Acuña y Bejarano, Juan de. Marqués de Casafuerte (I). Lima (Perú), 22.II.1658 – Ciudad de México (México), 17.III.1734. Virrey de Nueva España (37.º), comandante general de Mallorca, Aragón y gobernador de Messina, caballero de la Orden de Santiago.
Hijo póstumo del teniente de capitán general Juan Vázquez de Acuña —natural de Burgos—, que había ejercido importantes cargos militares y políticos en España y en América, y de su tercera esposa, Margarita Bejarano de Marquina, nacida en Potosí (Perú) en el seno de una acomodada y distinguida familia de procedencia extremeña, tía del primer conde de Villaseñor. Sus ascendientes más inmediatos no formaban parte de la alta nobleza española, pero el linaje de los Acuña provenía de los reyes de León y estaba entroncado con la Casa Real portuguesa. La familia poseía desde antiguo el patronato de la capilla mayor del convento de San Francisco de Aranda de Duero (Burgos) fundado por Martín Vázquez de Acuña, nieto del conde de Valencia de Don Juan y de María de Portugal, hija del infante Juan. De entre sus parientes más próximos merece especial atención su tío paterno, el jesuita Cristóbal de Acuña, participante en la expedición al Amazonas (1639) y autor de la obra Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas.
Hacia 1676, cuando ya había sido declarada la mayoría de edad de Carlos II, pasó desde Lima a España en compañía de su hermanastro Íñigo Vázquez de Acuña y Castro, futuro marqués de Escalona —otros hermanos fueron Ventura y María Josefa—, iniciando su carrera militar y política en Europa como soldado en la Armada Real del Mar Océano y continuándola en los ejércitos de Milán y de Cataluña en diversas Armas y con distintos grados y obtuvo por sus servicios el hábito de caballero de la Orden de Santiago (1678). Testigo activo del conflicto sucesorio al Trono español, intervino en diferentes campañas en Cataluña (Rosas, Palamós, Barcelona) durante la Guerra de los Nueve Años. A partir de 1701, con el grado de maestre de campo, fue gobernador de Messina, en donde el recién entronizado Felipe V, en reconocimiento a sus “muchos y buenos servicios”, le hizo merced de un título de Castilla perpetuo y hereditario (1708), eligiendo el interesado el de marqués de Casafuerte.
De vuelta a España, fue comandante general de Aragón (1715) cuando con los Decretos de la Nueva Planta había perdido ya su carácter de virreinato.
Estando en Zaragoza le concedieron el título de comendador (1716) de la encomienda de Adelfa (Orden de Alcántara, Villanueva de la Serena, Badajoz).
En relevo del marqués de Lede se le nombró comandante general de Mallorca e Ibiza (1717), siendo su toma de posesión bastante singular y azarosa por problemas de protocolo y de jurisdicción con el regente y ministros de esa Audiencia. Tuvo un gran protagonismo en la vida mallorquina, en donde frenó el bandolerismo y se ocupó de que se repararan las fortificaciones. Recibió el título de capitán general de los Reales Ejércitos (1720) y fue consejero del Consejo de Guerra.
Con sesenta y tres años, soltero y una delicada salud como consecuencia de la gota, se le designó (1721) virrey de Nueva España —el segundo criollo hasta entonces— en sustitución del marqués de Valero. Después de su salida de Mallorca y de concurrir como testigo al enlace entre el Príncipe de Asturias, Luis, y la tercera hija del regente de Francia, embarcaría en el puerto de Cádiz rumbo al virreinato el 25 de junio de 1722, llevando pocos familiares y criados por estimar que lo contrario podía dificultar su acción de gobierno. Atrás dejaba una España, en la que, en política interna, se habían llevado a cabo las reformas en el Ejército y en la Hacienda y existían cinco ministerios, teniendo Casafuerte una estrecha relación con los ministros José Grimaldo y José Patiño. En cuanto a la política internacional, la gestión antifrancesa de Alberoni había llevado al país a un retroceso, por lo que España se vio obligada a unirse a la Cuádruple Alianza tomando parte en las iniciales conversaciones de paz en Cambrai que pretendían llevar la concordia al Mediterráneo.
Una vez en el puerto de Veracruz (26 de agosto de 1722), quiso Casafuerte evitar gastos en su recibimiento y el largo y penoso viaje hasta el palacio de Chapultepec por lo que, retomando el estilo de antaño, pasó directamente desde el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe al palacio de México, novedad que continuó practicándose con los virreyes siguientes, quedando también establecido que el Consulado gastara en las recepciones que estaban a su cargo sólo dos mil pesos. Tomó posesión del gobierno el 1 de octubre de 1722 y haría su entrada solemne unos dos meses después.
La larga duración de su mandato (1722-1734), casi doce años, le brindó grandes oportunidades para mostrar sus ya acreditadas dotes de militar, gobernante y político. Su delicada salud le condicionaría para asistir a muchas celebraciones cívico-religiosas y otros actos públicos y para la firma de documentos, por lo que se le permitió poder hacerlo con estampilla, a excepción de las órdenes de pago sobre las Cajas Reales. Siguiendo la política del primer Borbón y su propia iniciativa, puso en práctica una serie de reformas de carácter moderado y de signo mercantilista que han hecho que su gobierno se haya considerado como uno de los más activos y progresistas de la primera mitad del XVIII (Alamán, Rubio Mañé, Núñez y Domínguez).
Su labor, que estuvo supeditada a las fluctuantes relaciones internacionales de la Monarquía española, se centró, especialmente, en el restablecimiento de la autoridad virreinal bastante menoscabada por entonces, respondiendo con su gestión al interés de la Corona por atajar los enraizados vicios de la administración y de las costumbres e impulsar la preferencia de los funcionarios por su capacidad y méritos; en la reorganización de las fuerzas militares en orden a una defensa de ese territorio más racional y menos costosa y, de manera singular, en el saneamiento y crecimiento de la Real Hacienda, sin dejar atrás otros básicos aspectos socioculturales, religiosos o urbanísticos, por todo lo cual se le concedió prórroga en el gobierno y recibió en repetidas ocasiones el elogio y gratitud del Monarca.
Cabe destacar en sus primeros meses de mandato el acto de la entrega de Francia a España del presidio de la bahía de Panzacola en el occidente de Florida (noviembre de 1722), conforme a lo estipulado en el Tratado de París (1721), y la ampliación de las facultades del alcalde de la Hermandad, Miguel Velázquez Lorea, con quien mantuvo una sólida cooperación, para poder detener no sólo fuera, sino dentro de la capital mexicana, a las abundantes cuadrillas de bandidos y facinerosos.
Durante la etapa inaugural del primer sexenio de su gobierno (1723-1728), simultánea a la abdicación y posterior vuelta de Felipe V, el corto reinado y fallecimiento de Luis I, y la firma del Tratado de Viena (abril de 1725), ejerció Casafuerte un férreo control sobre el funcionariado: con los de la Audiencia, llegó a utilizar a confidentes; a los del Tribunal de Cuentas les apremió a que agilizaran los cómputos atrasados desde hacía más de treinta años, para lo que se organizaron once mesas y se contrató a personal interino; suspendió a tres oficiales reales de México de sus oficios por haber pagado una libranza sin su autorización, haciendo lo mismo, años más tarde, con los de Veracruz. Abolió los honores que la guardia del Real Palacio hacía a los ministros de la Audiencia y al arzobispo a su salida o entrada por considerar que iba contra las ordenanzas militares. En cambio, medió, sin éxito, para que se les subiera el sueldo a los de la Audiencia, acorde a su estatus y laborioso trabajo, y así evitar muchas de las corrupciones que se habían descubierto en el transcurso de la visita general del inquisidor Francisco de Garzarón a ese y otros tribunales de dentro y fuera de México, comenzada en tiempos del virrey Valero y por la que algunos de ellos fueron cesados, y solicitó que se cubrieran con prontitud las vacantes. Su entendimiento con el visitador fue pleno y su postura a favor de la prosecución de la visita contrastaba con la del virrey saliente, ahora presidente del Consejo de Indias, quien propuso que se suspendiera por los inconvenientes que podrían generarse. Luis I limitó la visita decretando que Garzarón inspeccionara sólo los tribunales de dentro de la capital mexicana.
Hubo de enfrentarse Casafuerte a dos ruidosos conflictos, uno militar, el motín de ciento noventa y un soldados del presidio de Veracruz (1723) que exigían que se les abonase todas las pagas atrasadas, pese a los esfuerzos de aquél para actualizar los salarios de esta y otras guarniciones, el cual logró resolver de manera drástica y ejemplarizante. El otro, personal: la acusación de Oliveros Fracier, militar de origen irlandés que, desterrado de la capital mexicana por el virrey debido a las calumnias que atribuía a los factores de la Compañía de Inglaterra en materia religiosa y contrariado por no haber obtenido una alcaldía y otras ventajas que ambicionaba, cuestionó la fidelidad de Casafuerte a la Corona al imputarle su amistad y tratos con los ingleses, del que también salió airoso, a pesar de que aquél contó con el favor del presidente del Consejo de Indias, marqués de Valero.
En su afán por dignificar la clase militar y evitar gastos a la exhausta Hacienda, denunció Casafuerte la costumbre de la Sala del Crimen de enviar a presidio, con plaza de soldado y el mismo sueldo que gozaban los voluntarios, a los españoles, mestizos y mulatos con delitos afrentosos, consiguiendo que el fiscal del Consejo de Indias recomendase aplicar penas de trabajos en obrajes u otras similares. Del mismo modo, defendió el que no se concedieran ascensos a aquellos militares carentes de una brillante hoja de servicios.
Inició las reformas de las tropas del Real Palacio y la de los presidios costeros por no poder sostener la Real Hacienda el costo de sus salarios, también las de la Armada de Barlovento por la falta de embarcaciones, dejando pendiente su aumento para cuando se pudiera o la defensa del territorio lo exigiese. Conociendo Casafuerte el alto costo del mantenimiento de los presidios internos y las noticias sobre la falta de eficacia militar, disciplina y desórdenes que había en ellos, eligió al coronel Pedro de Rivera (1724), otorgándole el grado y sueldo de brigadier y facilitándole unas instrucciones para que los inspeccionara, analizase la situación y las reformas que podrían efectuarse, debiendo tener presente el que no se malversaran los fondos del Haber y el dejar lo suficientemente asegurada la frontera, minas y misiones del septentrión del virreinato. Igualmente, facultó al visitador para que solucionase otros asuntos, como la polémica suscitada entre los mineros de Zacatecas por cuestiones del desagüe, a fin de lograr el fomento de la minería.
El reconocimiento se prolongó por espacio de más de tres años, durante los cuales Rivera pudo comprobar que en la mayoría de los presidios se carecía de disciplina, adiestramiento militar y del equipamiento necesario y fue testigo de la desidia de algunas guarniciones en la defensa de aquellos parajes y de los fraudes y usurpaciones que los capitanes hacían a los soldados en la paga de los salarios, la venta de géneros o en ocuparlos en servicios de su interés, por lo que dejó un reglamento particular en cada uno.
Ajustándose a las instrucciones de Casafuerte, suprimió algunos presidios y escuadras volantes ahora innecesarios, mudó otros a lugares más estratégicos y redujo algunas dotaciones y el sueldo a los soldados compensándoles con otras mejoras. Estas reformas supusieron un adelanto en el régimen interno de los presidios y un importante ahorro de gastos al Erario en sueldos, pero causaron las consiguientes protestas por parte de los que fueron cesados y de aquellos civiles y eclesiásticos que vieron mermados sus intereses con los cambios. El paso del tiempo demostraría que los frutos obtenidos con esta visita sólo fueron efectivos a corto o medio plazo.
Puso Casafuerte gran empeño en evitar el tráfico ilícito de las naves extranjeras en aquellos litorales expidiendo bandos a las autoridades competentes y prohibiendo a las embarcaciones pequeñas las salidas de los puertos y calas sin causa justificada. Envió barcos en persecución de un navío holandés y otro de bandera francesa, en 1725, ambos de gran tonelaje, que pretendían comerciar en Veracruz, pero, a pesar del arrojo de los españoles en los combates, la debilidad de la Armada de Barlovento no pudo evitar que aquéllos escaparan, por lo que Casafuerte —con el dinero ahorrado en la reforma de las tropas— fue contribuyendo a su restablecimiento y, secundando la política del secretario de Marina e Indias, José Patiño, de fortalecer la Armada española, intentaría crear años más tarde un astillero en el istmo de Tehuantepec, que no prosperó. Su actividad se dirigió también a combatir el fraude y contrabando del galeón de Manila y el de las flotas que, provenientes de España, hacían la Carrera de Indias.
Materias de preocupación fueron, asimismo, para Casafuerte, la defensa del virreinato y la incorporación de nuevos territorios. Su actuación en la frontera noroeste —aunque provocaron roces jurisdiccionales con la Audiencia de Guadalajara— vino a culminar la ocupación de Nayarit iniciada en tiempos del virrey Valero, al dominarse la sublevación (1724) de los restos de tribus insumisas refugiadas en esa zona de la Sierra Madre, y al deportar a un grupo de indios hostiles de Nueva Vizcaya a las Antillas, completándose la primera fase de la expansión española en California con la fundación de la misión de San Ignacio en 1728. En la frontera Sureste, intentó Casafuerte contener la tendencia expansionista y el comercio ilícito —esclavos, materias tintóreas y otros productos de la tierra— de los ingleses y sus aliados, los belicosos sambos y misquitos, establecidos, principalmente, en la costa oriental de Yucatán (en el río Walis, Belice) o en la de Honduras y Nicaragua (Mosquitos) mediante campañas de desalojo o el envío de guardacostas.
Para frenar la entrada de la gente de Jamaica, se iniciaron las primeras trazas del fuerte de San Felipe de Bacalar (Yucatán).
El descontento de Inglaterra con el acercamiento de la diplomacia española a la austríaca (Tratado de Viena), se dejó sentir en Nueva España. Primero fue la sospecha de una ofensiva a las costas americanas (1726) y poco después la presencia efectiva del almirante Hossier atacando Portobelo y con intención de destruir la estratégica plaza de Veracruz. Casafuerte se vio obligado a poner en estado de alerta al virreinato reforzando las principales plazas de aquellas costas y enviando víveres y caudales para la asistencia del numeroso contingente concentrado en La Habana, conforme a lo ordenado por Felipe V.
Todas estas prevenciones, más un millón de pesos que el Monarca pidió que se le remitieran urgentemente para la defensa de España —se había emprendido el sitio de Gibraltar (1727)— necesitaban de un gran aporte económico del que carecía las cajas mexicanas, por lo que el virrey tuvo que pedir préstamos al Tribunal de la Santa Cruzada y al Consulado, que no le fueron fáciles de conseguir. La situación vendría a aliviarse con la Convención de El Pardo (1728) y el enlace entre el futuro Fernando VI y Bárbara de Braganza, por lo que Casafuerte procedió a la restitución del navío Príncipe Federico y otros barcos y bienes embargados a los ingleses.
Para el servicio de la Armada de Barlovento se creó un batallón de infantería de Marina en 1731 y quedaron fusionados el gobierno de la plaza de Veracruz y el del castillo de San Juan de Ulúa en 1733 bajo el mando de un solo sujeto, permaneciendo un teniente del rey a cargo del castillo.
En el aspecto económico y comercial fue consiguiendo Casafuerte un importante desarrollo, para lo cual contó con la eficaz ayuda del fiscal Prudencio Antonio de Palacios. Liberalizó el comercio internacional del trigo y las harinas, sujeto antes al arbitrio del virrey, con cuya medida se frenó su encarecimiento y el que se adquiriera de contrabando, incentivándose así el cultivo del cereal; las rentas reales fueron adjudicadas al mayor postor y quedaron centralizados en la caja matriz de México los pagos que las foráneas tenían consignados, lográndose ventajas para el Fisco y el público y que los caudales quedaran bajo el control del virrey. No obstante, al verificar Casafuerte que los desembolsos ordinarios de la Administración superaban a los ingresos y que el déficit ascendía a más de trece millones de pesos, sin contar con los gastos extraordinarios, alertó al Monarca del desequilibrio económico que padecía el virreinato. Felipe V le autorizó a que se celebrara, bajo su presidencia, una junta en la que se propusieran arbitrios para aumento del Erario y ahorro de sus gastos. La llamada Junta de Medios (1727), constituida por representantes de las principales autoridades locales y de la burguesía comercial en la que en sus veintiuna sesiones se estudiaron cuatro tipos de medidas a adoptar, entre ellas la del libre comercio México-Perú por el Pacífico, fue una temprana apuesta reformista, pero sin resultados estimables.
Fue decisiva la intervención de Casafuerte en otras partes más alejadas del virreinato; baste señalar su actuación en la Audiencia de Guatemala (1727) para apaciguar los escandalosos disturbios —fruto de parcialidades y clientelismos— originados entre el presidente (Echeverz) y el oidor decano (Arana) y demás ministros de esa Audiencia, dando unas órdenes no siempre acordes con lo determinado por la Corona, por su más cercano conocimiento de la realidad novohispana.
Compaginó estos arduos asuntos con el proyecto —inacabado— de establecer una fábrica de artillería en Orizaba; la reedificación del Hospital Real de Indios de México, para cuyo sostenimiento impondría más tarde a los indígenas un tributo de medio real y, aunque suprimió el cargo de protector de indios del distrito de la Audiencia de México, concedió numerosas comisiones para defenderlos de los agravios y excesos que padecían. Dio su apoyo para la construcción de un nuevo coliseo, un hospicio (San Fernando), diversos conventos y capillas y para la creación de una escuela y una cátedra de Teología en la Universidad mexicana, solicitada por los jesuitas. Autorizó en 1728 que se volviera a publicar La Gaceta de México bajo la dirección del presbítero Juan Francisco Sahagún, a quien, cinco años después, honraría con el título de primer historiador y cronista de la capital. Mandó divulgar numerosos bandos prohibiendo todo aquello que transgrediese la moralidad pública y estuvo atento a que se cumplieran las nuevas ordenanzas municipales (1728).
En el curso del segundo sexenio (1729-17 de marzo de 1734, en que fallece el virrey), mientras que en España se daba un nuevo giro a la política exterior —Tratado de Sevilla, (1729) y luego el Primer Pacto de Familia (1733)—, en el virreinato novohispano se llevaron a cabo algunas propuestas que Rivera, con los conocimientos adquiridos en su visita, formuló a Casafuerte. A tal efecto, el virrey concibió un minucioso plan —que encomendó al capitán José de Berroterán— para que se hiciese una expedición a la confluencia de los ríos Grande del Norte y Conchos, a fin de localizar el lugar más idóneo para el establecimiento de una guarnición que constituyese, junto con los presidios de Nueva Vizcaya y de Coahuila, un cordón defensivo y contuviera los frecuentes ataques de los apaches y sus aliados. Si bien Berroterán (1729) logró abrir un camino que comunicara ambos presidios, la campaña se malogró por el poco interés del comisionado en seguir las directrices del virrey.
Con los informes facilitados por Rivera, se elaboró y publicó un Reglamento en 1729, que vino a sustituir al particular que había dejado en cada presidio. Constaba de ciento noventa y seis artículos en los que se fijaba la dotación que debía existir en cada uno, los sueldos, los precios de los suministros y vestuario, así como las normas a seguir por los mandos y la tropa dando un sentido de cooperación, unidad y coordinación a todas las fuerzas militares de las provincias internas para su más eficaz resguardo. El Reglamento permaneció vigente hasta 1772 pero, pocos años después de su publicación, ya se habían detectado en él algunos fallos en el ámbito económico y defensivo. También a propuesta de Rivera se unificaron varias provincias configurando un nuevo gobierno: el de Sinaloa (1733). No fue partidario Casafuerte de que se poblasen ciertos parajes del dilatado territorio de Texas con familias procedentes de España, como habían sugerido al Rey algún que otro gobernador y misionero porque, además de los crecidos costos que supondría al Erario el trasladarlos hasta allí y su manutención, sería abandonar la gente a su suerte por las características del terreno (cenagoso e infértil) y la gran distancia que había con los primeros asentamientos.
Abogaba para que se eligieran otros lugares más saludables y productivos dentro de esa franja fronteriza, tan amenazada por los franceses (Luisiana), ingleses, indígenas y otros pobladores y se colonizaran con personal autóctono. Desde la metrópoli se decidió enviar doscientas familias canarias y Casafuerte remitió a las primeras que llegaron a las proximidades del presidio de San Antonio de Béjar en donde se constituyó la villa de San Fernando (1731) y en cuyas cercanías se crearon también diversas misiones franciscanas.
Muerto Garzarón, el rey había nombrado ya un sustituto —Pedro Domingo de Contreras, oidor de la Audiencia de Sevilla— para la continuación de la visita, quien comenzó su comisión con el reconocimiento de la Caja de México (1731). Casafuerte no estuvo en contra de la visita ni del visitador, pero rechazó sus procedimientos y el escandaloso resultado de sus gestiones, por lo que sugirió al Monarca la conveniencia de su cancelación. La visita se interrumpió por el confusionismo administrativo que creó Contreras, su falta de confianza en el virrey y en el fiscal Palacios rehusando sus sugerencias y dificultando los negocios que venían emprendiendo, llegando a atacar su autoridad, prestigio y honradez al considerarlos culpables de los descubiertos de la Real Hacienda y partícipes de los fraudes que contra ella se cometían. En descargo de estas falsas acusaciones, Casafuerte envió al Rey un informe comparativo sobre el estado del Erario dos quinquenios inmediatamente anteriores a su gobierno y otros dos correspondientes al suyo en el que se apreciaba los aumentos que habían experimentado los ingresos durante su administración con respecto a las otras.
Puede decirse que fue Casafuerte el verdadero artífice de la organización de la feria del comercio trasatlántico, cuyo emplazamiento había quedado ya fijado definitivamente en Jalapa (1728) después de un período de estudio y revisión. Modificó y ajustó a la realidad del país algunas de las reglas que el Monarca había dado para el comercio de las flotas, tratando con ello de equilibrar los intereses de ambos Consulados —Cádiz y México—, reglas que dio a conocer con la publicación de dos bandos (1729, 1732). La norma de la no internación de los géneros que no habían sido vendidos en Jalapa hasta que la flota hubiera emprendido el tornaviaje desagradó a los del comercio de España por las ventajas que anteriormente habían obtenido con la libre internación; sin embargo, Felipe V le aprobó al virrey esta y otras medidas, ordenando su permanencia y cumplimiento. De las cuatro ferias que se celebraron durante su gobierno —dos de ellas en la capital— la más exitosa fue la de 1729 en Jalapa.
Gran trabajo y no pocos disgustos le costó a Casafuerte el que se llevara a efecto la construcción y modernización de la nueva Casa de Moneda de México —colaboró, asimismo, en la creación de la de Guatemala—, con lo cual hubo un considerable aumento en la producción de moneda y su circulación y se favorecieron las transacciones comerciales.
Para su régimen y el de las demás cecas de España e Indias ya había dispuesto el Rey unas normativas (1728) que se completarían dos años después. Con ellas se daba uniformidad al sistema monetario y se regulaba la labor de la nueva moneda circular tratando de evitar su falsificación y cercén. Casafuerte era contrario al precepto que disponía que todas las labores que se hicieran de oro, plata o cobre debían de ser de cuenta del Monarca y no de particulares, y expuso al Rey los inconvenientes de su puesta en práctica, pero no se le escuchó; en cambio, es de notar su influjo para que ciertos oficios de la Casa que estaban en manos de particulares pasaran a la Corona, dándose con ello un giro en el sistema de retribuciones de los funcionarios. Casafuerte no pudo ver culminado este magnífico edificio, ya que falleció pocos meses antes de que se terminara la obra. También por esta época se construyó un nuevo edificio para la Aduana.
Su administración no estuvo exenta de críticas. Se le censuró su rigidez (el letrado Felipe Tineo) y su alianza con el fiscal Palacios y los oidores Pedro Malo de Villavicencio y José Fernández de Veitia a quienes se les aplicaba “cuanto hay de conveniencia y, a los otros, de trabajo” (el oidor Juan Picado Pacheco).
Debido al acusado deterioro físico en sus dos últimos años de gobierno, se llegó a decir —el arzobispo de México Juan Antonio Vizarrón, su sucesor en el Virreinato— que los que verdaderamente gobernaban, de forma despótica, eran su secretario, Francisco Fernández Molinillo, y camarilla. Otras opiniones fueron bien distintas: el provincial de los jesuitas de México, José Barba, aseguró: “además de la gran cristiandad que siempre demostró, se hacía muy apreciable a todos la madurez y prudencia, la puntualidad exacta en el despacho hasta dos días antes de su fallecimiento”. José Camino Velasco, oficial real de Veracruz, dijo de él que gobernó “con grande aplicación, celo, prudencia y desinterés”.
Casafuerte falleció en pleno ejercicio de sus funciones. Su cortejo fúnebre recorrió las calles de México con gran ceremonial y acompañamiento de gentes y de las autoridades civiles y religiosas hasta llegar al convento franciscano de San Cosme de México —a cuya Orden Terciaria pertenecía— en donde fue sepultado. Pocos días después de su entierro, se hizo un irrespetuoso remedo del mismo en casa del comerciante Diego Velázquez de la Cadena por un grupo de mozalbetes cercanos a la familia, que contó con la anuencia del dueño de la casa y de algunos otros prestigiosos vecinos adultos, lo que mereció la reprobación de Vizarrón. Fue su heredero su sobrino José Joaquín de Acuña a quien legó el título del marquesado y parte de sus bienes, dejando el resto a otros familiares; para dotación de novicias, obras pías y a los pobres, sin olvidar a ninguno de sus fieles servidores en el virreinato.
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Ascensión Baeza Martín
