Ibáñez Martín, José. Conde de Marín (I), título pontificio. Valbona (Teruel), 18.XII.1896 – Madrid, 21.XII.1969. Ministro, presidente del Consejo de Estado y embajador.
Nacido en Valbona, provincia de Teruel, fue un estudiante aventajado que se licenció en Filosofía y Letras y Derecho, con premio extraordinario a los veintidós y veinticuatro años, respectivamente. En 1922, con veintiséis años, ganó por oposición una plaza de catedrático de Instituto en Murcia y, seis años después, logró lo mismo en el Instituto de San Isidro de Madrid. Su carrera política discurrió paralelamente en las filas del catolicismo. Al iniciarse la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, era teniente de alcalde en la ciudad de Murcia y, en representación de la Diputación de la provincia, se sentó en la Asamblea Consultiva primorriverista entre 1927 y 1930. Ya con la República, volvió al Congreso ahora como diputado de la CEDA por Murcia, en las elecciones generales de noviembre de 1933. Vegas Latapié señala en sus Memorias que él reclutó a Ibáñez como intelectual de los monárquicos de Acción Española, lo que le acarreó una detención tras el golpe de Sanjurjo en 1932. Y atribuye al deseo de medrar su opción por la CEDA en las siguientes elecciones. En todo caso, diez años más tarde, y hasta 1964, cinco años antes de su muerte, mantendría su presencia en el edificio de la Carrera de San Jerónimo a través de los distintos canales de las Cortes orgánicas del régimen de Franco. Sin duda, su etapa política más importante fue su prolongada estancia al frente del Ministerio, que pasó a denominarse de Educación Nacional y no de Instrucción Pública. El período se alargó de 1939 a 1951, y desde él llevó a cabo una reorganización total de todos los niveles de la enseñanza. Fuera del primer plano de la política, presidió el Consejo de Estado de 1951 al 53; fue embajador en Portugal, en sustitución de Nicolás Franco, durante once años (de 1958 hasta casi el final de sus días). El resto de su actividad pública la consumieron las tres Reales Academias de las que fue miembro: la de Jurisprudencia (1953), la de Bellas Artes (1956) y la de Ciencias Morales y Políticas (1965).
Un elemento doctrinal constante en la trayectoria de Ibáñez Martín, que le inscribe plenamente en el régimen de Franco fue su permanente convencimiento del fracaso y las consecuencias nefastas para España y Europa de la Ilustración del siglo XVIII y el liberalismo del XIX y XX. A pesar de lo cual, tuvo vínculo fundamental común con la política republicana: desconocer el lento y silencioso proceso de secularización que el proceso de modernización de la España contemporánea conllevaba, lo mismo que en todas partes donde tiene lugar un proceso semejante. La secularización es independiente de las políticas legislativas y se manifiesta indeclinablemente ligado al cambio social y cultural. No es, por tanto, el producto de una política laicista. El caso es que, a la faceta anticlerical, que fue una de las más agresivas de la revolución republicana, le siguió la pretensión no menos artificiosa de que la España que, supuestamente, había dejado de ser católica, volviera a los moldes del catolicismo tridentino y de la Segunda Escolástica a partir de 1939, conforme a las exigencias de la Revolución española acaudillada por Franco, que Ibáñez Martín invocaba sin descanso.
El proceso de re-catolización de la educación a todos los niveles comenzó por una depuración iniciada ya durante la Guerra civil con los Decretos firmados por Franco el 8 y 10 de noviembre de 1936, a los que siguió la Ley de depuración de funcionarios públicos de 19 de febrero de 1939. A la depuración se sumarían los huecos del exilio. A lo anterior debe añadirse la sorda confrontación entre falangistas, y los grupos católicos de propagandistas y poco después del Opus Dei para protagonizar el cambio educativo. El monárquico Pedro Sáinz Rodríguez rememora en sus Testimonios y recuerdos cómo, habiéndose exiliado en Portugal ya en 1939, comprendió que debía solicitar la excedencia como catedrático en la Central de Madrid. Pío Zabala, antiguo maurista y rector de la universidad, llevó la instancia personalmente a Ibáñez Martín ya ministro, quien la hizo dormir largos meses en un cajón, para luego desposeer de su cátedra a Sainz Rodríguez. Una medida que éste consiguió rectificar en los tribunales años después con la restitución de su condición de catedrático y una significativa indemnización.
Las leyes y decretos a través con las que Ibáñez Martín revisó todo el sistema educativo fueron: la primera y más querida para él, la de creación del CSIC el 28 de noviembre de 1939. (Durante su etapa de ministro mantuvo la dirección de la revista del Consejo, Arbor, y la presidencia del Instituto de Humanidades Menéndez Pelayo de éste. Hasta 1967 fue presidente de honor del CSIC). El verano de 1940 apareció el Consejo Nacional de Educación; tres años después, se publicó la Ley de Ordenación Universitaria; en 1944, la Ley de Protección escolar; en 1945 la de Educación Primaria y, el 18 de julio de 1949, la Ley de Bases de Implantación de Enseñanza Media y Profesional. Hubo, además, el Decreto de 26 de enero que imponía la enseñanza religiosa en la universidad, y constituía un alarde de anti- regalismo pasmoso.
El denominador común de toda esta legislación en las etapas anteriores a la universidad consistió en la disminución progresiva del énfasis en la totalidad ideológica y el peso creciente de la descripción y enumeración tecnocrática de las realizaciones. La obligatoriedad de la enseñanza se reforzó hasta los quince años por el procedimiento de abrir la escuela primaria a la formación profesional, a la vez que al bachillerato. En su discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (28 de marzo de 1967), Luis Legaz Lacambra resumió con acierto el tenor de la legislación educativa de Ibáñez Martín señalando que al tiempo que desplegaba una línea doctrinal de un dogmatismo autoritario “con aristas de apariencia aguda e hiriente en ocasiones”, fue lo suficientemente realista y flexible como para permitir el crecimiento de la educación en sus distintos niveles. Y habría que añadir, para no convertirla en un puro anacronismo.
El dogmatismo y el autoritarismo eran consecuencia de ese anacronismo que puso de manifiesto los estragos de un clima intelectual y político marcado por el auge de los totalitarismos. Así, el Decreto de creación del CSIC suponía que el renacimiento científico y cultural de España vendría con la restauración cristiana de la unidad de las ciencias, destruida por la Ilustración. Esto equivalía a proclamar que, en el siglo de la física cuántica y más de treinta años después de publicada la teoría de la relatividad de Einstein, la ciencia y la filosofía debían volver a su antiguo puesto de ancilas de la teología.
Cabe recordar aquí, no obstante, que la fundación del CSIC coincidió con años de arrebatada admiración a la Alemania nazi, de la que Ibáñez Martín destacaba con encendida retórica el modo como caminaban juntos de modo indisoluble el esfuerzo bélico y la investigación científica. El artículo terminaba con ¡Vivas! a Franco y Hitler y ¡Arribas! a España y Alemania. No obstante, el totalitarismo educativo y cultural del nuevo régimen era católico en la política de Ibáñez Martín, de modo que, en la Ley de Ordenación de la Universidad se hablaba de “devolver” a la universidad su antiguo papel “de educadora de verdaderos caballeros, según el tipo ideal de nuestros más preclaros valores humanos de la Edad de Oro…” Al mismo tiempo, el ministro era consciente de que la educación española, en sus distintos niveles, si bien con un ritmo más lento que en otros países europeos, no había dejado de expandirse a lo largo de la Restauración y la República. De modo que del Decreto del CSIC otorga a éste y con él a la investigación el máximo rango educativo. La ley universitaria por su parte llamaba a introducir y reforzar la actividad investigadora. Una actividad que debía prescindir del personalismo y del cantonalismo académico y compartirse sin monopolios ni exclusivismos por el CSIC, las universidades y los centros privados. En la realidad, los rasgos prácticos de la política universitaria parecían bastante modestos. Al profesorado se le exigían mayores requisitos que antaño para su selección y promoción, pero estos venían a consistir en cosas como residir en la ciudad donde enseñaban; la de presentar el programa de su asignatura un mes antes de comenzar el curso, y la exigencia de desarrollarlo coherente y sistemáticamente, sin digresiones ni “desviarse por otros derroteros”. A cambio, más sueldo y mayor prestigio social.
Este sentido común, que Legaz denominaba “flexibilidad”, coexistía con la regimentación política y eclesiástica de una universidad en la que Ibáñez Martín llamaba a erradicar tanto de la investigación científica como de la docencia la neutralidad ideológica y el laicismo, fuente de todos los males. Al contrario, la vida universitaria debía someterse a la “vigilancia de la Iglesia –la eterna maestra de la verdad-…”. Resultaba así una universidad en la que se mantenía vivo el clima de la guerra civil, pues si el laicismo había incubado la revolución marxista, el catolicismo de la Revolución española debía anular para el futuro cualquier clase de recaída. No eran sólo palabras en la presentación de una ley ante las Cortes. Tanto la formación religiosa como la política serían obligatorias para alumnos y el acatamiento al poder político para el profesorado. Éste era definido como una milicia al servicio de los intereses de la política nacional, y el profesorado debía interiorizar los valores y objetivos de la España del Caudillo. Los colegios mayores, relanzados y reforzados como institución político-religiosa de la nueva universidad, junto con las capillas en los centros contribuirían a crear un clima piadoso, que el ministro creía posible que fuera libre y espontáneo.
Esta vigilancia y tutela de la iglesia católica sobre la universidad adquirió su clímax anti regalista con el Decreto, de 26 de enero de 1944 (BOE, 8 de febrero) sobre la enseñanza religiosa en la educación superior. En él se disponía que el profesorado que la impartiese habrían de ser sacerdotes aprobados por los obispos, sometidos en todo a la disciplina del dogma. Conforme al articulado del Decreto, la enseñanza en cuestión era obligatoria, se extendía a lo largo de cuatro años de la carrera. Cada universidad contraría con un director de formación religiosa nombrado por el obispo, previo informe del rector. A los sacerdotes profesores de religión los nombraba el Ministerio a propuesta y conforme a criterios eclesiásticos, teniendo la consideración académica de catedráticos y el sueldo de un encargado de curso. Este maximalismo clerical volvía, sin embargo, a manifestar dimensiones reales bastante más modestas. Las lecciones eran de una hora a la semana durante un cuatrimestre del curso académico. En todo caso, el monopolio sindical de la representación estudiantil por parte del falangista SEU, contaba aquí, como en la Ley de ordenación, con un contundente contrapeso, a costa ambos de la libertad universitaria en su más amplia expresión.
Ni la trascendental victoria aliada de 1945 ni tampoco el posterior Concilio Vaticano II llegaron a influir significativamente en el enfoque doctrinal de Ibáñez Martín. Es muy posible que su sustitución en 1951 por Ruiz Jiménez en la cartera de Educación, y el modo como éste acabó arrastrado por la agitación estudiantil de 1956, le ratificara en sus convicciones. Así lo pone de manifiesto su discurso de entrada en la Academias de Ciencias Morales y Políticas. Dicho discurso estuvo dedicado a analizar, desde la doctrina de Francisco de Suárez, los valores políticos del momento. El nuevo académico había glosado ya su figura casi veinte años antes, cuando, como Ministro de Educación, acudió a la universidad de Coimbra para conmemorar el cuatrocientos aniversario del nacimiento de Suárez. En ambos casos, el anacronismo fue la nota dominante. En la ocasión portuguesa explicó que el Movimiento nacional y el caudillaje de Franco representaban la actualización de la doctrina política suareciana. La España alzada constituía una sociedad ordenada, capaz de transmitir el poder delegado por Dios, no en un Rey, claro, sino en un caudillo. Figura difícil de encajar, sin embargo, de un modo que no fuera negativo en la tipología de Aristóteles y en la de Suárez. En todo caso, esa transmisión legítima de un poder legítimo por su origen último divino estaba fuera del alcance de “una masa amorfa de marxistas enloquecidos” representada por la Segunda República. Casi dos décadas después, el tipo ideal de gobierno seguía siendo el mismo. Suárez había defendido los derechos individuales y, sobre todo, la autoridad papal frente al individualismo protestante y el absolutismo regio de un Jacobo I de Inglaterra y Escocia, recordaba el nuevo académico y, al tiempo, reiteraba la responsabilidad de la ilustración y el liberalismo en la aparición en el siglo XX de regímenes “estatistas” (en alusión a Alemania e Italia) que, no obstante, seguía justificando porque habían sido la respuesta necesaria que atajara el caos político y la disolución social productos de una “de una democracia mal concebida…” Puesto que mientras hablaba, a finales de los años sesenta del pasado siglo, el liberalismo político y económico continuaban a sus ojos sin absolución posible, sólo quedaban dos opciones políticas en aquel momento, sin contar la dominación comunista que no mencionó. Una era el consumista y carente de valores welfare state, y otro, el inmarcesible individualismo cristiano de Suárez en el que el dogma católico, la autoridad papal y la delegación del poder en un caudillo cristiano responsable sólo ante Dios, evitaba toda incertidumbre y toda inestabilidad políticas, que constituían los males endémicos del liberalismo. José Ibáñez Martín murió en Madrid, el 21 de diciembre de 1969, luego de una larga, discreta y, en relación con don Juan de Borbón, exiliado en Estoril, irrelevante misión diplomática. Una de sus hijas, Pilar Ibáñez Martín Mellado sería la esposa del segundo presidente constitucional de don Juan Carlos I en la restaurada Monarquía parlamentaria.
Obras de ~: “Decreto 66”, en Boletín Oficial del Estado, nº 27 (11 de noviembre de 1936), pág. 153; Ley de 24 de noviembre de 1939 creando el CSIC; La Universidad actual ante la Cultura Hispánica, Madrid, Imprenta de Silverio Aguirre, 1939; Dos discursos, Madrid, Tipografía de Samarán, 1940; Palabras a Hispanoamérica, Madrid, Afrodisio Aguado, 1940; Hacia un nuevo orden universitario, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1940; Hacia un renacimiento de los estudios eclesiásticos, Salamanca, 1940; Un año de política docente, Barcelona, 1941; “La confluencia de las culturas germana e hispana”, en Revista nacional de Educación, año I (1941), págs. 7-13; El sentido político de la cultura en la hora presente, Madrid, 1942; “Discurso de presentación de la Ley de Ordenación universitaria”, en Boletín oficial de las Cortes españolas, núm. 16, Sesión del día 15 de julio de 1943, págs. 165-172; “Discurso de ~ en el acto de presentación a las Cortes de la Ley de Protección Escolar”, en Boletín Oficial de las Cortes españolas, nº 61, 14 de julio de 1944; Realidades universitarias en 1944 (discurso pronunciado en la apertura de curso académico 1944-1945), Valencia, 1944; Las facultades de medicina en la nueva universidad española (discurso en la inauguración de la nueva Facultad de Medicina), Madrid, 1944; Renacimiento científico en la investigación y en la docencia. Discurso en la inauguración de la Universidad de Valencia, Madrid, 1944; Institutos Laborales para España, Zaragoza, 1945; “Ley sobre Educación Primaria”, en Boletín Oficial del Estado, nº 199, 17 de julio de 1945, pág.385; El nuevo estado y la facultad de Derecho. (Discurso en la inauguración de la nueva Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza); La investigación española, 1939-1947. Discursos en Plenos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Publ. Españolas, 1947; Símbolos hispánicos del Quijote, Madrid, Real Academia Española, 1947; “Ley de Bases de la Educación Media y Profesional”, en Boletín Oficial del Estado, nº 198, 17 de julio de 1949, pág. 3164; Labor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1948 (Madrid, 1949; Madrid, 1951; Madrid, 1952; Madrid, 1955); 1939-1949. Diez años al servicio de la Cultura española, Madrid, Hijos de Heraclio Fournier, 1950; Los Reyes Católicos y la unidad nacional, Zaragoza, 1951; Algunos aspectos de la escultura del Renacimiento en Aragón en la primera mitad del siglo XIV: Gabriel Yoly, su vida y su obra. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), Madrid, Instituto de España. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1956; La figura y la obra de Baltasar Gracián, Calatayud, 1958; La impronta de Sevilla en el Continente Nuevo. (Discurso en la investidura como doctor honoris causa en la Universidad de Sevilla), Sevilla, Universidad, 1959; Ciencia, progreso y tradición. (Discurso en la investidura como doctor honoris causa en la Universidad de Oviedo), León, 1959; Sabiduría, patriotismo y santidad, León, 1961; Dios y el Derecho. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia), Madrid, Instituto de España. Real Academia de Jurisprudencia, 1962; El compromiso de Caspe, Zaragoza, 1962; Discurso de ~, en la clausura del IV Centenario del Padre Suárez, en la ciudad de Coimbra, págs.11-31; Suárez y el sentido cristiano del poder político. (Discurso de ~, leído el 28 de marzo de 1967. Contestación de L. Legaz Lacambra).
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Luis Arranz Notario
