O’Higgins, Ambrosio. Barón de Ballenary (I), marqués de Osorno (I). Ballenary, diócesis de Elphin, condado de Connaught (Irlanda), 1721‒ Lima (Perú), 18.III.1801. Capitán general de Chile y trigésimosexto virrey de Perú.
Hijo de Charles Higgins de Ballenary Breham, descendiente de las casas de O’Neil y O’Connor, y de Margaret Higgins de Longanrouh O’Fallon. Aunque sus inicios en la historia de Hispanoamérica son oscuros, se sabe que pasó a España cuando era adolescente, llamado por un tío carnal que era sacerdote de la Compañía de Jesús y que residía en Cádiz. Allí, en el Colegio de los ignacianos, se abocó al estudio de las Humanidades con el fin de consagrarse al sacerdocio, pero no por vocación sincera, y pronto cambió la vida religiosa por el ejercicio del comercio.
En 1756, viajó a Buenos Aires, para dirigirse luego a Chile y, cuatro años después, retornó a Cádiz, donde solicitó su cédula de naturaleza, que lo convertía en súbdito de Su Majestad Católica, en atención a no haber trabado vínculo notable con la nación inglesa. En enero de 1763 partió hacia la Capitanía General de Chile para cooperar con su amigo y coterráneo, el ingeniero y delineador Juan Garland, en el estudio del traslado de la ciudad de Concepción. Concluida la investigación, regresó a la Península Ibérica en 1766.
En 1769 se le vio por tercera vez en tierras chilenas, donde se le encomendó la habilitación de casas en la cordillera, entre Santiago y Mendoza, con la finalidad de que los correos pudiesen trasladarse sin dificultades. Fue entonces cuando recibió el nombramiento de capitán de Dragones y se le confió la misión de desalojar a los indios pehuenches de la cordillera de Arauco, lo que cumplió con éxito. A fin de cumplir su objetivo, emprendió la construcción de un fuerte para la lucha contra los indígenas y, en medio de las obras, fue sorprendido por un ataque de nativos, el que pudo resistir con sus soldados. Ello sucedió en la mañana del 18 de enero de ese año. La proeza le valió el aprecio personal y el apoyo de Francisco Javier de Morales y Castejón, entonces capitán general de Chile.
En 1773, viajó a Lima, donde el virrey Manuel de Amat y Junient lo ascendió, por recomendación del gobernador Morales, a teniente coronel por su buen desempeño en el control de los aborígenes y en el conocimiento del territorio austral, y lo nombró comandante de la Caballería de la Frontera de Chile.
De regreso a Concepción, el nuevo capitán general Agustín de Jáuregui y Aldecoa le encomendó su participación en el parlamento de caciques que se celebró en Tapihue, entre el 26 de octubre y el 24 de diciembre de 1774, y en el que los líderes indígenas suscribieron la paz con las autoridades españolas.
Dos años después, gracias a sus esfuerzos por proteger la paz de la Capitanía General, fue ascendido a maestre de campo. Por esos años, consecuencia de una unión de hecho con Isabel Riquelme de la Barrera, nacida de Chillán, fue padre de Bernardo O’Higgins y Riquelme, nacido en la misma urbe de su madre el 20 de agosto de 1778, quien sería prócer de la Independencia de Chile y el primer presidente de su país. Se sabe que, siendo hijo natural, figuró inicialmente como “Bernardo Riquelme” y que, cuando era adolescente, abandonó su patria para educarse en España e Inglaterra y, tras conocer en Londres al precursor venezolano Francisco de Miranda, se aficionó a las ideas libertarias, lo que a largo plazo traería consecuencias negativas para su progenitor cuando aquél se vio implicado en conspiraciones contra la Corona.
En 1783, fue premiado con el rango de brigadier y, después de haber ganado fama como experimentado jefe militar de Concepción, fue nombrado, en 1786, gobernador intendente de esa jurisdicción, que abarcaba desde el río Maule hasta la frontera con la Araucanía, y reunía a los partidos de Cauquenes, Chillán, Itata, Puchacay, Rere y La Laja.
A la muerte del gobernador y capitán general de Chile, Ambrosio de Benavides y Medina, en abril de 1787, Carlos IV decidió confiarle esta magistratura el 21 de noviembre de ese año. La noticia de su designación llegó a Santiago en febrero del año siguiente, aunque asumió las funciones de su cargo a finales de mayo. Conformó su entorno de gobierno con los juristas Ramón Martínez de Rozas y Correas y Judas Tadeo de Reyes, quienes ejercerían como asesor y como secretario, respectivamente. A ellos se sumaron los nombres del capitán Domingo de Tirapegui, el ayudante de órdenes José María Botarro, el ingeniero Pedro Rico, el oficial primero de la secretaría Ignacio de Andía Varela y Díaz, y el capellán Juan de Ubera, quien, además de clérigo presbítero, fungía de cirujano.
Entre sus primeras decisiones como gobernante, organizó una visita general para conocer directamente los problemas y potencialidades de su Capitanía. Durante la travesía, que duró seis meses, recorrió Santa Ana de Briviesca (Petorca), San Rafael de Rozas (Illapel), Combarbalá y las minas de Punitaqui. Avanzó luego sobre La Serena y Copiapó, donde se sorprendió del estado de miseria en que se encontraba su villa principal.
Al concluir su viaje, el 7 de febrero de 1789, juzgó oportuno suprimir las encomiendas de indios que aún quedaban en Chile. Tal decisión se basaba en dos razones: la encomienda constituía una de las causas de atraso y que desaparecerla influiría positivamente en la pacificación de los aborígenes. A pesar de las presiones y reclamos de los encomenderos, contó con el respaldo total de la Corona, pues el 10 de junio de 1791 el Monarca la abolió para siempre.
El 2 de abril de 1789 llegó a Santiago la noticia de la muerte de Carlos III. No tardó en organizar las exequias, las que se ejecutaron en la Catedral el 21 de julio de ese año. Para tal propósito, el arquitecto romano Joaquín Toesca levantó un túmulo de madera. La proclamación del Soberano sucesor fue festejada con pompa a inicios de noviembre y tuvo una duración de tres días.
Dejó grata memoria en Chile por su labor como fundador de poblaciones y repoblador de antiguas urbes. Entre las de carácter minero son dignas de mencionar la repoblación de San Rafael de Rozas (1788), contigua a los ríos Choapa e Illapel, que había sido establecida por el presidente Domingo Ortiz de Rozas en 1752; la de San Ambrosio de Ballenar (o Vallenar) en el valle de Paitanas (1789), que bautizó así en recuerdo de su terruño en Irlanda; la de San Francisco de Borja de Combarbalá (1789); la de Santo Domingo de Rozas en La Ligua (1789); y las de Coelemu (1792), San José de Alcudia (1792) y San José de Maipo (1792). Entre las agrícolas, creó las poblaciones de Santa Rosa de los Andes (1791), Linares (1794), en la provincia de Concepción, y la villa de la Reina Luisa, conocida también como la del Parral (1795). Finalmente, entre las marítimas destacó la villa de Nueva Bilbao de Gardoqui (hoy Constitución), en la desembocadura del río Maule (1794), creada a propuesta del capitán de maestranza Santiago de Oñaederra y Alvizú.
De todos sus proyectos colonizadores, el más destacado fue el inicio de la repoblación de Osorno, fundada en marzo de 1558 por el gobernador García Hurtado de Mendoza, a orillas del río de Las Canoas. La villa, que había sido destruida por los indígenas en enero de 1600, se convirtió en su centro de interés, pues su rehabilatación facilitaría la comunicación entre Valdivia y Chiloé y permitiría vigilar la costa ante la posible presencia de naves inglesas. El 7 de diciembre de 1793 recibió de la Corona el permiso para comenzar con esta empresa. Cuatrocientas veintisiete personas fueron las primeras en habitar la remozada villa, y nombró como juez ordinario y director de las obras públicas de ésta al capitán Manuel de Olaguer Feliú.
Su interés por mejorar el ornato y las comunicaciones en la capital de su jurisdicción le motivó a emprender el mejoramiento del entorno urbano. Construyó el camino entre Santiago y Valparaíso en 1791, y al año siguiente cimentó los tajamares de cal y ladrillo del río Mapocho, los que financió con un impuesto sobre el azúcar de Lima y la yerba mate del Paraguay. Igualmente, embelleció la fachada de la Catedral y continuó con la construcción de la Casa de Moneda, bajo la dirección del ya mencionado Toesca.
Como conocedor de la realidad indígena, convocó a los jefes indios al parlamento de Negrete a finales de 1792. Contando con la asistencia de ciento ochenta y siete caciques, y con la del intendente de Concepción, Francisco de la Mata Linares, del padre guardián del Colegio de misioneros de Chillán fray Benito Delgado, y de los funcionarios de su entorno, dio inicio a las conversaciones con los nativos a mediados de enero de 1793. Se concluyó en que los caminos a Valdivia quedarían siempre abiertos y que los caciques no impedirían el paso a los transeúntes. Los naturales aceptaron también la repoblación de la ciudad de Cañete, el restablecimiento de las misiones evangelizadoras y el establecer trato, comunicación y comercio con los miembros de la República de españoles, con las restricciones de algunos efectos prohibidos, como armas y caballos. A finales de ese año, la Corona aprobó las medidas tomadas por la asamblea.
Como es usual en los que ejercen altas dignidades, no le faltaron opositores, como el oidor Francisco Antonio Moreno y Díaz de Escandón, y adversarios que buscaron desprestigiarle, aun en la misma Corte de Madrid. Fue el caso de Vicente Carvallo y Goyeneche, natural de Valdivia, antiguo oficial de milicias de Chile y autor de una Historia general de Chile, que permaneció inédita durante ochenta años.
En 1795, por insistencia de los comerciantes de Chile, dejó instaurado el Tribunal del Consulado en su Capitanía. En ese mismo año, la Corona le permitió llevar el título de barón de Ballenary. Su nobleza se vería realzada al año siguiente, el 26 de marzo de 1796, cuando Carlos IV le extendió el marquesado de Osorno, en honor a su obra como reconstructor de dicha villa.
El 16 de septiembre de ese año fue designado virrey del Perú. El 24 de mayo de 1796 partió de Valparaíso en la fragata de guerra Nuestra Señora del Pilar.
Desembarcó en Callao el 6 de junio y, tras tomar el mando de manos del virrey saliente, Francisco Gil de Taboada y Lemus, hizo su entrada solemne a la capital el 24 de julio, en la que se gastaron 21.000 pesos de sus propios fondos.
Conformó su despacho con sus secretarios: el doctor Manuel María del Valle y Postigo, alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima; Simón Díaz de Rávago y Gutiérrez Morante, teniente coronel de los Reales Ejércitos; y su asesor el doctor Ramón Martínez de Rozas, a quien había traído de Chile. No exento de nepotismo, colocó en el mando de la compañía de Caballería a su sobrino Demetrio O’Higgins, quien más tarde, en 1799, sería designado como intendente de Huamanga.
Durante su mandato, el 1 de febrero de 1796, la intendencia de Puno, que había pasado a formar parte del virreinato del Río de la Plata desde su creación, retornó al Perú por disposición de la Corona, a lo que se allanó la Real Audiencia de Charcas el 22 de agosto de ese mismo año. Dos años después, en la capital de esa intendencia, autorizó la fundación de un hospital para indios, cuya dirección recayó en fray Ambrosio Carassa, religioso de la Orden de San Juan de Dios.
También en 1796, con ocasión de la guerra entre Inglaterra y el imperio español, llegó a recolectar entre los vecinos solventes de Lima 265.000 pesos. Ordenó la captura de los buques balleneros británicos, a los que consideró potenciales naves de combate. Con este propósito creó una Comandancia Militar bajo las órdenes del vizcaíno Gabino Gaínza, envió en un bergantín a una compañía del Regimiento Fijo de Lima a la isla de Juan Fernández para vigilar el espacio marítimo chileno, y ordenó el reforzamiento de la guarnición de Valdivia y de todos los puertos del litoral peruano. En ese mismo año, gracias a las correrías de los bergantines Limeño y El Peruano, fueron apresadas en Paita las goletas Betsey y Lady, en Callao la Levante, y en Pisco los barcos El Comercio y El Triunfo. Además, prohibió el comercio con embarcaciones extranjeras para que a éstas no se les proveyese de vituallas así como se evitase cualquier diálogo con los británicos.
Simultáneamente a la lucha contra los balleneros de la Gran Bretaña, tomó medidas contra el comercio ilícito, las que resultaron ineficaces, ya que la carencia de una verdadera escuadra de guerra hacía imposible la erradicación del contrabando. Mercaderes sin escrúpulos, residentes en las ciudades del virreinato y algunas incursiones de extranjeros, como la estadounidense, mantenían vigente el problema. Así, por ejemplo, la fragata norteamericana Fabius desembarcó productos ingleses en el puerto de Quilca (en el actual departamento de Arequipa).
Las constantes rivalidades personales con el gobernador de Chile, Gabriel de Avilés y Fierro, quien lo indisponía ante la Corte y el ministro de Carlos IV, Manuel de Godoy, y las operaciones militares organizadas desde Lima en la guerra contra los ingleses, terminaron por generar un problema de jurisdicción con la gobernación que otrora estuviera bajo su mando. El 15 de marzo de 1798, la Corona solucionó el problema promulgando una resolución que declaraba la independencia de la Capitanía General de Chile respecto del virreinato del Perú.
En pro del ornato y la buena vecindad en la Ciudad de los Reyes efectuó un llamamiento a los alcaldes ordinarios para que remediaran la ociosidad de algunos sectores de la población, que generaba tristes espectáculos de embriaguez, hurto y peleas callejeras.
Se le respondió entonces que faltaban oportunidades de trabajo y que la autoridad edil, desde 1783, carecía de fuerza para tal propósito, además de que la virtud pública se había relajado con la prohibición del azotamiento, y que no era extraño ver a los delincuentes acogerse al fuero militar. Ante tal situación, poco o nada pudo hacer su autoridad. En el mismo sentido, mandó empedrar las calles y exigió la limpieza en ellas y en las casas, y que cada barrio emplease bombas rodantes con manguera para combatir incendios. Ello se extendió después a los locales de las instituciones públicas, como fue el caso de la Casa de Moneda. También llevó a cabo el trazo de la Alameda de Acho y la reconstrucción de las torres de la Catedral bajo la supervisión del clérigo y arquitecto Matías Maestro.
A los aportes mencionados se añadiría el camino carretero que unió Callao con la Ciudad de los Reyes, obra que para el médico ilustrado Hipólito Unánue constituiría uno de los mejores ejemplos de progreso local y modernidad. Este último proyecto, cuya dirección fue confiada al comerciante navarro Antonio de Elizalde y Arratea, se concluyó el 6 de enero de 1799, y en él se invirtieron 434.600 pesos, procedentes, en su mayoría, de los miembros del Tribunal del Consulado de Lima. La carretera se iniciaba en la portada de Tres Puertas y se dirigía hacia el oeste, a lo largo de un sendero ornamentado de árboles, e incluía alamedas laterales y óvalos que facilitaban el tránsito.
Combatió la literatura prohibida por el Tribunal del Santo Oficio, especialmente la que pertenecía a las ideas de la Ilustración francesa. Para tal fin, promulgó un bando, firmado en Callao el 5 de abril de 1799, en el que se multaba con 500 pesos a todo aquel que poseyera libros o publicaciones periódicas extranjeras, y en el que los reincidentes serían enjuiciados ante la Real Audiencia. También en 1799, informó a la Corona, el 26 de junio, sobre la realidad política y militar de Perú, así como del gobierno eclesiástico, y creó el apostadero de Callao bajo la dirección del brigadier Tomás de Ugarte y Liaño, primer comandante general de Marina, quien vino de España para cumplir exclusivamente esta tarea. Por otro lado, el 28 de octubre se produjo un eclipse solar, que comenzó a las 11: 20 de la mañana y terminó a las 2:02 de la tarde. En ese mismo año mantuvo especial cuidado con la posible llegada a tierras peruanas del francmasón cubano Pedro José Caro, emisario de Francisco de Miranda y amigo personal de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en Londres. Se decía que vendría a agitar a los negros contra el régimen virreinal. Lo cierto era que Caro estaba enfermo y a punto de morir. Éste, antes de fallecer, terminó por delatar en Hamburgo ante José de Ocariz, ministro de España, los planes conspiradores para liberar América de la dominación española, y entre los numerosos nombres de los insurgentes figuraba el del hijo natural del virrey.
Casi al final de su administración, en 1800, envió a la Península Ibérica 4.764.216 pesos, producto de la minería peruana, y despachó en corso a las naves Orué, Cástor y Leocadia, a las órdenes del capitán Antonio de Barreda, para inspeccionar las islas Galápagos, donde se sospechaba que se aprovisionaban los ingleses. La expedición a aguas ecuatoriales resultó exitosa, e hizo que el gobernante prohibiese la caza de cetáceos, pues los barcos balleneros estadounidenses, a pesar de no ser enemigos de España, proporcionaban vituallas y bebidas a los británicos.
Es digno de mención que, desde el principio de su período, poseyó una gran visión geopolítica. Quiso contrarrestar la presencia inglesa en el Pacífico con la colonización española de Oceanía. Envió naves a las islas Marquesas, pero su proyecto fracasó por no contar con la acogida de la Corona ni de los habitantes del virreinato peruano.
Finalmente, la presencia de su hijo en actividades revolucionarias llevó a la Corona a considerar prudente que se le separara de su cargo, lo que se cumplió el 19 de junio de 1800, y que el mando recayera interinamente en el oidor decano de Lima, Manuel de Arredondo y Pelegrín, caballero de Carlos III.
Mientras su vástago comenzaba a encumbrarse como un prócer de la Independencia americana, él, como consecuencia de su obligado relevo, caía en una profunda depresión. A este malestar se añadirían los achaques propios de su avanzada edad, pues estaba próximo a cumplir los ochenta años de vida. El 14 de marzo de 1801, sintiendo próxima la muerte, redactó su testamento y, cuatro días después, expiró. Su cuerpo fue inhumado en la iglesia limeña de San Pedro, entonces perteneciente a la Congregación de los oratorianos de San Felipe Neri.
Obras de ~: Descripción del reino de Chile, sus productos, comercio y habitantes; reflexiones sobre el estado actual, con algunas proposiciones relativas a la reducción de los indios infieles y adelantamiento de aquellos dominios de Su Majestad, Madrid, 2 de septiembre de 1767; Informe sobre el virreinato del Perú, Lima, 26 de junio de 1799.
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Rafael Sánchez-Concha Barrios
