Río Rodríguez, Cirilo del. Castellar de Santiago (Ciudad Real), 27.II.1892 – Madrid, 27.II.1957. Político, ministro de Agricultura y de Obras Públicas en la Segunda República.
Como ocurrió con los monárquicos que habían hecho carrera política en la Restauración, Cirilo del Río, abogado y magistrado, se estrenaría como parlamentario participando en el primer proceso electoral de la Segunda República dentro de las filas de la Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora y Maura, opción que permitía hacer la transición sin grandes rupturas ideológicas. Elegido diputado por Ciudad Real en 1931, lo sería también en 1933, en este caso dentro de una Coalición Republicana de centro-derecha dominada por el Partido Radical. Posiblemente sus enfrentamientos con la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) cuando era ministro de Obras Públicas en el gabinete presidido por Portela Valladares, contribuyeron a excluir de una posible candidatura de la derecha a los correligionarios de Cirilo del Río y a formarla sólo con cedistas y monárquicos.
Cirilo del Río, como miembro de lo que entonces era el Partido Republicano Progresista, fue ministro de Agricultura en el gobierno de Martínez Barrio (8 de octubre de 1933), siendo nombrado en sucesivos gobiernos hasta ser sustituido por el cedista Giménez Fernández un año después (4 de octubre de 1934). Su paso por el ministerio, pues, coincidió con el ascenso de fuerzas políticas no demasiado entusiasmadas con la reforma agraria, pero al mismo tiempo con una ley y una maquinaria dispuestas a llevarla a cabo, de las que no habían dispuesto los gobiernos anteriores. Por lo tanto, tenía que haber más asentamientos al inicio del “bienio negro” que antes, pues prácticamente la ocupación efectiva de la finca sólo pudo llevarse a cabo en el otoño de 1933, una vez que, desestimados los distintos recursos de los Grandes, fue posible contar ya con las fincas incluidas en el Inventario de Fincas Expropiables. En el tema de los asentamientos la inflexión negativa la marca octubre de 1934. Con la llegada de la CEDA, el Consejo del Instituto de Reforma Agraria (IRA) empleó buena parte del tiempo en excluir del Inventario fincas susceptibles de expropiación y en dejar sin efecto las expropiaciones acordadas con anterioridad.
El carácter centrista de las actuaciones de Cirilo del Río se puso de manifiesto con el decreto de intensificación de cultivos que en febrero de 1934 paralizó provisionalmente el desahucio de los yunteros extremeños —exigido por los representantes de la Asociación de Propietarios— hasta la recolección de la cosecha, decisión que los diputados de la CEDA juzgaron como la convalidación de la ilegalidad. Algo similar ocurrió con sus proyectos de ley de arrendamientos y el de recuperación de los bienes comunales que recogían varias de las propuestas de proyectos del primer bienio. La actuación de Cirilo del Río por lo tanto buscaba modificar aspectos del legado reformista de Azaña pero no su destrucción como intentarían algunos socios de gobierno a partir de octubre. Cuando tuvo lugar la huelga de junio de 1934, las fuerzas conservadoras quisieron aprovechar la situación para reducir las aportaciones presupuestarias al IRA, cosa que no lograron. Hasta cierto punto, sólo la abolición de la Ley de Términos Municipales podría ser vista como una eliminación de una disposición del período Azaña. Dos sucesos de relieve tuvieron lugar bajo su mandato. Uno de ellos fue la huelga de junio de 1934 que se quiso reconducir con una política conciliadora, imposible de triunfar por la postura intransigente del ministro de Gobernación Salazar Alonso que consideró la huelga como revolucionaria. El Consejo de Ministros declaraba el 25 de mayo la recolección de la cosecha servicio público nacional, y pocos días después un decreto declaraba la huelga ilegal, lo mismo que cualquier reunión, manifestación, etc. El otro suceso fue el conflicto provocado por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Contratos de Cultivo aprobada por el Parlament de la Generalitat; los esfuerzos para llegar a un acuerdo se rompieron con la entrada de la CEDA en el Gobierno de Madrid y los sucesos de la revolución de octubre.
Como le ocurrió a su predecesor, Domingo, aunque fuera en menor medida, el problema del trigo ocupó parte de sus preocupaciones ministeriales que quedaron reflejadas en los dos decretos de enero y junio de 1934; por el primero, entre otras normas, se creaba una Comisión que debía proponer una resolución definitiva del problema triguero; por el segundo, se declaraba intervenido durante un año el comercio de trigos y harinas, lo que suponía fijar tasas, declarar existencias, utilizar guías, etc. Las medidas de Del Río dieron lugar a diversas polémicas donde se perfilaron varias propuestas sobre la necesidad de mercados reguladores así como sobre la forma de financiar tales mercados que se materializarían después de la Guerra.
Cuando abandonó el Ministerio de Agricultura intervino en los debates parlamentarios oponiéndose al sesgo conservador de la Ley de arrendamientos o de la Ley Velayos de 1935 (“contrarreforma agraria”).
Fue ministro interino de Obras Públicas en ausencia del titular (del 19 de julio de 1934 al 2 de agosto de 1934) y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en los gobiernos de Portela Valladares (del 14 de diciembre de 1935 al 31 de diciembre de 1935), y luego hasta el 19 de febrero de 1936.
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 137 n.º 15 y 139 n.º 15.
E. Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971; M. Espadas, Historia de Ciudad Real, Cuenca, Obra social de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, 1993; R. Robledo, “Política y reforma agraria de la Restauración a la Guerra Civil 1868- 74/1939”, en Políticas y reformas agrarias en la historia de España (De la Ilustración al primer franquismo), Madrid, MAPA, 1996, págs. 322-324. 150 años de Fomento en España, ministros de 1851 a 2001, Madrid, Ministerio de Fomento, 2001; R. Robledo Hernández, Los Ministros de Agricultura de la Segunda República (1931-1939), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.
Ricardo Robledo Hernández
