Abad y Queipo, Manuel. Villarpedre (Asturias), 26.VIII.1751 – Toledo, 1825. Clérigo ilustrado, juez de Testamentos, Capellanías y Obras Pías, canónigo penitenciario y obispo electo de Michoacán (México), ministro de Gracia y Justicia (España) y obispo de Tortosa.
Nació en Villarpedre (Grandas de Salime, Asturias). Siguió la carrera eclesiástica, estudiando en la Universidad de Salamanca, donde cursó Filosofía, Leyes y Derecho Canónico, licenciándose en esta última disciplina. Obtiene el orden sacerdotal hacia el año 1778 y, quizás un año más tarde, pasa al antiguo Reino de Guatemala, donde permanece hasta 1784, cuando se traslada a Valladolid de Michoacán, la actual Morelia (México), de la mano del nuevo prelado del obispado, fray Antonio de San Miguel, que había sido catedrático de Filosofía y Teología en las universidades de Ávila y Salamanca durante muchos años. Probablemente, a petición de su amigo el conde de Toreno —título concedido en 1659 a Álvaro Queipo de Llano y Valdés—, de quien parece que era Abad hijo ilegítimo, circunstancia que explica quizás el vacío informativo en torno a la identidad de sus padres, a su infancia y, en general, a la primera etapa de su vida hasta su llegada a México y que le persiguió hasta en su nombramiento como obispo electo. Hasta entonces desempeñó cargos jurídicos y religiosos en Valladolid bajo la protección del prelado San Miguel, que primero lo nombra promotor fiscal y después juez del Juzgado de Testamentos, Capellanías y Obras Pías del obispado de Michoacán. Bajo su jurisdicción estuvo la reclamación de los derechos sucesorios de José María Morelos a una capellanía fundada por su bisabuelo Pedro Pérez Pavón. La ayuda y protección del obispo San Miguel, se debió sin duda a razones de amistad con el conde de Toreno, pero también a la inteligencia y formación profesional de Abad y Queipo, por entonces un joven de carácter recio y franco, formado en las lecturas de los enciclopedistas franceses, influido por el regalismo, pero de espíritu abierto y liberal como para denunciar en sus primeros escritos los problemas y las injusticias sociales surgidos en el siglo XVIII, ante los cuales se fue manifestando su peculiar combinación de conservadurismo y liberalismo.
Antonio de San Miguel y Manuel Abad y Queipo, apoyados en las ideas de Gaspar Melchor de Jovellanos sobre el agro, fueron los primeros en plantear la necesidad de división de las tierras de los pueblos indígenas, pensando en la movilización de la propiedad para el progreso material del campo, en una Nueva España donde las injusticias y los conflictos entre los diversos grupos sociales habían llegado a un extremo insostenible y en un extenso obispado de Michoacán azotado por las plagas del hambre, la peste y la muerte. Una situación francamente explosiva, como pronto se vio, de la que Abad avisó al Rey en su Representación de 1799, en un profundo análisis de los problemas agrarios y la división que afectaba a la sociedad mexicana: “La Nueva España —decía— es agricultora solamente, con tan poca industria que no basta para vestir y calzar un tercio de sus habitantes. Las tierras mal divididas desde el principio se acumularon en pocas manos. Ellas recayeron en los conquistadores y sus descendientes, en los empleados y comerciantes que las cultivaban con los brazos de los indígenas y los esclavos [...] y lejos de desmembrarse, las haciendas se han aumentado [...] el color, la ignorancia y la miseria —añadía— colocaban a los indios a una distancia infinita de un español”. En este escrito mostró Abad cómo los grandes latifundios y las propiedades en manos muertas constituían un obstáculo enorme para el progreso de la Nueva España y resaltó la gran desigualdad social y económica que imperaba en el lugar, urgiendo a realizar una reforma social. También en su Representación de 1805 Abad previó el descontento que provocó la Real Cédula sobre consolidación de vales reales (26 de diciembre de 1805) y que originó en Nueva España un anhelo de separación de la política española y un sentimiento revolucionario. Su lenguaje para impedir la consolidación sintonizó con el discurso de la utilidad y del bienestar económico: insiste en subrayar los efectos funestos de la concentración de las tierras en pocas manos y la indivisibilidad de la propiedad, proponiendo como remedio la “división gratuita de las tierras realengas entre indios, castas y españoles pobres, y una ley agraria que otorgase al pueblo un equivalente de la propiedad que le permitiera cultivar tierras incultas”. Asimismo, Abad advirtió al Monarca de la conciencia emergente por la circulación de nuevas ideas libertarias e igualitarias, del crecimiento del sentimiento nacional, y de la necesidad de medidas, como la abolición de la esclavitud y supresión de las castas, que evitasen una revuelta de negros como la de Santo Domingo.
En 1805 se doctora por la Universidad de Guadalajara (México). En abril de 1806, el juez Abad y Queipo viaja a España para gestionar el cargo de obispo, vacante por la muerte de San Miguel (1804), o por lo menos el de canónigo penitenciario por la grave enfermedad de su titular, el doctor Gallaga, nombramiento con el que regresa a Michoacán hacia fines de 1808. En su ausencia, el juez interino, doctor Juan Antonio Tapia, había reconocido el título de capellán al bachiller José María Morelos, al que Abad se negó dar posesión, que hubo de retrasarse hasta el 19 de septiembre de 1809 tras la designación de un juez especial, conde de Sierra Gorda, lo que reavivó antiguas tensiones entre Morelos y Abad y condujo definitivamente a posiciones irreconciliables. En junio de 1809, Abad es propuesto entre los cuatro notables candidatos para la elección de representantes por Valladolid en la Junta Suprema Central de España, que finalmente recayó en Lardizábal. Por entonces, Manuel Abad mantenía una buena amistad con el cura Hidalgo, al que admiraba por sus obras de trascendencia social, su cultura y espíritu moderno, inclusive solía asistir a las tertulias literarias iniciadas por Hidalgo en su casa de San Felipe, que reunía desde campesinos hasta personajes de la alta jerarquía eclesiástica y civil, como el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa, Josefa Ortiz, de ideas autonomistas, o el intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño. En junio de 1810 se difunde por la capital del obispado la noticia de la toma de posesión de Abad y Queipo como obispo electo, recibida con sorpresa y cierta indignación por el cuerpo eclesiástico en general y por el bachiller Morelos en particular, que se abstuvo de felicitarle por su designación y menos de manifestarle su voto de obediencia. Inclusive se vale de un mero trámite administrativo para insinuarle tanto la ilegitimidad de su elección como la de su nacimiento en un breve mensaje, aparentemente inofensivo, firmando con el flamante título de capellán. El prelado le contestó en forma no menos diplomática y sutil, únicamente para estampar su rúbrica como “Ilustrísimo señor doctor don Manuel Abad y Queipo, del Consejo de Su Majestad, obispo electo y gobernador de esta diócesis”.
Ante la nueva situación revolucionaria en México, expuesta a la Regencia española con toda crudeza y claridad en su Representación de 1810, el obispo electo Abad se convirtió en uno de los opositores más vigorosos junto con el virrey Calleja, enemigos entre ellos irreconciliables. Abad, cuyos escritos habían impulsado en cierto modo la independencia, alarmado por el desarrollo de la lucha, dio marcha atrás y adoptó una actitud persecutoria contra los rebeldes. Calificó de anárquico y destructor al cura Hidalgo y, secundado por varios obispos de otras ciudades, no dudó en firmar el decreto de excomunión (24 de septiembre de 1810) contra su antiguo contertulio y seguidores por haberse rebelado contra el gobierno de la Nueva España y por haber iniciado la lucha de emancipación nacional, considerada una rebeldía y herejía: “[...] Le condenamos y anatemizamos desde las puertas del Santo Dios Todopoderoso, le separamos para que sea atormentado, despojado y entregado a Satán y a Abirón [...]”.
Abad fue un gran colaborador del virrey Venegas (14 de septiembre de 1810 – 4 de marzo de 1813), deseoso de someter al clero criollo partidario de Hidalgo, mediante el envío de cartas con noticias sobre la insurrección y consejos para atajarla, correspondencia que continuó tras el regreso del virrey a la Península. Abad hizo públicos numerosos escritos sobre diversos temas desde hacendísticos hasta militares, pero los que más se destacan son los referentes a la insurrección como la Representación a Regencia, 1810 y en lucha abierta contra el movimiento independentista (edictos, folletos, cartas pastorales). Con sus informes y cartas al Gobierno peninsular y personajes influyentes, el obispo electo intentaba conseguir el envío de recursos materiales y humanos, petición que directamente reitera a la Regencia en su Representación de 6 de septiembre de 1813. En este escrito contra los independentistas, que incluye el “Plan de Abad y Queipo para destruir a Morelos”, también trata ampliamente del escándalo producido en México por el triunfo absoluto de los criollos en las elecciones del Ayuntamiento constitucional “[...] seduciendo al pueblo por intrigas, sugestiones y prevenciones escandalosas y malignas [...]”. El momento culminante de su lucha contra la revolución lo marca su Informe dirigido al rey Fernando VII, más conocido como el Testamento político, donde el obispo electo retrata el desbarajuste del virreinato bajo el gobierno del sucesor de Venegas, Félix María Calleja, al que Abad escribió en tono violento algunas cartas de crítica y consejos que el nuevo virrey ni puso en práctica ni tuvo en cuenta y que sólo le acarreó su enemistad.
Con la vuelta de Fernando VII se reinstaura la Inquisición y su papel de censor político (4 de enero de 1815) que contribuyó a ahondar las querellas entre los realistas, ya que se comenzó a atacar la actuación del virrey Calleja, representante de la fidelidad al Rey en la época constitucionalista. Muchos realistas consideraban al obispo electo defensor de los insurgentes, a pesar de su condena a la insurrección y los fulminantes edictos de excomunión dictados contra los caudillos insurgentes, y la Inquisición comenzó a sospechar de él, de lo cual se valió el virrey Calleja para acusarle de traición y de simpatía hacia los rebeldes. El 1 de febrero de 1815, Abad recibió una orden de la Corona (13 de septiembre de 1814), en la que se le mandaba su traslado a España para ser juzgado. Fernando VII le absolvió de tales acusaciones, inclusive le nombró ministro de Gracia y Justicia, pero la Inquisición le confinó en un convento con la intención de hacerle un proceso. Por este hecho y por su reacción respecto a la Constitución española de 1812, a la que se refirió como “la más liberal, la más justa y más prudente de cuantas se han visto ahora en las sociedades humanas”, Abad ha sido generalmente calificado como liberal y constitucionalista, a pesar de su lealtad a la Corona borbónica y absolutista, a sus escritos contra la sublevación de Hidalgo y a su claro rechazo a Rousseau y al contrato social en una carta pastoral de 1818. Precisamente el triunfo liberal de 1820 le devolvió la libertad y en mayo de ese mismo año, cuando en la catedral de Oviedo se celebró la elección de diputados por Asturias en las Cortes, uno de los cinco electos fue el obispo electo Abad que de inmediato renunció por escrito a su representación, alegando que su sordera era un impedimento para atender a las discusiones y votar con acierto. Entonces fue nombrado obispo de Tortosa, sede que ocupó hasta que, en 1823, los absolutistas volvieron a tomar el poder y lo condenaron a seis años de reclusión en el convento toledano de Santa María de la Sisla, donde murió en 1825, a los setenta y cuatro años de edad.
Obras de ~: Estado moral y político en que se hallaba la población del virreinato de Nueva España en 1799; Representación sobre la inmunidad personal del Clero, reducida por la Ley del nuevo Código, en la cual se propuso al rey el asunto de diferentes leyes que, establecidas, harían la base de un Gobierno liberal y benéfico para las Américas y para la metrópoli, Valladolid de Michoacán, 1799; “Representación a nombre de los labradores y comerciantes de Valladolid de Michoacán en que se demuestra con claridad los gravísimos inconvenientes de que se ejecute en la América la real cédula de 26 de abril de 1804”, en H. Mesae Sugawara (ed.), La deuda pública de España y la economía novohispana, México, 1976, pág. 56; Representación a la primera Regencia, en que se describe compendiosamente el estado de fermentación que anunciaba un próximo rompimiento y se proponían los medios con que tal vez se hubiera podido evitar, Valladolid de Michoacán, 1810; Edicto en que, como obispo electo de Valladolid de Michoacán, lanza excomunión mayor contra el cura Hidalgo y sus secuaces, que habían dado el grito de independencia de Dolores, Valladolid de Michoacán, 1810; Edicto instructivo sobre la revolución del cura de Dolores y sus secuaces, México, 1810; Pastoral sobre ordenación de clérigos, cumplimiento y estipendio de misas, México, 1811; Representación a la Regencia de 6 septiembre de 1813; Colección de los escritos más importantes que en diferentes épocas dirigió al gobierno, México, Mariano Ontiveros, 1813; Representación canónico-jurídica en favor del fuero criminal del clero en América, México, 1814; Representación acerca de los intereses de España en México, México, 1815; Representación, de 19 febrero 1815; Exposición dirigida a las Cortes, en que renuncia al cargo de diputado de Asturias, Madrid, 1820; “Cartas del obispo Abad y Queipo sobre la independencia mejicana” (ed. de F. J. Mencos Guajardo-Fajardo), en Anuario de Estudios Americanos, III (1946), págs. 1096-1133; Colección de los escritos más importantes que en diferentes épocas dirigió al gobierno D. ~: movido de un celo ardiente por el bien general de la Nueva España y felicidad de sus habitantes, especialmente de los indios y las castas, ed. de E. G. Jiménez Codinach, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.
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María Ángeles Eugenio Martínez
