Juan IV de Portugal. Duque de Braganza (VIII). Villaviciosa (Portugal), 18.III.1604 – Lisboa (Portugal), 6.XI.1656. Rey de Portugal.
Pocos nobles de la Edad Moderna ejemplifican mejor que el VIII duque de Braganza la aspiración de los nobles europeos a constituirse en príncipes soberanos y, de ser posible, alcanzar el estatuto de realeza.
Entre aquellos que lo intentaron, sólo algunos, además del citado Braganza, lo consiguieron. Fue el caso de los duques de Saboya y Brandemburgo, coronados como reyes de Saboya y Prusia, respectivamente, tras la paz de Utrecht en 1713. La observación de este dato ayuda a encuadrar la trayectoria de aspectos innegablemente dramáticos —por lo general, explotados por la historiografía monárquica, romántica o nacionalista— que afecta a la figura de Juan IV, pero cuya explicación conviene remitir a coordenadas más generales de índole política y social.
Nació hijo de Teodosio de Braganza, VII duque de Braganza, y de la castellana Ana de Velasco, hija del condestable de Castilla. Fue su ayo y maestro de montería Diogo de Melo, su instructor en letras el doctor Jerónimo Soares, y su profesor de música João Lourenço Rebelo. Heredó a su padre cuando éste falleció, el 29 de octubre de 1630. Hasta su boda, celebrada el 12 de enero de 1633 con Luisa Francisca de Guzmán, hija y hermana del VIII y IX duque de Medina Sidonia, respectivamente, la vida del futuro rey de Portugal parece que transcurrió por los cauces habituales de los herederos de la mayor casa portuguesa, señores de cuarenta y cinco lugares y ciento setenta mil vasallos. Los Braganza eran, excepción hecha del duque de Aveiro, los únicos duques de Portugal, y contaban además con una política matrimonial a sus espaldas que les había ligado varias veces con la dinastía real de Avis, extinguida en 1580, y con la aristocracia de Castilla, incluidos los duques de Medina Sidonia. Nada extraño, pues, hubo en el casamiento del futuro VIII duque con un miembro de la familia Guzmán. Por el contrario, este enlace ratificaba una práctica que, además de contar con precedentes, acercaba posiciones entre titulares de señoríos fronterizos y reforzaba la alianza de intereses entre las dos casas más formidables de Portugal y Castilla. Obviamente, el significado político de este hecho fue señalado por los coetáneos y visto con particular recelo desde Madrid, donde el gobierno de Felipe IV y su valido, el conde-duque de Olivares (un Guzmán, pero de la rama menor de la familia) hubiera preferido una alianza menos inquietante, dado que, bajo Felipe III, los Medina Sidonia se habían vinculado a la familia Sandoval, es decir, a la facción del duque de Lerma, el privado regio contra cuyo grupo se había lanzado Olivares una vez instalado en el poder en 1621.
La década de 1630 contempló un ascenso del protagonismo político de los Braganza en Portugal. Como únicos descendientes vivos de la extinta casa de Avis, desde la incorporación de Portugal a la Monarquía hispánica en 1580 los Braganza habían concitado la atención de quienes aspiraban a oponerse al régimen de los Felipes, y al tiempo que atraía servidores en Portugal (de donde nunca salió para evitar su deslucimiento en Madrid por comparación con la aristocracia cortesana), atrajo el cuidado y favor de la Corona hispánica, no siempre dispuesta a conceder todo lo que los Braganza solicitaban, pero sí pendiente de aprovechar cualquier ocasión para vincular a los duques a los intereses de la Monarquía.
Este equilibrio inestable se empezó a quebrar a medida que la descomposición del régimen filipino en Portugal se abría paso a golpes con las reformas olivaristas.
La alteración de algunos de los privilegios administrativos y fiscales que Felipe II había jurado respetar en 1581, empujó a varios sectores de la comunidad política portuguesa —de la nobleza media, sobre todo— a valorar la posibilidad de recuperar los resortes del poder por medio del establecimiento de una nueva Monarquía en el reino, cuyo titular fuera un natural, pero dotado del mínimo de legitimidad política que la tradición y la mentalidad de la época exigían. Visto así, el único candidato posible era el duque de Braganza. La campaña para promoverlo al trono parece que agrupó a dos sectores: el primero, formado por sus servidores y parientes del entorno alentejano del palacio ducal de Villaviciosa y la ciudad de Évora, la más importante de Portugal después de Lisboa; el segundo, integrado poco a poco por personas de procedencia diversa que, a medida que acusaban los perjuicios originados por el régimen olivarista, convergieron en un frente de animadversión hacia lo que éste significaba: cambios de la praxis política tradicional (eran partidarios del peso de los consejos antes que de las juntas), fiscalidad extensible a todos los estamentos y una autoridad creciente de la Corona. Naturalmente, estos mismos factores causaban malestar en otros territorios de la Monarquía, pero Portugal contaba con un respaldo singular a la hora de modelar política e institucionalmente la protesta, tales como su incorporación relativamente tardía al conjunto imperial y, muy especialmente, una tradición histórica anclada en la imagen de un reino y una dinastía propios.
Entre 1637 y 1640 los acontecimientos forzaron un cambio de táctica en la actitud del duque de Braganza.
Hasta entonces, su relación con la Corona había sido la habitual de su familia, esto es, una cordialidad fría. Pero con la marea de disturbios antifiscales que inundó Portugal en la segunda mitad de la década de 1630, Felipe IV, por un lado, y los grupos oponentes, por otro, comenzaron a presionar al duque para que se posicionara a favor de uno u otros. Braganza suponía una baza demasiado relevante como para esperar que las partes en conflicto fueran a permitirle ser neutral. La Corona aspiraba a involucrarlo activamente en su servicio desde un cargo que suscitara la lealtad de los portugueses (en especial, de la nobleza media y provincial, de la que partiría la conspiración) y contuviera o deshiciera los planes de convertir al duque en el imán de una posible conjura. Los descontentos, por su parte, determinaron —no se sabe si con la connivencia plena del duque— hacer de éste el vértice público de su malestar e incluso aclamarlo Rey si con este ofrecimiento se lograba el objetivo de impulsar la revuelta y, más importante aún, de consolidarla.
Durante los prolongados motines populares que sacudieron el Alentejo y el Algarve entre el verano de 1637 y el invierno de 1638, Braganza se mantuvo en contacto con la Corona y proclive a pactar antes que a reprimir. Para Madrid esto era pasividad antes que colaboración. A fin de cuentas, los hechos más destacados —como la junta de San Antón que se creó en Évora para mediar con los revoltosos— tenían lugar en tierras de su señorío o confinantes con él. Los gritos que entonces se escucharon entre la población llamando Rey al duque expresaban el clima imperante.
El dilema de la Corona se debatía entre incorporar al duque a su servicio o mantenerlo amigable en su palacio de Villaviciosa. En el fondo, era el mismo problema que se arrastraba desde 1580. Ya entonces la duquesa Catalina había solicitado a Felipe II que su primogénito Teodosio fuera nombrado virrey de Portugal, sin lograrlo. Madrid temía la ascendencia de los Braganza en el reino, pero tampoco podía ignorarla.
En agosto de 1634, Olivares ofreció a don Juan el cargo de gobernador general de Milán, que el duque declinó tras alegar que en su casa no había tradición de servir fuera de Portugal. En cambio, el hermano del duque, Duarte, se incorporó al ejército imperial de la Guerra de los Treinta Años. En 1638 Felipe IV llamó a Madrid a los notables lusos para discutir el futuro del reino, pero Braganza se excusó otra vez. La Corona necesitaba implicarlo para alcanzar tres objetivos simultáneos: premiar su lealtad durante los disturbios, desalentar a los antiaustracistas y castigar la inoperancia atribuida a la virreina Margarita de Saboya. El 28 de enero de 1639 el Rey nombró al duque capitán general de Portugal con motivo de un posible ataque de la armada francesa al reino.
Su misión consistía en supervisar el estado de las defensas lusas. Braganza aceptó con la condición de no tener que residir en Lisboa y poder acudir a la ciudad de modo “encubierto”.
La Capitanía otorgada al duque coincidió cronológicamente con la disolución del Consejo de Portugal en Madrid y su sustitución por dos juntas, en Madrid y en Lisboa. Tras la rebelión de los catalanes de junio de 1640, en otoño de este año, Olivares convocó a la nobleza lusa a Madrid para organizar su expedición al frente catalán. Braganza se excusó, así como el resto. La coyuntura resultaba adecuada para derribar el régimen austracista. Militarmente, Felipe IV había perdido gran parte de su armada ante los holandeses en Las Dunas en octubre de 1639, mientras que la revuelta catalana abrió una guerra dentro de la propia Península. Políticamente, además, el descontento se hallaba extendido por amplias capas, lo que auguraba al menos un apoyo inicial a un posible golpe de estado.
Las fuentes del siglo XVII coinciden en señalar la poca decisión del duque a la hora de optar por la ruptura.
Esta versión, que favorece el protagonismo de la nobleza, no invalida lo mucho que ciertamente arriesgaba el duque en caso de fracasar ni exime de prudencia su actuación. La presión del núcleo conjurado debió ser extrema, hasta el punto de que tal vez sea cierto que se pensó en proclamar una república, al estilo de las Provincias Unidas, si el duque no aceptaba la Corona.
En la mañana del 1 de diciembre de 1640 se produjo el asalto al palacio real de Lisboa por el grupo de conjurados. Pese a la leyenda de que fueron “Cuarenta Fidalgos” los autores de la Restauración, en realidad sus ejecutores —como Antón de Almada— representaban a la nobleza media. Sólo les acompañó un puñado de títulos vinculados a los Braganza, como los condes de Vimioso, Castanheira y Atouguia y el marqués de Ferreira. El arzobispo de Lisboa también estaba con ellos. La detención de la virreina (enviada a Madrid en agosto de 1641) y el asesinato ritual al que fue sometido el secretario de Estado Miguel de Vasconcelos representaron, simbólica y factualmente, la ejecución de un golpe de estado que depuso a Felipe de Austria como rey de Portugal y entregó la Corona al duque de Braganza. El nuevo Monarca llegó a Lisboa, procedente de Villaviciosa, el 6 de diciembre.
El día 15 fue aclamado Rey en una ceremonia solemne en el Terreiro do Paço lisboeta. Comenzaba así un nuevo régimen en Portugal en medio de la incertidumbre que suponía la guerra con Felipe IV (prolongada hasta la paz del 13 de febrero de 1668, mucho después de fallecido Juan IV) y las diferentes oposiciones abiertas en el reino: por un lado, los partidarios de mantener a Portugal dentro de la Monarquía hispánica; por otro, quienes habían convertido en Rey a uno de los suyos con el fin primordial de hacer respetar el privilegio. Dado que el conflicto bélico apenas tuvo peso hasta la campaña de 1657, fue en la arena política donde se libraron las batallas decisivas. La primera y más espectacular tuvo lugar el 28 de julio de 1641, cuando se descubrió una conspiración austracista que pretendía matar a Juan IV y devolver el gobierno a la virreina. Los implicados abarcaban varios grupos sociales —Sebastián de Matos Noroña, arzobispo de Braga; Luis de Noroña Meneses, marqués de Vila Real; su hijo, Luis de Meneses, duque de Caminha; Francisco de Castro, inquisidor general; Pedro de Baeza, banquero y tesorero de la aduana de Lisboa, etc.—, lo que mostró la disparidad de la oposición al régimen Braganza. La mayoría de los detenidos fueron ejecutados, pero esto no resolvía la amenaza. El alto clero y los títulos más importantes optaron por quedarse en Madrid, pues las ventajas que disfrutaban y la desconfianza hacia Juan IV reforzaban su asimilación al régimen filipino. Los “ausentes”, eufemismo con el que se les conoció en Portugal, deslegitimaron con su gesto a los Braganza tanto como legitimaban a los Austrias. Sufrieron como castigo la confiscación de sus bienes. Los pertenecientes al duque de Caminha, a su padre, el marqués de Vila Real, y a Manuel de Moura, marqués de Castelo Rodrigo, sirvieron para crear la casa del Infantado en 1654, adscrita al segundogénito de Juan IV, el infante don Pedro.
Lo cierto es que la forma en que Juan IV entendió que debía ejercer la autoridad de la Corona —renunciando al consenso y aumentando el rigor— dibujó un escenario inesperado y complejo. Las causas que le llevaron hacia un autoritarismo creciente, en muchos casos análogo al practicado por Felipe IV, obedecieron a la propia naturaleza del oficio de Rey, ejercido en tiempos de exigencias extremas, y a su convicción de que la independencia de Portugal sólo valdría la pena si iba acompañada del fortalecimiento de su casa y dinastía. Retrospectivamente, es obvio que los conjurados, al entronizar al mayor aristócrata del reino, minusvaloraron la fuerza desencadenada con el golpe.
Los inicios del reinado, sin embargo, tuvieron que ser acordes con el espíritu de la conjura, esto es, respetuosos con la restauración de las libertades del reino y la tradición privilegiada. Juan IV se apresuró a confirmar los oficios otorgados bajo los Austrias (para no crearse enemigos) y a conservar el aparato institucional heredado. Las Ordenações Filipinas fueron ratificadas en 1643. La clave de su futuro —y de la Restauración— descansaba en atraerse a la masa de los llamados (ahora, en 1640, como en 1580) “neutrales”, lo que incluía tanto a los indiferentes cuanto a los simpatizantes o poco inclinados al compromiso.
Como se trataba de potenciar la participación de la nobleza, ésta recuperó la voz cantante en los consejos del reino, particularmente en el de Estado y en los dos únicos creados de nuevo: el de Guerra (1640) y el Ultramarino (1642). Pero esta contención institucional no evitó los conflictos de jurisdicción entre los consejos antiguos y los nuevos y entre todos ellos y las poderosas secretarías de Estado y de Mercedes.
El clero secular y las órdenes —sobre todo los jesuitas— apoyaron la nueva realeza con la esperanza de ver respetado su estatuto, lo que en la práctica y en general sucedió. Los grupos bragancistas pronto se sintieron lo bastante fuertes como para imponerse al Rey en el primer combate librado con él: el del secretario de Estado Francisco de Lucena. Este antiguo servidor de los Braganza y experimentado burócrata (entre 1614 y 1631 había sido secretario del Consejo de Portugal en Madrid) resultó acusado de traidor por cartearse con su hijo, en Madrid tras 1640. En realidad, Lucena había concitado el odio de quienes ahora no estaban dispuestos a aprobar sus modos autoritarios aprendidos en la Corte española. Su política en la provisión de cargos selló su destino. Juan IV, incapaz de asumir su defensa, permitió que fuera juzgado sin garantías y ejecutado por traidor el 28 de abril de 1643.
Probablemente este hecho supuso una inflexión en su reinado. Lo cierto es que, de aquí en adelante, las concesiones regias fueron a menos. El contragolpe de 1641 y el asunto Lucena recordaron al duque su vulnerabilidad.
Ciertamente, al recibir la Corona había ganado más que nadie, pero al aceptarla también había arriesgado más que nadie. Haber sido duque antes que Rey le había impedido construir la imagen de realeza y respeto que ahora echaba en falta. Se trataba de un Rey sin majestad. O, como resumió entonces Francisco de Quevedo, un reo de sus iguales, no un Rey para sus vasallos. En su contra jugó también la coyuntura de guerra, que limitó a Juan IV los medios típicos de la Monarquía barroca para suplir el déficit de autoridad, tales como la construcción de palacios, los fastos cortesanos o un mecenazgo esplendoroso.
Hacer esto, además, hubiera supuesto incurrir en prácticas identificadas con los Austrias. Por tanto, la realeza brigantina se refugió en la austeridad. Todo lo más, se potenció la imagen de un rey bibliófilo y sobre todo músico, en la medida en que la sincera pasión que Juan IV manifestaba por la música desde sus tiempos de duque, encajaba en la línea de las aficiones virtuosas permitidas entonces a un buen monarca.
Además de componer los motetes Crux Fidelis y Adjuva nos Deus, publicó los tratados Defensa de la música moderna (Lisboa, 1649) y Respuestas a las dudas que se pusieron a la misa Panis quem ego dabo, de Palestrina (Lisboa, 1654), ambos en español. Su valiosa biblioteca, cuyo catálogo se imprimió en Lisboa en 1649, se perdió casi entera con motivo del terremoto de Lisboa de 1755 y la destrucción del palacio real de la Ribera.
Para superar esta situación Juan IV actuó sobre todo en tres frentes, el político-institucional, el financiero y el diplomático. En cuanto al primer punto, convocó las Cortes del reino en 1641, 1642, 1645 y 1653, en vivo contraste con el período de los Felipes, cuando sólo se reunieron en 1581 y 1619. Pese a su reluctancia a negociar con las elites urbanas, accedió a ello como recurso de legitimación y para captar fondos. La décima militar, aprobada en las Cortes de 1641 y consistente en el pago del diez por ciento de toda clase de rentas —incluidas las de la Iglesia y la nobleza—, resultó el impuesto más novedoso salido de la Restauración (si bien no tan rentable como se esperaba a causa del rechazo que motivó entre los privilegiados). Por ello, y para ganar independencia financiera, Juan IV promovió una alianza con los mercaderes cristianos nuevos, lo que le enfrentó con la mayoría cristiana vieja y el Santo Oficio. De pronto, los portugueses vieron cómo su Rey natural reproducía la política de favor a los conversos que tanto habían recriminado a los Austrias. El más claro promotor de esta política fue el jesuita Antonio Vieira, consejero del Rey y contrario, como era tradicional en la Compañía de Jesús, a la discriminación de los conversos. Esta colaboración culminó con el albalá del 6 de febrero de 1649 por el que la Corona prohibía a la Inquisición confiscar los bienes de los encausados antes de juzgarlos, y con el anuncio, el 10 de marzo, de la creación de la Compañía General del Comercio del Brasil, casi toda en manos conversas.
Este pacto entre Juan IV y el capital cristiano nuevo supuso un desafío al Santo Oficio, cuya voluntad enajenada tendió a verse desde entonces como un apoyo a los Austrias. Al malestar con la Iglesia contribuyó también la negativa del Papa a reconocer a Juan IV, actitud motivada por la presión de Madrid. La imposibilidad de cubrir las sedes episcopales que fueron quedando vacantes, y cuyas rentas pasaban a la Corona, frenó la carrera del alto clero secular.
El tercer campo donde la Corona desplegó su actividad fue el diplomático. En Lisboa eran conscientes de que la Guerra de los Treinta Años brindaba una excelente ocasión para ganar aliados entre los enemigos de Felipe IV y, a la vez, incluir a Portugal en la mesa de negociaciones para la paz. El objetivo, en fin, era subsumir el contencioso hispano-portugués en el enjambre europeo, de modo que las potencias ahora aliadas de Juan IV —Francia y las Provincias Unidas— actuaran de protectoras en Münster y Osnabrück para arrancar de Madrid la independencia de Portugal. Sin embargo, esta política fracasó.
Como era de esperar, los gobiernos europeos reconocieron de inmediato a Juan IV, lo que se plasmó en la firma de rápidos tratados el 1 de junio de 1641 con París, el 12 de junio con La Haya, el 29 de julio con Estocolmo y el 29 de enero de 1642 con Londres. Lo que en cambio no se logró fue la ansiada alianza matrimonial con los Borbones, ni que los holandeses incluyeran en la paz las colonias ultramarinas, donde la guerra prosiguió con fuertes pérdidas para los lusos en Asia y con victorias en Angola (recuperada en 1648) y Brasil (expulsión de los holandeses en 1654).
Como todo régimen en sus inicios, el de Juan IV satisfizo tantas expectativas como las que defraudó.
Mientras un ejército de letrados halló mil argumentos para justificar sus acciones, también hubo que recurrir a la detención de sospechosos (por cuenta de la Junta de Inconfidencias), a la censura y al cierre de los teatros.
Al rodearse de servidores extraídos de su cantera señorial y al potenciar las juntas frente a los consejos, frustró la ilusión de la nobleza auspiciadora del golpe de monopolizar un aparato cortesano nuevamente instalado en Lisboa. A diferencia de los Austrias, Juan IV otorgó muy pocos títulos nobiliarios. La casi ausencia de guerra desde 1644 (batalla de Montijo) hasta su muerte le libró de tener que premiar un gran número de carreras militares. Tampoco alcanzó a ser un Rey popular. El rechazo que las levas despertaron entre la población y el ascenso de la tributación indirecta (la más injusta) no respondían a lo que se esperaba de un Rey propio. No parece que esto le preocupara, pues sus visitas por el reino, como la realizada a Évora en 1643 para animar la defensa del Alentejo, resultaron excepcionales. No extraña que el sebastianismo reactivado en 1640 abandonara muy pronto la identificación entre Juan IV y el mito del Rey encubierto, que al principio de la Restauración fue una realidad.
Lo que quedó claro para todos fue que el Monarca anteponía su casa a cualquier otra consideración. Tras ser abortado un ataque contra su persona a manos de Domingos Leite en 1647, orquestado desde Madrid, y tras el fracaso de no ver reconocida la independencia de Portugal en la paz de Westfalia del año siguiente, Juan IV buscó la salida a una situación que consideraba desesperada. Ya en 1646 había propuesto a Francia esposar al heredero de Portugal, el príncipe Teodosio, con la hija del duque de Orleans. Ambos quedarían como reyes de Portugal mientras Juan IV sería monarca de un nuevo reino atlántico formado por Brasil y las islas Azores, desde donde gobernaría.
La negativa francesa inspiró un segundo plan en 1649, ofrecido a Felipe IV por medio del jesuita Vieira, enviado a Roma a comienzos de 1650: casar a Teodosio con la infanta María Teresa, heredera de la Monarquía hispánica después de fallecer su hermano, el príncipe Baltasar Carlos, y así ceder el trono luso a los nuevos esposos. Éstos, a su vez, pasarían a reinar también sobre la Monarquía hispánica si Felipe IV no tenía más hijos. Nacería, de este modo, un imperio hispánico regido por una dinastía semi-portuguesa de la casa de Braganza. Este dinasticismo esgrimido, en secreto, por Juan IV encaja mejor con los valores de su tiempo que las atribuciones de patriotismo alimentadas posteriormente por la historiografía.
Juan IV murió en noviembre de 1656 falto de un heredero idóneo. El Rey había tenido siete hijos legítimos: Teodosio (nacido el 8 de febrero de 1634), Ana (muerta nada más nacer, en 1635), Juana (1635- 1653), Catalina (1638-1685), Manuel (que nació muerto en 1640), Alfonso (1643-1683) y Pedro (1648-1706). Tuvo también una hija ilegítima de madre no conocida, María (1644-1693), a la que reconoció y que pasó su vida como religiosa. El fallecimiento de Teodosio el 15 de mayo de 1653 convirtió a su hermano Alfonso en titular de la Corona. Su minoría de edad obligó a Juan IV a establecer en su testamento un consejo de regencia bajo la reina viuda, Luisa de Guzmán. Lo que en realidad sucedió fue una reacción política en toda regla —el asalto de la nobleza al gobierno del reino— y la prueba, en última instancia, de que la Restauración supuso un proceso no siempre coincidente con la guerra contra los Austrias que aquélla había generado.
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Rafael Valladares Ramírez
