Antequera y Castro, José Miguel Jesús de. Panamá, 1.I.1689 – Lima (Perú), 5.VII.1731. Caballero de la Orden de Alcántara, fiscal protector general de la Real Audiencia de la Plata, gobernador y capitán general de la provincia del paraguay.
Hijo de José Francisco de Antequera y Enríquez, nacido en Alcalá de Henares en 1647, y de Juana María de Castro, nacida en Soignies, estado de Flandes, entonces dominio español, pero de familia leonesa. Su padre José Francisco de Antequera y Enríquez se licenció en derecho la universidad de Henares y, posteriormente, pasó a la ciudad de Granada, donde ejerció el cargo de alcalde mayor del crimen y teniente en lo civil de la real cancillería granadina.
Luego pasó a ejercer en Alpujarras, y en junio de 1676 el cabildo de Guadalajara le nombró alcalde de la hermandad por el estado de hijodalgo. En 1677 el Consejo de Órdenes le despachó título de caballero del hábito de Santiago. José Francisco de Antequera y Enríquez contrajo matrimonio en Madrid con Juana María de Castro en el año 1678. Obtuvo el empleo de oidor en la audiencia de Panamá, y pasó a establecerse con toda su familia en las Indias, donde residió desde el año 1680 hasta 1689, en que fue trasladado a la fiscalía de la Audiencia de Charcas, función en la que se mantuvo hasta 1703, año en que fue ascendido a oidor de esa institución. Le jubilaron en 1708 dada su avanzada edad. Algunos meses después de jubilarse, falleció en Charcas. El matrimonio tuvo cuatro hijos varones: el mayor fue Álvaro de Antequera Enríquez, cura propio de la parroquia de San Benito en la villa imperial de Potosí; Jacobo de Antequera Enríquez, clérigo de menores órdenes; José Miguel Jesús de Antequera Enríquez, y Fernando de Antequera Enríquez.
José Miguel Jesús de Antequera Enríquez cursó estudios en el colegio de San Juan Bautista de la Compañía de Jesús, establecimiento que tenía privilegios de “colegios reales”. Con los jesuitas estudió desde 1702 hasta 1711, recibiéndose de maestro y licenciado en artes, y se doctoró en Cánones por la Universidad de Charcas.
Fue beneficiado de la iglesia matriz de Cochabamba, matriculándose como abogado de la Audiencia de Charcas el 6 de junio de 1712. Viajó a España en 1713, cumplidos los veinticuatro años. En la corte fue introducido por parientes y relaciones, y pudo observar que con la nueva dinastía borbónica, durante el reinado de Felipe V, se adoptaron nuevas formas e ideas en la administración y gobierno metropolitano en las Indias. Durante su estadía en Europa, hizo también viajes a Francia, donde se presume que habría mantenido contactos con ciertas logias masónicas. Alonso de Castro, muerto en la batalla de Marzalla en el Piamonte, había tenido merced de un hábito de Alcántara, y no habiendo tenido hijos dejó como heredero suyo a su sobrino indiano José Miguel de Antequera. Éste tuvo Real Decreto de 21 de diciembre de 1714 para presentar al Consejo de Órdenes la documentación requerida. Y por despacho del 20 de julio de 1717 fue incorporado entre los caballeros de Alcántara. El doctor Antequera, en toda la documentación conocida, figura inalterablemente con los apellidos Antequera Enríquez, igual que todos sus hermanos, y desde su estancia en España firma y figura en la mayoría de los documentos con el apellido Castro. Presumiblemente, al ser heredero de su tío Alonso de Castro, reemplaza definitivamente su segundo apellido Enríquez, que estaba ligado a su familia desde 1610 y que fuera usado durante tres generaciones, por el de Castro. Permaneció en España durante cuatro años y volvió a Indias con el nombramiento de fiscal protector de Indios de la Audiencia de Charcas, concedida por el rey Felipe V en Madrid, “de tan corto emolumento” según el cronista jesuita Pedro Lozano, que no llegaba a satisfacer su considerable ambición. Inmediatamente se instala en Chuquisaca y ahí trabaja durante tres años adquiriendo experiencia y acreditando su persona ante el presidente de Charcas y el virrey que residía en esa ciudad. El 15 de enero de 1721 fue nombrado por la Real Audiencia de Charcas juez pesquisidor en los capítulos puestos por Tomás de Cárdenas, a instancias de influyentes vecinos de Asunción, contra el gobernador Diego de los Reyes Balmaceda. Antequera llega a Asunción el 23 de julio de 1721 y se transforma en uno de los principales protagonistas de la Revolución Comunera, que sacudió a la provincia del Paraguay, hasta su ejecución en la ciudad de Lima en 1731.
La Revolución Comunera del siglo xviii fue la consecuencia de varias circunstancias históricas que tienen su origen en los prolongados conflictos entre los habitantes de la provincia civil del Paraguay y la naciente provincia jesuita durante la primera mitad del siglo xvii. Una severa pobreza caracteriza a la provincia del Paraguay en esos tiempos, sobre todo de acuerdo con los criterios de la época según los cuales la riqueza de una zona se medía por la cantidad de metales preciosos hallados allí. La única riqueza que tenían estas regiones era una tierra fértil y la mano de obra indígena.
En las primeras encomiendas, efectuadas por entregados unos veintiséis mil indígenas. Ya en la primera mitad del siglo xvii se pone en evidencia la rápida y sustancial disminución de la población de encomendados, debida a las condiciones de sobreexplotación a las que eran sometidos, la importación de epidemias de Europa, y bajas en enfrentamientos violentos con el orden colonial. La búsqueda del control de la mano de obra indígena fue entonces uno de los principales motores de los enfrentamientos que culminan con las revoluciones comuneras. A partir de 1609 empezaron a fundarse las primeras misiones jesuíticas (las reducciones) entre los guaraníes en las regiones fronterizas entre los territorios españoles y portugueses. Se desarrolla a partir de entonces una aguda competencia entre la Gobernación del Paraguay y las Misiones Jesuíticas por el control de la mano de obra indígena, de tierras de pastoreo, bosques y yerbales. La decepción de los pobladores de la provincia civil del Paraguay aumentaba al luchar en desfavorables condiciones contra una asfixiante legislación comercial, y la competencia de Buenos Aires. La promulgación en 1611 de las Ordenanzas del oidor Francisco de Alfaro, enviado por la Audiencia de Charcas para inspeccionar la situación, en respuesta a varias denuncias sobre los abusos y maltratos que los encomenderos cometían con los indígenas, hicieron empeorar la delicada situación paraguaya. Las mencionadas Ordenanzas establecían la prohibición del servicio personal de los indígenas, y medidas de protección de los mismos que fueron recibidas con protestas por parte de los encomenderos españoles, quienes se veían privados de la mano de obra imprescindible. El 11 de octubre de 1611, en la segunda versión, Alfaro escuchó las peticiones de los jesuitas y dispuso que todo indígena convertido al cristianismo por los jesuitas estaba automáticamente libre de la encomienda. Estas medidas provocaron gran resentimiento entre los colonos y encomenderos en contra de los jesuitas, considerados como los impulsores de las Ordenanzas. Los permanentes ataques de las compañías esclavistas de São Paulo a las reducciones, a partir de 1611, fueron otro factor importante en la delicada situación. Estas campañas tenían como objetivo secuestrar indígenas para venderlos como esclavos en las haciendas del Brasil. Las reducciones recién formadas estuvieron indefensas hasta que consiguieron en los años cuarenta del siglo xvii el privilegio de poder usar armas de fuego y organizar milicias guaraníes.
Esto convirtió a los guaraníes de las misiones en la mayor fuerza militar de la zona.
El andaluz Diego de los Reyes Balmaceda, un rico mercader y patrón de barcas, avecindado en el país, ejercía el gobierno del Paraguay desde 1717 con el cargo de alcalde provincial del Asunción. Se hallaba establecido en Asunción desde hacía unos años, y estaba casado con una criolla paraguaya, Francisca Benítez, emparentada con el superior de los jesuitas de las Reducciones del Paraguay, Pablo Benítez. Ligado a la Compañía de Jesús por la mencionada afinidad, Reyes Balmaceda contaba con su poderosa influencia y respaldo. Las leyes españolas promulgadas en 1680 disponían que el cargo de gobernador no debía ser ejercido por personas que se hallaban afincadas en la provincia o que hubieran contraído matrimonio con mujeres naturales del lugar. Estas prohibiciones, llamadas Impedimento de vecindad, podían, sin embargo, obviarse por medio de un permiso conocido como Dispensa de Naturaleza. Poco tiempo después que Reyes Balmaceda asumiera el cargo, no tardaron en plantearse los conflictos ocasionados con motivo de su designación, la cual no había sido bien recibida por los principales vecinos de Asunción debido a su vinculación con los jesuitas. La Compañía de Jesús era la gran competidora del comercio del Paraguay en el ramo de la yerba. Su dominio del comercio de la yerba, explotando prerrogativas y regalías otorgados por la Corona, la apropiación de territorios valiosos entre los ríos Paraná y Tebicuary, primero, y campos de Carapeguá y Paraguari, después, impactaron negativamente en la ya exhausta economía del Paraguay civil. Asimismo, la enorme influencia política de la compañía de Jesús en los centros de poder, en las metrópolis (Madrid, Sevilla) hacía que esta corporación religiosa pudiera influir directamente en nombramientos y destituciones de funcionarios coloniales, por lo que los jesuitas, permanentemente hacían designar funcionarios leales a ellos. Sin embargo, la competencia por el control de la mano de obra indígena agudizará el conflicto desatando la guerra comunera.
En 1717, Reyes Balmaceda entregó a los jesuitas los cautivos tomados en una expedición con los payaguaes, en vez de repartirlos entre los vecinos asuncenos, como era la costumbre. La medida provocó la protesta de varios importantes criollos y de los regidores del cabildo: José de Avalos y Mendoza, y José de Urunaga, quienes como represalia a sus reclamaciones fueron encarcelados por orden del gobernador.
La medida se extendió a otros reconocidos pobladores asuncenos, que no pudieron recurrir a la Audiencia de Charcas, Tribunal de Justicia del cual dependía la provincia del Paraguay, en procura de ayuda. Los vecinos de Asunción lograron, no obstante, comunicarse con el Tribunal de Charcas y promovieron graves cargos contra Reyes Balmaceda, entre los cuales se mencionan: carecer de la “Dispensa de Naturaleza” para ejercer la gobernación de la provincia; llevar una guerra innecesaria a las tolderías de los payaguaes, causándoles gran mortandad; tener ocupados a doscientos indígenas en el laboreo de la yerba mate, más tiempo de lo debido, sin las compensaciones establecidas en la ley. Las acusaciones encubrían el motivo real: la defensa de los intereses económicos de los propietarios de tierra y encomiendas, regidores del cabildo, comerciantes e ilustrados criollos de la provincia en contra de la agobiante competencia jesuítica.
Al tomar conocimiento de lo sucedido en el Paraguay, la Audiencia de Charcas designó a su fiscal, el doctor José de Antequera y Castro, en carácter de juez pesquisidor, con amplias facultades y un pliego en el cual se le encomendaba el gobierno de la provincia, si Reyes Balmaceda era hallado culpable. En 1721, Antequera llegó a Asunción en ausencia de Reyes Balmaceda, pues éste se hallaba de gira por los pueblos de las misiones. A su regreso, el juez decretó su prisión e inició el juicio interrogando a los testigos de ambas partes. Al término del mismo comprobó la culpabilidad del encausado, dejó en libertad a los apresados por él y en virtud de lo dispuesto por la Audiencia, se hizo cargo del gobierno. Sin embargo, después de ocho meses de prisión domiciliaria, Reyes logró huir a Buenos Aires y de allí con ayuda de los jesuitas gestionó su restitución en el cargo ante el virrey de Lima, fray Diego de Morcillo. Éste no sólo lo repuso, sino que también prorrogaba su gobierno por otros cinco años más e hizo intimar el cumplimiento de dicha orden a Antequera y a los capitulares y jefes de milicias del Paraguay. Antequera convocó a los miembros del cabildo e hizo leer al escribano una copia de la provisión del virrey, ofreciendo, acto seguido, dejar el gobierno y entregárselo a Reyes Balmaceda, exhortándoles a que considerasen la medida con libertad, atendiendo únicamente al bien público y sin dejarse arrastrar por consideraciones personales. Cabildo y gobierno acordaron resistir a Reyes Balmaceda y suplicar al virrey que nombrase un nuevo gobernador, y que en el ínterin prosiguiese Antequera. Reyes Balmaceda regresó a la provincia pero fue nuevamente obligado a salir y se refugió en Corrientes, donde fue secuestrado por un grupo de comuneros, encabezados por Ramón de las Llanas, y restituido a la cárcel de Asunción. En el año 1723, un nuevo virrey, José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, insistió en someter a Antequera y a los paraguayos, y comisionó al coronel Baltasar García Ross, ex gobernador del Paraguay, para llevar a ejecución ese propósito, debiendo el mismo reponer a Reyes en un gobierno cuyo término normal de cinco años ya había vencido. García Ross escribió a algunos amigos que conservaba en la provincia y vino con sus intimaciones. Reunidos en cabildo abierto, los vecinos de Asunción, con Antequera, el cabildo y los mandos militares, resolvieron desobedecer la orden del virrey y recurrir de ella. En vista de los hechos, el comisionado desistió de su empeño y regresó a Buenos Aires, para de allí informar acerca del poco éxito de sus gestiones. El virrey insistió y ordenó al gobernador del Río de la Plata, mariscal de campo Bruno Mauricio de Zabala, que prestara a García Ross toda la ayuda material necesaria para el logro de sus objetivos.
De este modo, a mediados de 1724, este último se presentaba en Corrientes y desde allí organizaba una expedición militar integrada por miles de indios de las reducciones, puestos a su disposición, y con ellos avanzó hacia el Tebicuary, frontera natural entre la Provincia jesuítica y el Paraguay civil. Avisado por el sargento mayor Miguel Fernández Montiel, de guardia en el paso de dicho río, Antequera convocó a un nuevo cabildo abierto y allí se acordó resistir con las armas al ejército virreinal. Asistido Sebastián Fernández Montiel, Ramón de las Llanas y otros veteranos, Antequera organizó sus reducidas milicias y marchó al encuentro del ejército de García Ross. El cabildo abierto también resolvió la expulsión de los religiosos del Colegio de la Compañía de Jesús, con el objetivo de despejar la retaguardia de elementos favorables al adversario. La orden fue cumplida por el alguacil mayor de la ciudad, Juan de Mena Ortiz de Velasco.
La batalla se libró el 25 de agosto de 1724. Bajo el mando superior de Antequera, Montiel condujo el grueso de las fuerzas, en tanto que Llanas capitaneaba la vanguardia. El ejército de García Ross fue desbaratado, su campamento del paso Tebicuary capturado con su impedimenta y documentación, trescientos indios misioneros perdieron la vida en la batalla, dos sacerdotes jesuitas fueron hechos prisioneros y el ejército comunero se internó en las reducciones hasta San Miguel, entrando y saqueando algunos pueblos jesuitas. La rebelión paraguaya se afirmaba con la victoria comunera; esto despertó las iras del virrey y ganó adeptos para las gestiones de los poderosos protectores de reyes en los medios influyentes de Lima y Madrid.
Bruno de Zabala, con tropas de línea de la guarnición de Buenos Aires, aprestó una nueva expedición. La situación de los comuneros era bastante comprometedora y Antequera decidió que era el momento de comparecer ante la Audiencia de Charcas para justificar su actuación. El 5 de marzo de 1725 Antequera deja el Paraguay para presentarse ante la Audiencia.
Lo acompañaban Juan de Mena, alguacil mayor, Diego de Yegros, procurador general de la ciudad, que llevaba la representación del cabildo, Sebastián Fernández Montiel, maestre de campo general y apoderado de la oficialidad de las milicias provinciales, Alonso González de Guzmán y otros connotados comuneros.
De Córdoba pasaron a La Plata, sede de la citada Audiencia, y allí fueron apresados Antequera, Mena y otros tres de la comitiva. Los dos primeros fueron trasladados a la Cárcel de Corte de Lima y sometidos a proceso, por orden del virrey Castelfuerte.
El proceso duró cinco años y el expediente alcanzó a tener varios miles de hojas. Mientras se desarrollaban estos hechos, Zabala había avanzado sobre Asunción, entrando en la ciudad sin resistencia alguna. Ramón de las Llanas, teniente de Antequera, le entregó pacíficamente el mando y Zabala comenzó a tomar diversas disposiciones de gobierno, ordenando la restitución de los jesuitas a su Colegio. Reyes Balmaceda fue puesto en libertad, pero alejado del Paraguay como contribución a la paz pública. En Lima, Antequera ejerció personalmente su defensa, pero finalmente fue condenado a la pena capital. La ejecución fue fijada para el 5 de julio de 1731, y el pueblo de Lima, alentado por los franciscanos, promovió un amotinamiento durante el cual los guardias, temerosos de que Antequera lograse liberarse, le dieron muerte a tiros al lado de la mula en que iba montado. Para dar cumplimiento a la sentencia, el cadáver de Antequera fue decapitado en el cadalso. La indignación producida en Asunción por la ejecución originó disturbios que derivaron luego en una tercera revolución comunera, liderada por Mompox, antiguo compañero de cárcel de Antequera.
Antequera permaneció en la provincia del Paraguay alrededor de cuatro años, breve lapso que fue suficiente para que su nombre ocupe un lugar prominente en la agitada historia de esta provincia. Fue retratado como un usurpador ambicioso y rapaz por historiadores favorables a las misiones jesuíticas y ensalzado como héroe, a la altura de las figuras de epopeya, por aquellos contrarios a ellas. De sus relaciones con Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, mujer casada con quien Antequera “amancebóse públicamente”, según el cronista Lozano, nació un único hijo: José Cañete. Luego de la expulsión definitiva de los jesuitas de todos sus dominios americanos decretado por Carlos III en 1767, se inicia un proceso de rehabilitación de la memoria de Antequera. El Consejo Supremo solicitó al Rey, en julio de 1776, rever la causa del difunto José de Antequera y Castro, por encontrar que ésta “fue injusta y calumniosa [...]”, movida por regulares de la extinguida Compañía de Jesús. Después de cuarenta y cinco años de la ejecución de Antequera, el rey Carlos III firmó la Cédula Real por la que le declaró “recto, fiel y leal Ministro [...]”. El mismo monarca, a fines de 1779, otorgó carta de legitimación real a “Dn. Joseph Cañete de Antequera, Rexidor perpetuo del Paraguay”. El regidor perpetuo José Cañete de Antequera y su mujer Juana Catalina Nuñez de Ovelar dejarán una numerosa e importante descendencia, entre quienes se encuentra el célebre Pedro Vicente Cañete, escritor y erudito jurista paraguayo.
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Roberto Quevedo y Ch. Quevedo
