalidades de los distintos partidos y grupos políticos. Llamó así a palacio e individualmente a esas personas, formándose allí mismo mediante la distribución de carteras, el conocido como Gobierno Nacional, que fue recibido tanto en los medios políticos como en la opinión pública con gran aceptación y esperanza, a cuyo frente figuraba Antonio Maura, como presidente del Consejo de Ministros y del nuevo Gobierno (Gobierno Nacional) el 22 de marzo de 1918, en el que figura como ministro de la Gobernación el marqués de Alhucemas.
Tras la dimisión del Gobierno Nacional de Antonio Maura, el 9 de noviembre de 1918, originada por disensiones internas, producida en el Congreso con motivo de la discusión de los presupuestos, fue encargado del nuevo gobierno el marqués de Alhucemas que, al presentarse a las Cortes, el 12 de noviembre de 1918, expuso en el Senado y en el Congreso su programa de actuación: dada la proximidad de fecha, 1 de enero, que imposibilitaba la aprobación de un nuevo presupuesto, basado en las necesidades y programa de gobierno, expuso el propósito de confeccionarlo con entrada en vigor a partir de 1 de abril y para ello planteó la prórroga para el primer trimestre del vigente y el aplazamiento de la disolución de Cortes.
El 5 de diciembre de 1918 se produjo la dimisión del marqués de Alhucemas, por no lograr, como consideraba necesario, una unanimidad de criterio del Gobierno para contestar en una interpelación sobre reivindicaciones autonomistas de Cataluña. Se formó este nuevo gobierno, presidido por Romanones, formado por personas de una sola de las ramas —la suya— del Partido Liberal. Este gobierno dimitió en abril de 1919 como consecuencia de graves y sucesivas incidencias en Cataluña.
Se sucedieron una serie de gobiernos de carácter conservador: Antonio Maura, Joaquín Sánchez Toca, Manuel Allendesalazar, Eduardo Dato (asesinado siendo presidente, en marzo de 1921) y otra vez Allendesalazar, que dimitió por los gravísimos desastres militares en Marruecos.
Ante la situación planteada por los desastres de Marruecos, se trató, inmediatamente, de formar un gobierno de salvación, en el que todos los partidos dinásticos ofrecieron su colaboración, incluso, como se dijo en los distintos ambientes políticos, dejando de lado las diferencias ideológicas y proponiendo que ejerciera la jefatura el que todos consideraban más cualificado: Antonio Maura, como ocurrió en el Gobierno Nacional de 1918. El Gobierno dedicó especial atención a la contención de las fuerzas enemigas primero, y luego, a la reconquista de los territorios perdidos en Marruecos, lo que se realizó con gran éxito y eficacia hasta el mes de octubre. Una situación de divergencias en varios proyectos de carácter económico provocó la retirada de algunos ministros; y con ello se planteó la dimisión total del gobierno en marzo de 1922. Le sustituyó un gobierno Sánchez- Guerra, que también cayó tras el enfrentamiento parlamentario del expediente Picasso (proceso de responsabilidades por la cuestión de Marruecos).
El Rey, dando por extinguida la serie de gobiernos conservadores, tras aquellos citados sucesos encargó el gobierno al marqués de Alhucemas, que lo formó en 8 de diciembre de 1922 con personas del bloque liberal, que se había constituido tras las conversaciones entre los “prohombres” de esa ideología incluso con participación de los reformistas —no claramente monárquicos— de Melquíades Álvarez. Este pacto, que designaba como jefe del mismo al marqués de Alhucemas se ultimó tras muy laboriosas gestiones a lo largo de los meses anteriores, y se hizo público como alternativa de gobierno en una asamblea de parlamentarios liberales celebrada en el Senado en abril de 1922, donde García Prieto expuso el programa.
El nuevo gobierno programaba como temas primordiales de su actuación una reforma constitucional parcial referida a diversos artículos de la Constitución (art. 11, tema religioso, democratización del Senado, normas electorales, etc.); resolución pacífica del establecimiento del protectorado en Marruecos, un plan de reformas sociales y el expediente de responsabilidades.
Al no poder contar para ello, por su composición de origen conservador, con el apoyo de las Cámaras, hasta la oportuna convocatoria de nuevas elecciones, se decretó de forma inmediata, el 14 de diciembre, la suspensión de sesiones.
A principios de abril se publicó el decreto de disolución del Congreso y de la parte electiva del Senado, y se convocaron elecciones. Las Cortes deberían reunirse el 23 de mayo. Su resultado atribuyó al bloque liberal casi dos tercios de los diputados. Romanones pasó a la presidencia del nuevo Senado.
La, en principio, proyectada modificación del artículo 11 tuvo que aplazarse ante la protesta del episcopado, manifestada ya anteriormente con motivo de la promulgación de un decreto para protección y salvaguardia del patrimonio artístico. Este recorte provocó la dimisión del ministro de Hacienda, Pedregal, pero el Partido Reformista mantuvo, a pesar de ello, el apoyo al Gobierno.
En febrero se produjo el nombramiento, como alto comisario en Marruecos, de Luis Silvela, hasta entonces ministro de Marina, y primer civil que ocupaba ese cargo, de acuerdo con los propósitos, reflejados en el programa del Gobierno de Concentración Liberal, de ir al establecimiento de un protectorado de carácter predominantemente civilista, la discrepancia y falta de comunicación entre los ministros de Estado, Alba, de quien dependía el alto comisario, y Guerra, Alcalá-Zamora, provocó la dimisión de éste, el día 25 de mayo, recién constituidas las Cortes, en cuya sesión del 26 se dio cuenta de esa crisis; le sustituyó el jefe del Estado Mayor, general Aizpuru.
El 3 de julio hubo en el Congreso un amplio debate entre el marqués de Alhucemas y De la Cierva sobre el citado expediente Picasso sobre posibles responsabilidades en los sucesos de Maruecos de 1921 y se nombró una comisión parlamentaria que iniciaría su estudio y emitiría dictamen, que debía presentarse al reanudarse las sesiones del Congreso en septiembre tras las vacaciones veraniegas.
El día 5 de ese mes de julio, se produjo en el Senado un violento enfrentamiento, precedido de intercambio de correspondencia entre el general Aguilera, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (a quien en rumores se consideraba posible cabeza de un golpe militar), y los expresidentes del Gobierno, Sánchez de Toca y Sánchez-Guerra; en referencia a ese incidente, el presidente del Consejo de Ministros, marqués de Alhucemas, tuvo una brillante intervención en la sesión del Senado de 5 de julio, rechazando rotundamente las posibles amenazas de coacción, discurso acogido con una casi unánime adhesión a sus palabras. Toda esta situación e incidentes acentuaron el malestar militar, ya dolido también por su no intervención en el rescate de los prisioneros españoles, manifestándose con actos de adhesiones y protestas en centros y medios de comunicación castrense.
A lo largo de todos esos meses, se había incrementado el deterioro de la cuestión social y el orden público, especialmente en Barcelona, donde se produjeron numerosos atentados y asesinatos, lo que originó malestar creciente en el estado de opinión, manifestado con ocasión de diversos actos públicos, especialmente contrario a la autoridad central civil, y, como contrapartida, de adhesión a las autoridades militares.
Relacionado con este tema, se planteó, en el Senado, una interpelación acerca del problema nacionalista de Cataluña, contestada muy clara y rotundamente por el presidente, marqués de Alhucemas.
El 3 de septiembre, por razones especialmente de coste económico sobre la actuación en Marruecos, se planteó una crisis parcial remodelándose el Gobierno.
En esta situación, entre los días 12 y 13 de septiembre, se produjo el golpe de estado del general Primo de Rivera.
Su Majestad el Rey, que se encontraba en San Sebastián, regresó a Madrid en la mañana del 14 de septiembre siendo recibido en la estación por el presidente del Gobierno, que luego visitó a Alfonso XIII en el Palacio Real. Al salir se hizo pública la nota oficial con la dimisión de todo el gobierno.
Los detalles de este histórico suceso de tan graves consecuencias están expuestos sincera y claramente en la declaración que años más tarde y ante la Comisión del Congreso de los Diputados —ya de las Cortes Constituyentes de la República— en septiembre de 1931 hizo el marqués de Alhucemas, que es un documento de gran importancia histórica avalado por las firmas del marqués de Alhucemas y los diputados que formaban la subcomisión correspondiente.
A partir de ese momento, el marqués de Alhucemas se retiró de toda actuación política, no interviniendo en los seis años largos de la dictadura, ni en reuniones, circunloquios ni conspiraciones de carácter político, ni, naturalmente, en contacto alguno con la dictadura.
Terminó la dictadura en enero de 1930, con la dimisión de Primo de Rivera, forzada por el Rey, recogiendo así la pérdida de los apoyos que la sustentaban.
Alfonso XIII encomendó al general Dámaso Berenguer, entonces jefe de su Casa Militar, la formación de un nuevo gobierno que dedicara especial atención a preparar el paso al restablecimiento de una normalidad constitucional; lo formó con personas de probada lealtad a la Corona, con anterior experiencia política y procedentes, en su mayoría, del antiguo Partido Conservador, que, con la mejor voluntad, iniciaron esa difícil labor, de adaptación de normas, legislaciones y pasos previos a la convocatoria de elecciones.
En este período se expusieron muy diversas opiniones sobre la forma que deberían realizarse éstas.
Los jefes de los antiguos grupos liberales, aun con diferentes grados en su apoyo a la Corona, —indudable en Romanones y Alhucemas— mantuvieron varias reuniones (una de ellas en Villa Alhucemas, Hendaya, 23 de septiembre), en las que estudiaron cuáles serían los planteamientos más convenientes para conseguir la normalización constitucional; finalmente estimaron preferible que se convocaran, previamente a las generales, las correspondientes elecciones municipales y provinciales, lo que daría a aquéllas una mayor solvencia de imparcialidad.
Por su parte, los opositores al régimen prepararon su organización y propaganda en este sentido, provocando subversiones, huelgas e incluso un levantamiento militar en diciembre, que fue sofocado, deteniéndose, también, al comité político que lo dirigía.
Tras estos graves sucesos, el gobierno acordó la convocatoria de elecciones a Cortes, a la que siguieron numerosos reparos y abstenciones de elementos políticos, y el anuncio, por parte de los jefes liberales monárquicos, de su asistencia a ellas, limitada a unas modificaciones constitucionales, pero, por último, ante la falta de representatividad que pudieran suponer para las nuevas Cortes estas ausencias de oposición, hubo un nuevo anuncio de que no ejercitarían su colaboración en ellas. El gobierno Berenguer, ante ello, al considerarse desasistido, presentó su dimisión el 19 de febrero de 1931.
La gravísima situación planteada de vacío de poder y sin solución a la vista se resolvió con la disponibilidad y sacrificio de las antiguas personalidades leales supervivientes del régimen anterior al golpe de estado, que, reunidos, aceptaron formar el nuevo gobierno, verdaderamente de salvación nacional, buscando como presidente a una persona independiente, el almirante Juan Bautista Aznar. Manuel García Prieto entró en él como ministro de Gracia y Justicia.
Una vez constituido, el gobierno dedicó especial atención al planteamiento y los detalles para la urgente convocatoria de elecciones, anulando la del gobierno anterior, referente a legislativas y acordando un calendario para celebrar, sucesivamente y en este orden, las municipales, provinciales y parlamentarias, lo que, a su entender, conduciría, dadas las características de cada consulta, al resultado final del restablecimiento constitucional.
Por otra parte, cada ministro, dentro de las competencias de su ramo, revisaba las disposiciones de la etapa dictatorial, manteniendo en todo o en parte las que se consideraran estimables y acordes con la normativa constitucional, o derogando y sustituyendo las que no respondieran a ese espíritu y además otros referentes a temas de nueva atención o planteamiento.
El ministro de Gracia y Justicia publicó así disposiciones, solicitando informes a los organismos idóneos, para actualización del Código Penal, reorganizando la Dirección General de Prisiones, modificando artículos de la reglamentación del contrato de inquilinato, restableciendo el funcionamiento del juicio por jurados y derogando la Ley de Jurisdicciones, de diciembre de 1925, cuyo precedente de 1906 fue motivo de extenso debate en las Cortes, que aprobó un texto contradictorio con el propuesto de carácter civil precisamente por el entonces ministro de Gracia y Justicia, Manuel García Prieto, además de otras numerosas órdenes de carácter administrativo.
Celebradas las elecciones municipales el 12 de abril, se manifestaron, en las capitales y grandes ciudades, profundos desacuerdos con la institución, que condujo a la expatriación de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República.
La actuación del marqués de Alhucemas, en esos momentos, fue, como en toda su vida, de absoluta lealtad a la Corona; visitó varias veces al Rey en el exilio y acudió en enero de 1935 a la boda de la infanta Beatriz celebrada en Roma, y declaró en alguna ocasión que “él seguía siendo monárquico, liberal y parlamentario”.
Con estos mismos sentimientos de siempre, falleció en San Sebastián durante la Guerra Civil Española el 14 de septiembre de 1938.
Obras de ~: Expansión comercial de España en Marruecos: informes de la Real Sociedad Geográfica, cámaras de comercio, etc. y Memoria presentada al Consejo de Ministros por el Ministro de Fomento Manuel García Prieto, Madrid, Hijos de M. G. Hernández, 1906; Proyecto de ley autorizando la ratificación de los Convenios I, II, III, V, VI, VII, X y XI de la Segunda Conferencia de Paz celebrada en El Haya en 1907, y la adhesión al Convenio IX de la misma Conferencia, Madrid, Imprenta del Ministerio de Estado, 1912; A. Pérez Amigorena y F. Revuelto Sanz, Inquilinos y Propietarios, prol. de ~, Madrid, Felipe Samarán, 1921; J. Sánchez Anido, Educación campesina, prol. de ~, Madrid, Imprenta de Perlado, 1922; con M. Durán de Velilla, 18 de julio. Episodios del glorioso movimiento nacional en Córdoba, Córdoba, Imprenta Provincial, s. f.
Bibl.: R. de la Torre del Río, “La política exterior española en el año de la crisis de 1911 a través de la correspondencia del marqués de Alhucemas”, en Estudios históricos: Homenaje a los profesores José M.ª Jover Zamora y Vicente Palacio Atard, vol. 1, Madrid, Universidad Complutense, 1990, págs. 381- 406; M. Sainz de Vicuña y García-Prieto, Manuel García Prieto, Marqués de Alhucemas, 1859-1938. Actuación política e intervenciones parlamentarias, Madrid, Secretaría General del Senado, Dirección de Estudios y Documentación, Departamento de Publicaciones, 2004; M. Martínez Martínez, “Manuel García Prieto: un astorgano en la cumbre política”, en Argutorio: revista de la Asociación Cultural Monte Irago, año 6, n.º 13 (2004), págs. 29-32.
Manuel Sainz de Vicuña y García-Prieto, marqués de Alhucemas
