Moyano y Samaniego, Claudio Antonio. La Bóveda de Toro (Zamora), 30.X.1809 – Madrid, 7.III.1890. Político, jurista y hacendado.
Nació en el seno de una familia de ricos terratenientes muy influyente en la feraz comarca de la Guareña.
Sus padres, Silverio Moyano Tejada y María Antonia Samaniego Sánchez, poseían un importante legado familiar que incrementaron sustancialmente con bienes raíces procedentes de las desamortizaciones. Sus deudos representaban además todo un símbolo político en la región: primero el abuelo paterno, Ramón, y después su padre, desde 1778 fueron sucesivamente alcaldes de La Bóveda una docena de veces.
Por vía materna su tío Antonio, padrino de bautismo de Claudio, destacó también en la política regional y llegó a ocupar un escaño en las Cortes progresistas de 1837 a 1841 por la circunscripción de Zamora.
Considerando su ascendencia, Mateos Rodríguez deja sentado que el linaje de los Moyano, emparentado con los Samaniego y los Pedrero, constituía sin duda la más rancia estirpe civil de la comarca bovedana al margen de la Iglesia.
En un clima familiar tan propicio, Claudio Moyano inició, ya en la pubertad, un aprendizaje político de abierta orientación liberal en su propio hogar. Durante la llamada Década Ominosa obtuvo los títulos de bachiller y licenciado en las Universidades de Salamanca y Valladolid, participando simultáneamente en las protestas estudiantiles contra el absolutismo de Fernando VII y contra la represión universitaria ejercida por Calomarde, y en 1833 se doctoró en Cánones y en Leyes. Con María Cristina regente, el 7 de enero de 1835, a la tempana edad de veinticinco años, tomó posesión de la plaza de sustituto de la Cátedra de Instituciones Civiles de la Universidad de Valladolid, pasando a ocupar en las mismas condiciones la Cátedra de Economía Política General y Aplicada a la Legislación el 12 de noviembre del año siguiente. Como quiera que la Dirección General de Estudios hubiera prohibido sine die las oposiciones a cátedras vacantes, Claudio Moyano permaneció once años en situación de interinidad obligada, pero, finalmente, acogiéndose a las disposiciones ministeriales decretadas por Pedro José Pidal en 1845, el 28 de febrero de 1846 obtuvo en propiedad la Cátedra de Economía Política y Derecho Político y Administrativo sin previa oposición.
Afecto a las doctrinas librecambistas que enseñaba en las aulas y partidario de la Monarquía constitucional, durante la Regencia de María Cristina mantuvo posturas decididamente progresistas. Por diversos actos de civismo, en 1836 figuró como capitán de la Milicia Nacional y en 1841 alcanzó el puesto de alcalde de Valladolid, cargo en el que apenas se mantuvo un año, pero que acabó cimentando su popularidad. Enfrentado, sin embargo, años después al cesarismo liberal de Espartero, contra quien se sublevó en mayo de 1843 acaudillando las fuerzas de la Milicia, osciló hacia las posiciones del moderantismo constitucional y pasó a engrosar los cuadros centristas de los puritanos encabezados por Joaquín Francisco Pacheco. En la tribuna y en la cátedra cambió su discurso y empezó a propagar los principios del liberalismo doctrinario, abogando en favor de una política económica proteccionista y del sufragio censitario.
El año 1843, figurando ya en el ala de izquierda de los conservadores y coincidiendo con los trepidantes meses de la caída del príncipe de Vergara y de la mayoría de edad de Isabel II, comenzó su actividad parlamentaria al ser elegido por primera vez diputado a Cortes por el distrito único de Zamora. Apoyado en la tupida y extensa red clientelar que tenía tendida en su tierra chica, repetiría casi ininterrumpidamente su éxito electoral a Cortes: diputado otra vez por la provincia de Zamora en reemplazo del duque de Veragua en 1844 (tomó posesión el 8 de abril de 1845), después por el distrito electoral de Toro (1846, 1850 y 1851), por Valladolid en 1853 y de nuevo por la provincia de Zamora (de 1854 a 1867). Congruente con su patrimonio rústico y con los intereses de sus electores, sus intervenciones en el Parlamento se centraron fundamentalmente en cuestiones de fomento y agricultura, especialmente en las que afectaban a las regiones trigueras. Sus enemigos políticos provinciales, entre los que llegó a contarse el gobernador civil Genaro Alas, padre del insigne escritor Leopoldo Alas Ureña, Clarín, fueron poderosos e influyentes, pero convirtió el distrito de Toro-Fuentesauco en un feudo personal y su figura sobresalió como la de un auténtico patriarca provincial.
También en el mismo año de la mayoría de edad de Isabel II, respaldado al parecer por el ministro de la Gobernación Fermín Caballero, por Real Orden de 5 de octubre fue nombrado rector de la Universidad de Valladolid. Desde el rectorado impulsó las enseñanzas médicas y científico-técnicas, instaló laboratorios, reformó la biblioteca y mejoró sensiblemente los servicios e instalaciones universitarias. Según atestiguan sus contemporáneos Francisco Vargas y Vicente Lobo, muy críticos, por otro lado, con las actuaciones de Claudio en las Cortes durante estos años, elevó la Universidad de Valladolid a un grado a que hasta entonces jamás había podido llegar. Los mismos cronistas destacan que desempeñó fiel y competentemente su cátedra, pues jamás faltó un día a clase y sus dotes didácticas y trato respetuoso y cercano le granjearon la admiración de sus alumnos. Tuvo además el acierto de incorporar en su programa de Economía Política varios temas relativos a Economía del Estado, convirtiéndose en uno de los promotores de la aparición de la Hacienda Pública como disciplina universitaria.
El 28 de marzo de 1850, tras seis años largos de gestión rectoral que mereció una general aprobación del claustro de Valladolid, fue significativamente trasladado por el Gobierno al rectorado la Universidad Central de Madrid a modo de funcionario. Apenas un año más tarde, debido probablemente a los serios enfrentamientos que tuvo con Bravo Murillo, quedó relevado del cargo; pero el prestigio académico ganado, su preparación en Derecho político y Hacienda pública y su experiencia parlamentaria le auparían en poco tiempo al Ministerio de Fomento.
El desquiciado final de la Década Moderada y su especialización en temas de economía y agricultura propiciaron el comienzo de la etapa ministerial de Moyano.
Favorecido por la caída de Bravo Murillo, el 21 de junio de 1853 aceptó la cartera de Fomento que le encomendó el general Francisco de Lersundi. Este primer ejercicio no pudo ser fecundo por su brevedad, pues, incapaz de ayudar a reconducir el proceso de desintegración en que estaban sumidos entonces los moderados, dimitió pronto, el 10 de agosto, alegando oficialmente motivos de salud. Superado el Bienio Progresista, en el que se opuso frontalmente a la desamortización de Madoz, desde el 12 de octubre de 1856 hasta el 15 de octubre del siguiente año volvió a repetir cartera, esta vez con notable éxito, en el cuarto Gobierno presidido por su antiguo adversario Ramón María Narváez. Su segunda gestión ministerial fue corta pero decisiva: en tan sólo un año resolvió los expedientes de ferrocarriles pendientes de aprobación, planificó importantes cambios urbanísticos en Madrid (reforma de la Puerta del Sol y propuestas de planes de ensanche en Argüelles, Chamberí, Salamanca y Retiro) y, sobre todo, aprovechando la necesidad largamente sentida por los diversos partidos de estabilizar legalmente la enseñanza en España, en el tiempo récord de algo más de un mes consiguió sancionar la Ley de Instrucción Pública, que constituye la coronación del sistema educativo liberal español.
La Ley Moyano, como ha sido conocida por la posteridad, no aportó grandes novedades, pues prácticamente se redujo a compendiar las reformas ya propuestas en anteriores planes liberales de distinto signo, pero tuvo el mérito de aunar voluntades, la relevancia de alzarse en la primera Ley General de Educación realmente vigente en España y el éxito de convertirse con el paso del tiempo en una ley centenaria. Para lograr rápidamente sus propósitos, Moyano envió estratégicamente a las Cortes un proyecto de ley de bases que contenía los principios esenciales que debían inspirar el sistema educativo y que autorizaba al Gobierno a elaborar posteriormente una ley más detallada. En el preceptivo debate parlamentario, el patricio zamorano dio sobradas pruebas de su moderantismo conciliador y de grandes recursos oratorios, consiguiendo salvar limpiamente el escollo de algunos diputados moderados y del grupo minoritario neo-católico que exigían atribuciones desmedidas para la Iglesia en la enseñanza pública. Resaltando la catolicidad del Congreso y la suya propia, adujo que una ley de tal naturaleza no debía entrar a regular lo que ya el Estado había asegurado y garantizado por leyes fundamentales superiores (Constitución de 1845 y Concordato de 1851). El proyecto de ley de bases quedó aprobado sin modificación el 17 de julio de 1857; y el proyecto legal definitivo, elaborado por una comisión ad hoc, fue aceptado por consenso general y sancionado el 9 de septiembre siguiente. En el orden jurídico formal, la Ley Moyano estableció la enseñanza obligatoria entre los seis y los nueve años, dispuso la gratuidad limitada de la enseñanza primaria, diseñó y organizó todos los niveles educativos, ordenó la carrera docente, centralizó la administración educativa, reguló, aunque precariamente, la libertad de enseñanza y articuló los acuerdos escolares con la Iglesia. Tres décadas más tarde se jactaba Moyano en el Senado: “Esta ley ha durado y durará muchos años porque dicha ley, y eso lo puedo decir muy alto, fue una ley nacional, no de partido”.
Sus palabras se ajustaban a la realidad y acertaban en su predicción de futuro, pues la ley disfrutó de alto consenso nacional y se mantuvo vigente hasta la Ley General de Educación de 1970.
Claudio no formó parte de los Gobiernos de O’Donnell; sin embargo, durante los cinco años de dominio de la Unión Liberal (1858-1863) mantuvo su autoridad en las Cortes y fue nombrado miembro de la Comisión Permanente Inspectora de las Operaciones de la Dirección General de la Deuda Pública.
Académicamente su imagen salió robustecida al ser elegido el 26 de noviembre de 1857 individuo de número, medalla n.º 13, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, institución creada, en aplicación de su flamante ley, por Real Decreto de 30 de septiembre anterior y presidida desde su origen por Pedro José Pidal. Tras la crisis de la Unión Liberal, todavía volvería a dirigir por tercera vez Fomento, integrando el efímero y débil gabinete de Lorenzo Arrazola entre el 17 de enero y el 1 de marzo de 1864. Durante sus cuarenta días de mandato puso en marcha el proyecto del tramo de ferrocarril Medina-Zamora, importante para los intereses agrarios castellanos, pero también para los suyos propios, y encargó el proyecto de la línea Cáceres-Zamora por Salamanca. Este mismo año le fue concedida la Gran Cruz de Carlos III. A partir de entonces comenzó su declive en la política gubernamental, en gran medida provocado por su fidelidad inquebrantable a la causa isabelina. Consecuente con su talante liberal y monárquico, en vísperas de la Revolución de 1868 se opuso a la intolerancia del marqués de Orovio y de Severo Catalina, a la vez que consideró una felonía a la Corona el pacto de la Unión Liberal con progresistas y demócratas.
Ante el fraccionamiento del consenso de los conservadores en los meses pre-revolucionarios, permaneció en el grupo de los moderados históricos que enarbolaron la bandera de la Constitución de 1845 y persiguieron la reintegración en el trono de Isabel II. Inclinándose definitivamente hacia posiciones netamente conservadoras, durante el Sexenio se distanció de la política activa y en la Restauración no quiso adaptarse a los ritmos políticos del turnismo y se negó a formar parte del nuevo Partido Liberal Conservador, recriminando a Cánovas su falta de apoyo a Isabel II en tiempos recios y su connivencia con los revolucionarios septembrinos. En 1876 repetiría por última vez escaño en las Cortes por el distrito de Valladolid, y el año 1879 todavía fue consultado formalmente por Alfonso XII, en condición de representante del tradicional Partido Moderado, sobre la constitución del Gobierno que finalmente presidiría el general Martínez Campos tras la dimisión de Cánovas; sin embargo, en 1884, en una reunión que tuvo lugar precisamente en su domicilio madrileño el 31 de enero, no pudo evitar que la mayor parte de sus correligionarios rechazasen su encastillamiento y acordasen asumir la política de Cánovas afín a ellos. Desde entonces se consideró a sí mismo como el único sobreviviente de los moderados históricos puros. En 1881 fue elegido senador a Cortes por la Universidad Central (legislaturas 1882-1883 y 1884-1885) y el 25 de abril de 1886, reconociendo los méritos de su larga trayectoria política, el Gobierno Sagasta lo nombró senador vitalicio.
Simultáneamente, con el pasar de los años Claudio Moyano se fue afincando cada vez en su terruño zamorano (en 1870 ocupaba el puesto 24 en el listado de mayores contribuyentes territoriales de la provincia y a finales de la década de 1880 figuraba en el número 10). Sus conveniencias patrimoniales contribuyeron, sin duda, a endurecer su política económica proteccionista y a defender con denuedo los intereses del campo castellano. Movido por los acuerdos internacionales comerciales firmados por Sagasta, junto con el liberal Germán Gamazo y el republicano José Muro conformó el principal grupo castellano inspirador de la Liga Agraria, fundada a finales de 1887 para crear una conciencia regional contra las importaciones masivas de cereal, en la que en realidad se identificaban los intereses de la región con los intereses de la burguesía agraria. Tras una larga vida de algo más de ochenta años, falleció en Madrid, sin dejar descendencia, al declinar el invierno de 1890. Sus restos mortales, velados en la sede de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que llegó a ser presidente por elección del 29 de mayo de 1853 cuando se denominaba Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación, fueron trasladados a hombros por ocho académicos desde la capilla ardiente al furgón que los condujo al cementerio de Fuentelapeña para ser enterrados en su panteón familiar.
Claudio Moyano Samaniego ejerció una variada actividad política, académica, urbanística e industrial, pero su nombre ha sobrevivido vinculado fundamentalmente al mundo de la enseñanza. Probó siempre al Magisterio su cariño y el Magisterio le correspondió cumplidamente, como demostró nombrándole presidente de honor del Congreso Pedagógico Nacional celebrado en Madrid entre mayo y junio de 1882 y erigiéndole una estatua, esculpida por Agustín Querol e inaugurada por el ministro Antonio García Alix el 11 de noviembre de 1900, lindante con la primera sede del recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes situada en la glorieta de Atocha.
Obras de ~: Memoria sobre las concesiones hechas de ferro-carriles Madrid, s. l., Imprenta de D. S. Compagnim, 1854; Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento D. Claudio Moyano en el Congreso de los Diputados el día 12 de junio de 1857, en Revista minera, t. VIII, n.º 170, separata (1857).
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 24 n.º 19, 24 n.º 68, 27 n.º 13, 29 n.º 20, 32 n.º 13, 36 n.º 2, 38 n.º 53, 41 n.º 33, 41 n.º 38, 41 n.º 37, 45 n.º 14, 49 n.º 9, 52 n.º 16, 56 n.º 7, 59 n.º 14, 59 n.º 16, 79 n.º 9.
F. Vargas Machuca y V. Lobo Rui Pérez, El libro de la verdad, o semblanzas de los diputados al Congreso de 1851, Madrid, Imprenta Antonio Matéis Muñoz, 1851, págs. 85-89; L. de Granada, “Don Claudio Moyano”, en La Escuela Moderna, Madrid, 1901, págs. 98-99; E. Vicenti, “Claudio Moyano (1809-1890)”, en Jurisconsultos españoles. Biografías de los ex- Presidentes de la Academia y de los jurisconsultos anteriores al siglo XX inscritos en sus lápidas. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación al Instituto de Derecho Internacional, Madrid, Imprenta Hijos de M. G. Hernández, 1914, págs. 215-224; M. y J. L. Pesset, La universidad española (siglos XVIII y XIX), Madrid, Taurus, 1974, págs. 461-490; A. Heredia Soriano, Política docente y filosofía oficial en la España del siglo XIX. La era isabelina (1833-1868), Salamanca, Universidad, 1982; A. Viñao Frago, Política y educación en los orígenes de la España contemporánea, Madrid, Siglo XXI, 1982; M. A. Mateos Rodríguez, “Claudio Moyano (1809-1890), semblanza de un moderantista, imagen de una generación. La defensa del constitucionalismo político como sistema del régimen liberal”, y A. Escolano Benito, “Claudio Moyano y la Ley de Instrucción Pública de 1857”, en L. Vega Gil (coord.), Moderantismo y educación en España. Estudios en torno a la Ley Moyano, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1995, págs. 11-26 y págs. 63-80, respect.; M. Puelles Benítez, Educación e ideología en la España contemporánea, Madrid, Tecnos, 1999 (4.ª ed.); J. R. Urquijo Goitia, Gobiernos y ministros españoles (1808-2000), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2001, págs. 53-60 y 273.
Pedro Álvarez Lázaro
