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Alejandro Dolarea y Pascual de Nieva

Biografía

Dolarea y Pascual de Nieva, Alejandro. Pamplona (Navarra), 17.VIII.1758 – 20.X.1829. Magistrado, consejero de Castilla, diputado.

Hijo del abogado Juan Dolarea, nacido en Beinzalabayen el 8 de agosto de 1717, y de Joaquina Pascual de Nieva, nacida en Pamplona el 2 de mayo de 1731, casados en Mendavia el 8 de noviembre de 1757. Fueron sus abuelos paternos Miguel Alejandro de Dolarea, nacido en Beinzalabayen el 9 de abril de 1688, y Josefa Antonia de Salaverría, nacida en Lesaca el 5 de febrero de 1695. Miguel de Nieva y María Josefa de Lanz eran sus abuelos maternos.

Estudió Filosofía en el convento de Padres Franciscos Observantes de Pamplona. También estudió tres años completos de Leyes y dos de Cánones en la Universidad de Huesca. Fue repasante público del Derecho Civil en virtud del nombramiento por el colegio de Santiago de dicha universidad, y desempeñó el cargo de consiliario de la propia universidad, por la que recibió el grado de bachiller en Leyes. Fue vicepresidente de la Academia Teórico-Práctica establecida en Pamplona. Después de los pertinentes años de estudios y práctica, fue recibido y aprobado por abogado del Consejo Real el 24 de octubre de 1780.

Desempeñó con carácter interino los empleos de fiscal del Consejo de Navarra y auditor de guerra y, por espacio de seis años, el de abogado defensor de pobres y reos del reino de Navarra. A partir de 1793 fue síndico consultor del propio Reino. Cuando se produjo la invasión francesa, se negó mediante consejos, oficios y representaciones a reconocer la nueva dinastía napoleónica y, por ende, al rey intruso, José I, resistiéndose a su proclamación y jura. En agosto de 1808 emigró junto con otros individuos de la Diputación de Navarra. El mes de mayo del año siguiente se presentó en Sevilla. Los vocales de la Junta Suprema Central por el reino de Navarra, Miguel de Balanza y Carlos Amatria, alegando los méritos profesionales y el comportamiento patriótico de Dolarea, solicitaban para él el 21 de abril de 1809 la primera plaza vacante de oidor del Consejo de Navarra. Unos meses más tarde, el 14 de septiembre, la Junta Suprema Gubernativa lo nombró para la primera vacante que se verificara de plaza nacional en la Sala del crimen del Consejo navarro. La Comisión de Cortes nombró el 27 de septiembre de 1809 a los miembros de la Junta de Legislación. Presidida por Rodrigo Riquelme, la integraban inicialmente Manuel de Lardizábal, José Pablo Valiente, Antonio Ranz Romanillos, José Blanco, que rechazó el nombramiento, Alejandro Dolarea, el conde del Pinar y Agustín de Argüelles, como secretario con voz y voto. El 4 del mes siguiente comenzó sus sesiones la Junta, que finalizaron el 19 de enero de 1810. Las reuniones se celebraron en el Palacio Arzobispal de Sevilla, y a partir de diciembre en la posada del conde del Pinar. El cometido de la Junta era el examen y propuesta a la Comisión de todas las reformas necesarias en las diferentes materias legislativas.

El 21 de noviembre de 1809 integró la junta establecida con objeto de arreglar los puntos relativos a la forma que debía congregarse las Cortes generales, cuyas sesiones se celebraron en la posada del presidente de ella, el conde de Ayamans. El Consejo de Regencia de España e Indias le confirió el 9 de octubre de 1810 la plaza de fiscal interino de lo civil y criminal de la Real Audiencia de Sevilla. José Antonio de Larrumbide, ministro de Gracia y Justicia, le comunicó el 7 de mayo de 1811 que había sido nombrado juez comisionado del auditor general del 4.º ejército, Manuel Vicente Fernández, para conocer la causa de los empleados del hospital militar de San Carlos de la isla de León. Dolarea formará causa contra el médico consultor honorario del ejército Villariño por haber publicado un impreso titulado Aviso a los hombres sensibles.

Enterada la Regencia del reino de lo expuesto por la cámara en consulta de 11 de enero de 1812, a consecuencia de lo representado por el regente de aquella Audiencia sobre la necesidad de aumentar dicho organismo en tres o cuatro ministros, acordó con anuencia de las Cortes generales y extraordinarias agregar por vía de comisión al enunciado tribunal a los magistrados de la Chancillería de Valladolid Antonio Seoane y Santiago Zapata, y al del Consejo de Navarra Alejandro Dolarea. La propia Regencia del reino lo nombró el 2 de septiembre de 1813 para la plaza de ministro del Tribunal Especial de Órdenes, vacante por dimisión de Juan Pérez Tafalla.

Elegido diputado por Navarra en 1813 para las Cortes. El 25 de septiembre de ese año se instalaron en Cádiz las Cortes generales ordinarias que se trasladaron el 14 del mes siguiente a la isla de León (actual San Fernando), y el 15 de enero de 1815 abrieron sus sesiones en Madrid. Cinco días después, Dolarea prestaba el juramento preceptivo y tomaba asiento en el Congreso. El 19 de febrero acaba la legislatura correspondiente al año de 1813. El 25 se instalaron las Cortes en su segunda legislatura. El presidente y secretarios de las Cortes lo nombraron el 1 de marzo para la Comisión del orden y gobierno interior del edificio de las Cortes; el día siguiente es elegido para el Tribunal de Cortes, el 8 para la Comisión de Gracia y Justicia y el 28 para la Comisión del patrimonio del Rey.

Cuando regresó Fernando VII del cautiverio en 1814, restableció por decreto de 23 de mayo la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, de la que fue nombrado unos días después magistrado. El 7 de junio tomó posesión de su nueva plaza y el 26 fue recibido por el Rey junto con otro comisionado por la ciudad de Tafalla, Domingo Burgos, presbítero, rector de los reales establecimientos unidos, inclusa y colegio de La Paz de Madrid, al que felicitaron por su retorno. En la mañana del 20 de julio del mismo año, el Rey visitó inesperadamente las Salas y cárceles de la Real Casa y Corte. Fernando VII conferenció con sus magistrados, sobre el modo de proteger a las personas honradas contra las acechanzas de los delincuentes, de cómo aliviar la suerte de estos últimos, proporcionando los medios de activar sus causas, trató también de las necesidades de los presos; además se ocupó del examen de algunas causas e indultó a varios reos. Los ministros que componían la Sala plena, entre ellos Dolarea, acordaron dirigir un escrito, que sería publicado en el Suplemento a la Gaceta de Madrid del jueves 21 de julio, en el que expresaban las gracias de tan honrosa visita.

El 3 de febrero de 1815 ascendió al Consejo de Órdenes y tomó posesión de la plaza al día siguiente.

A propuesta del duque de San Fernando y de Quiroga, lo nombró el Rey el 14 de julio de 1818 para la plaza de ministro de la Junta Apostólica, por lo respectivo al Consejo de Órdenes, vacante por ascenso de Francisco Xavier Adell a otra del Consejo Real. A comienzos de junio de 1819, Justo María Ibar Navarro, ministro jubilado del Consejo de Castilla, y Dolarea, en nombre del ayuntamiento de Pamplona, expusieron al Rey el dolor que causó en aquel cuerpo y todo su vecindario la triste noticia de la muerte de la reina María Isabel de Braganza, y le entregaron algunos ejemplares impresos que contenían la relación de las solemnes exequias celebradas los días 19 y 20 de enero en la catedral de la capital del reino de Navarra, en sufragio del alma de la Reina.

El 24 de enero de 1820, la Cámara de Castilla, para la plaza vacante del Consejo de Castilla por muerte de Manuel Ondarza, proponía por unanimidad, en primer lugar, a Vicente Cano Manuel, regente de la Chancillería de Granada, seguidamente a Francisco Fernández del Pino y, a continuación, a Juan López Vinuesa, regente de la Audiencia de Cataluña. Por su parte, el presidente del Consejo y el camarista Joaquín Colón votaban también en primer lugar para esa plaza a Dolarea, que sería el finalmente nombrado por el Rey dos días después, merced a la intercesión de Bernardo Mozo de Rosales, marqués de Mataflorida y entonces ministro de Gracia y Justicia. El 10 de febrero tomó posesión de la plaza de consejero de Castilla. En octubre del año anterior el Rey le había concedido los honores del mismo Consejo.

El día 9 de marzo de 1820 Fernando VII juró la Constitución de 1812 ante la denominada Junta Provisional, compuesta de personas de confianza del pueblo.

Un decreto despachado tres días después suprime los Consejos y restablece el Supremo Tribunal de Justicia, por lo que Dolarea pasó a tener la condición de cesante. Otro decreto de 20 del aquel mes reinstauró el Tribunal Especial de las Órdenes y el mismo día Dolarea fue nombrado magistrado del mismo. Dos días más tarde concurrió a las Salas donde se reunía el suprimido Consejo de las Órdenes a prestar el correspondiente juramento. Fue elegido diputado a Cortes por Navarra, y asistió a las mismas desde el 25 de mayo de 1821 hasta mediados de febrero del año siguiente. Sobre el Trienio Constitucional, diría años después que “en esa ominosa época tuve la desgracia de haber sido nombrado Diputado por mi Patria”.

Cuando en 1823 se restablece el Consejo de Castilla fue adscrito nuevamente el 30 de julio al mismo.

El 21 de febrero del año siguiente el gobernador del Consejo, Martínez de Villela, le comunicó que había sido jubilado con medio sueldo, esto es, con 20.000 reales anuales. El mes siguiente, el día 28, el propio Villela le ordenó que saliera con su familia de la Corte en el término de tres días. Fijará su residencia en Pamplona, donde permanecerá hasta su muerte.

 

Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Actas de las sesiones de la Legislatura ordinaria de 1813, Madrid, 1876; Actas de las sesiones de la Legislatura ordinaria de 1814, Madrid, 1876; Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 11887; Estado, leg. 6379; Ministerio de Justicia, Jueces y Magistrados, leg. 4390/2280.

Gazeta de Madrid, 21 de julio de 1814, 3 de junio de 1819 y 21 de julio de 1814. V. Cárdenas y Vicent, Caballeros de la orden de Calatrava que efectuaron sus pruebas de ingreso durante el s. XIX, Madrid, Hidalguía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Salazar y Castro, 1976; A. Gil Novales (dir.), Diccionario Biográfico del Trienio Liberal, Madrid, El Museo Universal, 1991; F. Tomás y Valiente, “Génesis de la Constitución de 1812, I. De muchas Leyes Fundamentales a una sola Constitución”, en Anuario de Historia del Derecho Español, LXV (1995), págs. 13-125; R. Gómez Rivero, “Los miembros del Consejo de Castilla (1814-1820)”, en Anuario de Historia del Derecho Español, t. LXXV (2005).

 

Ricardo Gómez Rivero

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