Vargas Laguna, Antonio. Marqués de la Constancia (I). Badajoz, 12.II.1763 – Roma (Italia), 23.X.1824. Diplomático, ministro y militar.
Miembro de una familia hidalga extremeña; su padre, Antonio de Vargas y Flores, alcanzó el grado de coronel en el ejército. Tras cursar estudios universitarios de Derecho, inició, como muchos de los individuos de su clase, la carrera administrativa, en la que inicialmente destacó gracias a la protección de su paisano Manuel Godoy.
Comenzó su trayectoria como alcalde de la Audiencia de Sevilla (1790) y un año más tarde ascendió a alcalde del crimen de la Chancillería de Valladolid, de la que fue nombrado auditor un mes después. En enero de 1793 fue promovido a alcalde de Casa y Corte de Madrid. El año siguiente resultó especialmente favorable para él: fue nombrado ministro supernumerario del Consejo Real de Órdenes (15 de abril de 1794), entró como caballero en la Orden de Alcántara (3 de julio de 1794) y recibió el encargo de recoger los papeles del conde de Aranda, tras el grave enfrentamiento personal y político en el Consejo de Estado entre éste y Godoy, su sucesor en la secretaría de Estado. Gracias al desempeño de este cometido, Vargas fue designado secretario del tribunal constituido para formalizar ante el Consejo de Estado la acusación fiscal contra Aranda. En este episodio actuó con gran diligencia y habilidad, pues cumplió con eficacia las órdenes de Godoy y, al mismo tiempo, trató con respeto al encausado. Según Andrés Muriel, hizo gala de gran erudición jurídica y aunque —en la línea deseada por Godoy— halló criminalidad en todos los cargos contra el conde, nunca se sobrepasó en su lenguaje contra él.
El 15 de diciembre de 1800 Vargas Laguna fue nombrado ministro plenipotenciario de España en Roma. En febrero del año siguiente partió hacia su destino, precedido de la fama de poseer un carácter vivo y gran capacidad para tratar los asuntos con criterios racionales, como advirtió Casoni, nuncio en España, al secretario de Estado pontificio Consalvi.
En perfecta sintonía con la línea regalista mantenida en esta época por la corte española, Vargas Laguna desarrolló intensas negociaciones ante la Santa Sede con el doble objetivo de borrar la imagen negativa creada durante el ministerio de Urquijo y de obtener determinadas concesiones perseguidas durante toda la centuria por la monarquía española. Hasta el fin del reinado de Carlos IV su gestión se centró en cuatro grandes asuntos: el establecimiento de un nuevo estatuto para el nuncio en España, con el objeto de dejarlo reducido a la condición de simple embajador, sin jurisdicción alguna; la concesión a los obispos de facultades para dispensar los impedimentos matrimoniales reservados a Roma; la aplicación a obras pías de los beneficios de provisión pontificia en España y el logro de la independencia de los dominicos españoles del general de Roma. En ninguno de estos negocios quedaron satisfechas las pretensiones de la monarquía española, salvo —de manera parcial— en el último. En 1803, mediante la bula Inter graviores, el papa Pío VII accedió a que las provincias de las órdenes regulares españolas fueran gobernadas alternativamente durante seis años por un general con poder sobre todo la orden residente en España y por un vicario general con idénticas facultades, cargos ambos reservados a españoles. La Corte española interpretó la bula como un triunfo (Vargas Laguna lo consideró personal) y premió a éste con el nombramiento de consejero de Estado (1803). Sin embargo, los objetivos españoles no quedaron plenamente satisfechos, pues aunque la bula concedía cierto grado de autonomía a las órdenes religiosas establecidas en España, los asuntos fundamentales continuaron bajo control de los generales de las órdenes radicados en Roma. El vicario español previsto en la Inter graviores no pasaba de ser una especie de delegado personal del general de la orden con sede en Roma, a quien debía consultar los casos de mayor importancia. Además, en contra de la finalidad principal perseguida por España, las reglas de las órdenes no podían ser reformadas sin conocimiento de su general y sin contar con la aprobación del Romano Pontífice.
A partir de 1804, Vargas Laguna simultaneó su cargo de ministro plenipotenciario español con el de representante en Roma del recién creado Reino de Etruria, gobernado por el infante don Luis de Parma, esposo de una de las hijas de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma. En este tiempo, la actuación de Vargas Laguna se caracterizó, como en la etapa anterior, por su defensa del regalismo dominante en ambas Cortes y aunque en algunas ocasiones su insistencia en determinados asuntos incomodó a la curia romana, que le calificó de altanero, siguió el método marcado por Carlos IV de evitar amenazas y presión excesiva sobre el Papa, con quien consiguió mantener relaciones personales satisfactorias.
La situación de Vargas Laguna varió radicalmente tras el cambio de dinastía en España como consecuencia de las renuncias de Bayona. Al igual que el resto de las personas empleadas en la embajada en Roma, en noviembre de 1808 se negó a prestar juramento a José I y por este motivo fue arrestado en enero del año siguiente y deportado, en calidad de prisionero, al fuerte de Fenestrelle, en el Piamonte, cerca de la frontera con Francia. El 19 de mayo de 1814, vuelto al trono Fernando VII, fue restablecido en su cargo de embajador en Roma, a donde llegó, desde Madrid, el 17 de septiembre siguiente.
De 1814 a 1820 la principal ocupación de Vargas Laguna, ahora fiel seguidor de los planes de Fernando VII, consistió en vigilar a los reyes padres, Carlos IV y María Luisa, y a Manuel Godoy, los tres instalados desde 1812 en Roma. Siguiendo instrucciones directas de Fernando VII, con quien mantuvo una asidua correspondencia reservada, Vargas Laguna puso en práctica un plan de espionaje destinado a separar a Godoy de los Reyes padres, con el objetivo de repatriarlo a España para someterlo a proceso judicial, crear en Carlos IV un sentimiento de animadversión contra el que todavía era su amigo y consejero íntimo y evitar cualquier iniciativa que pusiera en duda el derecho de Fernando VII a ocupar el trono de España.
No consiguió la repatriación de Godoy, pero alcanzó considerable influencia sobre Carlos IV, de quien se convirtió en una especie de secretario personal. El logro principal de Vargas Laguna fue la firma, el 15 de febrero de 1815, de un acuerdo entre Fernando VII y su padre (conocido como “Tratado de alimentos”), según el cual, Carlos IV ratificaba su renuncia al trono, aunque sin hacer declaración expresa, y se comprometía a no regresar a España, en tanto que Fernando VII le otorgaba una pensión anual de doce millones de reales y se hacía cargo de las deudas contraídas por sus padres hasta la fecha. Durante unos meses, Vargas Laguna se ocupó, asimismo, de la búsqueda de las supuestas joyas de la Corona española que se creía en poder de Godoy y de Pepita Tudó, tarea para la que, junto con los representantes diplomáticos españoles en otras ciudades italianas, urdió un complicado entramado que no produjo ningún resultado positivo.
En 1820, Vargas Laguna no acogió de buen grado el restablecimiento del régimen constitucional en España.
Inicialmente continuó en su puesto en Roma y aparentó acatamiento a las nuevas autoridades, pero como responsable de la embajada no guardó las prescripciones establecidas por la Junta de Gobierno en el acto del juramento de la Constitución, a lo que estaban obligados todos los españoles bajo pena de destierro y pérdida de sus derechos políticos y civiles.
El juramento realizado por el personal empleado en la embajada de Roma fue considerado nulo y a continuación Vargas Laguna fue exonerado de su cargo, si bien éste presentó previamente la renuncia alegando razones de salud. Libre de toda responsabilidad ante las autoridades liberales, escribió a Fernando VII ofreciéndole, a título personal, sus servicios. El 2 de diciembre de 1821 el Rey le respondió que el momento no era propicio para intentar cambios políticos, pero aceptó el ofrecimiento. “Me aprovecharé de ti a la primera ocasión”, le prometió el Rey, y tras presentarle un panorama tenebroso de la situación de España, le encargó que contactara con los soberanos extranjeros “para que vengan a sacarme de la esclavitud en que me hallo y liberarme del peligro que me amenaza”. Gracias a los oficios del embajador francés en Roma, duque de Blacas, Vargas Laguna se entrevistó con el Rey de Nápoles y consiguió que el 7 de febrero de 1822 éste escribiera a los monarcas de Francia, Rusia, Austria, Prusia e Inglaterra en solicitud de ayuda para Fernando VII. Todos los mencionados, salvo el Rey de Inglaterra, respondieron anunciando su buena disposición y el Zar dio instrucciones expresas a su embajador en París, Pozzo di Borgo, para que actuase a favor del Rey de España.
Satisfecho por estos resultados, el 16 de febrero de 1822 Fernando VII, por carta personal, acreditó a Vargas Laguna ante los soberanos de Europa “para tratar en secreto de mis intereses particulares”. Encargo idéntico encomendó, al mismo tiempo, al conde de Fernán Núñez, para que hiciera lo propio en París, y a otros de sus incondicionales (el marqués de Casa Irujo, Gómez Labrador, el general Eguía...) asignó misiones similares en otros lugares.
En calidad de eficaz agente de Fernando VII, en cuanto Vargas Laguna se enteró, por medio del Rey de Nápoles, de la promesa del Zar de tratar sobre España y de los medios de salvar a su rey en el próximo congreso que debía reunirse en Verona, viajó de incógnito a Luca, lugar próximo al de la reunión. Una vez allí, solicitó instrucciones de la Regencia de Urgell sobre lo que conviniera transmitir al Congreso, operación a la que se ofreció Vargas Laguna alegando sus contactos personales con representantes diplomáticos europeos.
El 25 de octubre de 1822 la Regencia le encomendó que solicitara ayuda militar y negociara la concesión de préstamos, al tiempo que le renovaba su condición de plenipotenciario para tratar con los soberanos extranjeros.
En reconocimiento de su actividad, el 27 de mayo de 1823, Vargas Laguna fue nombrado secretario de Estado del efímero primer gobierno constituido por la Regencia (duró del 27 de mayo al 7 de agosto de 1823), pero debido a su ausencia de España no llegó a ocupar el puesto y fue sustituido por Víctor Damián Sáez. En julio de ese mismo año volvió a Roma en calidad, como antaño, de representante de España ante la Santa Sede y el 3 de diciembre de 1823 fue designado miembro del nuevo Consejo de Estado, cargo que juró en Madrid el 17 de diciembre.
El 14 de diciembre de 1823, Fernando VII le agració con el título de marqués de la Constancia, pero Vargas Laguna murió en Roma antes de sacar el preceptivo Real Departamento. Su fidelidad a Fernando VII le había valido, asimismo, el ingreso como caballero gran cruz en la Orden de Carlos III (29 de mayo de 1815).
Antonio Vargas Laguna casó tres veces y no tuvo sucesión. Su primera esposa fue Catalina Verdugo Guillamás, la segunda, María de Quero y Valenzuela, marquesa de la Merced, con la que contrajo matrimonio en 1800, y la tercera María del Carmen Álvarez de Faria, viuda del mariscal de campo Juan Manuel de Villena, mayordomo mayor de Carlos IV, y prima de Manuel Godoy, con la que celebró matrimonio en 1816.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Pruebas de la Orden de Carlos III, exp. 1475.
Marqués de Villa-Urrutia, Fernando VII rey constitucional. Historia diplomática de España de 1820 a 1823, Madrid, Beltrán, 1922; A. Muriel, Historia de Carlos IV, II, Madrid, Atlas, BAE, 1959; R. Olaechea, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del xviii, Zaragoza, 1965; D. Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIe. Siècle, Madrid-Bordeaux, Casa de Velázquez, 1998; J. R. Urquijo Goitia, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001; E. La Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, Barcelona, Tusquets, 2002; C. Rodríguez López-Brea, Don Luis de Borbón, el cardenal de los liberales (1777-1823), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, 2002.
Emilio La Parra López
