Álvarez de Toledo y Portugal, Manuel Joaquín. Conde de Oropesa (IX). Pamplona, 6.I.1641 – Barcelona, 23.XII.1707. Gentilhombre de la cámara del rey, capitán general de Castilla, miembro de los Consejos de Estado y de Guerra, presidente de los Consejos de Castilla y de Italia y primer ministro de la Monarquía hispánica.
Manuel Joaquín Álvarez de Toledo fue hijo único de Duarte Fernando Álvarez de Toledo Monroy y Ayala Pimentel y Portugal (muerto en 1671), VII conde de Oropesa y virrey de Navarra en 1641 cuando nació Manuel Joaquín, y de Ana Mónica de Córdoba Pimentel y Zúñiga, VI condesa de Alcaudete. Ambos padres, casados en 1636, eran primos hermanos. El abuelo paterno, Fernando Álvarez de Portugal Toledo Monroy Ayala era, a su vez, primo hermano de Juan IV, VIII duque de Braganza y rey de Portugal desde 1640 hasta 1656, al ser hijo de Duarte de Portugal, hermano de Teodosio II, VII duque de Braganza y padre de Juan IV. Esta estrecha vinculación parentelar con la casa de Portugal‑Braganza será determinante en la trayectoria política del IX conde de Oropesa.
El 27 de julio de 1664 se casó en la iglesia de San Sebastián de Madrid Manuel Joaquín Álvarez de Toledo con Isabel Téllez Girón y Pacheco, hermana de Juan Francisco, conde de la Puebla de Montalbán y duque de Uceda por su casamiento. Tuvieron cuatro hijos. El primogénito, Vicente Pedro Álvarez de Toledo y Portugal (1685-1728), X conde de Oropesa en 1707 y caballero del Toisón de Oro en 1712, se casó con María de la Encarnación Fernández de Córdoba y la Cerda Aragón Figueroa, hermana del marqués de Priego y duque de Medinaceli. En segundo lugar, Josefa Antonia de Toledo y Portugal, se casó con Manuel Gaspar Alonso Gómez de Sandoval y Rojas, V duque de Uceda, en cuya descendencia recaerá más tarde el condado de Oropesa. El tercer hijo fue Antonio de Córdoba Portugal Toledo, conde de Alcaudete y coronel de las tropas imperiales, a quien el emperador Carlos VI concedió una pensión de 4.000 escudos sobre el reino de Nápoles en octubre de 1716. Y el cuarto fue sor Agustina de Jesús, que en 1699, a la edad de seis años, ingresó en el convento de Religiosas Agustinas Recoletas, situado en Calzada de Oropesa y fundado por su padre en 1674; en 1714 fue elegida priora de la Comunidad.
A esta bien tejida red familiar, que emparentaba a los condes de Oropesa con las grandes casas de los duques de Braganza, Medinaceli y Uceda, hay que añadir una extensísima red de clientes (el almirante de Castilla, el conde de Aguilar, el cardenal de Córdoba, el asistente de Sevilla Valdehermoso, el obispo de Segovia y Plasencia Ocampo, el arzobispo de Zaragoza Antonio Ibáñez, Juan de Goyeneche, el cronista de Indias Antonio Solís y un largo etcétera) sobre la que se levantó el gran poder político del IX conde de Oropesa en las dos últimas décadas del siglo XVII. De esta clientela socio-política merecen destacarse principalmente dos nombres —Fernando Fajardo y Manuel de Lira—, con los que Oropesa llevó a cabo las reformas más importantes del reinado de Carlos II.
Fernando Joaquín Fajardo, marqués de los Vélez, había desempeñado el cargo de gobernador de Orán entre 1666 y 1672, y de virrey de Cerdeña y de Nápoles entre 1675-1683. Presidente del Consejo de Indias, fue nombrado superintendente de Hacienda, desde cuyo puesto pretendió hacer una política semejante a la realizada por Jean-Baptiste Colbert en Francia.
Manuel Francisco de Lira y Castillo había sido introductor de embajadores y embajador en La Haya, secretario del Consejo de Estado para los asuntos de Italia en 1685, fue nombrado secretario del Despacho Universal, convirtiéndose desde este puesto clave, a caballo entre el poder palatino de la Casa Real y el poder político de los Consejos, en el colaborador más eficaz e inteligente del conde de Oropesa.
A esta distinguida parentela de los Oropesa, relacionada con las más ilustres casas nobiliarias (los Braganza, los Medinaceli y los Uceda, entre otros), y a esta poderosa red de clientes, se opusieron otras casas nobiliarias no menos importantes con su larga retahíla de paniaguados detrás. Muchos fueron los enemigos del conde de Oropesa, aunque aquí sólo se citen aquellos que permiten explicar ulteriormente la desaforada lucha por el poder entre los distintos partidos de la corte y las correspondientes consecuencias a nivel internacional. Entre los opositores declarados a la persona y a la política del conde de Oropesa figuran el duque de Arcos (Joaquín Ponce de León Alencastro y Cárdenas), el cardenal Portocarrero (arzobispo de Toledo y consejero de Estado), el duque de Caminha (Pedro Damián de Meneses Portocarrero y Noroña), el marqués de Leganés (Diego María Felipe de Guzmán), Francisco Ronquillo (corregidor de Madrid y principal animador de la Compañía de los Siete Hombres Justos) y Luis de Salazar y Castro (el príncipe de los genealogistas españoles e inspirador de infinidad de pasquines contra Oropesa). Esta oposición e, incluso, animadversión y odio, de unos clanes nobiliarios contra otros era una realidad político-social, que los embajadores extranjeros, preferentemente los franceses e imperiales, tuvieron muy en cuenta con el fin de utilizarla capciosamente en su beneficio.
Los condes de Oropesa —el título fue concedido en 1475 a Fernando Álvarez de Toledo— concentraron a lo largo del tiempo, sobre todo en la segunda mitad del siglo xvii, muchos títulos nobiliarios, acrecentaron los señoríos, formaron un riquísimo patrimonio económico, y se endeudaron de manera preocupante.
Estas cuatro características de la vida nobiliaria se pueden atribuir a gran parte de los linajes aristocráticos, pero probablemente el de Oropesa fuese uno de los más emblemáticos. Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, en cuanto hijo único, heredó de su padre, Duarte Fernando, los condados de Oropesa, Deleitosa y Belvís; los marquesados de Flechilla y Jarandilla; y de su madre, Ana Mónica, los señoríos de Montemayor, Dos Hermanas y Torre Cardela, el condado de Alcaudete, y los marquesados de Viana y Villar de Guajanejo. Fue también comendador de Habanilla en la Orden de Calatrava. A estos numerosos e importantes títulos nobiliarios hay que añadir el de Grande de España de primera clase, reconocido por Carlos II el 1 de agosto de 1690 al IX conde de Oropesa por los servicios prestados a la Monarquía católica como primer ministro desde junio de 1685. Todavía no se han podido contabilizar las sustanciosas rentas procedentes de este rico patrimonio señorial, pero Janine Fayard no duda en catalogarlos entre los más ricos, oscilando sus beneficios entre 50.000 y 60.000 ducados.
Pero estos considerables ingresos eran insuficientes para hacer frente a dos grandes partidas de gasto.
Una de ellas eran naturalmente los gastos consuntivos ordinarios (más de setenta personas estaban al servicio del conde de Oropesa en su residencia madrileña); y la otra, tal vez la más enjundiosa, venía dada por el dinero gastado en las necesidades de la Monarquía hispánica.
No se ha de olvidar que la gobernación de la Monarquía católica se hacía mediante el pacto del do ut des, según el cual el Rey concedía amplias mercedes (títulos, nombramiento de oficios palatinos, consejeros y primeros ministros), pero recibía del reino (condado de Oropesa) cantidades significativas de dinero.
Desde esta perspectiva económica el pleito dinástico tuvo graves consecuencias para el IX conde de Oropesa, en cuanto que todos sus bienes fueron confiscados por orden de Felipe V por haberse pasado a las filas de Carlos III en 1706.
Aquel pacto político de la Monarquía católica, que se caracterizaba por la cogobernabilidad entre el Rey y el reino, al menos en la segunda mitad del siglo xvii, implicaba por parte de éste ejercer el auxilium et consilium en la cúspide del poder central, que se puede desglosar, según Michael Mann, en poder militar, poder palatino y poder político. El auxilium militar, una de las funciones propias de la nobleza, lo ejerció el IX conde de Oropesa por medio de su cargo de capitán general de la provincia de Castilla la Nueva, con capital en Toledo, desde 1671. En cuanto al trascendental poder palatino, Oropesa no alcanzó ninguno de los tres oficios más influyentes de mayordomo mayor, caballerizo mayor o sumillers de corps, pero fue nombrado gentilhombre de cámara en 1674, lo que le permitía llevar consigo la llave dorada, símbolo del libre acceso a las regias habitaciones. Esto le granjeó una gran amistad con el rey Carlos II, aunque no con sus dos sucesivas esposas. Con María Luisa de Orleans (desde finales de 1679 hasta el 12 de febrero de 1689, fecha de la prematura e inesperada muerte de la Reina católica) las relaciones fueron, no sólo antagónicas, sino dramáticas; y con Mariana de Neoburgo, de la familia Wittelsbach, si no rozaron el enfrentamiento abierto, sus relaciones estuvieron marcadas por el interés y la conveniencia a lo largo de la última década del siglo (1691-1700). Ambas reinas encarnaron respectivamente los intereses de la Casa de Francia, y de las Casas de Baviera y de Austria; mientras que Manuel Joaquín Álvarez de Toledo defendería a fondo, contra las propias reinas y las facciones de Corte correspondientes, los intereses dinásticos de la Casa de Portugal, a la que él pertenecía familiarmente.
En lo político el poder central estaba configurado jurídica e institucionalmente por el sistema polisinodial de los Consejos. El IX conde de Oropesa —“hombre serio, austero y audaz, que tenía grandes dotes de gobernante”— fue miembro de los Consejos de Estado y de Guerra desde el 10 de agosto de 1680, genuinas asambleas aristocráticas que regían los destinos de la Monarquía católica en el exterior, pero también en el interior; y presidió los Consejos de Castilla y de Italia, bajo cuya jurisdicción estaban los extensos territorios de toda la Corona de Castilla con veintiuna ciudades con voto en Cortes; y de la península italiana con los virreinatos de Nápoles y Sicilia, la capitanía general del Estado de Milán y los presidios de Toscana. Fue nombrado por primera vez presidente del Consejo de Castilla, con el incondicional apoyo del duque de Medinaceli a la sazón primer ministro, en junio de 1684, al frente del cual estuvo hasta junio de 1690.
Y por segunda vez, en este caso a petición personal de la propia reina Mariana de Neoburgo, ocupó el mismo cargo de presidente del Consejo de Castilla desde el 25 de marzo de 1698 hasta el 9 de mayo de 1699. En el ínterin de estas dos presidencias del Consejo de Castilla desempeñó el cargo de presidente del Consejo de Italia, por el que percibiría las siguientes retribuciones anuales: 38.000,16 reales de plata de salario; 22.000 de casa de aposento; 7.998 de las tres propinas y luminarias ordinarias; y 515 de cera de la candelaria. Las dos primeras partidas —salario y casa de aposento— eran pagadas por el Estado de Milán y los reinos de Nápoles y Sicilia. Simultaneó las dos presidencias del Consejo de Castilla con el ejercicio de facto de primer ministro de la Monarquía, cuyo complejo timón dirigió desde el 2 de junio de 1685 hasta el 25 de junio de 1691 la primera vez; y desde el 18 de marzo de 1698 hasta el 9 de mayo de 1699 la segunda y última vez en el reinado de Carlos II. En los dos casos, Manuel Joaquín Álvarez de Toledo tuvo que abandonar el poder por la incontenible presión de las intrigas políticas y palaciegas, dirigidas en 1691 por el duque de Arcos con el apoyo de la reina Mariana de Neoburgo; y en 1699 por el cardenal Portocarrero y el marqués de Leganés, que dieron un auténtico golpe de Estado revestido de movimiento social el 28 de abril de aquel año. En ambos abandonos forzados del poder, la influencia de los embajadores extranjeros, sobre todo franceses (Enrique de Lorena, marqués d’Harcourt) e imperiales (Enrique Francisco, conde de Mansfeld, Fernando Buenaventura de Harrach, y Luis de Harrach, hijo del anterior), fue decisiva. Después de un largo y expectante ostracismo político, en el que el partido pro francés le mantuvo alejado de la Corte en sus tierras señoriales (Guadalajara, villa de Oropesa, etc.), el archiduque Carlos (Carlos III), que controló en 1706 gran parte del territorio de la Península Ibérica (aliado con Portugal y dueño de casi toda la Corona de Aragón ocupó incluso Madrid aunque por poco tiempo), le nombró primer ministro de la exitosa Monarquía austríaca frente a la casi derrotada Monarquía borbónica de Felipe V en aquel momento en que también la Corona de Castilla, sobre todo sus elites nobiliarias (conspiración austracista de 1705), le volvían la espalda al duque de Anjou y en su persona a la Francia de Luis XIV.
Durante los dos gobiernos del conde de Oropesa (1685-1691 y 1698-1699) —lector asiduo de las máximas políticas de Tácito— y con la competente ayuda de Manuel de Lira y del marqués de los Vélez se realizaron una serie de reformas. Es cierto que estas reformas habían sido ya pergeñadas y en parte iniciadas en gobiernos anteriores, concretamente con Juan José de Austria (1677-1679) y con el duque de Medinaceli (1680-1685). Todas ellas eran tributarias de un pensamiento económico ampliamente compartido a lo largo del XVII (Pedro Fernández Navarrete, Francisco Martínez de Mata, Francisco de Centani, Diego José Dormer, Francisco Gutiérrez de los Ríos, Feliu de Penya, Miguel Álvarez Osorio y Redín, Juan Alfonso de Lancina, etc.), aunque nunca puesto en práctica de manera resuelta. Estas profundas reformas políticas, llevadas a cabo en una coyuntura económica depresiva, con un reforzamiento indudable del sistema señorial y en un contexto internacional de guerra permanente, afectaron fundamentalmente a cinco campos concretos: el sistema monetario, el aparato productivo (agricultura e industria), la fiscalidad y las finanzas, la burocracia y la iglesia.
La coyuntura económica de las dos últimas décadas del siglo XVII se caracterizó por una asfixiante alza de los precios de los productos de primera necesidad.
Siendo esto el resultado de un preocupante desorden monetario y de una grave parálisis del aparato productivo del país. Las reformas de Oropesa lograron, al menos en gran parte, paliar los efectos negativos de esta penosa situación económica estabilizando el sistema monetario e impulsando el sector gremial y manufacturero.
Con las dos reales pragmáticas de 1686 se resolvió definitivamente el tremendo desorden que implicaba el pago del premio. Por la pragmática de 14 de octubre se ordenó que las nuevas acuñaciones de plata redujesen en 2/10 el peso de las anteriores; con ello, el real de a ocho (María) pasaba de 27,6 g a 22,08 g. Y en esta misma disposición se establecía que las piezas de plata, tanto las antiguas como las nuevas, se valorarían en reales de vellón. Este segundo aspecto, por el que se fijaba una moneda de cuenta, una moneda imaginaria (1 real de vellón eran 34 maravedíes, que a su vez eran 4 cuartillos, esto 8 1/2 cuartos o bien 17 ochavos), inamovible e independiente de los altibajos de la masa circulante, sería trascendental para el desarrollo ulterior de todo el conjunto del sistema monetario hispánico. Para completar la reforma monetaria tan acertadamente iniciada, la segunda pragmática de aquel mismo año —la del 4 de noviembre— redujo el maravedí a casi la mitad de su valor original; es decir, si antes un real de plata valía 34 maravedíes, a partir de aquel momento su nueva equivalencia sería de 64 maravedíes.
Simultáneamente a esta saludable estabilización monetaria se trató de movilizar el aparato productivo del país. El instrumento institucional elegido para ejecutar aquella política mercantilista fue la Real y General Junta de Comercio, creada el 29 de enero de 1679 y que adoptó entre diciembre de 1682 y junio de 1691 una serie de medidas, todas ellas orientadas a lograr un doble y complementario objetivo: promocionar la fabricación nacional a través de exenciones fiscales y aplicar nuevas técnicas de trabajo fabril atrayendo a artesanos extranjeros. Con este mismo espíritu emprendedor se crearon otras Juntas Provinciales en diversas zonas de la Península. La de Granada se fundó en 1683, la de Sevilla en 1687 y las de Valencia y Barcelona en 1692. Un buen testimonio de la aplicación y eficacia de esta política reformista fue la aparición de nuevos establecimientos, dedicados preferentemente a las manufacturas textiles, o la renovación de los viejos en Segovia, Sigüenza, Burgos, Plasencia, Palencia, Madrid, Coruña, Sada, Córdoba, etc. Esta doble y sincrónica actuación política tanto sobre la corriente monetaria como sobre la corriente real (industria preferentemente) dio como resultado que el índice de precios en Castilla la Nueva (una de las zonas económicas más deprimidas) bajaba drásticamente, pasando de un 113,4 en 1679 a un 57,9 en 1687 para continuar en el período siguiente en la misma tónica, si bien con una ligera tendencia al alza.
Con las otras tres reformas —la fiscalidad y las finanzas, la burocracia y la iglesia— el conde de Oropesa pretendió racionalizar el presupuesto de la Monarquía católica incrementando los ingresos, reduciendo los gastos y controlando los intereses de la deuda flotante y consolidada. Institucionalmente el largo proceso de reforma hacendística, iniciado en 1658 con la unión de la administración de rentas y millones en el ámbito de las provincias y los partidos, concluye en 1687 con la creación del superintendente general de la Real Hacienda (cargo que desempeñaría el marqués de los Vélez) y en 1691 con la reducción de ministros supernumerarios en el Consejo de Hacienda y con la creación de veintiuna superintendencias de provincias. Según el extenso informe del marqués de los Vélez sobre la reforma financiera los ingresos estaban descendiendo a 7-9 millones de ducados, mientras que los gastos aumentaban, hasta 10- 11 millones. Como en 1688 se comprobó que la sustitución del impuesto de “millones” por imposiciones directas no era posible, se redujo el presupuesto de la Casa Real a 1,5 millones de ducados; y se desencadenó un ataque decidido contra las pensiones y mercedes reales. La nueva política sirvió también para acabar con la especulación de los juros. Por los decretos de 1685 y 1687 se ordenaron nuevas anulaciones de juros en un 50-75 por ciento, y se redujo el pago de intereses a un 4 por ciento. El decreto de 1685 proporcionó al Estado un ahorro de 4 millones de ducados. Un nuevo decreto en 1688 estableció un orden de prioridades sobre los ingresos, reservando una partida global para los gastos del Estado y el resto se destinaría a satisfacer las deudas y a pagar los juros, salarios y pensiones. A los asentistas se les requirió para que hicieran balance de todas las operaciones pendientes, so pena de retirarles “las mercedes de alimentos”, que estaban percibiendo mientras tanto no se les pagaban los débitos. De todas maneras, la reforma presupuestaria de 1688 implicó una suspensión parcial de pagos, por la imposibilidad de satisfacer a todos los hombres de negocios acreedores de la monarquía. Aunque se intentó reducir el número de oficiales en todas las escalas de la administración, las reformas de Oropesa iban directamente contra las excesivas plantillas de los Consejos. Por el Decreto de 31 de enero de 1687 se suprimían algunos cargos y todos los supernumerarios, otorgados por el Rey una vez que quedaran vacantes. Respecto a la Iglesia se tomaron importantes medidas contra la extralimitación jurisdiccional de la Inquisición y, concretamente, en 1689 se dirigió una circular a todos los obispos de España pidiéndoles que suspendieran temporalmente las ordenaciones de sacerdotes, porque el excesivo número de clérigos perjudicaba notoriamente, no ya a la propia Iglesia, sino también a las arcas del Estado por su fuero privilegiado.
Con estas reformas fiscales se quiso hacer contribuir a los ricos y aliviar a los pobres y, sobre todo, resolver los agobios de tesorería. Pero la defensa numantina de los privilegios estamentales, si no pudo invalidar totalmente aquellos propósitos, sí logró echar del Gobierno al conde de Oropesa. Muchos historiadores atribuyen a la actitud beligerante en política de la nueva reina Mariana de Neoburgo, la caída del tándem Oropesa-Lira; pero, según los informes del embajador inglés en España, Stanhope, fue el duque de Arcos, en nombre y representación de la grandeza de España, el que responsabilizó al conde de Oropesa de la situación socioeconómica en que se encontraba España. El 25 de junio de 1691 Manuel Joaquín Álvarez de Toledo se retiró a La Puebla de Montalbán, no por razones de desgaste del ejercicio del poder en unas circunstancias tanto interiores como exteriores muy difíciles en aquellos años de 1685-1691, sino por la enemistad manifiesta de la Reina, que quería gobernar de manera directa sin el obstáculo institucional y personal de un primer ministro, y, sobre todo, por la animadversión de gran parte de la aristocracia, parapetada tras el “partido austríaco”, que no toleraba el más mínimo ataque a sus tradicionales privilegios tanto fiscales como políticos.
Si la dimensión pública del conde de Oropesa en los asuntos internos de la Monarquía hispánica tuvo un indudable peso político con la ejecución de las citadas reformas, en los asuntos internacionales encarnó, en el contexto de la problemática sucesión de Carlos II de Austria, una triple opción sucesiva en el tiempo: el iberismo entre 1675 y 1691, el bavierismo en 1698- 1699 y el austracismo en 1706. En una sociedad de príncipes —terminología acuñada por Lucien Bély— la dinastía constituía un hontanar de poder tanto ad intra como ad extra de las respectivas organizaciones políticas, fueran éstas grandes o pequeños Estados.
De ahí que las alianzas matrimoniales entre estas casas reales y principescas se convirtieran en un elemento clave de las relaciones internacionales.
A pesar de la Paz de Lisboa de 1668, firmada en Madrid el 5 de enero y ratificada en Lisboa el 13 de febrero, por la que se reconocía la independencia de Portugal, lograda con el apoyo internacional de Francia e Inglaterra, gran parte de las elites dirigentes españolas no creyeron que esta ruptura política de la Península Ibérica fuera un hecho irreversible.
Desde aquel mismo momento de reconocimiento legal de la independencia de Portugal se trabajó afanosamente en las Cortes de Madrid y de Lisboa para la reunificación de ambas Coronas, aunque siempre con la oposición frontal de la diplomacia francesa. Entre 1675 y 1679 se le buscó a la infanta Isabel de Portugal (1669-1690), hija del regente Pedro y de María Francisca de Saboya, por todas las cortes europeas (Versalles, Turín, Florencia, Parma y Baviera) un marido, que asegurara la independencia de Portugal y su neutralidad en los graves conflictos europeos, inducidos por las pretensiones hegemónicas de Francia.
Uno de los matrimonios negociados con la infanta portuguesa era el de Carlos II, declarado mayor de edad en 1675. El embajador en Lisboa, el abad Juan Domingo Masseratti, contó con el apoyo del nuncio del Papa, Marcelo Durazzo, con el del conde de Oropesa en Madrid, y con el del conde da Torre (Fernando de Mascarenhas) en Lisboa. Esta alternativa de reunificación de las dos coronas ibéricas fue también plenamente aceptada por los poderosos duques de Medina Sidonia, entroncados familiarmente con los Braganza, y por los de Medinaceli, cuya casa tenía grandes extensiones de terreno en Andalucía. Pero esta opción no fue viable, por la fuerte oposición de gran parte de las elites portuguesas, lideradas por el duque de Cadaval (Nuño Álvarez Pereira de Mello); y sobre todo por la intransigente diplomacia francesa que impuso en el tratado de Nimega de 1678 a María Luisa, hija de Felipe de Orleans y de Enriqueta de Inglaterra, como primera esposa de Carlos II. Pero el “iberismo” de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo no se agotó con el fracaso del matrimonio de Carlos II con la infanta Isabel de Portugal, que murió el 21 de octubre de 1690, sino que continuó operativo políticamente al contar con otras dos opciones: una vendría dada por los herederos de Pedro II, ya rey de Portugal desde 1683, casado con María Sofía de Neoburgo en 1687; y la otra, la representaba el propio conde de Oropesa como el mejor situado en la línea de sucesión a las monarquías de España y Portugal en el supuesto caso de que ambos reyes —Carlos II y Pedro II— no tuvieran hijos. Esta última posibilidad fue ampliamente manejada por la diplomacia francesa para contrarrestar la indudable animadversión de Oropesa a la reina María Luisa de Orleans y a todo lo francés durante su primer gobierno (1685- 1691), hasta tal punto de que le responsabilizaron de la muerte de la reina María Luisa el 12 de febrero de 1689. Lo cierto es que el 12 de abril de ese mismo año el embajador francés, Rébenac, abandonó España y el día 15 de ese mismo mes y año comenzaba la Guerra de los Nueve Años o Guerra de Sucesión a la Corona Inglesa (1689-1697), en que toda Europa, incluida España, lucharía contra Francia.
Paradójicamente con la llegada de la nueva reina Mariana de Neoburgo, hermana de la emperatriz y de la reina de Portugal, el conde de Oropesa tuvo que abandonar el poder el 25 de junio de 1691 para ser reclamado unos años después por la misma Mariana el 25 de marzo de 1698. Este segundo gobierno, que duró poco más de un año hasta el 9 de mayo de 1699, es la etapa bavierista de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo. Firmada la Paz de Ryswick el 20 de septiembre de 1697, se restablecen las relaciones diplomáticas con Francia, quien envía a España al embajador marqués d’Harcourt (Enrique de Lorena) con la misión específica de consolidar el partido pro borbónico y asegurar los intereses dinásticos de la Casa de Francia en el pleito sucesorio a la Monarquía católica. Ante el reparto territorial de la Monarquía hispánica, decidido en las cancillerías europeas sin participación alguna de España el 8 de septiembre y el 11 de octubre de 1698, el conde de Oropesa, ya sin posibilidad alguna de hacer triunfar su “iberismo”, consigue que Carlos II redacte un segundo testamento el 11 de noviembre de aquel mismo año, nombrando como sucesor al príncipe elector de Baviera, José Fernando Maximiliano. Este segundo testamento ratificaba el primero (13 de septiembre de 1696) en cuanto a la sucesión, pero, dada la poca edad del príncipe (nació el 28 de octubre de 1692), añadía las condiciones en que se desarrollaría la regencia, totalmente favorables para el conde de Oropesa, que asumiría un protagonismo político de primer orden. Estas condiciones, que pusieron en guardia a muchos aristócratas y sobre todo al partido borbónico, se convirtieron en letra muerta al morir prematuramente el príncipe elector el 6 de febrero de 1699. Y el conde de Oropesa tuvo que dejar el poder en abril de ese mismo año ante el “golpe de estado” preparado por sus enemigos cortesanos, entre los que se destacaban el cardenal Portocarrero, el marqués de Leganés, Francisco Ronquillo y Luis de Salazar y Castro.
El 28 de abril de 1698 se desencadenó en Madrid una algarada popular, conocida por el “motín de los gatos”, e incluso mucho más significativamente, por el “motín de Oropesa”. Un motín, cuyos alborotos —al decir de Stanhope, embajador de Inglaterra en Madrid— fueron “de tal naturaleza como nunca recuerdan haber sucedido antes en Madrid los más ancianos”.
La parte social es innegable. Hubo necesidades irresueltas, que provocaron una lucha contra el poder establecido, que de alguna manera las debiera haber resuelto. Fue aquél un año de carestía e incluso de hambre. El precio del pan subió y los alimentos escaseaban, cuando no faltaban totalmente. Pero esta dimensión social no fue la única de aquel amotinamiento popular, que bien dirigido por eclesiásticos y servidores de las clases nobles condujo a la plebe madrileña a la casa del conde de Oropesa, que fue presa de un brutal asalto primero, registro después por parte del nuevo corregidor Francisco Ronquillo acompañado por guardias reales, acabando con un incendio. Naturalmente, en esta refriega, tenida en el palacio del que era presidente del Consejo de Castilla, hubo algunos muertos y muchos heridos. No hay duda, pues, de que en este motín madrileño de abril de 1699 se dio una lucha contra el poder por parte de unos gobernados no atendidos en sus necesidades básicas, pero también, y sobre todo, una lucha por el poder entre gobernantes que pugnaban entre sí por la satisfacción de sus intereses partidistas. En este sentido cabe hablar en propiedad de un auténtico “golpe de estado”, en el que el poder del bando parentelar y clientelar de Portocarrero se impuso sobre la legitimidad “constitucional” de Oropesa, anulándola manu sociale a través de un “irreprimible” desbordamiento popular. Las consecuencias políticas de este motín hablan por sí solas. A los pocos días del amotinamiento, el 9 de mayo de aquel mismo año de 1699 tiene que abandonar la corte el conde de Oropesa.
Lo importante de todo esto fue que el poder de Portocarrero se impuso al derecho de Oropesa.
Toda una propaganda publicística bien alimentada y una protesta popular bien dirigida y mejor organizada fueron las contundentes armas utilizadas por el partido borbónico para derribar a una autoridad pública, que ostentaban legítimamente la “soberana autoridad”, la “soberanía de Su Majestad” como presidente del Consejo de Castilla y primer ministro de la Monarquía católica.
Con el advenimiento de los Borbones al trono español en 1701 (Felipe V llega a Madrid el 18 de febrero), el mismo cardenal Portocarrero se encarga de que Manuel Joaquín Álvarez de Toledo no abandone el impuesto retiro en sus estados señoriales, a pesar de las insistentes y reiteradas cartas enviadas al embajador de España en Francia, marqués de Castelldosrius (Manuel de Sentmenat), a Luis XIV y a Felipe V, aceptando la nueva dinastía y brindando sus servicios de hombre de Estado al nuevo Monarca. En la carta de 28 de diciembre de 1700 el conde de Oropesa le comunica a Felipe V su “reverente fidelidad y de aquella profunda veneración y respetuosa obediencia en que me constituyen las obligaciones con que nací y los caracteres del ministerio [...]”. Nunca fue escuchado ni tenido en cuenta hasta que en 1706 el ya proclamado y aclamado Carlos III lo llevó consigo a Valencia para desde allí, como primer ministro nuevamente, restaurar el viejo “austracismo” hispánico.
Aunque se le abría un nuevo horizonte político, acorde con las inveteradas tradiciones de la Monarquía católica, poco pudo hacer por él, porque este gran estadista —“considerado tanto por amigos como por enemigos como una de las mejores cabezas políticas del reinado de Carlos II”— murió en Barcelona el 23 de diciembre de 1707. Su mujer, Isabel Téllez Girón y Pacheco, le sobrevivió unos pocos años más hasta 1712.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Sección Nobleza, Frías, cajas 119, 1268, 1269 y 1358; Archives du Ministère des Afolsaires Étrangères, Correspondance Politique, Espagne, t. 86, fols. 148r.-149r., 458r.-462r., 496r.- 502v., 526r.-527v., 616r. y v.; t. 87, fols. 63r. y v., 79r., 127r.- 128v., 225r., 280r.-285v., 424r.-425v.; t. 91, fols. 215r.-216r., 269r.-274r.; t. 92, fols. 135r.-142r.; t. 93, fols. 253r.-254r.; y t.
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José Manuel de Bernardo Ares
