Toledo, Enrique de. Señor de Mancera (III). ?, ú. t. s. xv – Madrid, 4.V.1552. Gentilhombre de la cámara de Carlos V, tesorero general de la Corona de Aragón, presidente del Consejo de la Orden de Santiago.
Su presidencia vino señalada por la aparición de los caracteres políticos que en su inicio mostró la Monarquía hispana de Felipe II, al apreciarse con claridad que las dignidades de las órdenes militares adquirían pleno valor como instrumento de la lucha faccional.
De hecho, su acceso a la presidencia de la Orden de Santiago vino impulsada por el fortalecimiento “ebolista”, constituyéndose el control interino del Consejo de las Órdenes de Calatrava y Alcántara tras la muerte del clavero Hernando de Córdoba, un hecho propicio para el control unificado del poder que perseguía Ruy Gómez.
Sus contactos familiares y políticos le permitieron medrar tanto en la Casa del Emperador como en la Orden de Santiago. Fue III señor de Mancera, gentilhombre de la cámara de Carlos V, alcaide de las fortalezas de Arévalo y Vélez-Málaga, tesorero general de la Corona de Aragón, capitán de una compañía de hombres de armas de la guarda de Castilla, a tan impresionante lista de dignidades no tardó en añadirse hábito de Santiago, que le habilitó para obtener la encomienda de la Sagra y Cenete en fecha anterior a 1517. Desde entonces, inició una relevante trayectoria en el seno de esta Orden apoyado en sus relaciones nobiliarias, ejerciendo como enmienda de Pedro de Acuña, IV conde de Buendía, en el capítulo de la Orden iniciado en Madrid el 25 de noviembre de 1535. El 21 de julio de 1539 obtenía la encomienda de Membrilla, que gozó hasta pasar a la de Hornachos al fallecer el I marqués de Berlanga.
Para entonces, ya existían señales evidentes de su inserción en el círculo de servidores del príncipe Felipe.
Desde Palencia, el 17 de abril de 1549, le escribió expresando el contento que había por su llegada a la Corte del Emperador, mediando con éxito ante don Felipe en favor de terceros en circunstancias tan sensibles como la formación de la casa del príncipe, como testimonia el ejemplo de Domingo de Orbea, quien ejerció como tesorero de ella desde el 1 de octubre de 1548. Esta ubicación faccional coincidió con la gran diligencia mostrada por entonces en la resolución de materias relativas a su plaza de tesorero general de la Corona de Aragón. Poco después, gestionaba ante el Emperador sobre asuntos económicos del Reino de Valencia, mientras continuaba intercediendo en favor de terceros. En carta de 16 de marzo de 1549, le escribió sobre el asiento tomado con la ciudad de Valencia por el obispo de Elna-Perpiñán Miguel Puig, con propósito de cargar a censal sobre el general de ese reino 51.400 ducados para pagar a asentistas, en concreto 30.000 ducados a los Fúcares y 21.400 a Sebastián Neytar. Estas cantidades eran en cumplimiento de ciertas consignaciones que se les hicieron por mandato real en el último servicio consignado en las Cortes de Monzón, por ciertos asientos de cambios, y el expediente se tomó a fin de que el Emperador se pudiese ayudar del dinero sin aguardar a pagas tan morosas como las de Valencia, y también para no padecer tanto interés.
Seguidamente, en marzo de 1548, don Enrique pasó a ensalzar la tarea del obispo de Elna en la visita del Reino de Valencia, por el reparo del patrimonio real que estaba logrando, “[...] y no sería inconueniente que V. Mt. mandasse escriuir al d[ic]ho obispo para que en lo que toca al redreço del patrimonio real entendiese con toda calor porque dello no puede redundar sino arto benefiçio [...]”. Por su parte, avisaba de que en el cobro de los maridajes había dado orden para que se entendiera y se pondría toda diligencia, de lo que le avisaría en persona el mencionado Domingo de Orbea, que había acompañado al príncipe en su viaje ante el Emperador.
Su ubicación faccional y la eficacia que creía mostrar en su labor económica le animó a solicitar mercedes al príncipe Felipe, como la gobernación de la Cequia, el 6 de junio de 1549. Pero este y su padre le tenían reservado mejor destino, al determinar su nombramiento como presidente del Consejo de la Orden de Santiago por título fechado en Bruselas el 25 de enero de 1550, con lo que, pese a los rumores en contra, el cargo vacante desde la muerte del conde de Osorno en 1546 volvía a ser cubierto. Se le ordenaba “estéis y residáis en el d[ic]ho mi Consejo juntamente con los del mi Consejo de las d[ic]has Ordenes y hagáis y despachéis, los pleitos que en él acaescieren [...] e por esta mi carta mando a Frey dn. Hernando de Córdoba clavero de la Orden de Calatrava presidente della y de la orden de Alcántara e a los de mi Consejo de las d[ic]has Ordenes que luego que con ella fueren requeridos sin esperar para ello otra mi carta ni manda, tomen y resciban de vos el d[ic] ho dn. Enrique de Toledo la solenidad [sic] del juramento que en tal caso se requiere”. Por la redacción del título, parece que entonces cabe datar la superposición de ambos consejos —que no salas— en uno que los agregaba, cumpliéndose el tenor de la bula de incorporación de 1523. Si bien la temprana muerte de frey Hernando de Córdoba (el 31 de marzo) ocasionó que, de nuevo, las tres órdenes respondieran de hecho al mismo control.
Son numerosos los testimonios de lo afirmado: junto a la provisión de encomiendas de todas las órdenes —caso de la de Paracuellos, otorgada por título de 13 de junio de 1551 a Luis de Rojas y Sandoval, cuyo título fue señalado, además de por él, por el doctor de Goñi, el licenciado Pedrosa y el licenciado Argüello— y el estudio en común de las informaciones para hábitos de las tres, su rúbrica constó en la importante designación de la tenencia del Convento de Calatrava el 13 de junio de 1551 en fray Diego de Córdoba. El compromiso de don Enrique con su tarea común a todas las órdenes, y no sólo con la propia, se tradujo en su preocupación por los usurpadores de hábito, que en ocasiones provocaban tensiones con personajes de indiscutible calidad social. El 11 de diciembre de 1551, el príncipe escribió al procurador general de la Orden de Alcántara, fray Francisco de Alarcón, para tratar sobre el hábito de Alcántara que portaba sin licencia el hijo del conde de Fuentes, Carlos de Heredia, exigiendo además por entonces a Diego de Ayala que se quitase el que llevaba sin derecho. Con ello, el presidente parecía responder al clima social que por entonces cuestionaba el sentido de las órdenes. No debe olvidarse que los procuradores de las Cortes reunidas en Madrid en 1551 recordaron que, aunque estas habían sido fundadas y dotadas para combatir al infiel, no lo hacían, sugiriendo que se les confiara la defensa de la costa mediterránea frente a los piratas del norte de África. Esta sensibilidad se apreció asimismo en la decisión con que impulsó las visitas reglamentarias a los establecimientos de las órdenes (de 12 de febrero de 1552 data la Instrucción para los visitadores generales de la Orden de Alcántara) y en la celebración de los postergados capítulos generales de las mismas, que en el caso de la de Calatrava, se convirtieron en significativo vehículo de consolidación de Ruy Gómez, quien lo presidió en su condición de caballero. La descripción del desarrollo de estos capítulos permite advertir la coyuntura a que las órdenes se enfrentaban por entonces.
El 5 de abril de 1552, el capítulo general de la Orden de Calatrava remitió al Emperador noticia de diferentes cuestiones de su preocupación. En primer lugar, el beneficio que la Orden recibía de la celebración del capítulo general les llevó a solicitar su celebración cada tres años; aunque las definiciones estipulaban que fuera anual, su convocatoria tenía muy poca frecuencia.
Presidido el capítulo por una figura ascendente en la corte, Ruy Gómez de Silva —caballero de Calatrava desde 1545—, éste lo condujo en aras de la consolidación de los hombres que rodeaban al príncipe, como denotó la petición de merced al Rey de seis hábitos de Calatrava, para conceder a quienes decidiera el capítulo. En tercer lugar, se solicitó al Rey que pidiera al Papa la revocación de la bula que permitía casarse a los caballeros de Calatrava y Alcántara. A continuación, se abría un apartado de cuestiones económicas, que pretendía la revitalización financiera de la Orden de Calatrava. Pero Núñez de Guzmán, comendador mayor y tesorero de la Orden, resultó alcanzado en esta última gestión por 991.497 maravedís, cantidad que el capítulo solicitó satisfacer al tesoro mediante la concesión equivalente de los 21.000 maravedís de juro perpetuo que poseía el comendador mayor. Igualmente, la bula que regulaba el tesoro de la orden disponía que en cada vacante de encomienda y maestrazgo, respectivamente la tercera y cuarta parte de la renta del primer año pasaran al tesoro. Por el fallecimiento del Rey, a la Orden le correspondía también la cuarta parte del maestrazgo, por lo que en total se le debía 1.226.534 maravedís y 12.500 fanegas de pan mitad trigo y cebada.
El siguiente motivo de preocupación económica fue la subsistencia de los priores, rectores y curas de las iglesias de la Orden, para lo que los comendadores acordaron consignarles los pies de altar de las iglesias de sus encomiendas. Esto es: se decidió quitar al clero secular los emolumentos en pago de sus funciones pastorales —quedándoles sólo la congrua por sus prebendas y beneficios— para la subsistencia de los primeros. Asimismo, para contribuir al desahogo de fray Sebastián de Prado, prior de San Benito de Toledo, se apoyó su petición de que se anexase a su priorazgo cierta hacienda que la mesa maestral poseía en El Tiemblo que rentaba 34.000 maravedís anuales.
Finalmente, el capítulo reclamó su derecho a elegir la encomienda mayor de Calatrava, como había acontecido acogido por las definiciones hasta que se produjo la muerte de García de Padilla, y apoyó cierta petición del capitán Juan Ruiz de Contreras, caballero de la Orden de Calatrava. Provisto como procurador general de la Orden de Calatrava, el Rey le recibió como contino de su casa, como solía hacerse con todos los procuradores y fiscales de las órdenes. Sirviendo el oficio, enfermó y fue necesario proveer un sustituto. Solicitó que, en atención a su servicio anterior, el Rey le hiciese merced de mandar servir en su plaza de contino a su hijo Diego Ruiz de Contreras.
Pero por entonces se celebraron más capítulos de las órdenes, con el mismo sentido de reivindicación y conservación jurisdiccional y económica. El Capítulo General de la Orden de Alcántara abrió sus peticiones, “demás de lo que en nombre de todas las tres Órdenes se supp[li]ca a V. Md. sobre lo de las jurisdictiones y appelaçiones”, suplicando la retirada de la alcabala impuesta sobre sus hierbas. Continuó solicitando, como había hecho el capítulo de Calatrava, la elección de la encomienda mayor por parte del capítulo general, a lo que se respondió que no se hiciera novedad, así como que las dignidades y encomiendas se proveyeran en personas beneméritas y de hábito, sin mudarse de una Orden a otra, a lo que se contestó que se tendría en cuenta a la hora de la provisión. En tercer lugar, se solicitó, invocando la falta de personas que sirvieran a la Orden y convenir para la buena gobernación, que los que en ello se ocuparan y tuvieran gajes del Emperador, les fueran librados en el tiempo en que estuvieran ocupados, algo a lo que los asesores áulicos se opusieron. Seguidamente, se hizo saber al Emperador que, considerando el perjuicio que la Orden recibía de la dilación de los capítulos, especialmente en lo espiritual, se acordó que si no se celebrara un capítulo general cada tres años, se reunieran algunos comendadores ancianos convocados por el Emperador, para que con el prior y sacristán mayor tomaran cuenta a los visitadores generales y proveyeran sobre ello lo conveniente. Ante lo que el Consejo propuso al Emperador responder que se tendría memoria para convocar los capítulos cada tres años, y que de no hacerse así, se mandaría la reunión de los ancianos para el efecto solicitado. Decisión que mereció el encomio del Rey. El capítulo terminó avisando que habían nombrado por capitán general de su Orden al comendador mayor, así como al comendador de Castilnovo por alférez.
Este capítulo fue importante por asistir el licenciado Juan Sarmiento. Autorizado ya su retiro por el Emperador, el príncipe le ordenó como último servicio la asistencia al capítulo general de Alcántara, que solicitó el paso de las dos encomiendas que poseía, la del juro de Badajoz y la de Batundera, en su yerno García de Cotes, “[...] cauallero de la dicha orden, en la qual a mostrado por los cargos que en ella a tenido de gouernador y visitador de la Serena que tiene méritos p[ar]a que V. Mt. le haga m. de las dichas encomiendas [...]”. Una petición más formal, firmada también por el capítulo tuvo lugar el 24 de marzo de 1552, ya difunto Sarmiento, aclarando que la orden del príncipe de que acudiera al capítulo se debió “a la mucha neçesidad que de su persona abía ansí por sus letras como por la antigüedad que tenía en la Orden y espiriençia de los negocios della y ansí fue nombrado por diffinidor [...]”. Los capítulos eran vehículos de patronazgo de los que se beneficiaban los miembros de las Órdenes: el 13 de noviembre de 1551, el de Alcántara intercedió por fray Francisco de Alarcón, caballero de Alcántara y procurador general de la Orden, que tenía el hábito desde 1511 y ejercía como procurador desde 1535, sin premio, para que le fuera dada la encomienda del juro de Coria.
El 1 de mayo de 1552 el capítulo de Alcántara escribió a Luis de Ávila y Zúñiga, comendador mayor de Alcántara, rogándole tutelar sus acuerdos ante el Emperador.
Es decir: provisión de la encomienda mayor por el capítulo; respeto a su jurisdicción y exenciones; libranza de los gajes por servir en la Casa Real, mientras los caballeros que pertenecían a ella sirvieran en cosas de la Orden; solicitud de revocación de la bula que permitía el casamiento a los caballeros de Calatrava; celebración de capítulo de la Orden cada tres años y si no consejo de algunos ancianos; finalmente se le comunicó el acuerdo de nombrarle capitán general y al comendador de Castilnovo por alférez, y se le encareció la solicitud de aquellas peticiones de otras Órdenes que fueran buenas para la de Alcántara. Otro de los acuerdos de este capítulo fue proponer al Emperador como prior del Convento de Alcántara a fray Pedro de Moratalla, que residía en servicio del Emperador como capellán. Por su parte, el capítulo de Santiago tuvo especial relevancia para él, al ser elegido Trece el día de su apertura, el 25 de octubre de 1551.
Entre tales señales de rehabilitación de las órdenes, el presidente de Santiago no alcanzó a ver el final del capítulo de su Orden, pues murió en Madrid el 4 de mayo de 1552. En testimonio de su sintonía con el grupo político que acechaba el poder, el príncipe solicitó a su padre que el hijo de don Enrique recibiera merced de los cargos que dejó vacantes: “[...] dexó muchas deudas, y a su muger y hijo en harta necessidad y trabajo, por ello, y por lo poco que les quedó de hazienda, y la padescerán mayor, syno son ayudados del favor de V. Md. como es razón, haziéndoles mrd. y ayuda para ello, y assy suplico a V. Md. que teniendo consideración a sus servy[ci]os de tantos años tenga por bien de hazersela en lo que por su muerte vacó, para con que puedan vivir y pagar parte de sus deudas que demás de ser benefiçio señalado para ellos yo reçibiré la mrd. que se les hiziere [...]”. Y urgió “la provisión de la presidencia de las Órdenes que vacó por él”. Pero, pese a haber asumido Enrique de Toledo la presidencia de las tres Órdenes Militares con gran responsabilidad, su sucesor Pedro de Navarra estaba destinado en la opinión de muchos a asumir de manera legal y efectiva sólo la presidencia de la Orden de Santiago, y no de todo el Consejo, como así sucedió.
Bibl.: Actas de las Cortes de Castilla, t. V, Madrid, Congreso de los Diputados, 1903, pág. 543 (petición C); L. Salazar y Castro, Los comendadores de la Orden de Santiago, vol. I, Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1949, pág. 272; Marqués de Siete Iglesias, “Los Trece de la Orden de Santiago.
Catálogo biográfico”, en Hidalguía (1979), pág. 563; F. Fernández Izquierdo, La Orden Militar de Calatrava en el siglo xvi, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1992, págs. 136-137 y 414; V. Guitarte Izquierdo, Episcopologio español: españoles obispos en España, América, Filipinas y otros países. Vol. I. (1500-1699), Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1992-1994, pág. 57; J. Martínez Millán (dir), La corte de Carlos V (2.ª parte). Los Consejos y Consejeros de Carlos V, vol. III, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000.
Ignacio J. Ezquerra Revilla
