Fernández del Castillo Artíguez, Antonio. Cáceres, 26.III.1797 – La Habana (Cuba), 6.VIII.1839. Político.
Aunque como sus hermanos mayores era extremeño de nacimiento, su padre, Antonio Fernández del Castillo Gálvez, y su madre, Paula Palencia Artíguez, eran naturales de Sevilla. Su vida, tanto en la adscripción política como en la orientación y la carrera profesional, estuvo muy influida por su progenitor. Éste, liberal convencido, por el apoyo durante la Guerra de la Independencia y sobre todo en el Trienio Liberal al modelo revolucionario contenido en la Constitución de Cádiz, vio postergada su carrera judicial hasta 1834, cuando pasó de ser oidor de la Audiencia de Granada, que ocupaba desde veinte años atrás, a regente de la de Extremadura y de aquí a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia entre 1838 y 1844, a la par que era elegido en 1837 senador por Córdoba.
Para seguir estos pasos, aparte de la instrucción paterna, Francisco Fernández del Castillo estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla, donde en junio de 1814 alcanzó el grado de bachiller. Seguidamente fue en el Real Colegio de los Santos Apóstoles de San Bartolomé y Santiago el Mayor de Granada, en el que estuvo becado, donde adquirió los conocimientos jurídicos necesarios para lograr en febrero de 1818, por la mencionada universidad, el grado de licenciado en Leyes. Con este título no sólo fue recibido en septiembre de 1819 como abogado por la Real Chancillería de Granada, sino que además se convirtió en examinador, al mismo tiempo que, vinculado a la Academia de Jurisprudencia de esta ciudad, desde enero de 1820 desempeñó las funciones de fiscal.
Si en el progreso y consolidación de esta carrera en el Trienio Liberal parece que tuvo que ver bastante su padre, la persecución y total ostracismo que éste sufrió durante la siguiente década absolutista y su adhesión a aquel cambio político le afectaron lógicamente.
En estas circunstancias parece encontrarse la razón de su traslado a Málaga en 1828. Aquí, una vez recibido por el Colegio de Abogados de la ciudad, ejerció la profesión libre y también atendió algunas comisiones que le encargó el subdelegado de policía. Labores éstas que debió verse obligado a realizar, ya que por sus ideas liberales no sólo fue perseguido, sino que pasó año y medio en la cárcel.
La apertura a la Monarquía constitucional, que se inició bajo la regencia de María Cristina con el Estatuto Real, cambió su situación, pero no tanto como esperaba. Así, no obstante, desde enero de 1834 ser síndico procurador del Ayuntamiento malagueño y desde agosto censor regio en esa ciudad, sus instancias para ser incorporado a la carrera judicial topaban con el moderantismo gobernante. Detrás de este silencio administrativo se encontraba su vinculación a la milicia nacional malagueña, en la que era teniente de escuadrón, y ante todo su condición de jefe local del progresismo. Por esta razón, además, el capitán general de Granada le desterró en abril de 1835 a Almería, bajo la acusación de ser uno de los dirigentes de una sociedad secreta y uno de los principales agentes de los desórdenes ocurridos en Málaga el mes anterior.
Ajeno a ellos, como reveló la pertinente investigación, en julio se le anuló el confinamiento y se acordó indemnizarle con una plaza de magistrado.
Ésta no llegó hasta que en septiembre sus amigos políticos, bajo el liderazgo de Juan Álvarez Mendizábal, se hicieron con las riendas del poder. Así, en noviembre era nombrado, con calidad de interino, magistrado del juzgado tercero de primera instancia de Granada. En este cargo se mantuvo hasta los momentos inmediatos a la promulgación de la Constitución de junio de 1837, cuando con la nueva organización dada entonces a las oficinas centrales del Ministerio de la Gobernación se le integró como oficial segundo.
En este cambio, todo lo indica así, tuvo que ver Rafael Pérez Rubio, uno de los personajes entonces más influyentes en el ministerio, con quien le unía una relación de amistad política y familiar, al ser padrino del único hijo que tuvo de su matrimonio con Isabel Anaya Blanco. Parece que fue así, porque cuando aquél en octubre se convirtió en titular de ese ramo en ejecutivo de Eusebio Bardají Azara, dejando la jefatura política de Madrid que hasta entonces había ostentado, le nombró a él en comisión para ejercerla.
Estuvo al frente de ella de 16 de octubre a 22 de noviembre, casi lo mismo que Rafael Pérez Rubio tuvo a su cargo la cartera de Gobernación. Tiempo más que suficiente para que ambos se dieran cuenta de su total desubicación con el momento político moderado, inaugurado con su triunfo en las elecciones legislativas celebradas a principios de octubre.
Después de esta fallida experiencia en el ámbito gubernativo, Antonio Fernández del Castillo retornó a la carrera judicial, ocupando desde diciembre plaza de magistrado en la Audiencia de Sevilla. En noviembre de 1838 fue nombrado fiscal de la Audiencia de Albacete.
Pero apenas había tomado posesión de este cargo cuando, en febrero de 1839, se le incorporó, junto a Rafael Pérez Rubio, a la comisión creada en el mes de diciembre anterior para examinar el estado de la administración general de Cuba y Puerto Rico. Pudo cumplir la primera parte del encargo, pero no la segunda, ya que a consecuencia de la fiebre amarilla falleció en La Habana (Cuba) el 6 de agosto de 1839.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico del Senado, exps. personales, HIS-0161-02.
J. I. Cases Méndez, “La elección de 22 de septiembre de 1837”, en Revista de Estudios Políticos, 22 (1977), págs. 167- 215; C. Marichal, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España, 1834-1844, Madrid, Ediciones Cátedra, 1980; A. Gil Novales (dir.), Diccionario biográfico del Trienio Liberal, Madrid, Ediciones El Museo Universal, 1991, pág. 226.
Javier Pérez Núñez
