Berenguer Fusté, Dámaso. Conde de Xauen (I). San Juan de los Remedios (Cuba), 4.VIII.1873 – Madrid, 19.V.1953. Militar, ministro y presidente de Gobierno.
Hijo mayor del militar del mismo nombre destinado y casado en Cuba con Dolores Fusté (31 de octubre de 1872), siguió la carrera militar, como sus cuatro hermanos, continuando así la tradición familiar; dos de ellos, Fernando y Federico, alcanzaron también el generalato. A los dieciséis años, el 2 de septiembre de 1889, ingresó en la Academia General Militar de Toledo, tras aprobar el examen de ingreso en Cuba, para pasar, al superar los dos cursos, a la de Caballería de Valladolid, donde obtuvo en 1892 el grado de alférez. En 1893, como segundo teniente, se incorporó al Regimiento de Lanceros en Barcelona, y en octubre de 1894 fue destinado a Cuba, donde participó en toda la campaña, consiguiendo por méritos de guerra los ascensos hasta comandante (6 de abril de 1899) y varias cruces por su valor en los combates.
Tras la pérdida de la isla, continuó a las órdenes del general Luque, nombrado capitán general de Andalucía, como ayudante de campo, cargo que desempeñó desde el 1 de julio de 1899. En esta situación de comisión activa, el 13 de marzo de 1900 se casó en Madrid con su prima Ana María de Elizalde Fusté, con quien tuvo dos hijos, Ana María y Dámaso. En 1902 fue destinado al Regimiento Almansa de Pamplona y en 1903, al Regimiento de la Reina de Alcalá de Henares. En 1906 fue nombrado profesor de Táctica Aplicada en la Escuela de Equitación y participó en la elaboración del reglamento para la instrucción de Infantería. En 1909 ascendió a teniente coronel por antigüedad, fue nombrado ayudante del ministro de la Guerra, cargo que desempeñó apenas un trimestre, y al concluir el año se le confió el mando del escuadrón de Cazadores de Melilla. Su carrera militar se desarrolló desde entonces en Marruecos, aunque como militar africanista resultaba atípico, porque era hombre reservado, estudioso, culto, honrado, prudente y calculador. Se puso a estudiar árabe y las tácticas de la guerra colonial para aplicarlas en Marruecos, lo que luego plasmó en un libro en el que sostiene la conveniencia de avances muy limitados, previamente bien calculados en todos los detalles y con un conocimiento riguroso del terreno, utilizando tanto como fuera posible las fuerzas indígenas de los Regulares y explotando al máximo el flanco más débil del enemigo, “su propia codicia y sus inconstancias, envidias y odios, rivalidades y ambiciones, que siempre les hacen estar predispuestos a la traición y a pactos vergonzosos, y les incapacitan para la unidad dentro de su propia causa”; sin embargo, consolidada una posición, era partidario de que la Administración española interfiriera lo menos posible en la autoridad de los jefes autóctonos para mantener pacificada la población.
Puesto al frente del Regimiento de Cazadores de Taxdirt el 30 de junio de 1910 y al mando de las fuerzas Regulares indígenas de Melilla en 1 de agosto de 1911, que reorganizó a fondo, participó con estas tropas en numerosos combates, como los de Taurit Narich y Buxdar (del 8 al 14 de noviembre de 1911), Monte Arruit (18 de enero de 1912), Benibu-Yahi (19 de febrero de 1912) y Beni-Sidel (15 de mayo de 1912), que le valieron varias condecoraciones y el ascenso a coronel. El 10 de junio de 1913 se le ordenó abandonar Melilla para trasladarse con sus tropas a Tetuán, donde también participó en numerosas operaciones militares, por las que fue ascendido a general de brigada (3 de julio de 1913) y se le concedió la Gran Cruz Roja al Mérito Militar ese año, mientras que por las de los dos siguientes se le otorgó la Gran Cruz de María Cristina, lo que puso fin a su primera estancia en Marruecos. Por Real Decreto de 17 de febrero de 1916 fue nombrado gobernador militar de Málaga y general de la 2.ª Brigada de la 4.ª División y viajó a Francia (21 de marzo de 1917) como presidente de una comisión militar para estudiar el frente británico de operaciones de la Gran Guerra, sobre lo que escribió una Memoria, inédita. Por Real Decreto de 5 de julio de 1917 fue ascendido a general de división y el 24 de agosto de 1918, nombrado subsecretario del Ministerio de la Guerra, cuyo titular era el general Marina, para unos meses después jurar como ministro de la Guerra en el Gobierno formado por García-Prieto el 9 de noviembre de 1918, cargo que continuó desempeñando en el siguiente, formado por Romanones el 5 de diciembre de 1918, hasta que dimitió por ser nombrado, el 25 de enero de 1919, alto comisario de la Comandancia General de España en Marruecos, con sede en la ciudad de Tetuán, al fallecer el general Gómez Jordana que lo desempeñaba y negarse los africanistas cortesanos a que un civil ocupara ese puesto. Nada más llegar a Tetuán intentó negociar la pacificación de la zona con los jefes locales de Yebala, pero al no lograrlo, mediante una hábil estratagema llevada a cabo por el coronel Cogolludo y el teniente coronel Castro Girona, consiguió tomar la ciudad santa de Xauen, enclave estratégico para controlar la región. El nombramiento de Berenguer como alto comisario provocó la dimisión del gobernador militar de Ceuta, general Arraiz, por ser más antiguo en el generalato, y el puesto fue cubierto por el general Fernández Silvestre, que, además de compañero de carrera de Berenguer, había influido sobre el Rey para su nombramiento. El general Silvestre fue nombrado comandante general de Melilla a comienzos de 1920, para preparar los planes e iniciar una ofensiva sobre el corazón del Rif. Aunque ni Berenguer ni el vizconde de Eza, a la sazón ministro de la Guerra en el Gobierno conservador de Manuel Allendesalazar, estaban convencidos de contar con el equipo, organización y moral de la tropa adecuados para emprender el avance, nadie dio órdenes expresas para impedirlo, por lo que el intrépido general se puso en marcha sin contar siquiera con la colaboración del Estado Mayor, pero ante la inesperada resistencia de las fuerzas organizadas por el caíd de la cabila Beni-Urriaguel, Abd-el-Krim, decidió “pensarlo mucho”, según le comunicó el 29 de mayo de 1921 a Berenguer, quien se entrevistó con él en Melilla y le aconsejó “suspender el avance” hasta disponer de más tropas, para reiterarle, por telegrama de 8 de junio de 1921: “Si pasadas estas circunstancias se presenta ocasión favorable, se servirá V.E. someterlo a mi aprobación, teniendo siempre en cuenta que en el desarrollo de nuestra acción no hay nada que nos apremie ni nos obligue a forzar los avances, que sólo deben intentarse cuando su preparación política y los elementos materiales de las tropas garanticen las mayores probabilidades de éxito con la mínima ocasión de desgaste”. Pero el general Silvestre recibió un telegrama del Rey en que éste le animaba a concluir la operación para el día de la festividad de Santiago, patrón de España, con el siguiente texto: “¡Olé los hombres! El 25 te espero”.
Impelido por estas prisas, el 17 de julio de 1921, Silvestre remitió a Berenguer el siguiente telegrama: “[...] creo podría presentarse ocasión de infligir castigo a rebeldes, que se hallan en plena acometividad, y en este caso, contando casi totalidad probabilidades de éxito, ruego a V. E. me autorice [...]”, a lo que el alto comisario accedió, recomendándole elegir las ocasiones de menor peligro. Todavía el día 20, cuando Silvestre le solicitó refuerzos porque la posición de Igueriben estaba ya en situación comprometida, le aseguró “que mañana se remediará”, y Berenguer le contestó que solicitaba del Gobierno medios de embarque para enviárselos inmediatamente. La campaña, deficientemente preparada y peor ejecutada, se frustró rápidamente y terminó en un auténtico desastre.
A partir del 21 de julio las posiciones españolas en el Rif empezaron a desmoronarse una tras otra, en efecto dominó, al sucumbir al cerco de la guerrilla de Abd-el-Krim, antiguo colaborador de la Administración colonial española, la posición de Igueriben. La columna dirigida por el propio Silvestre para socorrerla no pudo abrirse paso y retrocedió antes del anochecer al campamento de Annual, donde, con una tropa en pésimas condiciones de preparación y moral de combate, tampoco fueron capaces de resistir el ataque.
En situación desesperada, esa noche del 21 de julio los oficiales decidieron emprender una retirada general por sorpresa, tan caótica, que se transformó en una auténtica carnicería al día siguiente, porque perecieron miles de soldados y el propio general Silvestre, que se suicidó. El desmoronamiento de Annual, la principal base militar del Rif, auspició un levantamiento general de los rifeños y la deserción masiva de las tropas Regulares, por lo que todas las endebles barreras establecidas, los blocaos, entre Annual y Melilla, ni intentaron resistir siquiera: “¡El pánico lo dominaba todo!”, según frase del propio Berenguer en el Senado. El único intento de contener la avalancha de la guerrilla lo organizó el general Navarro, quien reagrupó a los fugitivos y resistió en monte Arruit desde el 29 de julio; pero sitiada la posición y sometida a fuego de artillería, al agotar sus provisiones, el 6 de agosto Berenguer autorizó la rendición, lo que no impidió que a los dos días, tras pactar la entrega, muchos españoles fueran pasados a cuchillo y los demás hechos prisioneros. Unos diez mil soldados muertos y ochocientos cautivos fue el trágico balance del desastre de la campaña del Rif emprendida por el general Silvestre. Y si el desastre no fue total se debió a que Berenguer, al sucumbir Annual, dio orden de embarcar rápidamente las tropas de Yebala para defender Melilla, a las que se sumaron las procedentes de Ceuta al mando del general Sanjurjo, lo que impidió la inminente caída de la ciudad. Ante semejante desastre militar, Berenguer presentó la dimisión como alto comisario y comandante en jefe del Ejército de África, y el ministro de la Guerra, vizconde de Eza, ordenó al general Picasso (4 de agosto de 1921) realizar una investigación oficial “para esclarecer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las posiciones de Melilla”, paso previo a la dimisión del Gobierno de Allendesalazar, al que sucedió uno de “concentración nacional” presidido por Maura (13 de agosto de 1921), con Juan de la Cierva en la cartera de Guerra. El nuevo Gobierno mantuvo a Berenguer en el puesto y ordenó al general Picasso que se abstuviera de investigar la actuación del alto comisario para concretarse “a los hechos realizados por los jefes, oficiales y tropa en las operaciones”.
Berenguer no sólo quedaba así al margen de la investigación, sino que el Gobierno lo consideraba imprescindible para planear y emprender una contraofensiva que empezó el 12 de septiembre de 1921 y, en pocas semanas, recuperó parte del terreno perdido, por lo que “recibió repetidas felicitaciones de S. M. el rey y del Gobierno”, según consta en su hoja de servicios, que le honraron recibiéndole personalmente en la estación en el primer viaje que hizo a Madrid y como recompensa presentaron a las Cortes un proyecto de ley firmado de puño y letra por el Rey, el 25 de octubre de 1921, “ascendiendo a Teniente General, por méritos de guerra, al General de división Don Dámaso Berenguer”. El proyecto contaba con el preceptivo informe favorable del Consejo Pleno Supremo de Guerra y Marina, que el fiscal militar defendió por ser “tan extraordinarios los servicios prestados por el General Berenguer en más de dos años de actuación en tan difícil cargo”. Sin embargo, este reconocimiento oficial provocó rechazo y malestar en la opinión pública y Berenguer empezó a ser acusado en la prensa de no hacer nada para rescatar a los prisioneros.
En el Congreso, el diputado socialista Indalecio Prieto apuntó a lo más alto intentando poner al descubierto las relaciones entre el Rey y el general Silvestre en la sesión de 27 de octubre de 1921, y el grupo liberal presentó una proposición sobre la depuración de responsabilidades, mientras que en el Senado el general Weyler censuraba duramente la forma de llevar a cabo la campaña y el general Primo de Rivera (25 de noviembre de 1921) propugnaba sin ambages el abandono de Marruecos. Con todo, el Gobierno aprobó finalmente la segunda fase del plan de Berenguer, que pretendía acelerar la campaña en Yebala para completar después la del Rif y ocupar efectivamente todo el Protectorado. Pero ante la oposición parlamentaria y la presión de los jefes militares opuestos a la pretensión del Gobierno de recortar por decreto el poder fáctico de las Juntas Militares, que el Rey no sancionó, Maura presentó la dimisión. El encargado de formar Gobierno fue el jefe de los conservadores J. Sánchez-Guerra (8 de marzo de 1922), que rechazó la dimisión presentada por Berenguer como alto comisario, pero a condición de retrasar la última fase de la ofensiva militar. En el Parlamento, la oposición republicana y socialista reclamó por boca de Indalecio Prieto (4 de mayo de 1922) el conocimiento de las Cámaras del informe del general Picasso, concluido el 18 de abril de 1922, mientras la prensa arreciaba exigiendo “responsabilidades”, a lo que Unamuno había contribuido eficazmente con sus declaraciones tras entrevistarse con el Rey por mediación de Romanones. El Informe Picasso ponía al descubierto los graves fallos cometidos “que prepararon el desastre por quebrantar principios inamovibles de orden y técnica militar”, al “adelantar temerariamente en territorio insumiso y foco de rebeldía sin medios adecuados ni preparación política, fiando en el azar y contando con la estrella [...], con error manifiesto de apreciación, en cuanto al alcance militar de la empresa”.
En consecuencia, el general Picasso concluía que “la responsabilidad ha de imputarse en primer término al Mando, que con inconsciencia, incapacidad, aturdimiento o temeridad provocó la caída”, pero tampoco dejaba libre de responsabilidad a cuantos “no han sabido responder al cumplimiento de sus indeclinables deberes [...], absteniéndose, eludiendo o excusando su participación personal, suscribiendo capitulaciones incomprensibles, evadiéndose del territorio, desamparando posiciones o abandonándose a desatentada fuga, presa de pánico insuperable”. El mismo día que concluyó su informe, el general Picasso le transmitió, por escrito, su “deseo vehemente de su bien merecido ascenso” al general Berenguer, que las Cortes, sin embargo, no aprobaron. Elevado el expediente al Supremo de Guerra, el fiscal militar imputó responsabilidad y, consiguientemente, suplementó “la ya muy extensa” relación de imputados por el instructor, con treinta y nueve jefes y oficiales, ordenados de menor a mayor jerarquía, entre ellos y en último lugar, el general Berenguer. Y el 10 de julio de 1922, recién llegado a Madrid el alto comisario, el tribunal acordó su procesamiento, solicitando el correspondiente suplicatorio, puesto que Berenguer había sido nombrado por el Rey senador vitalicio por Real Decreto de 3 de enero de 1921, refrendado por Eduardo Dato. Al enterarse, por la prensa, dimitió en el acto como alto comisario y al día siguiente, 14 de julio de 1922, participó por primera vez en un debate en el Senado, precisamente sobre su dimisión, para defenderse aportando “documentos que tienden a desvirtuar otros que se han dado a la publicidad, en los que se falseaba la verdad, y que estaban amañados para producir su efecto”. Estos documentos leídos en la Cámara le exculpaban de negligencia y demostraban que actuó, según sus propias palabras, recogidas en el correspondiente Diario de Sesiones, “siempre de acuerdo con el Gobierno”, incluida la autorización para la rendición del general Navarro, que fue adoptada colegiadamente por su estado mayor “con toda minuciosidad y serenidad de juicio [...] y con unanimidad absoluta y sin la menor reserva”, al no poder socorrerlo. Al final de su larga intervención, se dolió de que se procediera contra él “de una manera, por lo menos, poco regular”, en alusión a la falta de respaldo del Gobierno ante la campaña desatada contra él, lo que dio pie a la réplica del presidente del Gobierno, que de rechazo le costó la cartera al ministro de la Guerra, por no haber informado oportunamente a ambos del procesamiento. El Gobierno nombró para sucederle como alto comisario al general Burguete, y en una de sus características jugadas, el presidente, tras asumir la cartera de Guerra, aceptó la creación de la Comisión en el Congreso, que quedó constituida el 21 de julio de 1922, para investigar las responsabilidades políticas del desastre militar de Marruecos. En esta Comisión, de veintiún diputados, tras las correspondientes vacaciones, los únicos que negaban la responsabilidad política del Gobierno Allendesalazar eran los conservadores, cuya ponencia obtuvo diez votos (debido a una ausencia), mientras que todos los demás comisionados la exigían, con la excepción del republicano Lerroux, que optó por no asistir para no pronunciarse. La ponencia del grupo liberal, redactada por Alcalá-Zamora, que proponía “votar la censura contra el Gobierno” de 1921, obtuvo ocho votos. Pero el que pretendía ir más lejos era Indalecio Prieto, que formuló un voto particular que hacía responsable del desastre a Berenguer, Silvestre y Navarro “y a cuantos jefes se hallaban en la demarcación”, pidiendo su separación del Ejército, a la vez que acusaba a los gobiernos conservadores de prevaricación ante el Senado, lo que por derivación afectaba al de Sánchez-Guerra, que al encontrarse en una situación parlamentaria difícil, presentó sorpresivamente la dimisión (7 de diciembre de 1922), acogida en el Congreso con minoritarios gritos de vivas a la República y mueras al Rey. El nuevo Gobierno de concentración liberal, presidido por García Prieto (7 de diciembre de 1922), nació con el compromiso de la convocatoria anticipada de elecciones para que las nuevas Cortes abordaran el problema de las responsabilidades políticas del desastre militar, clamor ciudadano que los socialistas jaleaban y el Ateneo de Madrid abanderó. Constituidas las Cortes tras las elecciones, en las que el Gobierno liberal obtuvo la consabida mayoría, en el Senado la tramitación del suplicatorio de Berenguer dio lugar a fuerte controversia entre ministeriales, partidarios de la concesión, y la oposición conservadora, lo que motivó un grave incidente entre el general Aguilera, que quería “hacer justicia por encima de todo”, y el jefe de los conservadores, Sánchez-Guerra. El propio Berenguer, en escrito al presidente del Senado, solicitó el levantamiento de su inmunidad y, finalmente, el suplicatorio fue concedido por aclamación (28 de junio de 1923). En el Congreso, mientras tanto, la Comisión creada el 11 de julio de 1923 para entender en las responsabilidades políticas empezó a recabar documentación y a tomar declaración a los comparecientes, entre los que se encontraban altos mandos del Ejército, hasta que el 24 de julio de 1923 interrumpió su labor por vacaciones, mientras la instrucción del proceso militar, a cargo del general Ayala, continuaba su curso lentamente, por lo que la marcha de la depuración de responsabilidades no satisfacía a la opinión pública y en cambio irritaba a gran parte del Ejército.
El pronunciamiento militar perpetrado por el general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 vino a poner fin expresamente, según el manifiesto del día de autos, a la investigación parlamentaria de “responsabilidades políticas”, campaña que, en declaraciones del dictador, había sido “movida, precisamente, por los que eran los verdaderos culpables de lo sucedido”.
La Comisión de responsabilidades, convocada para votar el dictamen el 18 de septiembre de 1923 no pudo reunirse al quedar disueltas las Cortes. Pero el proceso militar continuó su curso. El 19 de junio de 1924 comenzó la vista del juicio ante el Supremo de Guerra, presidido por Weyler, contra Berenguer, para quien el fiscal solicitó veinte años de reclusión y pérdida de empleo. Aunque defendido brillantemente por el general García Benítez, que solicitó sentencia absolutoria no sólo como un “acto de justicia, sino de reparación”, resultó condenado (26 de junio de 1924) como responsable “del delito militar de negligencia” a la pena de “separación del servicio [...] y el pase a la situación de reserva”, lo que la prensa lamentó, pero le alcanzó la amnistía que por Real Decreto de 4 de julio de 1924 concedió el presidente del Directorio para todas las condenas desde su advenimiento al poder. Berenguer no sólo se reintegró así al Ejército, sino que fue ascendido, ahora sí, a teniente general por Real Decreto de 23 de julio de 1924, pero continuó en situación de “disponible” en Madrid. Sin embargo, por ser considerado referente constitucionalista, fue detenido el 13 de octubre de 1924 al participar en un banquete en homenaje a Sainz Rodríguez en el hotel Palace, en el que se profirieron gritos contra Primo de Rivera, y resultó condenado a seis meses de arresto “por la falta grave de asistencia a manifestaciones políticas” (31 de octubre de 1924), lo que determinó su ingreso (2 de noviembre de 1924) en el castillo de Guadalupe, de donde salió al ser indultado por el Rey por Real Orden de 21 de enero de 1925, paso previo a su nombramiento, por Real Decreto de 27 de marzo de 1925, como capitán general de la VIII Región, con sede en La Coruña, cargo que desempeñó hasta el 1 de septiembre de 1926, y por el que se le concedió la Gran Cruz de San Hermenegildo. Por Real Decreto de 31 de agosto de 1926 fue nombrado jefe de la Casa Militar del Rey y comandante general de Alabarderos, por lo que acompañó a los Reyes en sus innumerables visitas y viajes. Precisamente, a raíz de uno de estos viajes a Marruecos, se le concedió, por Real Decreto de 14 de octubre de 1927, el título de conde de Xauen, a instancia de Primo de Rivera, a quien se le ocurrió la idea en un banquete en la ciudad santa que Berenguer había conquistado.
En el mismo momento en que el general Primo de Rivera se percató de que ya no contaba con el respaldo del Ejército porque había perdido la confianza regia, presentó la dimisión, y el Rey le encargó formar Gobierno a Berenguer, quien aceptó resignadamente “por lealtad al Rey y a mi Patria”, lo que no fue mal acogido porque, según declaraciones de Romanones, era “el más civil de todos los militares”.
El cometido del nuevo gobierno, que le resultó difícil completar, era preparar el terreno, auspiciando la reconstrucción de los maltrechos partidos monárquicos, para volver a la normalidad constitucional mediante la convocatoria de elecciones a Cortes. El mismo día de la jura solemne en Palacio, 30 de enero de 1930, Berenguer, que también se reservó la cartera de Guerra, anunció a la opinión pública que su objetivo era “pacificar los espíritus y atender la administración, marchando con buen deseo y al paso que las circunstancias lo consientan, hasta llegar a la muy deseada normalidad jurídica y constitucional”. Berenguer, que atravesaba una situación personal difícil por el fallecimiento de su mujer (12 de enero de 1929), nombró al general Mola director general de Seguridad, porque tenía en él una confianza absoluta para hacer frente con tacto a la fuerte agitación que se produciría. “España iba a ser —le dijo— como una botella de champaña que se destapa.” Pero estaba “convencido” de que pasados unos meses “las pasiones se calmarán” y las elecciones, realizadas limpiamente, darían una mayoría monárquica. No sólo no logró su objetivo de “pacificar los espíritus”, sino que, además, las elecciones generales que formalmente convocó tuvieron que ser, insólitamente, desconvocadas por el último Gobierno de la Monarquía ante la hostilidad política imperante. Una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Berenguer, a quien no se le negaba personalmente talante de hombre liberal, fue la de poner en libertad a los detenidos gubernativos y promulgar una amplia amnistía (6 de febrero de 1930) que permitió reintegrarse a sus puestos a todos los sancionados por la dictadura, entre ellos el capitán Fermín Galán. La medida fue bien acogida, pero en el mismo momento en que se marchaba de “vacaciones al extranjero” Primo de Rivera se desencadenó en Cataluña el asalto a los locales de la Unión Patriótica y las protestas contra los ayuntamientos que seguían en sus manos, ante lo que el Gobierno decidió disolverlos en toda la nación, lo que desintegró al partido del dictador. No sólo desalojó del poder a los alcaldes “upetistas” para descartar todo reproche de continuismo, sino que, ante las dificultades presupuestarias, anunció un “plan de restricciones y economías” que afectó severamente a los ambiciosos planes de obras publicas en construcción, con el fin de “restablecer nuestro cambio”, como aclaró el ministro de Hacienda (ABC, 19 de febrero de 1930), con lo que reapareció el desempleo, agravado por una terrible crisis agraria en Andalucía desde el otoño, que alimentó el descontento social contra la Monarquía, inextricablemente vinculada a la denostada dictadura, como puso de manifiesto el primer mitin político autorizado por el Gobierno, pronunciado por Sánchez-Guerra en el teatro de la Zarzuela de Madrid (27 de febrero de 1930). Este mitin, por la expectación que despertó, tuvo un efecto demoledor para la Monarquía en la opinión pública al responsabilizar al Rey del advenimiento de la dictadura, mientras que el siguiente que se autorizó, pronunciado por Alcalá-Zamora en el teatro Apolo de Valencia (13 de abril de 1930), fue el catalizador del republicanismo.
Estos dos actos públicos de significados líderes, uno conservador y el otro liberal, que rompían con la Monarquía, actuaron como un revulsivo político y promovieron una auténtica desbandada del campo monárquico al republicano, a lo que también contribuyeron otros oradores de menor fuste, mientras que el mitin de afirmación monárquica, celebrado como contrapunto en la recién construida plaza de toros Monumental de Madrid (20 de abril de 1930), resultó un fiasco. Ante esta situación, el Gobierno decidió prohibir los mítines y mantener la censura de prensa, aunque autorizó la celebración del Primero de Mayo, que coincidió con la apoteósica llegada de Unamuno a la capital, y discurrió sin apenas incidentes; pero debido al persistente clamor de responsabilizar al Rey por la dictadura, el Gobierno quiso salir al paso con una declaración que favoreciera la reconstitución de los viejos partidos monárquicos, incapaces de reconstituirse y reaccionar, asegurando que, descontados algunos núcleos urbanos e industriales, “el conjunto de la nación, la gran masa popular, es monárquica”. La afirmación se basaba en rigurosos informes policiales, pero el republicanismo avanzaba perceptiblemente, haciendo mella en el ánimo del Gobierno al comprobar cómo los republicanos accedían a la presidencia de instituciones culturales que luego utilizaban como tribuna de propaganda antimonárquica, por lo que a comienzos del verano el presidente se comprometió públicamente a convocar elecciones a Cortes antes de fin de año, permitiendo abiertamente todos los actos de propaganda política. Sin embargo, como los distintos líderes antimonárquicos desconfiaban de la adhesión de las masas a la causa del republicanismo, se reunieron en San Sebastián (17 de agosto de 1930) para organizar la conspiración que permitiera derribar al régimen mediante una insurrección militar secundada por una huelga general revolucionaria. El primer partido que se lanzó a la campaña de propaganda electoral, a principios de septiembre, fue la Unión Monárquica Nacional, fundada por los incondicionales del dictador poco antes de fallecer éste en París, lo que desencadenó y destapó la oposición organizada públicamente contra el Gobierno de Berenguer, que se encontró con la exigencia de los líderes del Partido Liberal (Romanones, García Prieto y Santiago Alba) de que se les entregara el Gobierno y que las elecciones administrativas tenían que preceder a las legislativas comprometidas, mientras que el mitin republicano de la plaza de toros de Madrid (28 de septiembre de 1930) en el que intervinieron, entre otros, Azaña, Lerroux, Alcalá-Zamora, M. Domingo y Martínez Barrio, desbordó todas las previsiones y tuvo una repercusión enorme. En otoño, el llamado Pacto de San Sebastián empezó a dar su fruto en forma de un perceptible aumento de la conflictividad laboral por fútiles pretextos, las reuniones clandestinas de grupos revolucionarios y los recurrentes intentos de agitación social, en los que participaban activamente la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT). El Gobierno, para aplacar los ánimos, tras un accidente laboral con víctimas en la construcción que degeneró en protesta popular, anunció oficialmente al día siguiente, 14 de noviembre de 1930, la celebración de elecciones legislativas el 1 de marzo de 1931, lo que, sin embargo, tuvo un efecto contraproducente. La excesiva permisividad del Gobierno, que le valió el remoquete popular de dictablanda, no conseguía aplacar los ánimos de la oposición, porque el error Berenguer estribaba precisamente, según un famoso artículo de Ortega y Gasset, en pretender volver a la normalidad constitucional como si no hubiera pasado nada desde 1923, creyendo que los españoles “son gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar” (El Sol, 15 de noviembre de 1930). Y, efectivamente, en su informe, la Dirección General de Seguridad le aseguraba que el fin perseguido por esta agitación era de “indiscutible índole revolucionaria”, por lo que el Gobierno contaba con una intentona militar, pero no donde ni cuando se produjo. El Comité Revolucionario, surgido del Pacto de San Sebastián, había fijado la fecha de 15 de diciembre de 1930 para el estallido del movimiento revolucionario, pero el capitán Fermín Galán quiso adelantarse y logró insubordinar en la madrugada del 12 la guarnición de Jaca, proclamando un bando en el que amenazaba con pasar por las armas a todo el que se opusiera, aunque sólo fuera “de palabra o por escrito”, a la “República naciente”. Sometida militarmente esta insubordinación prematura, Galán y su ayudante fueron condenados a muerte en juicio sumarísimo y ejecutados el domingo 14, lo que causó una impresión profunda en todo el país, que el Comité quiso aprovechar intentando desencadenar inmediatamente la sublevación de otras guarniciones para culminar el día 15 con un movimiento general.
Pero la detención de parte del Comité, presidido por Alcalá-Zamora, y la escasa incidencia de la huelga general convocada por los socialistas, determinó el fracaso del movimiento revolucionario. El Gobierno consideró liquidado el asunto el día 20, tras aplastar la sublevación de la base aérea de Cuatro Vientos, que pretendía bombardear Madrid allí donde se concentraran los “defensores del régimen caduco”, y otros conatos de insurrección en distintos puntos de España. Pero apenas superado este intento revolucionario, que minó la ya menguada credibilidad del Gobierno de Berenguer porque la oposición convirtió en protomártires de la causa republicana, paradigma de la libertad, a Galán y García Hernández, cobró importancia la agitación universitaria y la campaña pro amnistía de los líderes del Comité encarcelados. En esta situación crítica, después de haber exigido elecciones constituyentes, Sánchez-Guerra y un grupo de líderes conservadores lanzaron la consigna, el 29 de enero de 1931, de “abstenerse totalmente de participar en la lucha electoral que el gobierno anuncia”.
Ante este boicot electoral, que fue políticamente letal para el Gobierno, Berenguer anunció el 31 de enero de 1931 la supresión del infausto artículo 29 de la Ley Electoral de 1907, la eliminación de las “consultas” del Monarca para la formación de gobierno, la derogación del Estado de guerra y el pleno restablecimiento de las garantías y derechos constitucionales, para asegurar así la más escrupulosa transparencia y neutralidad electoral del Ejecutivo. Pero no le sirvió de nada, porque, excepto los dirigentes de la Unión Monárquica Nacional y los conservadores seguidores de Bugallal, todos los partidos se fueron sumando a la postura abstencionista. A pesar de ello, a propuesta del presidente de Gobierno, que se encontraba convaleciente, el Rey firmó el 7 de febrero de 1931 el decreto de convocatoria de elecciones generales en la fecha comprometida, lo que obtuvo como respuesta más sonora el “Manifiesto de los intelectuales por la República”. Tras aprobar el Consejo en la que resultó ser su última reunión, el 11 de febrero, un crédito extraordinario de 8,5 millones de pesetas para paliar la grave situación del paro obrero en Andalucía, el general Berenguer presentó la dimisión al conocerse que también los liberales, mediante un subterfugio de Romanones, boicoteaban las elecciones legislativas, al sostener que en la primera reunión de las Cortes elegidas exigirían su inmediata disolución para convocar elecciones constituyentes (ABC, 14 de febrero de 1931). El Rey, en situación tan comprometida, le encargó formar Gobierno a Sánchez-Guerra con este cometido, pero como declinó el encargo al no conseguir la participación en él del Comité encarcelado, recurrió a la fórmula de un Gobierno de “concentración monárquica” presidido por el almirante Aznar (18 de febrero de 1931), del que los liberales aceptaron formar parte, y Berenguer se resignó a seguir desempeñando la cartera de Guerra. Lo primero que hizo este Gobierno fue proclamar su postura respecto al proceso electoral, convocando primero elecciones administrativas y después las legislativas a Cortes, que una vez reunidas “tendrán el carácter de Constituyentes”.
En la Gaceta del 3 de marzo apareció el insólito decreto que derogaba la convocatoria electoral del Gobierno anterior y el Consejo aprobó, en su reunión del día 6, la nueva convocatoria electoral: municipales, el 12 de abril; provinciales, el 3 de mayo, y las generales a Cortes, el 7 y el 14 de junio. En las elecciones del día 12, según los datos oficiales facilitados a la prensa, las candidaturas monárquicas obtuvieron la mayoría del número de concejales electos, 22.150, pero perdieron en la inmensa mayoría de las capitales, donde las candidaturas antimonárquicas ganaron, aunque en toda España no superaron los 5.775 concejales. Ante estos resultados, el Comité revolucionario, excarcelado por la benevolente sentencia del Supremo de Guerra (23 de marzo de 1931), convirtió la derrota electoral en una victoria moral con valor de “plebiscito desfavorable a la monarquía y favorable para la República”, a la vez que “veredicto de culpabilidad contra el titular supremo del Poder”, al negar valor al “voto rural de los feudos”, según la nota facilitada a la prensa por Alcalá-Zamora, que concluía manifestando su intención de “actuar con energía y presteza” para implantar la República. El Gobierno, aunque llegó a declarar el Estado de guerra, al no contar con el Ejército ni con la Guardia Civil para impedirlo, en opinión de Berenguer y de Mola, claudicó, y Romanones negoció con Alcalá-Zamora la inmediata salida del Rey del territorio nacional.
El Gobierno provisional de la República, formado por los integrantes del Comité revolucionario, que a última hora de la tarde del día 14 de abril tomó el poder “sin tramitación y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna”, como reconoció su presidente en la alocución radiada al país, acordó en su primera reunión, al día siguiente, solicitar a través del fiscal, A. Galarza, el procesamiento del general Berenguer por el desastre de Marruecos y supuestas irregularidades en las condenas a muerte impuestas por la rebelión de Jaca. Ante las noticias que daba la prensa sobre su huida al extranjero, Berenguer, que descartó esta posibilidad, decidió presentarse el 17 de abril de 1931 ante el ministro de la Gobernación, que le impuso arresto domiciliario, y en cumplimiento del Decreto de 22 de abril de 1931, “prometió por su honor servir bien y fielmente a la República”, pasando por Orden de 27 de abril de 1931 a la situación de “disponible”, y por Decreto de 28 de mayo de 1931, a la de “2.ª reserva”, para ingresar en las prisiones militares de Madrid a disposición de la Comisión de Responsabilidades de las Cortes Constituyentes el 6 de septiembre de 1931, situación en la que permaneció durante más de dos años, hasta que finalmente fue absuelto en 1935 por el Tribunal Supremo de Justicia de las acusaciones de la Comisión de Responsabilidades.
Al margen de toda actividad pública desde entonces, se fue a vivir a la quinta familiar de Hernani nada más salir de prisión, y allí se dedicó al estudio de las Bellas Artes, su gran afición, y a redactar el libro que da cuenta de su experiencia en los dos últimos gobiernos de la Monarquía, aunque esta vida familiar placentera desde que se retiró se vio jalonada por sucesos tan dramáticos como el atentado que le costó la vida a su hermano Fernando en su propia casa de Albernia o el bárbaro asesinato de su hermano Luis, comandante de Infantería, cometido en Madrid al estallar la Guerra Civil. Apenas concluida ésta, el teniente general Berenguer solicitó del Ministerio de la Guerra del Gobierno de Burgos (29 de agosto de 1939) autorización para fijar su “residencia en Reserva” en San Sebastián, donde vivió en compañía de su hija Ana María, pero donde falleció, a consecuencia de una trombosis, fue en su domicilio de la calle Atocha, número 15, de Madrid, según el diario Pueblo.
El entierro, por expreso deseo del fallecido, tuvo carácter privado, aunque asistieron algunos ministros —Carrero Blanco, entre ellos—, varios ex ministros, familiares y amigos. Los funerales se celebraron en la sacramental de San Lorenzo de la capital y presidió el duelo, según la reseña necrológica de ABC, el general Federico Berenguer, “hermano del ilustre hombre público”.
Obras de ~: La guerra en Marruecos (ensayo de una adaptación táctica), Madrid, F. Fe, 1918; Campañas en el Rif y Yebala, 1921-1922: notas y documentos de mi diario de operaciones, Madrid, Voluntad, 1923; De la Dictadura a la República: crisis del reinado de Alfonso XIII, Madrid, Plus Ultra, 1946.
Bibl.: G. J. García Benítez, Defensa del General Berenguer ante el Consejo Supremo, Santander, Martínez y Martínez, 1924; F. Madrid, El Expediente Picasso, Barcelona, T. Costa, 1922; A. Riera, Crónica de la guerra de Marruecos (julio 1921-enero 1922), Barcelona, J. Sanxo, 1922; E. Ayensa, Del desastre de Annual a la Presidencia del Consejo: relatos de cómo se derrumbó la comandancia general de Melilla, Madrid, C. Raggio, 1930; Duque de Maura y M. Fernández Almagro, Por qué cayó Alfonso XIII, Madrid, Ambos Mundos, 1948; J. de Alfarache, Berenguer, Madrid, Purcalla, 1949; M. Maura, Así cayó Alfonso XIII [...], Barcelona, Ariel, 1968; C. Seco Serrano, Alfonso XIII y la crisis de la restauración, Barcelona, Ariel, 1969; S. G. Payne, Los militares y la política en la España contemporánea, Paris, Ruedo Ibérico, 1976; V. Morales Lezcano, El colonialismo Hispanofrancés en Marruecos, Madrid, Siglo XXI, 1976; M. Fernández Almagro, Historia del reinado de Alfonso XIII, Barcelona, Montaner y Simón, 1977; M. Artola, Partidos y programas políticos, Madrid, Aguilar, 1977; R. Borràs Betriu, Cambio de régimen, Barcelona, Flor del Viento, 2001; J. Tusell y G. Queipo de Llano, Alfonso XIII. El Rey polémico, Madrid, Taurus, 2002.
José Rodríguez Labandeira
