Urquijo y Muga, Mariano Luis. Bilbao (Vizcaya), 8.IX.1768 – París (Francia), 3.V.1817. Político y estadista.
Miembro de una familia que ocupó diversos empleos en la Administración (su padre, Francisco Policarpo, fue alcalde de Casa y Corte y consejero de Castilla y un hermano suyo, Rafael Eugenio, desempeñó cargos diplomáticos en Europa), comenzó sus estudios en el Colegio de Escolapios de San Antón de Madrid, ciudad a la que se trasladaron sus padres en 1777. Siguió su formación en Francia y se licenció en Derecho en la Universidad de Salamanca, donde tuvo como profesor a Juan Meléndez Valdés y fue condiscípulo de Manuel José Quintana.
Tras una breve estancia en Inglaterra, ejerció como abogado en Madrid y frecuentó las tertulias de las gentes de letras, entre ellas la de la condesa de Montijo, lugar de reunión de destacados representantes del llamado jansenismo español y foco cultural de primer orden en la época. En octubre de 1791, publicó, con su nombre, una traducción en verso de la tragedia de Voltaire La mort de César, precedida de un “Discurso preliminar del traductor sobre el estado actual de nuestros teatros y la necesidad de su reforma”. Acorde con los gustos neoclásicos, Urquijo criticó a los autores populares españoles del momento (Zavala, Valladares, Nifo), así como a Calderón y Shakespeare, y se declaró admirador de los franceses (Corneille, Molière) y de las unidades clásicas. Asimismo, abogó por una amplia reforma del teatro, para convertirlo en “pública escuela de política, de elocuencia, de buen gusto y de recto pensar”. Aunque no defendió expresamente las ideas filosóficas de Voltaire, su obra llamó de inmediato la atención de la Inquisición. Se le abrió proceso, pero, gracias a la protección del conde de Aranda, no sufrió graves consecuencias. En la correspondiente “audiencia de cargos”, se le acusó de leve sospecha de compartir los errores filosóficos y fue absuelto ad cautelam, con la obligación de realizar algunas penitencias espirituales en secreto. La obra fue prohibida, pero la circunstancia de que no figurara el nombre del autor en el edicto de prohibición indica el alcance de la protección política de que se benefició Urquijo.
Su carrera administrativa fue rápida y muy prometedora desde el inicio. El 17 de agosto de 1792, unos meses después del nombramiento del conde de Aranda como primer secretario de Estado, el joven Urquijo, a punto de cumplir los veinticuatro años de edad, entró en esa Secretaría como oficial noveno, último lugar del escalafón, con la recomendación siguiente: “es mozo de habilidad, sigue la carrera de la abogacía y es muy propio para extractar bien los expedientes, cuyo talento no es común en las Secretarías”. Cinco meses más tarde, el nuevo secretario de Estado, Manuel Godoy, lo ascendió a oficial sexto, el 21 de marzo de 1794 pasó a oficial tercero y el 10 de junio de ese mismo año a oficial segundo. La disputa, sin embargo, en el seno de la Secretaría entre los empleados denominados “letrados”, es decir, quienes procedían de la Universidad —sector al que pertenecía Urquijo— y los “de carrera” (los que habían desempeñado misiones en el extranjero), movió a Godoy a prescindir de algunos de los oficiales de la Secretaría, entre ellos Urquijo, pero no quedó cesante: fue nombrado secretario de la Embajada española en Londres, sin pérdida de su plaza en la Secretaría de Estado. Esta decisión fue interpretada por Urquijo como acto hostil de Godoy y a partir de entonces se convirtió en uno de sus enemigos directos.
El estado de guerra entre España e Inglaterra obligó a Urquijo a abandonar Londres en octubre de 1796 y se instaló en París. A comienzos de enero de 1797, regresó a Madrid y el 27 de octubre de ese año Godoy lo llamó de nuevo a la Secretaría de Estado como oficial mayor segundo y al poco tiempo ascendió a oficial primero. Urquijo ocupaba de nuevo un puesto clave en la Administración española, en un momento en que Godoy, acosado por el Directorio francés y por los sectores españoles contrarios a la Ilustración, se rodeó de un grupo muy destacado de hombres de letras (Jovellanos, Francisco Saavedra, Cabarrús, Meléndez Valdés, etc.).
Tras el cese el 28 de marzo de 1798 de Godoy como secretario de Estado, ocupó ese puesto Francisco Saavedra, pero éste cayó enfermo y, por Real Decreto de 13 de agosto de 1798, Carlos IV habilitó a Urquijo para que desempeñara sus funciones “poniendo en la antefirma que lo hace por indisposición de D. Francisco Saavedra”. En octubre siguiente, se restableció la salud de Saavedra y Urquijo fue nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en La Haya, puesto que no llegó a ocupar, aunque lo conservó nominalmente hasta el 31 de diciembre de 1800. El 21 de febrero de 1799, tras nueva recaída de Saavedra en su enfermedad, Carlos IV puso a Urquijo por segunda vez al cargo de la Secretaría de Estado, ahora sin poner en la antefirma que ejercía por indisposición de Saavedra. Hasta su destitución, el 13 de diciembre de 1800, Urquijo fue el secretario de Estado de la Monarquía española, siempre en calidad de interino.
Su actuación al frente de la principal Secretaría fue polémica. Su amigo García de León y Pizarro reconoce en sus memorias la gran capacidad de Urquijo para comprender los asuntos propios de ese puesto y su talante ilustrado, extremos ambos en que coincide la historiografía, pero al mismo tiempo resalta —como hicieron muchos de los contemporáneos de Urquijo— su falta de madurez, su extrema vanidad en lo exterior y su sobrada ligereza en sus relaciones y en la expresión de sus sentimientos. Aunque enfrentado personalmente a Godoy, siguió las líneas políticas básicas marcadas por éste, consistentes, en lo relativo al interior, en favorecer el desarrollo de los proyectos ilustrados y, en los asuntos exteriores, en mantener una estrecha alianza —nunca exenta de conflictos bilaterales— con Francia, continuar la oposición a Inglaterra y defender los intereses dinásticos de la Familia Real española en Italia. La impronta de Urquijo a su paso por el cargo se notó especialmente en la política religiosa. Su principal apoyo como gobernante lo constituyó el sector “jansenista”, esto es, el grupo partidario de crear una Iglesia nacional basada en el modelo de los primeros tiempos del cristianismo, pobre, libre de las ataduras de la curia romana y gobernada por un episcopado dotado de amplias facultades. Urquijo, no obstante, mantuvo una actitud más radical que los “jansenistas”, pues mientras éstos ponían el acento en la reforma de la religiosidad y de la organización interna de la Iglesia, el ministro, guiado más bien por criterios políticos que religiosos, aspiraba fundamentalmente a emancipar a la Iglesia católica española de la autoridad del romano Pontífice.
En 1799, cuando Pío VI estaba a las puertas de la muerte, Urquijo intentó conseguir un breve pontificio que otorgara facultades a los obispos españoles para conceder determinadas gracias hasta entonces reservadas al Papa (sobre todo en materia de dispensas matrimoniales), así como un subsidio sobre el tercio de las rentas de los obispados. Pío VI no accedió al primer punto, el relativo a las facultades episcopales, y se limitó a aprobar un subsidio de treinta y seis millones de reales sobre el clero de España y de treinta sobre el de América, mucho menos de lo solicitado. Sin embargo, tras el fallecimiento del romano Pontífice, Urquijo consiguió que Carlos IV firmara un decreto el 5 de septiembre de 1799 por el que el Rey atribuía a los ordinarios españoles capacidad para conceder dispensas, en especial las matrimoniales. Este decreto ha sido considerado el punto culminante en la lucha entre el regalismo español y la curia romana y constituyó un serio obstáculo en la relación entre la Monarquía española y la Santa Sede. En una línea similar a la de los republicanos franceses, Urquijo apareció como el ministro que había logrado, por primera vez, situar la autoridad del Rey de España por encima de la de la Iglesia española. A juicio de los sectores contrarios a la Ilustración, este acto conducía al cisma, mientras que los “jansenistas” lo interpretaron como la superación, por fin, de las trabas de la curia romana para proceder a la reforma de la religiosidad y de la Iglesia. Las aportaciones historiográficas recientes matizan una y otra interpretación y consideran que Carlos IV nunca pensó en una ruptura con Roma, pero accedió a la propuesta de Urquijo porque creyó que la Santa Sede permanecería vacante durante largo tiempo e intentó retener en España las importantes sumas económicas pagadas a Roma por las dispensas matrimoniales. En lo que respecta a Urquijo, el decreto fue, ante todo, un arma política frente a las potencias europeas y una especie de intimidación a los cardenales reunidos en cónclave en Venecia para garantizar una elección favorable a España. El 29 de marzo de 1800, sólo quince días después de la elección del nuevo Papa, Pío VII, Carlos IV derogó el decreto y a continuación se volvió al estado tradicional en las relaciones con Roma.
En 1799, Urquijo adoptó otras decisiones que asimismo causaron una especie de alarma general en la Iglesia española. Destituyó a los miembros del Tribunal de la Inquisición de Barcelona, tras algunas disputas sobre competencias, retiró al nuncio su condición de embajador de la Santa Sede y facilitó la circulación por España de un escrito en que se alentaba a los “jansenistas” españoles a cumplir su programa; este texto había sido redactado por miembros de la Iglesia constitucional francesa, entre ellos Grégoire, el autor un año antes de una carta al inquisidor general Arce en que solicitaba el fin de la Inquisición. Todo esto supuso un serio contratiempo para Urquijo, pues, aparte de la animadversión hacia él de buena parte del clero español, hecho que influyó de forma decisiva en Carlos IV, motivó que el Papa escribiera al Monarca en términos poco favorables para su ministro. Por otra parte, tras el golpe del 18 brumario en Francia, las relaciones de Urquijo con el primer cónsul Bonaparte se hicieron muy tirantes. Amparado en todo ello, Manuel Godoy, aliado con el sector contrario a Urquijo, hizo todo lo posible por influir en el ánimo de Carlos IV para que destituyera a Urquijo, lo cual se produjo el 13 de diciembre de 1800.
Urquijo fue nombrado, acto seguido, administrador de Correos en la villa de Bilbao el 12 de diciembre de 1800. Tal cosa fue un duro golpe para él, pues quedaba alejado de la Corte y, en consecuencia, del centro del poder, pero sus muchos enemigos fueron más lejos e intentaron su procesamiento bajo la acusación de malversación de caudales públicos y de complicidad con los diplomáticos franceses en la firma del Tratado de San Ildefonso el 1 de octubre de 1800, por el se acordó el retroceso a Francia de La Lusiana y de la isla de Elba, así como la entrega a este país de seis navíos de guerra y una suma de dinero a cambio del engrandecimiento del ducado de Parma. El 7 de marzo de 1801 Urquijo fue arrestado y, aunque no prosperó el proceso contra él, permaneció recluido en la ciudadela de Pamplona hasta el 5 de marzo de 1802. En esa fecha se le permitió salir de prisión, con la obligación de fijar su residencia en un pueblo de su provincia, y eligió Bilbao. En 1804, los protagonistas de “la zamacolada” recurrieron a Urquijo y al almirante Mazarredo en calidad de mediadores ante los poderes públicos. Aunque ambos fueron partidarios de mantener el orden y de controlar el movimiento popular, no se libraron de ser acusados de instigadores a la rebelión. Los jueces del caso no hallaron motivo para su procesamiento, pero ambos fueron obligados a vivir fuera del señorío de Vizcaya, de Madrid y de los Sitios Reales. Urquijo se instaló en Burgos, donde permaneció hasta marzo de 1808, en que Fernando VII le levantó el destierro.
En abril de 1808, Urquijo fue uno de los que en vano intentaron disuadir a Fernando VII de su viaje hasta Francia para encontrarse con Napoleón. El 25 de mayo, tras las renuncias de Bayona y una vez designado José I Rey de España, Napoleón llamó a Urquijo a esa ciudad para tomar parte en la Asamblea destinada a dotar al Reino de una nueva Constitución. Urquijo actuó como secretario primero de la denominada Junta de Bayona, que presidió Miguel José de Azanza. Antes de la apertura de las sesiones, Napoleón consultó a Azanza y a Urquijo sobre las medidas políticas más importantes a aplicar en España. Urquijo remitió un informe el 5 de junio en el que demostró su talante abierto a las nuevas ideas políticas. Entre otras propuestas, sugirió la inmovilidad e independencia de los jueces, la separación de la jurisdicción civil y eclesiástica, la abolición de los derechos feudales, la desamortización de los bienes de las órdenes militares, la creación de un registro civil, la sustitución de funcionarios militares por civiles en la administración de la Monarquía, la abolición de los oficios enajenados y privilegiados y la supresión de la Inquisición. Napoleón hizo poco caso de este informe, pero Urquijo se ganó la voluntad de José I, de quien se constituyó en consejero personal y sobre el que ejerció gran influencia.
Del 7 de julio de 1808 al 27 de junio de 1813 fue miembro del gobierno de José I como ministro de Estado, cargo de nueva creación en el organigrama de la Administración española, cuyo cometido consistía en garantizar la comunicación entre el Rey y los restantes ministros, mantener la unidad entre los ministerios y evitar que alguno de ellos sobresaliera sobre los demás. El ministro de Estado debía refrendar las leyes, los decretos reales y los actos de gobierno y estaba obligado a acompañar al Rey en todo momento, en particular en el Consejo de Estado y en el Consejo Privado, en los cuales tenía voz sin voto.
En 1809 fue declarado reo de alta traición por las Cortes de Cádiz y sus bienes fueron confiscados. En compensación, al igual que sucedió con otros afrancesados, recibió del gobierno de José I la suma de 1.200.000 reales. Por otra parte, Urquijo incrementó notablemente su patrimonio adquiriendo en distintos lugares de la España controlada por José I bienes urbanos y rústicos desamortizados.
En agosto de 1812, siguió a José I a Valence (Francia). Retornó a Madrid, con el Rey, el 3 de noviembre y definitivamente abandonó España, junto con el gobierno bonapartista, tras la batalla de Vitoria el 21 de junio de 1813. Instalado inicialmente en Pau, en 1814 fijó su residencia en París y se naturalizó francés. Tras la abdicación de Napoleón, felicitó a Fernando VII por su restitución al Trono y solicitó el perdón para él y para quienes habían sido sus colaboradores, sin obtener respuesta. Murió en París en 1817 de una indigestión que los médicos no supieron atajar y fue enterrado en el cementerio del Père Lachaise, donde sus amigos colocaron un vistoso monumento funerario con una inscripción elogiosa sobre su trayectoria vital.
Fue caballero de las Órdenes de Carlos III, Malta, San Juan de Jerusalén y del Toisón de Oro. No contrajo matrimonio.
Obras de ~: La muerte de César. Tragedia de Voltaire, traducida en verso castellano por Don ~, 1791, ms., Madrid, Biblioteca Nacional de España; La muerte de César. Tragedia francesa de Mr. Voltaire, traducida en verso castellano y acompañada de un discurso del traductor sobre le estado actual de nuestros teatros y la necesidad de su reforma, por Don ~, Madrid, Blas Román, 1791; La muerte de César y Sennacherib. Tragedias traducidas del francés por Don ~, s. f., ms., Londres, British Library.
Bibl.: L. SIerra, “La caída del primer ministro Urquijo en 1800”, en Hispania, XCII (1963), págs. 556-580; La reacción del episcopado español ante los decretos de matrimonios del ministro Urquijo de 1799 a 1813, Bilbao, Universidad de Deusto, 1964; R. Sierra Bustamante, Sinfonía bilbaína en tres tiempos, Bilbao, 1967 (2.ª ed); J. Saugnieux, Un prélat éclaré: Don Antonio Tavira y Almazán (1737-1807), Toulouse, 1970; J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Estado, Madrid, Editora Nacional, 1979, 2 vols.; J. Mercader Riba, José Bonaparte, Rey de España. Madrid, CSIC, 1983; M.ª V. López Cordón y G. Franco Rubio, “Un voltairien espagnol à la fin du XVIIIe siècle: Mariano Luis de Urquijo”, en U. Kölving y Ch. Mervaud (dirs.), Voltaire et ses combats. Actes du congrès international, Oxford-Paris, Voltaire Fondation, 1997, págs. 1251-1261; J. García de León y Pizarro, Memorias, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998; D. Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid-Bordeaux, Casa de Velázquez, 1998; B. Badorrey Martín, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808), Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999; J. López Tabar, Los famosos traidores. Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), Madrid, Biblioteca Nueva, 2001; E. La Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002; M. L. de Urqujo, Apuntes para la memoria sobre mi vida política, persecuciones y trabajos padecidos en ella, ed. de Aleix Romero Peña, Logroño, Siníndice, 2010; A. Romero Peña, Reformar y gobernar. Una biografía política de Mariano Luis de Urquijo, Logroño, Sin índice, 2013 (en prensa).
Emilio La Parra López
