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Francisco de Paula Escudero y Ramírez de Arellano

Biografía

Escudero y Ramírez de Arellano, Francisco de Paula. Corella (Navarra), 26.III.1764 – Madrid, 14.VIII.1831. Marino, ministro de Marina en la etapa del Trienio Liberal.

Pertenecía a una familia ilustre, pues era hijo de Joaquín Escudero y Luna y de Tomasa Ramírez de Arellano y Olondriz.

Cursó sus estudios primarios en Corella y en Pamplona, para vincularse rápidamente a la carrera naval, ingresando en la Armada en Cartagena, como guardia marina, el 24 de marzo de 1778, cuando aún le faltaban dos días para cumplir catorce años. Desde entonces su carrera fue meteórica, ya que tres años después consiguió su ascenso a alférez de fragata (16 de septiembre de 1781), para ser posteriormente alférez de navío (15 de noviembre de 1784), llegar a la categoría de teniente de fragata (14 de enero de 1789), continuando como teniente de navío (12 de abril de 1793) y culminando finalmente al ser capitán de fragata (15 abril de 1806). Su temprana adscripción a la profesión de marino le sirvió para recorrer de forma rápida todas las posibilidades que le permitía la carrera profesional, en el escalafón como militar, y su participación en diferentes acciones de guerra. De sus actividades como militar destacaron su participación en el sitio de Gibraltar, a las órdenes del general Córdoba; en el apresamiento del navío corsario menorquín San Luis Gonzaga; en los de las fragatas Activa y Colón; también formó parte de la tripulación de la fragata Elena, en la que luchó hasta que fue hundida por los británicos; mandó la balandra Santiago y las goletas Victoria y Paz; y embarcando en el navío Neptuno, tomó parte en la campaña de Cartagena de Indias (1799) y, unido su barco a la escuadra francesa del almirante Bruix, regresó a Cádiz en donde desembarcó, despidiéndose de la vida activa como hombre de mar. El último ascenso como capitán de fragata en 1806 hizo que se pasara al Cuerpo de Secretarios del Ministerio, en donde sirvió desde entonces. Esa modificación le permitió cambiar su traje de faena, como marinero, por el de oficina, ocupando una tarea de despacho. Sus ascensos fueron también fulgurantes porque el 6 de septiembre de 1806 entró en el Cuerpo de Secretarios del Ministerio de Marina, como oficial sexto, segundo de la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina. Fue ascendiendo en el escalafón, pasando a oficial sexto, primero de la misma, el 22 de marzo de 1807; el 21 de diciembre de 1809 fue nombrado oficial tercero; el 16 de marzo de 1810, oficial segundo; el 4 de octubre de 1811, oficial mayor segundo, para pasar a oficial mayor primero el 4 de octubre de 1812. Estos pequeños avances en la jerarquía militar, siempre relacionados con las materias de Marina, fueron concluyentes para su futuro político, esfera a la que se dedicó posteriormente en sus trabajos.

Su participación en la vida política, aunque no fue muy intensa, sí fue muy larga en el tiempo. Se inició con la convocatoria para las Cortes de Cádiz, por un decreto nacido de una propuesta de Muñoz Torrero, quien había expuesto la necesidad de proclamar “que las Cortes generales y extraordinarias están legítimamente instaladas: que en ellas reside la soberanía” y expedido por la Junta Suprema gubernativa del reino con fecha 22 de mayo de 1809. El Decreto de 1 de enero de 1810 fue firmado por Juan Acisclo de Vera y Delgado, arzobispo de Laodicea, en cuanto presidente de la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias y contenía la convocatoria para las Juntas Superiores, para las ciudades con voto en Cortes, para los diputados de provincia. En el mismo decreto se incluía una instrucción especial para las elecciones por Canarias que deberá observarse también para las elecciones en las islas del reino de Mallorca, para las celebradas en el Principado de Asturias y en el reino de Galicia. Los decretos de 14 de febrero de 1810, conteniendo la instrucción para las elecciones por América y Asia, y de 8 de septiembre del mismo año, fijando el número de diputados suplentes de las dos Américas y de las provincias ocupadas por el enemigo, fueron firmados por el Consejo de Regencia de España e Indias. El Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, en su sesión número 1, del 24 de septiembre de 1810, hacía una relación de los diputados de las Cortes generales y extraordinarias de la nación española, en la que aparecía, como elegido por Navarra, Francisco de Paula Escudero, oficial tercero de la Secretaría de Estado y del Despacho de Marina, suplente por este reino. Éste fue el precedente del futuro Consejo de ministros, ya que, basándose en las características de este puesto, el rey Fernando VII dictó un decreto, con fecha 19 de noviembre de 1823, dirigido al entonces primer secretario de Estado, Víctor Damián Saez, por el que se crea el Consejo de ministros. En un párrafo de dicho decreto se dice: “En él se tratarán todos los asuntos de utilidad general: cada ministro dará cuenta de los negocios correspondientes a la secretaría de su cargo, recibirá mis resoluciones, y cuidará de hacerlas ejecutar. Los acuerdos del Consejo se escribirán en un libro, expresando las razones que los motivasen. Cuando Yo no asista, presidiréis Vos, como mi primer secretario de Estado, y el de Despacho de Gracia y Justicia asentará las deliberaciones, teniendo a su cuidado el libro destinado para este objeto”. Desde entonces, el Consejo de ministros se reunía una o dos veces a la semana, compuesto por los cinco secretarios de Despacho, seis cuando se añadía el ministerio del Interior, más un secretario. A falta de secretario, cumplía sus funciones el ministro de Gracia y Justicia o su sustituto. En esta época inicial no tenía un lugar fijo de reunión, aunque se decía que la cita era el “sitio de costumbre” que no era otro que la Secretaría de Despacho de Marina. Como se ha mencionado antes, el cargo de secretario de Estado y de despacho de Marina, desempeñado por Francisco de Paula Escudero, era sin duda el antecedente del futuro Consejo de ministros.

Una vez elegido como diputado a Cortes por Navarra en 1810, Escudero formó parte de las Comisiones de Reglamento de Correos, de Marina, de Guerra y de Biblioteca de las Cortes. Su participación en los debates tuvo poca entidad, lo cual fue una nota habitual de casi todas sus estancias en las Cortes. Además, casi siempre intervino como suplente, tal y como se refleja en las publicaciones de los diarios de sesiones. Del mismo modo, en las Cortes ordinarias de la legislatura de 1813, formó parte de la comisión de arreglo de la Secretaría de Despacho de Marina.

El 12 de mayo de 1815 fue nombrado secretario del Consejo Supremo del Almirantazgo, y el 18 de noviembre de 1815 se le llamó para ser consejero de dicho Consejo Supremo. El 31 de diciembre de 1818 entró de consejero al Consejo Supremo de Guerra, en el ramo de Marina.

De forma paralela, entre 1817 y 1819 fue alcalde mayor de Valverde del Camino (Huelva), lo cual confirma que en esta época era muy habitual que los antiguos oficiales del Ejército ocuparan los puestos de alcalde en pequeños municipios dedicados sobre todo a la agricultura. El lugar donde ejerció el cargo de alcalde mayor había dependido de la villa de Niebla, tanto en lo político como en lo jurídico y económico, hasta que consiguió su independencia, gracias a Felipe V, quien le concedió el título de villa y pudo organizar la comunidad concejil. Se dedicaba a la agricultura, a la ganadería y a la minería. Puede deducirse que, por las fechas en las que desempeñó el cargo de alcalde mayor, correspondía ya con los llamados “alcaldes constitucionales” y no recordaba a los conocidos “caciques”, tan habituales en la historia de España, aunque la vuelta de Fernando VII había restaurado buena parte de la política del Antiguo Régimen. La vuelta del Monarca en 1814 había propiciado la restauración del absolutismo de una forma contundente, pues cerró las Cortes y empezó una brutal persecución contra todo lo que tuviera el más mínimo tinte de liberalismo. La restauración absolutista se hizo en España al igual que en el resto de las naciones europeas, pero en nuestro país tomó un aire de persecución: restablecimiento de la Inquisición, cierre de universidades, supresión de publicaciones, acoso a los liberales rebeldes... Los errores del Gobierno, las intrigas y la arbitrariedad con la que el Rey ejercía el poder provocaron una serie de conspiraciones encaminadas a derrocar el régimen absolutista. Los “pronunciamientos” se sucedían de forma precipitada y morían casi en el momento de estallar. Sin embargo, el levantamiento en Cabezas de San Juan en 1820 triunfó, aunque estaba dirigido por jóvenes oficiales, carentes de experiencia, y por un grupo de exaltados civiles. Parece ser que la razón de su triunfo se basó en el rechazo que la tropa tenía en embarcarse para América. Los sargentos y los soldados se interesaron por primera vez, de un modo directo, en la revolución; se pensó que, como siempre, moriría de muerte natural, pero triunfó por la debilidad de un gobierno incapaz de conseguir fuerzas que la combatieran. Aprovechando la formación del ejército que se disponía a partir para las colonias, el general Rafael Riego se pronunció el 1 de enero de 1820 y proclamó la Constitución de 1812. En marzo, la revolución se había extendido a las grandes ciudades de Zaragoza, La Coruña y Barcelona, y los generales Ballesteros y O’Donnell se pasaron a la revolución, cuando Riego apenas podía creer lo que sucedía. El Rey se vio obligado a jurar la Constitución liberal, pero no por la fuerza de la opinión pública que se había expresado en las manifestaciones en Madrid, sino porque había perdido la dirección del Ejército. Con el pronunciamiento liberal del general Rafael del Riego en 1820, Espoz y Mina regresó a España, siendo nombrado capitán general de Navarra y Cataluña. En 1822, en plena lucha entre liberales y absolutistas, Espoz y Mina intervino en favor de los liberales, arrasando la población de Castelfullit y tomando la población de Seo de Urgel. Por estas acciones, ascendió a teniente general y fue condecorado con la Cruz de San Fernando.

Durante la etapa del Trienio Liberal, de 1820 a 1823, Francisco de Paula Escudero se sumó a la defensa del ideario liberal, declarándose contrario a la vuelta al absolutismo. En la legislatura de 1821 (20 de febrero de 1821 a 30 de junio de 1821) fue nombrado secretario del Despacho de Marina, cargo que desempeñó hasta el 9 de enero de 1822, en el gobierno presidido por Eusebio Bardají, y secretario de Estado del 4 de marzo de 1821 al 18 de enero de 1822. En esa legislatura intervino en los debates realizados en las Cortes sobre correos marítimos, sobre inversiones de caudales públicos y sobre presupuestos de gastos. También participó en la legislatura extraordinaria de 1821 (22 de septiembre de 1821 al 13 de febrero de 1822), siendo encargado el 23 de marzo de 1821 de la Secretaría de Estado interino y de la Secretaría del Despacho de la Guerra también interino, renunciando a ambas el 9 de enero de 1822 y cesando en la Secretaría de Despacho de Marina el 18 de enero de 1822 En esta segunda etapa, su participación en los debates fue también muy reducida porque sólo intervino con intensidad en el dictamen sobre la Comisión de Marina y en el debate de los presupuestos del Ministerio de Marina. Aun así, pese a la escasez de sus aportaciones en los discursos de las Cortes, apareció siempre como uno de los defensores más claros del liberalismo y de las reformas que se estaban configurando.

En la etapa del Trienio convivió con todos los liberales emigrados y proscritos que habían vuelto, ante el cambio del régimen y participó en el primer Gobierno constitucional. Estos años no fueron más que un estéril forcejeo entre los partidos sin beneficio alguno para la nación. El mismo partido liberal se escindió en Doceañistas o moderados —cercanos al espíritu de las Cortes de Cádiz— y Exaltados —promotores de reformas más radicales—. Al amparo del gobierno liberal crecieron las logias masónicas, los clubs políticos y la prensa liberal. Se permitieron medidas y acciones anticlericales, se abolió la Inquisición y se produjo la ruptura de las relaciones con la Santa Sede. La anarquía reinante se intensificó peligrosamente, y la tensión del Monarca con los liberales aumentó cada vez más. El Trienio Liberal o Constitucional (1820-1823) fue la segunda etapa del reinado de Fernando VII. En ella, pese a la poco disimulada oposición del Monarca, se continuó la obra reformista iniciada en 1810 y se realizó el programa inconcluso de las Cortes de Cádiz: abolición de los privilegios de clase, supresión de los señoríos, abolición de los mayorazgos, supresión de la Inquisición, preparación del Código Penal, nueva organización administrativa y recuperación de la vigencia de la Constitución de 1812. Desde 1822, toda esta política reformista tuvo su respuesta en una contrarrevolución surgida en la Corte, la denominada “Regencia de Urgell”, con el apoyo de elementos campesinos y, en el exterior, con el de la Santa Alianza, que desde el corazón de Europa defendía los derechos de los monarcas absolutos. En el interior, los absolutistas buscaron mecanismos contra las fuerzas liberales y hubo intentos legales del Monarca de frenar las reformas. Aparecieron grupos realistas que serían el germen del futuro partido carlista. El Rey acudió a la Santa Alianza y pidió a los estados europeos la financiación de un ejército para acudir en su ayuda. El Congreso de Verona (octubre-noviembre de 1822) decidió reclamar al Gobierno de Madrid el restablecimiento de la plena autoridad del Rey y, en caso contrario, quedaba abierta la puerta a la intervención militar. El 7 de abril de 1823 entraron en España las tropas francesas mandadas por el general duque de Angulema, los Cien Mil Hijos de San Luis, a los que se sumaron tropas realistas españolas, los voluntarios del general Quesada. Devolvieron a Fernando VII todos los privilegios absolutistas y declararon nulos todos los actos gubernamentales de estos tres años. Sin apenas oposición, el absolutismo fue restaurado.

Cuando se produjo la intervención extranjera para restaurar en el trono a Fernando VII, algunos militares como Espoz y Mina intentaron hacerle frente. Cuando Barcelona fue conquistada por las fuerzas realistas después de cuatro meses, Espoz y Mina huyó a Inglaterra, instalándose después en París. Suerte parecida corrió Francisco de Paula Escudero cuando se produjo el fin del Trienio. Al anularse, en octubre de 1823, todo lo hecho en la segunda etapa constitucional, fue desterrado de la Corte y sitios reales, en quince leguas de contorno, instalándose en su ciudad natal, Corella. En 1826 fue purificado y se le permitió volver a Madrid, donde residió hasta su fallecimiento el 14 de agosto de 1831. Dejó un testamento en el que declaraba no poseer fortuna, pues “como hijo segundón de una casa vinculada, no heredó bienes y consumió en la decente manutención de su clase, los sueldos de la carrera militar activa de la Armada, donde sirvió hasta llegar a Capitán de Fragata, como los de los demás destinos públicos que desempeñó”. Esa situación de pobreza, pese a haber estado bien colocado durante su vida y estar bien relacionado a lo largo de ella, debió de ser muy habitual entre los liberales que se enfrentaron con más rebeldía al absolutismo, pues fue algo que le ocurrió también al conde de Toreno que acabó su vida sin demasiados recursos económicos, después de haber iniciado la revolución en situación económica boyante. Junto a su actividad parlamentaria, disfrutó de algunos honores y condecoraciones ya que fue secretario del Infante Antonio Pascual (tío de Fernando VII), Almirante General de España e Indias, Caballero de la Orden Militar de San Hermenegildo y Caballero de la de San Juan de Jerusalén.

Casó con Asunción Sesma y Ruiz de Apodaca, hija del almirante Baltasar Sesma y Zaylorda y de María Teresa Ruiz de Apodaca y Eliza, hermana del virrey de México, conde de Benadito.

 

Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie Documentación Electoral, 2 n.º 11 y 5 n.º 9.

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Ángeles Hijano Pérez

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