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Francisco de Paula Bucareli y Ursúa

Biografía

Bucareli y Ursúa, Francisco de Paula. Sevilla, 1708 – 1780. Virrey de Navarra y gobernador del Río de la Plata.

Hijo de una ilustre familia sevillana muy relacionada con el poder, su hermano, Antonio María, llegó a ser virrey de Nueva España. Era el cuarto hijo de Luis José Bucareli y Henestrosa (1675-1740), segundo marqués de Vallehermoso, y de Ana de Ursúa y Lasso de la Vega (1686-1759), cuarta condesa de Gerena.

Ingresó muy joven en el Ejército, donde estuvo destinado siempre cerca de los mandos superiores, con rápidos ascensos gracias a su adscripción nobiliaria.

En 1725 aparecía ya como miembro de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, privilegio sólo reservado a los más ilustres hijos de la villa andaluza.

Obtuvo el empleo de gobernador de Navarra, donde tuvo bastantes problemas con los jesuitas, lo que le llevó a abrigar un declarado odio por ellos que posteriormente se vio declarado abiertamente en Indias.

En 1739 era fiscal de la Hermandad de la Soledad de Sevilla y en 1745 fue nombrado caballero de la Orden de Santiago.

En diciembre de 1765 se le confió la gobernación del Río de la Plata en sustitución de Pedro de Ceballos.

Al tomar posesión del cargo el 15 de agosto de 1766, ya ostentaba el grado militar de teniente general y también había obtenido el título de comendador del Almendralejo de la Orden de Santiago y gentilhombre de cámara de Carlos III.

Las dificultades por las que pasaba España tras el motín de Esquilache en 1766 fueron propicias al nombramiento de Bucareli para la provincia del Río de la Plata, pues a su conocida actitud antijesuítica se unían unas innegables dotes para la organización.

Aunque no están del todo claras las supuestas implicaciones de los jesuitas en el motín madrileño que supuso la caída del ministro italiano Esquilache, lo cierto es que Carlos III estaba tentado desde hacía tiempo a atacar frontalmente a la poderosa Orden, ya que se le suponía un notable poder de influencia, especialmente en Indias, y unas conocidas riquezas que muy bien podrían ser recibidas en las siempre exhaustas arcas españolas.

La llegada de Bucareli, con instrucciones muy concretas contra los jesuitas, empezó, sin embargo, con una actuación de tipo militar. En efecto, nada más llegar en mayo de 1767 tuvo que hacer frente a una invasión portuguesa en el Río Grande, que fue rechazada por las milicias locales de la ciudad de San Pedro con ayuda del nuevo gobernador. Bucareli protestó airadamente por el ataque portugués y, para evitar que las fricciones desencadenaran una nueva guerra, el Rey portugués desaprobó públicamente la actuación de su virrey en Brasil, el conde de Cunha.

La expulsión de los jesuitas, que se hizo legal tras el Decreto de Carlos III de 27 de febrero de 1767, centró las labores de Bucareli durante los siguientes años. Pese a que no se tenían pruebas fehacientes de la implicación de la Compañía de Jesús en el asunto Esquilache, y pese a su gran representación en Indias, pesaron más los argumentos económicos a la hora de decretar su expulsión, a la que Bucareli se aprestó con gran prontitud y eficacia. La orden que dictaba la expulsión de los jesuitas de la gobernación del Río de la Plata la recibió Bucareli directamente antes de su partida, y debía hacerla extensiva al gobernador de Chile, la Audiencia de Charcas y el virreinato del Perú. En este sentido, Bucareli actuó como puente entre las órdenes de Carlos III y las diferentes entidades geopolíticas del cono sur de América.

La orden de expulsión implicaba, en el ámbito de actuación directa de Bucareli, a más de quinientos jesuitas repartidos en doce colegios, una casa residencial y cincuenta obrajes y estancias de los indios guaraníes, especialmente belicosos en otros tiempos. Resolvió actuar con celeridad para evitar la huida de los jesuitas, y así, en plena noche, entre el 2 y el 3 de julio de 1767, ordenó detener a todos los jesuitas integrantes del Colegio de San Ignacio, en Buenos Aires, conocido también como Colegio Grande. Los treinta y seis conventuales fueron apresados rápidamente y detenidos durante ocho horas en la celda del rector, y de ahí fueron trasladados a la casa de San Telmo. Al mismo tiempo, otros ocho hermanos fueron detenidos por una compañía de granaderos en el colegio de la Casa de los Ejercicios.

El día 3 de julio Bucareli mandó publicar un bando en el que se prohibía, so pena de muerte, ayudar, ocultar o transmitir cualquier tipo de información a los jesuitas. Aunque la actuación del gobernador estuvo siempre dentro del ámbito de la legalidad, la congregación jesuita tenía muy buena imagen en Buenos Aires y la detención y encarcelación, como viles criminales, de los jesuitas desató las iras de buena parte de la población que demandaba información acerca de las causas de semejante ultraje. De hecho, durante más de una semana los comercios de la ciudad estuvieron cerrados como medida de protesta y sólo fueron abiertos nuevamente tras amenazar Bucareli con fuertes reprimendas a aquéllos que mantuvieran el bloqueo comercial.

Bucareli actuó de forma especialmente violenta con los vecinos más ilustres de la ciudad, quienes tenían un singular aprecio por los jesuitas. Llegó incluso a detener a Miguel de Tagle, importante vecino de Buenos Aires, y tras una rapidísima sentencia le condenó a muerte. El escándalo de la arbitrariedad fue tal, que tuvo que intervenir el propio obispo para conmutarle la pena, pero la noticia llegó a oídos del Rey, quien no sólo repuso al infortunado Tagle, sino que reprendió a Bucareli por su injusta acción, y, de paso, publicó una cédula en la que se advertía a las diferentes autoridades indianas de que en el proceso de la expulsión de los jesuitas no se debía actuar injustamente con el resto de la población.

Similar actuación tuvo el gobernador en las ciudades de Santa Fe, Córdoba y Montevideo. En Córdoba, donde los jesuitas estaban muy arraigados, se llegó incluso a utilizar un batallón completo para rodear la Casa-Colegio y aprehender a sus ocupantes, que fueron inmediatamente trasladados ante la indignación popular. Estos hechos no amedrentaron en absoluto al gobernador que, guiado por un odio poco habitual contra los jesuitas, actuó con firmeza y agresividad.

Sin embargo, los acontecimientos previos hicieron desistir a Bucareli de cometer imprudencias contra los jesuitas de las misiones del Paraguay, donde, además de contar con un gran número de fieles, tenían gran influencia social y económica. Tuvo que esperar hasta junio de 1768 para poder actuar bajo órdenes más claras desde España, a fin de evitar altercados.

Las treinta y tres misiones jesuitas fueron finalmente tomadas y sus setenta y ocho miembros detenidos y trasladados a Buenos Aires, donde junto con los restantes jesuitas de las diferentes zonas fueron expulsados de América y enviados a España. Se calcula que bajo el mando de Bucareli fueron expatriados trescientos cuarenta y cinco jesuitas, entre ellos algunas eminencias intelectuales.

En 1770, en un acto claramente hostil, los británicos ocuparon las islas Malvinas. Bucareli actuó con presteza y los desalojó en una rápida operación militar el 10 de junio de 1770, lo cual dio origen a las lógicas protestas por parte de Inglaterra. La situación amenazó claramente con una guerra entre España e Inglaterra, pero como Carlos III aún no se encontraba preparado para el conflicto, por medio de su embajador en Londres, príncipe de Mascerano, declaró formalmente impropia la actuación de Bucareli, y se reinstaló a los británicos en Puerto Egmond. Esto no evitó que, en privado, el Gobierno español aplaudiera la rápida y decisiva actuación de Bucareli y, por supuesto, Madrid no renunció formalmente a la soberanía sobre las Malvinas.

Bucareli se ganó un gran número de enemigos en la gobernación por su forma autoritaria de decidir los asuntos públicos, y muy especialmente por su odio a los jesuitas. Aunque contaba con apoyos en Madrid, principalmente del conde de Aranda, finalmente se le trasladó a España a finales de 1770 para evitar futuras fricciones con la población local, muy soliviantada durante los tres años anteriores.

Su sucesor, Juan José Vértiz, pudo disfrutar de todos los privilegios conseguidos durante el gobierno Bucareli, ya que la expropiación de las posesiones de los jesuitas le dotó de una gran capacidad económica.

Tras su regreso de América, Bucareli no obtuvo ningún cargo de gran relevancia en España.

 

Fuentes y bibl.: Archivo del Conde de Sana Coloma (Sevilla).

J. J. Biedma, Crónica histórica: 1774-1834, Buenos Aires, J. Canter, 1905; G. Céspedes, Lima y Buenos Aires: repercusiones económicas y políticas de la creación del virreinato del Plata, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1947; F. Arriba, La expedición de D. Pedro Ceballos a Buenos Aires: la fundación del virreinato del Río de la Plata, 1776-1778, Valladolid, 1950; R. Rees Jones, El superintendente Manuel Ignacio Fernández, 1778-1783: las reformas borbónicas en el virreinato de Buenos Aires, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1952; J. Lynch, Administración colonial española. 1782-1810. El sistema de intendencias en el virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, EUDEBA, 1962; VV. AA., El virreinato del Río de la Plata, 1776-1810, Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, 1976; C. M. Gorla, Los establecimientos españoles en la Patagonia. Estudio institucional, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1984; J. A. Ferrer Benimeli, Estudios sobre la expulsión y extinción de los Jesuitas, San Cristóbal (Venezuela), Universidad Católica del Táchira, 1990; L. Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991; J. Beverina, El virreinato de las Provincias del Río de la Plata. Su organización militar. Contribución a la historia del ejército argentino, Buenos Aires, Círculo Militar, 1992; J. F. Isla, Historia de la expulsión de los jesuitas (memorial de las cuatro provincias de España de la Compañía de Jesús desterradas del reino a S. M. el rey Don Carlos III), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1999.

 

José Manuel Serrano Álvarez