La conversión al Cristianismo de su padre, un notario judío de Zaragoza, permitió a su hermano Luis entrar al servicio del rey Juan II de Aragón y ascender rápidamente en la escala social nombrado tesorero real (1474), receptor de las rentas del arzobispado de Zaragoza (1478) y bayle general del Reino de Aragón (1479). En fecha no determinada, Gabriel colaboró con su hermano como lugarteniente del tesorero real. Más adelante le reemplazó a la cabeza de la Tesorería y alcanzó un alto grado de confianza con el rey Fernando II, al que asesoró en materias financieras dándosele entrada como miembro del Consejo áulico. Sin embargo, el clima social anticonverso y el establecimiento de la Inquisición en 1478 frenaron las expectativas de honor, riqueza y reconocimiento a las que aspiraba su familia. La creación del Tribunal de Zaragoza en 1484 constituyó un duro golpe que acusó la familia de manera directa. Los hermanos menores de Gabriel le apremiaron para que emplease su influencia ante el Soberano y desmantelase el tribunal de Zaragoza cuyo titular, Pedro de Arbués era especialmente severo con los conversos. El inquisidor puso en marcha un proceso de atemorización que no encajaba con la pretensión de perseguir la herejía y que manifiesta ser parte de las luchas intestinas de la Corte por configurar la Monarquía en un sentido determinado, al servicio de una facción en ascenso que trataba de desalojar del poder a los cortesanos de Juan II. Era un pulso lidiado tanto en el círculo del Rey como entre las fuerzas políticas del Reino, de modo que la oposición al Santo Oficio se hallaba tanto en el “bando real” como en la comunidad. Zurita señala en su crónica que en la oposición al Tribunal se hallaban, además de los conversos, “muchos caballeros y gente principal” e indicaba una escisión política y faccional que en la Corte separaba dos bandos, el intransigente de Torquemada y el reformista de Mendoza y Talavera. Arbués era un hombre de Torquemada y su actividad parecía más bien un ajuste de cuentas cortesano, toda vez que la implantación del Santo Oficio fue coordinada por una junta de juristas aragoneses, Juan de Solibera, micer Agustí, micer Viñas, Alfonso Mesa, Miguel Calcena y Miguel Chauz (la mayoría conversos). Claramente este grupo en ascenso estaba utilizando la institución como herramienta de poder con el que desalojar a los consejeros reales procedentes del círculo de confianza de Juan II, persiguiendo de manera implacable a sus opositores. En una carta escrita en mayo de 1485, Juan de Pedro y Alonso Sánchez escribían a su hermano mayor, Gabriel Sánchez, que el ambiente era tan desesperado que no dudaban que alguien acabaría violentamente con la vida del inquisidor. [...]