Mendoza y Córdoba, Francisco de. ¿Baena (Córdoba)?, s. m. s. xv – Madrid, 29.III.1536. Prelado y consejero de Carlos V.
Pertenecía a noble familia asentada en Andalucía, los condes de Cabra, un linaje que remontaba al siglo xiv su proyección al servicio de la Monarquía, bien con las armas bien desempeñando cargos cortesanos.
Era hijo de Diego Fernández de Córdoba, II conde de Cabra, señor de Baena, Rute, Zambra, Castro del Río, y vizconde de Iznájar. Participó en campañas militares en la conquista de Granada y recibió importantes mercedes de los Reyes Católicos, los títulos de mariscal de Castilla, alguacil mayor de Córdoba y alcaide de sus alcázares mayores, y alcaide de Alcalá la Real, además de la condición de miembro del Consejo Real. Por parte de madre, Francisco estaba igualmente emparentado con la gran nobleza castellana, pues era hijo de María de Mendoza, hija del I duque del Infantado. Pero como el patrimonio nobiliario familiar pasó por vía de mayorazgo al primogénito, Diego Fernández de Córdoba, III conde de Cabra, en lugar de optar por la vía de las armas, Francisco buscó la promoción social con su ingreso en la Iglesia. Probablemente estudió en Alcalá, y comenzó su singladura eclesiástica recibiendo en su comarca natal los beneficios de arcediano de los Pedroches y deán de Córdoba, donde vivió los fuertes conflictos provocados por las persecuciones inquisitoriales de Lucero en 1506. Precisamente debido a estas vicisitudes, Francisco de Mendoza entró en contacto con el cardenal Cisneros, quien habría de introducirle en el servicio de la corte. En efecto, Mendoza fue enviado por el cabildo cordobés para solicitar al inquisidor general Deza que se sometiese a Lucero a la acción de la justicia, y de esta guisa entabló cierta amistad con Cisneros. Cuando éste, en 1507, fue nombrado inquisidor general en lugar de Deza, Mendoza fue comisionado en septiembre para presentarle las peticiones del cabildo. Desde entonces la Iglesia cordobesa empleó a Mendoza en varias ocasiones para hacer llegar sus demandas al regente. Su relación con Cisneros llegó a ser intensa, puesto que, junto a Francisco Ruiz, actuó como albacea testamentario en la hora de su muerte. Finado su protector, pasó al servicio de quien fue nombrado nuevo arzobispo de Toledo, Guillermo de Croy, obispo de Cambray y sobrino del gran chambelán homónimo. La juventud de Croy conllevó que se dispusiera que, hasta que alcanzara veintisiete años, Mendoza actuara como administrador temporal y espiritual de la diócesis. Así, en 1518, Francisco de Mendoza y Carlos de Carondelet fueron designados procuradores para efectuar la toma de posesión en nombre de Croy, lo que consiguieron tras vencer fuertes resistencias.
Aunque al recibir este encargo Mendoza había tenido que renunciar al deanazgo de Córdoba (si bien conservó una canonjía), entonces despegaba verdaderamente su carrera cortesana. En el tránsito de reinado, Francisco de Mendoza había demostrado saber mantenerse y medrar en el gobierno, tras ganarse la confianza del séquito borgoñón del joven Carlos I. Por decisión del cardenal Adriano de Utrecht, que había accedido en 1516 al cargo de inquisidor general, el primero de julio de 1518 recibió título de consejero de Inquisición, aunque parece que sus diversas ocupaciones fuera de la corte le impidieron asumir toda su responsabilidad en el organismo.
Mientras continuaba desempeñando la gobernación del Arzobispado toledano, en mayo de 1520, se produjo su nombramiento como miembro del Consejo Real de Castilla, que las vicisitudes impidieron que hiciera efectivo hasta agosto de 1522. Entretanto, hubo de afrontar las dificultades que surgieron con el estallido de la revuelta comunera en el Arzobispado de Toledo. En septiembre de 1520, los sublevados dejaron de reconocer sus poderes y fue expulsado de Alcalá de Henares, por lo que se trasladó a Guadalajara.
La mayor parte de las rentas del arzobispado pasaron a manos de los comuneros, pero Francisco de Mendoza intentó disponer de fondos destinados a la causa de Carlos V. Por otra parte, la muerte de Guillermo de Croy dejó vacante la mitra primada. Entre tanto, se disponía el nombramiento de su sucesor, el obispo comunero Antonio de Acuña decidió asumir la gobernación del arzobispado, apoyado por la Junta de Tordesillas.
Pero, a la postre, en abril de 1521 terminó la rebelión en Villalar y, meses después, en Toledo también se restableció el orden. Sus poderes como gobernador y administrador fueron renovados por una Real Cédula fechada el 14 de octubre de 1522. Además, Mendoza recibió comisión para instruir una investigación dirigida contra el rector de la Universidad de Alcalá de Henares. La confianza que había despertado el comportamiento de Mendoza durante las Comunidades le avaló entonces para acceder a tales cometidos. Asimismo, después del regreso de la corte imperial a Castilla, Francisco de Mendoza fue encargado de la administración del Obispado de Zamora, mientras permanecía preso en la fortaleza de Simancas el prelado Antonio de Acuña, en castigo por sus desafíos a la autoridad real. Igualmente, entre tanto había recibido la comisión de realizar visita a la Chancillería de Valladolid, ya que este tribunal había mantenido una actitud sospechosa durante la rebelión comunera.
Por entonces, parece que debido a sus afinidades humanistas, entre las que se incluía su propio secretario, Gracián de Alderete, había conseguido la confianza del canciller Gattinara. En septiembre de 1524 el canciller recomendaba su entrada en el Consejo de Hacienda cuando se efectuara una próxima reforma. Otro factor que explicaría que se alcanzara esta designación seguramente fue la amistad que unía a Mendoza con el secretario Francisco de los Cobos. De esta manera, en enero de 1525, al ponerse fin a un proceso fundacional caracterizado por la lucha por el manejo del erario, la instrucción redactada estableció que la composición del Consejo de Hacienda se integrara con Enrique de Nassau, el obispo Francisco de Mendoza, el poderoso secretario Francisco de los Cobos y sus criaturas, Sancho de Paz, Cristóbal Suárez y Martín Sánchez de Araiz, y al argentier Adurza. Pero Nassau pronto se retiró de estas obligaciones, y de manera explícita Mendoza asumió la presidencia de este Consejo, cuya primera versión se había gestado en 1523. Pero este organismo encontró arduas dificultades para establecerse y superar su fase de gestación, y alcanzó solidez institucional lentamente, con el transcurso de los años. En este sentido, todavía la Contaduría Mayor de Hacienda conservaría durante casi todo el siglo su jurisdicción en lo concerniente a las rentas ordinarias. Por otra parte, el panorama hacendístico que Mendoza debió afrontar era, como poco, precario. Durante el primer lustro de la presidencia de Mendoza se pudieron soportar a duras penas las consecuencias de las deudas derivadas de la elección imperial y las repercusiones del esfuerzo financiero realizado para expulsar militarmente a los franceses de Guipúzcoa y Navarra. Después, guerras en Italia, incursiones berberiscas y amenazas otomanas habían sido y eran una fuente de gastos inexcusables y de difícil predicción. Dada la imposibilidad de acompasar los ingresos al ritmo de los gastos, y como ante el déficit crónico las medidas de consecución de fondos extraordinarios emprendidas resultaban insuficientes o demasiado pausadas, la solución más frecuente consistía en negociar con los mercaderes-banqueros castellanos, genoveses o alemanes, el adelanto o préstamo de los futuros recursos del erario. De esta manera, hasta que las competencias del Consejo de Hacienda se fueron ampliando con la discusión y puesta en práctica de los nuevos impuestos y estancos, sus principales cometidos fueron las negociaciones con banqueros y los expedientes fiscales como enajenaciones de villas y lugares, ventas de jurisdicciones, oficios, alcabalas, y de hidalguías.
Aunque en este ámbito hacendístico su autoridad estuvo en diversas ocasiones en entredicho, Mendoza siguió prosperando en aspectos eclesiásticos y gubernativos. Carlos V decidió impulsar su carrera eclesiástica, y le nombró obispo de Oviedo el 6 de noviembre de 1525. Como prelado de esta diócesis se mantuvo hasta que el 3 de abril de 1527 fue promocionado a Zamora, que había administrado entre tanto se resolvía la situación de Acuña. Cabe señalar que dentro de su actividad como prelado de Zamora, se ocupó de sacar a la luz la Instrucción de prelados en noviembre de 1530. Sin embargo, en el terreno episcopal nunca destacó la labor de Francisco de Mendoza, pues sus muchas ocupaciones en la corte le impidieron visitarlas sino esporádicamente.
Aunque Mendoza ya actuaba al frente del Consejo de Hacienda, y seguía perteneciendo al Consejo de Castilla, todavía alcanzó mayores cotas de participación en el gobierno. En abril de 1528 Carlos V partía a visitar sus posesiones de la Corona de Aragón.
Francisco de Mendoza recibió una instrucción especial como presidente de Hacienda de parte de la emperatriz y regente Isabel, confiriéndole plena capacidad para estudiar y proponer la manera de incrementar los ingresos, pero limitando estrechamente su iniciativa con mandamientos particulares.
La instrucción encomendaba al Consejo exigir y recaudar el “servicio ordinario” de 1528, agilizar la petición de empréstitos, y gestionar los trámites de la predicación de la Cruzada de 1528; se le negaba, asimismo, capacidad para despachar libranzas de pago de deudas y mercedes. Este débil perfil institucional del Consejo sería una constante en la evolución del organismo. Por otra parte, en 1529 se institucionalizó la plantilla de la Comisaría General de Cruzada, y Mendoza, que desde 1525 estaba ocupándose de los asuntos pendientes de la última predicación — concluida en 1524—, fue situado oficialmente al frente del organismo. El desempeño de ambos cargos tenía como objetivo evitar las discrepancias en la actuación del Consejo de Hacienda y de la Comisaría General de Cruzada. Entre 1525 y 1529 no hubo conflictos institucionales, pues Clemente VII no autorizó predicaciones de Cruzada ni subsidios del clero. Pero, en 1529, el Pontífice finalmente accedió a conceder ambas gracias. En cierto sentido, algunos autores consideran a Francisco de Mendoza como el primer comisario general, con nombramiento ratificado por el Papa en los sucesivos breves pero directamente designado por el Monarca. A este respecto, también se le asignó una quitación, como al asesor y los contadores que componían el organismo. Por su parte, Mendoza recibía 150.000 maravedís anualmente.
El rango de Mendoza en la corte todavía experimentó algunas modificaciones. Por una parte, cuando el 8 de marzo de 1529 en Toledo se firmaron las instrucciones que debían dirigir la regencia de Isabel de Portugal, Carlos V ordenó la formación de un Consejo de la Emperatriz, que quedó presidido por el obispo de Zamora (con 100.000 maravedís de quitación anual). En este ámbito la corriente humanista conservaba su influjo. En efecto, también en la Casa de Isabel habían encontrado colocación antiguos felipistas y servidores de Cisneros. El propio Mendoza procuró promocionar a antiguos clientes a quienes había conocido en el servicio del cardenal, como Fernando de Valdés. Además de contribuir a su consagración episcopal, Mendoza le designó en 1531 lugarteniente en la cobranza de la cuarta o subsidio del clero. La elección era significativa, pues estas comisiones conllevaban reuniones con el Consejo de Hacienda, los representantes de los cabildos, parroquias y monasterios, y siempre surgían numerosos conflictos y protestas.
A pesar de estos importantes cometidos institucionales, la posición cortesana de Mendoza estuvo socavada por el protagonismo del presidente del Consejo Real, Juan de Tavera. La pugna entre ambos provocó, durante los años siguientes, agudas tensiones en el manejo de la Hacienda Real. Desde antes de que partiera a hacia Italia en 1529, Carlos V padeció un acrecentamiento de necesidades financieras, al mismo tiempo que, en la corte castellana, los principales consejeros del Emperador disputaban el control de las riendas de la Hacienda real. La consecución de nuevas vías de ingresos parecía tarea sumamente laboriosa, como estaba demostrando la actividad de la comisión que, en febrero, había recibido el mandato de aprontar 300.000 ducados básicamente con operaciones de venta de juros, y que era dirigida por Mendoza. Pero tanto como comisario general como en cuanto presidente del Consejo de Hacienda, la labor de Mendoza fue menoscabada en diversas ocasiones, en particular, en la negociación de los asientos relacionados con las gracias eclesiásticas.
Hay que destacar que fue bajo su mandato cuando se firmaron los dos conciertos crediticios de mayor cuantía de los que se tomaron en tiempos de Carlos V: el asiento de 1.500.000 ducados de 1530 y el asiento de 1.300.000 ducados de 1532. En el otoño de 1529 llegaba a Castilla la bula de Cruzada concedida ese año por el Pontífice, que alcanzaba hasta 1533 por un montante estimado de 650.000 ducados, y la concesión de un subsidio por otros 600.000 ducados. Carlos V ordenó que se tomara un grueso asiento sobre ambas contribuciones, y las negociaciones fueron iniciadas por Tavera, el conde de Miranda, el teniente Gutiérrez de Madrid y los contadores de Cruzada Juan de Enciso y Juan de Vozmediano. Francisco de Mendoza, cuya autoridad sufrió un fuerte desgaste, fue dejado al margen.
Así, en 1532, al negociarse un nuevo asiento sobre ambas contribuciones, su intervención fue escasa.
Fueron los mismos contadores de Cruzada, Vozmediano y Enciso, cuya relación con Mendoza fue muy problemática, los que finalmente obtuvieron el contrato, en patente contradicción con el desempeño de sus oficios.
Acaso sea casual que esta postergación de Mendoza coincidiera cronológicamente con el declive de la corriente humanista en la corte castellana. También por entonces sufría este declive el inquisidor general Alonso de Manrique, una de sus cabezas, y, al parecer, amigo de Mendoza. Sea como fuere, hacia 1535 Mendoza se había desentendido de estas materias financieras, en las que su autoridad se encontró sumamente mermada en este segundo lustro de su presidencia del Consejo de Hacienda: por una parte, el secretario Cobos dirigía el gobierno de la Hacienda cuando se encontraba en Castilla, mientras que, cuando se hallaba acompañando al Emperador en uno de sus frecuentes viajes, era el presidente Tavera quien se encargaba de la supervisión del erario.
Finalmente, Francisco de Mendoza, que todavía mejoró su carrera eclesiástica, pues fue nombrado el 18 de enero de 1534 titular del Obispado de Palencia, aprovechó la partida a su nueva diócesis el 3 de octubre de este año para retirarse momentáneamente de la corte y, concretamente, para desligarse del Consejo de Hacienda. No obstante, siguió dedicándose al Consejo de la Emperatriz, y hasta 1536 siguió percibiendo su quitación de 100.000 maravedís por pertenecer al Consejo Real. Murió el 29 de marzo de 1536. Sus funerales, oficiados por quien se había caracterizado por su enemistad cortesana, el cardenal Tavera, en la iglesia de San Jerónimo de Madrid, concitaron a relevantes personajes. En su testamento, el prelado señaló como heredero a Francisco de los Cobos, aunque se pensaba que con la finalidad de que traspasase estos bienes a Diego de Córdoba, que probablemente era hijo natural del propio Francisco de Mendoza.
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Carlos Javier de Carlos Morales y Henar Pizarro Llorente
