Lasso de la Vega y Liques de Recourt Figueroa y de Merode, Gabriel. Conde de Puertollano (I). Madrid, 1623 – ?, f. s. xvii. Capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de Canarias.
Era hijo de Luis Lasso de la Vega, natural de la ciudad de Málaga, vizconde de Puertollano, caballero notorio, hijodalgo de sangre según fuero y costumbre de España, gentilhombre de Cámara del serenísimo archiduque Alberto, mayordomo mayor del serenísimo infante Fernando, y de María Liques, natural de la ciudad de Liques, en los Estados de Flandes, dama de notoria nobleza y antigüedad de la infanta Isabel.
Según consta en su certificado de nacimiento, nació en Madrid en 1623 y recibió las aguas bautismales en la iglesia de San Martín de esta villa el 24 de mayo del año indicado, actuando como padrinos Felipe de Liques, natural de Flandes, y Elena Lasso de la Vega.
Contrajo matrimonio con Francisca de Argote y Córdoba, hija de Diego de Argote, caballero de la Orden de Santiago, señor de Cabriñana, y de María de Guzmán, naturales de Córdoba. Fruto del enlace nacieron tres hijos: Luis, II conde de Puertollano, fray Francisco, obispo de Ceuta y Plasencia, y Diego, caballero del hábito de Calatrava.
A los cinco años de edad, en 1628 le hizo Felipe IV merced del hábito de Santiago, ordenando el Consejo de Órdenes la expedición del título el 3 de abril de 1629. Siguió la carrera militar hasta los grados de sargento general de batalla y capitán general de Artillería.
En la Corte obtuvo el empleo de mayordomo de la Reina y el 7 de abril de 1652 se le concedió el título de conde de Puertollano. Posteriormente, ejerció el cargo de corregidor de la ciudad de Granada y maestre de campo de la gente de su distrito, desde donde pasó a Portugal en 1662 para servir al Ejército a las órdenes de Juan de Austria. Llegó al sitio de la plaza de Jerumeña el 22 de mayo con un gran comboy, seis cañones de batir y quinientos infantes, actuando con gran valor hasta la rendición de la plaza el jueves 8 de junio. Seguidamente desempeñó el empleo de gobernador de la ciudad de San Lucas y durante su ejercicio fue nombrado capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de Canarias.
Aparte de los mencionados títulos y honores, Gabriel Lasso de la Vega desempeñó significativos empleos, destacándose, como ya se ha mencionado, los cargos de capitán general, gobernador y presidente de la Real Audiencia de Canarias ejercido en el período 1666-1670. Desembarcó en Santa Cruz de Tenerife el 3 de febrero de 1666 y fue recibido por la Diputación de la ciudad de La Laguna. Ante las desavenencias suscitadas entre el conde de Puertollano y diversas autoridades isleñas fue suspendido en sus funciones en 1667, comisionándose al visitador Lorenzo Santos de San Pedro, señor de la villa de Baños, miembro de la Orden de Santiago, regente de la Audiencia de Sevilla, asistente y maestre de campo general de su tierra y electo del supremo Consejo de Castilla. El objetivo de Santos de San Pedro consistió en averiguar las causas que habían generado tales conflictos y plantear las soluciones dirigidas a restablecer la buena armonía entre las instituciones.
Analizando la gestión del general Puertollano al frente de las islas, como máxima autoridad militar, gubernativa y judicial, llaman la atención ciertos excesos durante su mando. En tal sentido, fueron sonados los contenciosos suscitados con diferentes autoridades del archipiélago ante su política económica.
Graves altercados ocasionados por la Compañía de vinos inglesa, que monopolizaba el negocio vitícola. En efecto, fue durante el reinado de Carlos II de Inglaterra cuando por privilegio real se constituyó la Compañía, siendo su objetivo comprar las cosechas de viñedos a ínfimo precio y vender, en palabras de Viera y Clavijo, “sus efectos al más supremo”. Las consecuencias negativas del monopolio inglés no se hicieron esperar para los cosecheros canarios, malestar que desencadenó graves desavenencias entre las instituciones isleñas. En consecuencia, se constituyeron dos facciones, una de ellas la encabezada por el conde de Puertollano y el alto clero, que defendían los intereses ingleses, y, por otro lado, se posicionaba la Audiencia, los Cabildos y los cosecheros canarios, que protegían los intereses de las islas. Ambos grupos se enfrentaron, obteniendo como resultado, por orden del general Puertollano, la detención e imposición de multa al corregidor de Tenerife, Martín de Mirabal, así como el arresto y posterior destierro del oidor Martín Bazán.
El magistrado intentó dirigir una diputación que informara a la Corte de los abusos cometidos por el jefe militar, lo que desencadenó su encarcelamiento en el castillo del Puerto de la Luz. Estas medidas tensaron la situación vivida por los canarios, llegándose a desencadenar desórdenes públicos como el del “Derrame del vino” en Garachico en 1666. La Reina fue informada de lo ocurrido y ordenó rectificar los excesos ejecutados por el conde de Puertollano. En tal sentido, la Real Cédula de 1666 solventaba el enfrentamiento entre el general y el corregidor Martín Mirabal, exigiéndosele la devolución del importe de la sanción y su puesta en libertad.
Aparte de tales conflictos, surgieron nuevas discordias al pretender el general negociar las dos mil cédulas de fuero militar que había otorgado Felipe IV, en 1663, a los capitanes, alféreces, sargentos y ayudantes.
Tal proceder desencadenó conflictos con los oidores, corregidores y demás jueces ordinarios al constatarse el menoscabo de su ámbito jurisdiccional.
Las desavenencias generaron una situación crispada en las islas, lo que conllevó que el Soberano ordenara el envío, en 1667, del visitador Lorenzo Santos de San Pedro. Éste desempeñó, según informa la documentación, durante “quince meses los empleos de capitán general y presidente de esa Audiencia”, ajustando las diferencias entre el general y las restantes instituciones al suprimir las dos mil cédulas de preeminencia en la veeduría, adoptó medidas sobe el comercio de vinos con los ingleses y apercibió al conde de Puertollano al prohibirle su intromisión “en el gobierno político y contencioso, mientras no estuviese presidiendo personalmente la Audiencia”. Por último, ordenó levantar el encierro y destierro del oidor Martín Bazán restituyéndole a su plaza y demarcó los límites de la Capitanía General.
Por otro lado, las gestiones diplomáticas en Londres, por parte de España, no se hicieron esperar, obteniéndose la publicación del Decreto de 1667 que ordenaba la supresión de la Compañía de Monopolio.
Ante tales medidas, los canarios esperaban mejoría en la deficitaria balanza comercial pero el resultado no fue el deseado, como así lo puso de manifiesto Viera y Clavijo: “El comercio de vinos no ha vuelto jamás al auge momentáneo que tuvo”. En suma, continuaba la decadencia en la exportación de malvasía, lo cual unido a catástrofes de tipo natural y demográfico generó una grave crisis económica en el archipiélago.
Restablecida la paz entre los isleños, Santos de San Pedro devolvió el bastón de mando al conde de Puertollano y embarcó para la Península por el puerto de Santa Cruz de Tenerife el 8 de diciembre de 1668.
Al poco tiempo de reintegrase en el gobierno el general Puertollano, regresó a Tenerife Pedro de Ponte y Llarena, que había salido a la Península para formar parte del ejército de Extremadura. Las autoridades laguneras celebraron fiestas en honor a este hijo ilustre que también había desempeñado destacados empleos en Portugal y Flandes, territorio donde había llegado a ejercer el cargo de gobernador de Gante. Ponte y Llarena traía el encargo de levantar una leva de mil hombres con la finalidad de incrementar el ejército de Flandes, cometido en donde participó con suma diligencia el jefe militar de Canarias.
Para concluir, es de señalar que Carlos II ante los resultados negativos de gobierno del conde de Puertollano, le relevó, en 1670, de sus empleos nombrándole consejero del Supremo Consejo de Guerra. Fue designado como sucesor en la Capitanía General de Canarias a Francisco de Guzmán, miembro del Consejo de Guerra y general de Artillería, quien presentó sus excusas. Sin demora, el Soberano expidió Reales Cédulas en noviembre de 1670 nombrando a Juan de Balboa Mograbejo, caballero de la Orden de Santiago, maestre de campo del tercio de Infantería española, gobernador de Gibraltar, gobernador y capitán general de la isla La Española y, presidente de la Audiencia en la isla de Santo Domingo, como máximo representante real en Canarias. Arribó en el Puerto de La Luz en Gran Canaria a principio de febrero de 1671 y tomó posesión de sus cargos el 24 del mes y año indicado.
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María Dolores Álamo Martell
