Martín Carramolino Rioja, Juan. Velayos (Ávila), 8.III.1805 – Madrid, 28.II.1881. Jurisconsulto, político e historiador local.
Nació en el seno de una familia acomodada. Su padre, Pedro Martín, era contador de rentas de la provincia y, con su esposa, Fernanda Carramolino, se trasladó de Velayos a Ávila. Juan era sobrino de José Carramolino, párroco de Arenas, y de Rafael Serrano, que disfrutó de rentas concejiles, del privilegio de dar el patrón de las transacciones en granos al territorio español de ambos hemisferios y luego impulsó la fabricación de paños, estameñas y curtidos.
Juan Martín Carramolino estudió en Ávila; en 1817 obtuvo con sobresaliente el segundo de los cuatro premios del Ayuntamiento en Latinidad y Humanidades. Sus gustos lo inclinaban a cursar Filosofía, pero sus padres lo orientaron al Derecho y lo enviaron a Madrid para que se formase durante dos años con su tío, oficial de la Secretaría de la Cámara y Estado de Castilla. Extinguida ésta en 1820, Juan pasó a la Universidad de Salamanca y obtuvo los grados de bachiller, licenciado y doctor en Derecho Civil. Fue miembro del claustro y su inclinación liberal en 1828 le granjeó adversarios, pronto rendidos y que lo eligieron abogado de sus conventos y monasterios. Jurisconsulto y humanista respetado, nombrado moderante de oratoria por el claustro, ganó la cátedra de Humanidades o de Retórica y Poética a su oponente, Esteban María Ortiz, andando el tiempo su compañero en el Congreso. Sus coetáneos la recuerdan como la oposición más pugnada hasta el punto de dividir en dos bandos al tribunal, alumnos, maestros y a la ciudad; asimismo, confirmó la preferencia de Juan Martín por la Jurisprudencia. Poco después ganó la cátedra de Instituciones Civiles. Al tiempo, participó en la vida salmantina: en el Ayuntamiento, la Junta de Caridad y Agravios, la Sociedad Económica, destacó laborioso en la Junta de Sanidad durante el cólera de 1834 y con brillantez ganó la defensa de los frailes del convento de San Francisco, cuya reapertura consiguió, extendiendo así su fama de abogado.
Ya lo conocía quien fue su maestro en Salamanca, Manuel Barrio Ayuso, que siendo ministro de Gracia y Justicia en 1836 lo nombró fiscal en la Audiencia de Valencia, donde estuvo su cuñado Toribio Parfrondi.
Juan Martín Carramolino pronto saltó a la política. En las elecciones de septiembre de 1837 salió elegido diputado por Ávila y fue reelegido en las de julio de 1839. En estas legislaturas participó en distintas secciones y comisiones, entre ellas las de Reglamento interior del Congreso, examen de cuentas, diputaciones provinciales, discurso de contestación a la Corona y fue secretario de la Comisión de Reforma del Reglamento de la Administración de Justicia; intervino en debates sobre los tribunales superiores, organización de los ayuntamientos, contribución extraordinaria de guerra, diezmo, jurisdicción ordinaria y pidió tropas para la defensa de Ávila. Sus tareas políticas no lo apartaron de su profesión; recogió toda la legislación dispersa de procedimientos vigentes desde la Constitución de 1812 hasta 1838 en el Método actual de la sustanciación civil y criminal (1839). Por entonces, el gabinete presidido por Evaristo Pérez de Castro lo nombró ministro de la Gobernación, cargo que ejerció entre mediados de mayo y finales de octubre de 1839, así como de secretario de Estado. Desde su cargo y con Pérez de Castro se decantó por las filas moderadas, y más tras su enfrentamiento con los progresistas por la Ley de Prensa; se mostró contrario a la ilimitada libertad de prensa y al armamento popular, luchó contra los excesos de aquélla y contra los abusos de los ayuntamientos y sus milicias. Estuvo detrás de otros proyectos de ley, como los de organización y atribuciones de los ayuntamientos y la milicia nacional, además de otros más menudos referidos a la guerra y las recompensas de las tropas. Con la victoria liberal sobre el carlismo y en puertas el Convenio de Vergara, refrendó los decretos por los que se devolvieron los bienes secuestrados a los carlistas y se confirmaron sus antiguos fueros a las provincias Vascongadas y Navarra en aras de la reconciliación. Cada vez era más escasa la capacidad de maniobra del Gobierno ante unas Cortes dominadas por los progresistas, por eso se manifestó por su disolución y, denegada, dimitió junto con el ministro de Marina.
Estos sucesos coincidieron con el fallecimiento de su esposa, que le dejó cuatro hijos, con la disolución de las Cortes y el premio de la Corona, que le otorgó la Gran Cruz de Isabel la Católica a primeros de diciembre de 1839. Fue reelegido diputado por Ávila en enero de 1840, septiembre de 1844 y diciembre de 1846, y nombrado senador vitalicio a finales de octubre de 1851 en la categoría de ministros de la Corona. En estas legislaturas participó en varias secciones, comisiones y debates referidos, entre otros, a presupuestos, proyectos de ley de ayuntamientos y diputaciones, pósitos, montes, ley electoral, carreteras, culto y clero, ley orgánica de la administración y contabilidad de la Hacienda, administración del Senado, de instrucción pública, enjuiciamiento criminal y de bases para el arreglo del notariado. Fue vicepresidente del Senado durante la legislatura de 1864-1865 y presidió, entre otras comisiones, las del proyecto de ley de bases para la reorganización de los tribunales y procedimiento criminal en el fuero común, la que enajena varios bienes del Real Patrimonio y la del proyecto de ley de asociaciones públicas. Asimismo, fue miembro de las comisiones de reforma de las leyes de imprenta y de enjuiciamiento civil, de ratificación del tratado de límites entre España y Francia y de empleados públicos, además de otras de etiqueta con la Corona. Volvió a las Cortes como senador electivo por Ávila en la segunda legislatura de 1872, en 1876 y fue nombrado senador vitalicio desde primeros de octubre de 1877. En estas legislaturas defendió la unidad católica, las posiciones conservadoras y participó en comisiones vinculadas a asuntos jurídicos, entre otras, personal funcionario, de universidades, reforma de los procedimientos civil y criminal, reorganización del clero castrense, leyes de prisión preventiva y de imprenta.
Compatibilizó la política con su profesión. Fue fiscal del Tribunal de Órdenes y Real Cámara Eclesiástica (1844), magistrado primero, miembro del Consejo de Instrucción Pública, vicepresidente de la junta Consultiva de los Archivos del Reino y presidente de las secciones de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas y de sala del Supremo Tribunal de Justicia (1858). Durante años perteneció al Consejo de Instrucción Pública y fue presidente de sección en el Consejo de Estado hasta jubilarse; sus coetáneos subrayaron su valía como jurisconsulto, que no cobró cesantías y su paso por la política sin protagonismo, que Manuel Ovilo achacó a timidez. Fue aficionado a la historia; más difícil resulta deslindar sus trayectorias jurídica y política, premiadas con el honor de senador vitalicio, la Gran Cruz de Carlos III y la Pontificia de San Gregorio Magno; sus discursos de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (1868) y de recepción a Juan Antonio Andonaegui (1869), José García Barzanallana (1875) y Benito Gutiérrez Fernández (1879) están a caballo entre el derecho y la política.
En recuerdo a este decano del Parlamento, jurisconsulto e historiador, el Ayuntamiento de Ávila le dedicó la calle Martín Carramolino, antiguo circuito de San Juan, en febrero de 1896.
Obras de ~: In augusta studiorum renovatione ad patres salmanticenses oratio habita, Salamanca, J. Vallegera, 1829; In solemni inopina eaque ad optatissima studiorum renovatione ad Academiam Salmanticensem oratio habita XV kalendas novembris, Salamanca, J. Vallegera, 1832; In belli civilis tempestate pro studiorum renovatione de docentum tyronumque officiis ad Academiam Salmanticensem oratio habita a Joanne Martin Carramolino, Salamanca, J. Vallegera, 1835; Método actual de la sustanciación civil y criminal en la jurisdicción real ordinaria o compilación lógica y metodológica por el orden de materias y de las atribuciones de cada funcionario en la administración de justicia, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1839; Proyecto de ley orgánica de sanidad presentado a las Cortes y leído en el Senado por orden de S. M. la Reina Gobernadora por el ministro de la Gobernación de la Península el día 20 de septiembre de 1839, Madrid, Imprenta Nacional, 1839; Proyecto de ley sobre la organización de la Milicia Nacional del Reino presentado a las Cortes y leído en el Congreso de Señores Diputados de orden de su Majestad la Reina Gobernadora por el ministro de la Gobernación de la Península el día 14 de septiembre de 1839, Madrid, Imprenta Nacional, 1839; Suplemento del año de 1839 al método actual de la sustanciación civil y criminal en la jurisdicción real ordinaria, Madrid, León Amarita, 1840; La Iglesia de España económicamente considerada, así bajo el aspecto de su antiguo patrimonio como bajo de una nueva, lenta y progresiva pero segura, suficiente y decorosa dotación de su culto y clero, sin que dependa de los recursos del tesoro público, ni de contribuciones especiales que graviten directamente sobre el pueblo y a cuya formación concurran ambas supremas potestades, la civil y la eclesiástica, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos, 1850; Elementos de derecho canónico, con la disciplina particular de la Iglesia de España, después de la publicación del Concordato de 1851, Madrid, Francisco P. Mellado, 1857, 2 vols.; Manual de la Historia de la Iglesia, París, Sres. Rosa y Bouret, 1857; “Real decreto. Tribunal Supremo de Justicia”, en La Notaría, 131 (1860); Las Hervencias de Ávila: contienda histórico-literaria provocada por Vicente de la Fuente y sostenida por Juan Martín Carramolino sobre la falsedad o verdad del notable suceso, que con tal título recuerda la historia de Ávila, Madrid, Imprenta de El Pensamiento Español, 1866; con N. M. Rivero, A. Aparisi y Guijarro, J. González Acevedo y M. Silvela, Dictamen acerca de si procedería con buen éxito el recurso de casación interpuesto por don Luis Page en el pleito promovido en su representación contra D. Gregorio López Mollinedo y, por su fallecimiento, contra su Sra. Viuda y herederos, y contra la Sociedad del Crédito Mobiliario Español sobre la nulidad del remate en subasta judicial voluntaria de la fábrica, privilegio exclusivo y todas las pertenencias de la primitiva Compañía Madrileña para el alumbrado de gas en Madrid, Madrid, M. Rivadeneyra, 1869; Guía del forastero en Ávila, Madrid, Juan Aguado, 1872; Historia de Ávila, su provincia y Obispado, Madrid, Librería Española, 1872-1873, 3 vols.; Enunciación de un trilingüe diccionario de nombres del Papa y de la Santa Sede: testimonios infalibles de la divinidad del primado de la Iglesia Católica, Madrid, Juan Aguado, 1874; La Iglesia de España después del Concordato, Madrid, 1874; “De las Regalías de la Corona, discurso de recepción de Juan Martín Carramolino y de contestación de Antonio Benavides leídos en 31 de mayo de 1868”, en Discursos de recepción y contestación leídos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas al dar posesión de sus plazas a los individuos de número de la misma: 1860-1875, t. I, Madrid, Imprenta del Colegio de Sordomudos y de Ciegos, 1875, págs. 335-383; Conducta política de Juan Martín Carramolino de la comisión de bases constitucionales en defensa de la religión católica apostólica romana, única conveniente a España con exclusión de otro culto, Ávila, A. Santiuste, 1875; “Demostración de que en la religión católica el criterio de la verdad, en los ministerios de la fe y en las costumbres, no es la razón natural, sino la autoridad de la Iglesia docente, discursos de recepción de Juan Antonio Andonaegui y de contestación de Juan Martín Carramolino leídos en 23 de mayo de 1869”, en Discursos de recepción y contestación leídos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas al dar posesión de sus plazas a los individuos de número de la misma: 1860-1875, t. I, Madrid, Imprenta de Dionisio Chaulié, 1875, págs. 383- 421; con F. Reinosa y M. Alonso Martínez, Informes y votos particulares sobre los foros de Galicia, Asturias y León, Madrid, Tipografía Gutenberg, 1883; “Armonía de las relaciones entre los intereses económicos, morales y políticos, discursos de recepción de José García Barzanallana y de contestación de Juan Martín Carramolino leídos en Junta Pública de 30 de mayo de 1875”, en Discursos de recepción y contestación leídos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas al dar posesión de sus plazas a los individuos de número de la misma, 1875-1881, t. II, Madrid, Imprenta Berenguillo, 1884, págs. 1-54; “Influencia que en todos tiempos ha ejercido el derecho de propiedad y los fines importantes que hoy está llamada a cumplir, discursos de recepción de Benito Gutiérrez Fernández y de contestación de Juan Martín Carramolino, leídos en Junta pública de 16 de febrero de 1879”, en Discursos de recepción y contestación leídos ante la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas al dar posesión de sus plazas a los individuos de número de la misma: 1875- 1881, t. II, Madrid, Imprenta Viuda e Hija de A. Peñuelas, 1884, págs. 217-268.
Bibl.: M. Ovilo y Otero, Historia de las Cortes de España, Madrid, Baltasar González, 1847, págs. 157-179; Manual de biografía y de bibliografía de los escritores españoles del siglo xix, París, Rosa y Bouret, 1859, págs. 180-182; P. E. Tebar y J. de Olmedo, Las segundas Cortes de la Restauración, semblanzas parlamentarias, Madrid, Manuel G. Hernández, 1880, págs. 184-186; E. Ballesteros, Estudio Histórico de Ávila y su territorio, Ávila, Manuel Sarachaga, 1896, págs. 428 y 454; P. Carasa Soto (dir.), Elites políticas castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico de parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), vol. I, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997, págs. 366-368; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Editorial Actas, 1998; E. Cabezas Ávila, Los de siempre. Poder, familia y ciudad (Ávila, 1875-1923), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000, págs. XXIV, XXVI y 213.
Pilar Calvo Caballero
