Pedrol Rius, Antonio. Reus (Tarragona), 12.II.1910 – Madrid, 17.X.1992. Abogado, jurista, consejero de Estado.
Nació Pedrol en Reus, también ciudad natal del general Prim. Sobre este paisano, su asesinato en 1873 y el giro que dio la historia con su muerte escribiría Pedrol un magnífico libro (Los asesinos del General Prim), plagado de datos inéditos y de sugerentes aportaciones.
Pedrol se licenció en Derecho en Zaragoza y se doctoró en Madrid, en cuyo Colegio se inscribió casi al advenimiento de la Segunda República, sin sospechar que se establecía así un vínculo con la capital de España que habría de prolongarse hasta el último aliento de su vida.
Fue un abogado de prestigio, especialista en temas mercantiles, y autor de varias monografías sobre esta materia, a la que dedicó con gran éxito su actividad profesional y su producción intelectual, concentrada sobre aspectos muy significativos y hasta entonces poco estudiados de la misma: sociedades anónimas; cláusulas estatutarias de la transmisibilidad de acciones en las sociedades anónimas; estudio del concepto del derecho de voto en las sociedades anónimas; la anónima actual y la sindicación de acciones... son temas en los que, en aquel tiempo de intensa dedicación profesional, penetró con la singular agudeza de su ingenio. Intervino como abogado en muchos de los más significativos contenciosos de su tiempo.
Al principio de la década de 1960, Pedrol comenzó a tener una presencia pública que años después le condujo a ser elegido decano del Colegio de Abogados de Madrid.
En 1963, compareció ante el mundo profesional con una conferencia, Un abogado frente a la Ley Antimonopolio, donde ya dio importantes avisos de su penetrante visión de aquella situación política. Inmediatamente nació el Círculo de Estudios Jurídicos, que él presidió desde su fundación. Allí se agruparon, alrededor de temas de candente actualidad jurídica, numerosos e influyentes profesionales del derecho que contribuyeron con sus aportaciones a dinamizar y concretar las expectativas de libertad y de apertura política que ya empezaban a impulsarse desde muchos sectores de la vida española. Sus ciclos frente a impresentables inercias autocráticas —Ley de Delitos Monetarios de 1938— introdujeron en el ámbito del derecho conmoción y ansias de reformas que eran ya ineludibles.
La dedicación colegial constituyó el renglón básico de su presencia pública. Fue elegido decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a finales de 1974, después de haberse retirado, con otros varios candidatos, de las elecciones convocadas en diciembre anterior (1973) como protesta ante la intromisión inaceptable en el proceso electoral del Gobierno de Carrero Blanco, que había vetado a otros candidatos, como Tierno Galván, Gil Robles... Apenas cuatro meses después, fue designado presidente del Consejo General de la Abogacía Española, si bien el propio Pedrol decidió que el Colegio de Madrid renunciara al privilegio del ejercicio automático de la presidencia del organismo, siendo entonces unánimemente elegido.
Igualmente, cuando en noviembre de 1976 se celebró en Madrid el Congreso Constituyente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), Antonio Pedrol Rius se convirtió en su primer presidente. En la dirección del Colegio, del Consejo, y de la UIBA, habría de permanecer Pedrol hasta su muerte, reiterada y abrumadoramente elegido por sus compañeros.
Precisamente, con ocasión de la creación de la UIBA, en medio de la efervescente atmósfera de recreación del Estado de Derecho en España, los abogados de Iberoamérica se comprometieron para luchar unidos frente a las dictaduras y sus aparatos de represión. En ese “combate ilustre contra el tiempo” que, según Manzoni, es la historia, Pedrol supo sintetizar los objetivos de la abogacía: “Tenemos pendiente una deuda poco común y nada fácil: la de ofrecer el esfuerzo de todos para apoyar la realización del Estado de Derecho, como medio de obtención y pervivencia de los principios de dignidad, de independencia y de libertad como valores esenciales en la realización de la justicia”.
Antonio Pedrol Rius lideró ese esfuerzo, un esfuerzo en el que los colegiados madrileños se distinguieron singularmente, y un esfuerzo que le condujo a la Cámara Alta cuando, tras las elecciones a Cortes Constituyentes de 1977, las primeras libres en casi cuatro decenios, fue nombrado senador por designación real.
Su participación en los debates tendentes a la adecuada ordenación de las relaciones entre poderes y la creación de un Poder Judicial independiente como base de la supremacía de la ley, una supremacía que se apoya en una abogacía profesional y comprometida con los ciudadanos, encontró su mejor reflejo en el texto del Art. 36 de la Constitución Española de 1978.
Su perseverante actitud en las Constituyentes dio vida a ese Art. 36 que se ha revelado como una eficaz protección, al máximo nivel normativo, de los principios de libertad e independencia a los que se deben las profesiones y, en especial, los abogados a los que esa propia Constitución encomienda la capital tarea de hacer efectivo el derecho de defensa de todos los ciudadanos ante la Justicia. Los Colegios Profesionales, tal como los consagra ese Art. 36 de la Constitución Española se constituyen así en elemento de articulación y enlace entre la sociedad y los profesionales, defendiendo a aquélla de los excesos y desviaciones de éstos; y a éstos de las incomprensiones e intromisiones de aquélla.
Pedrol simboliza el papel del Colegio de Abogados de Madrid en la transición española a la democracia: fue, a la vez, testigo y protagonista de aquel proceso en el que tantos abogados de todas las tendencias e ideologías caminaron, apoyaron y trabajaron juntos para hacer posible que las libertades llegaran pacíficamente, de la ley a la ley, como requiere la condición común de profesionales del derecho. Cuantos vivieron aquellos momentos recuerdan emocionadamente la figura de Pedrol, presidiendo en destacada soledad el sepelio de los abogados asesinados en enero de 1977, a los que la profesión ha convertido en símbolo de la entrega de la vida al servicio de la libertad y de la independencia en el ejercicio de la defensa de los derechos de los demás.
Antonio Pedrol Rius, académico electo de Jurisprudencia y Legislación en 1984, constituye un referente público imprescindible en la España de la Transición, en la España constitucional, y en la España de la consolidación democrática, emblema de un tiempo para la concordia y para la reconciliación. Fue, sobre todo, un abogado. Y, como abogado, se preocupó de sus colegas y de su Colegio. La adquisición en su tiempo del Palacio del Marqués de Portago y su conversión en sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en 1986, constituye un episodio expresivo de esa sensibilidad profesional y colegial, que explicita el valor de su independencia.
Ese mismo año, la ya acostumbrada reelección de Antonio Pedrol Rius como Decano superó el 95 por ciento de los votos emitidos. Se reconocía así la trayectoria pública, el esfuerzo del servidor del bien común, y el testimonio del jurista comprometido. Pero se reconocía, sobre todo, la dimensión histórica del abogado y del compañero, que era ya, junto con Manuel Cortina, una de las figuras más importantes en la historia de la abogacía madrileña y, probablemente, española.
Y lo era porque no había dejado de ser nunca un abogado, definido como “el abogado de los abogados”.
Por eso, porque el abogado es libre, y se comporta rectamente, en defensa del ideal de justicia, al servicio del ciudadano que ve lesionados o menoscabados sus derechos, la muerte de Antonio Pedrol Rius, el 17 de octubre de 1992, desplegó tanta conmoción.
Antonio Pedrol Rius fue uno de esos hombres que pertenecen al tiempo que les ha tocado vivir y a la vez lo impregnan y caracterizan con los rasgos de su vigorosa personalidad. El siglo xx acumula esperanzas y tragedias, propósitos nobles, creatividad incesante, confianza en la acción iluminadora de la ciencia y del saber. Pero es también un siglo de grandes frustraciones y de convulsiones sangrientas. La personalidad de Pedrol brilló en España en la segunda mitad de la centuria y tomó una proyección pública muy peculiar y significativa, hasta el punto de llegar a ser considerado uno de los más representativos profesionales del derecho del Novecientos español.
En Antonio Pedrol Rius, que se colegió en Madrid en 1932, apenas unos meses después de la finalización del mandato de Ángel Ossorio y Gallardo, se fundían vocación y convicción. Fue uno de esos hombres que contribuyen a reforzar la confianza y la cohesión sociales, unas veces de manera silente y sosegada, otras con acciones vibrantes y públicas. Así es la abogacía en sí misma. Como el propio ideal de la justicia a la que la profesión de abogado se debe.
Obras de ~: La sindicación de Acciones, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1951; Un abogado español frente a la Ley Antimonopolio, Madrid, Imprenta Sáez, 1963; La Anónima actual y la sindicación de acciones, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1969; Aportación de la abogacía a la política, Madrid, 1975; Papel de las asociaciones profesionales en una sociedad democrática, Madrid, 1982; Los asesinos del general Prim, Madrid, Cívitas, 1990.
Bibl.: VV. AA., Proceso a la jurisdicción de delitos monetarios y a los Tribunales de contrabando, Madrid, Ed. Círculo de Estudios Jurídicos, 1970; J. Tusell, El Colegio de Abogados de Madrid en la transición a la democracia (1970-1990), Madrid, Madosa, 1993; R. Pérez Bustamante et al., El ilustre Colegio de Abogados de Madrid 1596-1996, Madrid, Colegio de Abogados, Banco de Bilbao Vizcaya, 1996.
Luis Martí Mingarro
