Álvarez y Méndez, Juan de Dios. Mendizábal. Cádiz, 25.II.1790 – Madrid, 3.XI.1853. Político, fundador del progresismo isabelino y financiero.
Nacido en el seno de un hogar de comerciantes gaditanos, sus padres fueron Rafael Álvarez Montañés y Margarita Méndez Cárdenas. Su familia era de cristianos nuevos e “infamada”, reconocida como descendiente de judíos por la sociedad. Sus cuatro bisabuelos varones habían sido condenados o implicados en procesos por la Inquisición entre 1723 y 1730, y todavía en la década de 1770 diversos parientes suyos tuvieron que responder a acusaciones de ser judaizantes, como ha documentado Ravina recientemente: por esa razón, los Álvarez, Méndez y Montañés conformaban un grupo de fuertes vínculos internos, plasmados en diferentes matrimonios entre sus miembros (los propios padres del futuro ministro eran parientes en segundo grado) y múltiples negocios conjuntos.
El deseo de distanciarse de su círculo de origen (y del “baldón” de descendiente de judíos) explica, con mucha más credibilidad que supuestas necesidades de disfrazar su identidad en el curso de la guerra, la temprana opción del futuro ministro por cambiar su segundo apellido por el de Mendizábal (y falsificar su lugar de nacimiento, situándolo en Bilbao, en la declaración efectuada con motivo de su matrimonio en Barrax, Albacete, en 1812) con el que se otorgaba un origen vasco, garantía en sí mismo de limpieza de sangre.
Poco se sabe de su juventud, salvo, en sus propias palabras, que no recibió una educación “literaria”, por estar “siempre aplicado al trabajo para adquirir una fortuna”. En el curso de la Guerra de la Independencia, el joven Mendizábal luchó en el bando de los “patriotas” en Andalucía y La Mancha —donde contrajo matrimonio con Teresa Alfaro— y acabó dedicándose a tareas de avituallamiento, a través de las cuales parece que entró en contacto con los Bertrán de Lis; una familia de Valencia cuyo patriarca, Vicente, se dedicó desde los comienzos de la guerra al suministro de las tropas españolas que se enfrentaban con el gobierno afrancesado. Terminado el conflicto, Mendizábal empezó a trabajar a las órdenes de Vicente Bertrán de Lis como empleado. Pero pronto cambió la relación con su patrón: Luis y Vicente Bertrán de Lis fueron padrinos de su primer hijo, nacido en Madrid, adonde se trasladó Juan Mendizábal con su familia en 1817, y ese mismo año lo admitieron como socio de la casa, pasando a hacerse cargo de los suministros a las tropas en la Baja Andalucía, en compañía del hijo menor de Vicente Bertrán de Lis, también llamado Vicente.
La familia Bertrán de Lis se hallaba plenamente vinculada al liberalismo: Vicente padre, que había destacado en su ciudad natal como dirigente constitucional, fue encarcelado en 1814, aunque al poco tiempo fue liberado y colaboró financiera e incluso políticamente con el ministro de Hacienda absolutista Garay. La reanudación de los negocios y los nuevos vínculos políticos de la Casa no impidieron la continuidad de las relaciones entre miembros de la familia y el liberalismo. Un hijo de Vicente Bertrán de Lis, Félix, fue ajusticiado en Valencia el 22 de enero de 1819 por participar en una conjura supuestamente masónica de militares contra el absolutismo.
Otro hijo, Vicente, el compañero de Mendizábal en la gestión de las actividades de la casa en Andalucía, fue, por su parte, el que introdujo a éste en el círculo de liberales, en el que participaban Istúriz, Riego y Alcalá Galiano, entre otros, que tan decisivo papel tuvieron en la restauración del régimen constitucional en 1820. En el otoño de 1819 ya formaba parte Mendizábal de la conspiración liberal que desembocó en el pronunciamiento de Riego, y de la sociedad “masónica” que la organizó en Cádiz, según el testimonio de Alcalá Galiano.
Masón o no —extremo que no resulta nada claro—, Álvarez Mendizábal jugó un activo papel en la organización del pronunciamiento de Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820 y, junto con Riego, San Miguel y Fernando Miranda, entre otros, formó parte de la Junta rectora de alzamiento. Desplegó además una gran actividad para apoyar al ejército sublevado en el mes largo que precedió al definitivo triunfo del movimiento.
Mendizábal colaboró con las fuerzas revolucionarias a través de la financiación y los suministros, las dos tareas en las que se había especializado desde al menos 1811, cuando fue distinguido como el “más benemérito” en la sección de avituallamiento del ejército que luchaba contra los franceses.
El triunfo liberal no trajo consigo, sin embargo, el ascenso político de Mendizábal. Su relación con Rafael del Riego se hizo muy estrecha, pero, en parte por ello, no tuvo éxito en sus peticiones de destinos públicos. Y aunque no abandonó la actividad política, siguió dedicado a sus negocios particulares, por su cuenta y en la compañía de los Bertrán de Lis.
Todo apunta a que sus actividades comerciales —y en especial las contratas de suministro al ejército— no le fueron nada mal durante el segundo período constitucional: hubo quien lo acusó años más tarde de beneficiarse de sus contactos con la clase política para realizar grandes negocios. En cualquier caso, cuando tuvo lugar la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis y la retirada del Gobierno liberal, junto con el Rey, a Sevilla primero y a Cádiz después, el ciudadano Mendizábal se convirtió de nuevo en una pieza clave, gracias a su crédito en el mundo comercial.
En junio de 1823, al tiempo que se producía el desplome de la escasa resistencia organizada a los invasores y el Gobierno y los restos de las Cortes buscaban desesperadamente vías para frenar la restauración del absolutismo, Vicente Bertrán de Lis firmó un contrato de avituallamiento de las escasas fuerzas gubernamentales, de cuyo cumplimiento se encargó Mendizábal. En la ciudad de Cádiz, nuevamente sitiada, no sólo ratificó la validez del contrato de suministro, sino que asumió funciones adicionales en la organización de las defensas de la plaza. Fruto de su actividad durante los tres meses que duró el sitio, oficialmente reconocida y alabada por una Real Orden de 17 de julio de 1823, fueron las promesas oficiales de pago de los fondos gastados, pero también el exilio y la condena a muerte.
Mendizábal se desplazó a Londres junto con el grueso de los liberales exiliados en 1823. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus compañeros no quedó preso del pequeño mundo del exilio español, sino que se volcó en los negocios. Disponía de diversos contactos en Londres que le permitieron reanudar sus actividades comerciales y financieras.
Se trataba sobre todo de gaditanos que se hallaban vinculados a casas comerciales de la ciudad, gracias a las intensas relaciones mercantiles reforzadas en aquellos años alrededor de la expansiva importación de vino de Jerez. La propia familia Mendizábal acabó fundando su negocio con otros miembros de su familia bajo la razón social de Antonio Álvarez y Cía., y desde ella Juan fue tejiendo una amplia red de contactos con otros españoles e ingleses.
No obstante, Mendizábal no perdió su conexión con los exiliados ni dejó la política: en realidad una y otra cosa, negocios y política, se hallaron a lo largo de toda su vida fuertemente entrelazadas. En Londres trabó algunas amistades políticas nuevas en los círculos dirigentes del exilio que serían importantes en años posteriores, además de hacerse un hueco entre los banqueros y operadores de la Bolsa. Pero no se trataba únicamente de conservar y hacer aliados y de lograr un nombre como especulador especializado en mercancías y títulos de deuda ibéricos.
En coherencia con su posición política, pero también con sus intereses financieros, se comprometió además en nuevas intentonas revolucionarias.
Aunque antiguos dependientes de los Bertrán de Lis y de Mendizábal fueron agentes de las conspiraciones en diversos puntos de España y en Gibraltar en la década de 1820, no parece que Mendizábal participara en los sucesivos planes insurreccionales de un dividido exilio. Sin embargo, en el nuevo ambiente creado por el éxito de la revolución de julio de 1830 en Francia, que hizo que los proyectos de los liberales cobraran un nuevo impulso, Mendizábal se trasladó junto con otros españoles a París y negoció —en compañía, una vez más, de Vicente Bertrán de Lis— fondos para financiar la intentona de Mina ese mismo año. Él mismo se acercó a Bayona desde donde siguió la fracasada incursión liberal en Navarra y Guipúzcoa. Tras este episodio, Mendizábal se embarcó en una empresa nueva, que enlazaba con las pretensiones de muchos exiliados: una revolución liberal ibérica como preludio a la unión de ambos reinos en don Pedro, el emperador de Brasil y padre de la heredera del trono portugués, María de la Gloria.
Tras su abdicación del trono brasileño en 1831, don Pedro se había desplazado a Europa y se había puesto al frente de los liberales portugueses exiliados para tratar de devolver la Corona a su hija María de la Gloria, destronando al “usurpador” Miguel, hermano de don Pedro, y cabeza del absolutismo.
Pero las operaciones de los liberales portugueses se hallaban estancadas, una vez fortalecido militarmente su reducto de la isla Terceira en el archipiélago de las Azores, por la falta de fondos y por las dificultades para organizar el envío de tropas. Convertido en intermediario financiero de don Pedro, Mendizábal logró en septiembre de 1831 un empréstito de Ardoin y Ricardo y, con el adelanto en metálico que le concedieron, adquirió dos fragatas y contrató oficiales ingleses para buscar la marinería y armamento y dirigir la pequeña armada, además de desplazarse a Bélgica para obtener la ayuda del exiliado español Van Halen para reclutar un batallón.
Completada la conquista de las Azores, las fuerzas de don Pedro desembarcaron en las cercanías de Oporto en junio de 1832 y lograron hacerse con el control de la ciudad. Esta primera victoria no tuvo continuidad y el ejército liberal se limitó a defender Oporto del cerco de las tropas miguelistas. Como el sitio se prolongó en el tiempo, la posición de don Pedro se fue volviendo cada vez más precaria. Por ello, Mendizábal colaboró con el líder del liberalismo moderado portugués, Palmela, en la organización de una segunda flota con tropas de tierra inglesas, que logró entrar en Oporto en junio de 1833. Ese mismo mes, y de acuerdo con las indicaciones de Mendizábal, desplazado personalmente a la ciudad sitiada, salió una expedición al Algarve para sorprender a los absolutistas que concentraban sus fuerzas alrededor de la ciudad norteña. La operación fue un éxito: aunque la guerra civil entre liberales y miguelistas se prolongó todavía por espacio de varios meses, el 24 de julio de 1833 las tropas pedristas entraron en Lisboa y el 22 de septiembre pudo desembarcar en la capital la reina María de la Gloria a la que acompañaba Mendizábal, encargado asimismo de organizar el viaje. Poco después, el 5 de noviembre de 1833, Mendizábal recibió un poder casi universal como agente financiero portugués en Londres. Más allá de los honores protocolarios, se convirtió en “el hombre del Estado para los grandes negocios de empréstitos”, una condición que se completaba con una vasta influencia en el país: tenía una marcada “intimidad” con los ministros de Hacienda y Guerra, reunía en su casa lisboeta a “los mariscales, los ministros y aun a los diplomáticos”, y era admitido “a toda hora” en palacio.
Alrededor de don Pedro, y con Mendizábal en una posición clave, se articuló en Portugal un grupo reducido de políticos que fueron llamados por los coetáneos “ditadores” o “chamorros”, con Silva Carvalho y Freire como principales figuras. Este grupo gobernó desde 1832 en adelante en inestable y cambiante equilibrio con los conocidos como “aristócratas”, liderados por el duque de Palmela, y con la oposición de la izquierda liberal (partidaria de la Constitución de 1822), que tenía su principal figura en Saldanha.
La muerte de don Pedro el 24 de septiembre de 1834, poco después de la apertura de las Cortes, fortaleció la posición de Palmela que se convirtió en primer presidente del Consejo de Ministros de Portugal.
Los “ditadores” mantuvieron en el Gabinete dos carteras, entre ellas la decisiva de Hacienda en manos de Silva Carvalho que actuaba de hecho como intermediario con el agente financiero del reino en Londres hasta el verano de 1835, Mendizábal. Silva Carvalho logró progresivamente rehacer la posición de su grupo, pactando diferentes proyectos con los radicales —incluida la desamortización eclesiástica del 15 de abril de 1835— e incluso deshacerse de Palmela y de los “aristócratas” a finales de ese mismo mes. Cuando en mayo las tornas cambiaron y los “ditadores” salieron del Gobierno, se inició una rápida desvalorización de los títulos portugueses de deuda y el reino se adentró en una situación financiera insostenible.
Por ello, en julio de 1835, Silva Carvalho fue llamado otra vez al ramo de Hacienda —por exigencia explícita de Mendizábal— en un gobierno amplio presidido por Saldanha. En noviembre de 1835, los “ditadores” dejaron el Gobierno tras un pronunciamiento militar apoyado por la oposición de izquierdas, pero los amigos portugueses de Mendizábal recuperaron el poder una vez más, la última, entre abril y septiembre de 1836: el 8 de este último mes, tres semanas y media después de que fuera proclamada en España la Constitución de 1812 y Mendizábal volviera a hacerse cargo de la Hacienda gracias a un movimiento revolucionario, los “ditadores” fueron desbancados definitivamente por la sublevación de la Guardia Nacional lisboeta, apoyada por la “canalha” y las tropas del ejército regular, que proclamó la Constitución de 1822, inspirada en la de Cádiz, y puso fin a la Carta.
El éxito de Mendizábal en Portugal cambió su posición política en España, donde las circunstancias habían variado radicalmente tras la muerte de Fernando VII. La extensión del carlismo en el otoño de 1833 obligó a la regente María Cristina a inclinarse definitivamente por sumar el apoyo de los liberales exiliados al del reformismo absolutista. La llamada a Martínez de la Rosa para que ocupara la presidencia del Consejo de ministros y la aprobación del Estatuto en 1834 fueron los signos más claros de este viraje.
Al tiempo, la guerra civil entre los liberales cristinos o isabelinos y los carlistas adquiría enorme fuerza, y el apoyo del Reino Unido y de Francia se convertía en un factor clave para el triunfo de la causa liberal, que había encontrado unas arcas exhaustas y un apoyo popular limitado. En estas nuevas circunstancias, Mendizábal ofreció sus servicios desde Londres al conde de Toreno —ministro de Hacienda en el Gobierno de Martínez de la Rosa entre junio de 1834 y junio de 1835, y presidente del Gobierno a partir de este último mes— y aunque no llegó a estar al cargo de las finanzas españolas, colaboró con frecuencia con los enviados y diplomáticos en Londres. Su prestigio como financiero, el apoyo de políticos ingleses como Holland y Palmerston, y la necesidad del conde de Toreno de equilibrar políticamente su gobierno, muy escorado hacia la moderación, mediante la incorporación de un “exaltado”, condujeron a su nombramiento como ministro de Hacienda, el 15 de junio de 1835, pese a que el paso no agradó en exceso “a las gentes en corte”. Aunque no dio un sí claro a Toreno, Mendizábal —que desde ese momento pasó a actuar como ministro— se puso en camino hacia Madrid, pero vía París, Burdeos y Lisboa, para solucionar diversas cuestiones pendientes relativas a sus negocios y entrevistarse con las autoridades francesas y portuguesas. En París se enteró de los movimientos en diversas partes del país contra el Gobierno Toreno, una oleada revolucionaria que lo aupó a la jefatura del Gobierno el 14 de septiembre, tras la publicación de un manifiesto en el que el “crédito público”, la “libertad legal”, las “prerrogativas del trono” y el ejemplo político de Gran Bretaña ocupaban una posición central.
El conde de Toreno veía contestada su autoridad por las juntas formadas en diferentes ciudades y tuvo que ceder a la presión de Mendizábal, que —apoyado por el embajador británico Villiers— se convirtió en el apagafuegos de la revolución. Un papel que acabó llevando al “banquero” gaditano a posiciones más radicales que las que él mismo se atribuía: ante una revolución, diría años más tarde Mendizábal, los “verdaderos hombres de Estado” deben escoger entre “luchar” para “vencerla”, “prevenirla con sábias y oportunas medidas, ó dirigirla, caso de ser un hecho inevitable”.
Esto último fue lo que él hizo, transformando una revolución desde abajo en una revolución desde arriba que dejaba al margen a los “liberalismos no respetables”.
Mendizábal, que durante buena parte de su tiempo al frente del Gobierno sólo tuvo la compañía de otros dos ministros (lo que subrayaba el carácter excepcional y personalista de su gestión), trató de combinar dos tipos de objetivos: restablecer la autoridad del Gobierno central y la unidad en el campo liberal, por un lado, y reunir recursos para ganar la guerra, por otro. En el primer campo cabe enmarcar una serie de disposiciones que reconocían políticamente el movimiento revolucionario contra Toreno e identificaban al Gobierno con el liberalismo del Trienio, con hitos simbólicos como la rehabilitación de la memoria de Riego o la transformación de la Milicia Urbana en Guardia Nacional, y medidas de más amplias consecuencias políticas como la reposición en sus curatos de los clérigos liberales o la supresión de la Superintendencia de Policía y de las cartas de seguridad.
Mendizábal convocó además las Cortes del Estatuto, suspendidas por Toreno, y sometió tres grandes cuestiones a su consideración: la revisión de la Ley Electoral, el desarrollo de la libertad de imprenta y la responsabilidad ministerial. Las cámaras de Procuradores y Próceres estaban llamadas, por tanto, a acercar el limitado sistema parlamentario creado por el Estatuto al modelo británico, mediante reformas parciales. Por último, desde su primer manifiesto hizo Mendizábal hincapié en su proyecto de suprimir los conventos de regulares y desamortizar sus bienes. El camino había sido abierto por el conde de Toreno antes del verano y en cualquier caso las juntas revolucionarias habían acometido por su cuenta y riesgo muchas decisiones en ese campo; el gaditano no tenía más que culminar el proceso.
Apaciguado el país liberal alrededor del programa y las medidas iniciales, el objetivo fundamental era ganar la guerra, “que solo se hace pronto y felizmente con hombres y dinero en abundancia”. Los hombres los obtuvo merced al llamamiento de la “quinta de los cien mil”. La financiación salió, por su parte, de un expediente bastante más opaco. Mendizábal pidió a las Cortes, y obtuvo, la aprobación de la Ley del Voto de Confianza, que era en realidad una autorización para que reuniera recursos, en la que se especificaba qué expedientes no se emplearían (“alterar los tipos esenciales de las contribuciones”, solicitar nuevos empréstitos o distraer bienes del Estado “que estén destinados o en adelante se destinen a la consolidación de la deuda pública”), pero no cuáles sí. El secreto quedó desvelado a posteriori y consistía básicamente en una fórmula que ya había empezado a poner en práctica en agosto antes de llegar a España: comprar títulos de deuda sin interés y vender títulos de la deuda con interés, de modo que el Gobierno se quedaba con la diferencia, ya que lógicamente los primeros eran más baratos que los segundos. A esa vía que no aumentaba la deuda (pero sí su carga financiera), sumó la ejecución de otras operaciones bolsísticas y la contratación de préstamos consignados sobre rentas e ingresos públicos futuros.
Aceptado inicialmente por la mayoría del campo isabelino, Mendizábal se enfrentó progresivamente al rechazo de diversos sectores. Su voluntad de mantener la unidad liberal no resistió ni las tensiones provocadas por la falta de victorias militares en la guerra ni, sobre todo, por la tramitación de la Ley Electoral, que polarizó a los integrantes de la Cámara Baja. La derrota de las posiciones gubernamentales en este terreno —no obstante, la pretensión inicial de Mendizábal de situarse al margen del debate— obligaron al presidente del Consejo a disolver las Cortes el 27 de enero y convocar elecciones. En febrero de 1836, con las Cortes disueltas, Mendizábal aprobó el Real Decreto por el que se declaraban en venta los bienes raíces de las Órdenes y conventos extinguidos (por Toreno, por las juntas revolucionarias y por el propio Mendizábal). El objetivo fundamental era, al igual que en las normas portuguesas aprobadas por Silva Carvalho, la disminución de la Deuda a medio plazo y la elevación de su cotización a corto plazo. La fuerza de la medida se multiplicó poco después, el 8 de marzo, con un decreto que generalizaba la supresión de conventos.
La aplicación del programa de saneamiento financiero, a falta desde luego de la reforma tributaria que nunca llegó bajo su mandato, fue acompañada de la formación de una sólida red política mendizabalista.
Con negociantes instalados en Madrid desde fechas no excesivamente lejanas, urdió su grupo madrileño: José y Manuel Safont, Felipe Riera, Gaspar Remisa, Jaime Ceriola, Antonio Jordá, Francisco de las Rivas, Gil de Santibáñez, José Alonso Cordero, Juan de Guardamino, Manuel Cantero, Juan Muguiro...
A éstos se sumaron otros políticos madrileños y provinciales, que con el paso del tiempo serían el núcleo del Partido Progresista. Los seguidores del Gobierno obtuvieron con el apoyo ministerial un rotundo triunfo en las elecciones a la Cámara de Procuradores.
Un triunfo que definió el germen del futuro moderantismo —la minoritaria oposición dentro de la Cámara, gran parte de los excluidos de las Cortes y los círculos más conservadores del entorno cortesano y aristocrático isabelinos— y frente a él, el todavía no denominado progresismo: “los que desean que acaben del todo los privilegios, los que piden reformas sin contemplaciones, los que trabajan porque tengamos una carta constitucional que marque la autoridad de la Corona y los derechos de la Nación, los que condenaron y condenan el sistema martinista y ansían que se lleve a cabo el programa de Mendizábal”.
La mayoría mendizabalista podría haber emprendido la reforma del Estatuto para dar forma a un nuevo sistema político. Pero su líder decidió no avanzar en ese sentido, lo cual, junto con el rechazo por diversas razones de la legislación desamortizadora y la falta de éxitos en la guerra, contribuyó al desarrollo de una oposición de izquierdas que venía a fortalecer a la oposición moderada. La extensión de los descontentos y la tenaz campaña de prensa que la reflejó y fomentó permitieron a los círculos cortesanos imponer su criterio contra el jefe del “Gobierno revolucionario”: el 15 de mayo de 1836, pese a su mayoría parlamentaria, Mendizábal cesó y fue sustituido por Istúriz. Desde entonces, el expresidente avanzó con decisión por la senda revolucionaria. Amplió su presencia en la prensa y reutilizó las sociedades secretas en su preparación de una nueva oleada de desórdenes políticos, que tuvo sus primeras manifestaciones en mayo, se extendió en julio, al tiempo que se desarrollaban las elecciones convocadas por Istúriz, y culminó en agosto de 1836. No cabe atribuir a agentes mendizabalistas la exclusiva responsabilidad por la reedición de las juntas revolucionarias, y mucho menos por la rebelión de los “sargentos” en La Granja que llevó a la proclamación de la Constitución de 1812, pero tampoco se puede minusvalorar el papel jugado en todo este movimiento por el amplio círculo de seguidores que Mendizábal había logrado construir desde el poder.
El 14 de agosto de 1836 se formó el Gobierno presidido por Calatrava, en el que Mendizábal se encargó de nuevo de la cartera de Hacienda el 11 de septiembre.
En ella permanecería hasta el 18 de agosto de 1837; una larga etapa qué si fue especialmente fructífera desde el punto de vista de las grandes reformas legislativas, no lo fue tanto en el plano financiero.
Empezando por lo último, hay que recordar que Hacienda tuvo que anunciar la imposibilidad de hacer frente al pago de los intereses de la deuda que vencían el 1 de noviembre de 1836: a consecuencia de las convulsiones del verano y la evolución de la guerra esta vez no funcionaron los arbitrios excepcionales mendizabalistas. Desde entonces, el ministro de Hacienda recurrió a fuentes diversas de financiación que no funcionaron tan eficazmente como en su primer mandato; la falta de recursos sería motivo, por ello, de queja constante por parte de los generales liberales.
En el otro plano de actuación del ministro, que desbordaba su ramo por su posición central dentro del progresismo mayoritario en las Cortes, el balance de la gestión mendizabalista fue más positivo.
A lo largo del último trimestre de 1836 y del primer 1837, se volvió a poner en vigor —con reformas de diferente alcance— toda la legislación revolucionaria de Cádiz y el Trienio, que venía a desmontar en términos jurídicos al orden social y económico del Antiguo Régimen. Al tiempo que se completaba el programa revolucionario, las Cortes de 1837 acometieron la “revisión” de la Constitución de 1812, que en realidad consistió en elaborar una nueva. El nuevo texto nació del consenso entre las diversas familias liberales, pero no se hallaba alejado del pensamiento de Mendizábal, quien, antes de su aprobación, señalaba que “la Constitución producto de las Constituyentes será una cosa racional y nos hará honor”. Promulgada la Constitución, los progresistas se vieron una vez más desplazados del poder por el éxito sucesivo de las dos estrategias de la oposición: primero, los conspiradores de la Sociedad Jovellanos y sus contactos militares lograron derribar el Gobierno Calatrava-Mendizábal el 18 de agosto de 1837; luego, la mejor organización de los moderados les otorgó la victoria en las elecciones el 22 de septiembre.
A partir de este momento, Mendizábal dejó de ser el hombre clave del progresismo, aunque no una de sus figuras más destacadas. Su considerable riqueza personal —invertida en parte en tierras e inmuebles desamortizados puestos en su mayoría a nombre de sus dos hijos y de su amante (la sobrina nieta de Argüelles, Concepción Argüelles y Paulé, con la que tuvo un tercer hijo en 1836, como ha desvelado Ravina)— y sus negocios en España y en el exterior compensaban parcialmente las desventajas que tenía para ser líder, desde el punto de vista de la clase política de la época: su origen social, su limitada formación cultural y sus escasas dotes oratorias. Tras la mezcla de revuelta y pronunciamiento que dio el poder a Espartero a finales de 1840, Mendizábal gozó de considerable influencia en el Gobierno, pues varios de sus colaboradores recibieron carteras en el primer Gabinete esparterista. El peso del mendizabalismo —los llamados anglomoderados por el embajador francés— disminuyó en 1841 y 1842; aún así, Mendizábal ocupó importantes cargos en las Cortes y fue repetidamente consejero oficioso de los ministros de Hacienda. En enero de 1843 fue designado alcalde de Madrid y, entre el 19 de mayo y el 23 de julio de ese mismo año, fue llamado a hacerse cargo, una vez más, de la cartera de Hacienda. En estos dos meses su actuación se centró en desmontar el sistema tributario y en disponer que no se apremiara a los pueblos respecto al pago de las contribuciones vencidas, en gesto para movilizar apoyos en favor de un Espartero acosado. Con estas medidas abundaba en su ya expuesto rechazo a la imposición de consumos, que se convirtió en una de las enseñas fiscales del progresismo decimonónico.
Desde diciembre de 1843 los progresistas, y con ellos Mendizábal, vieron desvanecerse cualquier posibilidad de regresar al poder por vías legales. El gaditano, que tuvo que emprender por segunda vez el camino del exilio en julio, perdió la esperanza de volver pronto al país. Esta “segunda parte” no fue buena: sus negocios en París, donde se asentó, no tuvieron ningún éxito, y las conspiraciones para dar un golpe contra los moderados, tampoco. Cuando regresó en octubre de 1846, lo hizo gracias a una amnistía parcial decretada por los puritanos, el ala centrista del moderantismo.
La voluntad del Gobierno puritano de restablecer el juego de partidos permitió a Mendizábal salir elegido diputado en las elecciones de diciembre de 1846. Pero los puritanos perdieron el poder en octubre de 1847 y desde entonces la derecha moderada arrojó nuevamente al progresismo fuera del sistema. Los progresistas se fraccionaron por motivos ideológicos y estratégicos, surgiendo el Partido Demócrata a su izquierda, mientras que Mendizábal junto con Cortina lideraba al grupo más conservador. Desde esa discreta posición política, de líder de una de las facciones de la debilitada y dividida oposición al régimen moderado, pasó los últimos años de su vida hasta fallecer en Madrid el 3 de noviembre de 1853.
Obras de ~: Exposición y documentos dirigidos al gobierno de S.M.F. por ~ en el que se da cuenta de la contrata y emprestitos [...], Madrid, Imprenta Real, 1836; Manifestación hecha á las Cortes por el Secretario del Despacho de Hacienda sobre el pago del semestre de intereses de la deuda extrangera que vence el día 1.º de noviembre de este año, Madrid, Imprenta Nacional, 1836; Memoria sobre el estado de la Hacienda Pública: leída a las Cortes por el Secretario de Estado y del Despacho del Ramo el 27 de Octubre de 1836, Madrid, Imprenta Nacional, 1836; Informe dado a las Cortes por el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda sobre si es o no conveniente reunir las funciones de los intendentes a las de los jefes politicos y los de los tesoreros a las de los administrados de las provincias, Madrid, Imprenta Nacional, 1836; Exposición dirigida a las Cortes de la Nación por Don ~, ministro que fue de Hacienda, resumiendo la cuenta que tiene dada del uso que hizo del Voto de Confianza contenido en la Ley de 16 de enero de 1836, Madrid, Imprenta Nacional, 1837; Exposición dirigida a las Cortes por el ministro de Hacienda al presentar dos propuestas sobre recursos para las atenciones públicas, Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1837; Tratado de 12 de Mayo de 1836 celebrado por el Presidente de la Comisión de Hacienda en Londres con M. A. Ardoin y Compañia, Banqueros de París, para anticipación de fondos al Gobierno Español y presentado a las Cortes por el Ministro que fue de Hacienda ~, Madrid, Imprenta Nacional, 1837; Memoria sobre reforma del sistema actual de diezmos: leida a las Cortes [...] en sesión de 21 de febrero de 1837 por el Secretario del Despacho de Hacienda ~, Madrid, Imprenta de Miguel de Burgos, 1837; con I. Sistere, Informe que sobre la memoria para la supresión del diezmo, leída a las Cortes por D. ~, Barcelona, Tomás Gorchs, 1842; Al Excmo. Ayuntamiento Constitucional de Madrid, Madrid, Compañía Tipográfica, 1843; Al Congreso: la ley de 29 de junio de 1837 suprimiendo la contribución de diezmos y primicias fue apoyada por el gobierno de que yo formaba parte, como Ministro de Hacienda, Madrid, 1847; Proposición de ley presentada al Congreso de los Diputados en 4 de mayo de este año (1847) por ~, Madrid, La Ilustración, 1847; Carta que ha dirigido el diputado por Madrid D. ~, en 26 de Abril al Excmo. Sr. Duque de Sotomayor, Ministro de Estado, Madrid, Francisco Andrés y Compañía, 1848; Carta de ~ a Francisco Martinez de la Rosa: solicitando una rectificación por haber censurado varios actos de su primera administración, Madrid, 1851; Al país: sometida a la discusión pública la importante cuestión del desestanco de la sal y el tabaco creería yo que había faltado a la que su patria deben todos los ciudadanos, Madrid, Imprenta de M. Minuesa, 1852; Al país: cuantas veces he cogido la pluma para dirigir la palabra a mis conciudadanos por el deseo de contribuir a consolidar el trono constitucional de Isabel II, Madrid, Imprenta de Tomás Badía, 1852; Reseña del negocio de las cuentas del Excmo. Sr. D.~ con el gobierno de S. M. F., Lisboa, Typ. Franco-Portugueza Lallemant, 1858; Señores electores de la provincia de Madrid: cuatro veces he honrado esta provincia con la alta misión de Representante en las Cortes [...], Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos, 1859; Verdaderas causas en que D. ~ ha fundado su opinión para que en las islas de Cuba, no rija la Constitución política de la Monarquía española, Burdeos, 1937.
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Juan Pan-Montojo González
