Pons y Turell, Bernardo. Conde de Robres (I). ?, p. m. s. XVII – Huesca, 12.VIII.1662. Magistrado catalán, regente del Consejo Supremo de la Corona de Aragón.
Procedía de una familia de mercaderes. Casó en 1635 con Ana Catalina de Mendoza, hija de Bernardino de Mendoza. Su carrera se inició con su ingreso en la Audiencia de Cataluña en 1631 como juez de la Sala Criminal, pasando después a la Civil. Se encargó de las levas y alojamientos exigidos por el sitio de Salses, llegando a remitir, según afirmación de su hijo en un memorial, dos mil hombres.
Sirvió en la campaña personalmente con una pica en el tercio de Juan de Arce. Formaba parte de la Audiencia de Cataluña cuando, con motivo de la rebelión de 1640 y la persecución sufrida por los doctores de la misma, tuvo que huir, literalmente, a Madrid. Según un memorial en que lo cuenta, prendieron fuego a su casa, con ocasión del Corpus de Sang, lo que le obligó a arrojarse de una torre para poder escapar, a costa de romperse una pierna y de tener que permanecer escondido en Barcelona durante un año, hasta que pudo salir de la ciudad para trasladarse a la Corte. Allí, en junio de 1641, consta como regente de la Audiencia de Cataluña en el exilio y proveedor general del Ejército, Real Casa y Séquito. Con esa condición, titulación y méritos pidió una de las plazas de regente para catalanes que estaba vacante en el Consejo de Aragón.
La consiguió en diciembre de 1643 (privilegio de 12 de diciembre de 1643). Su puesto como regente de la precaria Audiencia catalana lo ocupó Benito Anglasell.
Pons se hallaba entre los exiliados en una lista confeccionada por la Junta de Ejecución de primeros de mayo de 1641, en la categoría de los “letrados”, entre los que se encontraban Ramón Rubí, Francisco Corts, Jaume Mur, Guillem Meca, Rafael Joli, Joseph Viñals, Gaspar Berart, Joseph Valet y Joseph Andreu, es decir, firmas importantes de la abogacía y magistratura catalanas.
Entre los nobles, destacan los Garau de Guardiola, Ramón Çagarriga, Miguel Salbá de Vallgornera, Tomás Fontanet, Ramón Calders y Joseph de Rocabertí, así como algunos miembros de la familia Pontarro y de la familia Marimón. En cualquier caso, significa ello que se formó una especie de poder paralelo en la Corte, hasta el punto de que se creó una “Junta de Inteligencias de Cataluña” en la que fueron participando estos exiliados, nobles, letrados y clérigos catalanes, de la que se nutrió la Monarquía para muchos nombramientos mientras duró la guerra. Durante el tiempo de influencia y mando del conde-duque prevalecieron las medidas favorables a la imposición de la fuerza militar, pero lo cierto es que al finalizar la guerra se impusieron las vías de mantenimiento del status jurídico de Cataluña, como se refleja en la importante consulta del Consejo de Aragón de noviembre de 1652, analizada por Sánchez Marcos, en la que el firmante catalán era precisamente Bernardo Pons.
Seguramente los catalanes exiliados en la Corte, una vez que la guerra se decidió en favor de la Monarquía y desapareció la influencia del conde-duque, contribuyeron al clima propicio a la generosidad y la clemencia y a la no alteración de los privilegios y derechos de Cataluña. La vuelta al Principado de una considerable cantidad de nobles y letrados catalanes resultaba más adecuada con el mantenimiento de las instituciones tal como habían existido. En ese contexto, no parece que se pueda considerar extraña la aplicación de medidas para asegurarse el acceso a dichas instituciones de los afectos y leales. Aprovechando la influencia que había conseguido en la Corte, Pons pidió en feudo los lugares de Tiurana y Villaplana, como los había tenido Andrés Blan de Ribera, primo suyo y último poseedor (consulta de 26 de agosto de 1651) antes de que, durante la guerra, el rey de Francia los hubiera adjudicado a Francisco Rosell, doctor de la Audiencia. En un memorial de 1652 expuso que, al no estar en ese momento en funcionamiento la Bailía General de Cataluña donde correspondía efectuar el registro de los feudos, pedía licencia para tomarlos por un despacho, aunque no estuvieran registrados, y que en un plazo de cuatro meses se hiciera dicho registro con el correspondiente certificado (memorial de 4 de noviembre de 1652). A partir de esa fecha intervino de forma regular y activa en las sesiones del Consejo de Aragón, en cuyas consultas figura constantemente junto con el sardo Francisco Vico, el valenciano Vicente Sisternes y el catalán Juan Magarola. Pons era tío de Miguel Salbá de Vallgornera, lo cual dio lugar a que el Consejo de Aragón dictaminara en favor de excluir a Pons de intervenir y votar en todo lo referente a la visita que se iba a girar a la Audiencia de Cataluña en la segunda mitad de 1653, pues Salbá era tesorero de la Audiencia (consulta de 4 de julio de 1653). Una de las cuestiones en las que puso especial interés fue en el intento de que se reconociera a los catalanes el derecho a tener un consejero de capa y espada en el Consejo de Aragón, como ya lo tenían los valencianos y los aragoneses. El Consejo no era partidario de acceder a esta petición, si bien tuvo que oír al conde de Robres (consulta de 4 de abril de 1648) quien, desde la postura que su fidelidad le confería, consideraba injusta la negativa que discriminaba a la nobleza catalana, que había demostrado con su sufrimiento y fidelidad que merecía este reconocimiento, al igual que los Reinos de Aragón y Valencia. El primer consejero catalán, José Sorribes, se incorporó en agosto de 1658. En esas fechas el conde de Robres participaba también en el de Cruzada junto con Pedro de Villacampa. El día de la incorporación, ambos acudieron, juntamente con los restantes miembros del Consejo de Cruzada, a la iglesia de San Salvador, llevando la bula y celebrando una ceremonia.
Al igual que otros miembros del Consejo de Aragón titulares de baronías señoriales, pidió permiso para ir a gestionar sus intereses, en noviembre de 1653 (Biblioteca Nacional de España, ms. 5742, sábado 15 de noviembre de 1653) y “se fue a Cataluña con licencia despachada por consulta del Consejo para dos meses”.
Su condición de catalán y su experiencia facilitaron su participación específica en las cuestiones relacionadas con la guerra de Cataluña, respecto a la que trataba directamente con Luis de Haro, con beneplácito del Consejo de Aragón y de su vicecanciller. En una de esas audiencias, Pons sufrió una indisposición que el vicecanciller Crespí describe en su diario por testimonio del conde de Albatera que acompañaba al primero.
Los médicos que le reconocieron diagnosticaron una “perlesía que le havia dado en todo el lado drecho de arriva avaxo” (Biblioteca Nacional de España, ms. 5742, 19 de julio de 1654). El 13 de octubre de 1656 Crespí recibió un correo de Zaragoza en el que el hijo del conde, Francisco Bernardo Pons, le avisaba del delicado estado de salud de su madre y le rogaba que transmitiera la noticia a su padre. Pero Crespí optó por avisar a Miguel Marta para que interviniera la mujer de éste, lo que muestra el complicado camino que el vicecanciller tomó para este aviso. El conde partió hacia Zaragoza al día siguiente, sábado 14 de octubre de 1656. Volvió a la Corte el sábado 26 mayo de 1657, y tuvo la gentileza, quizá obligada, de visitar al vicecanciller en su casa. Falleció en Huesca el 12 de agosto de 1662. Su plaza en el Consejo fue cubierta por Rafael Vilosa, que juró el cargo casi un año más tarde, en junio de 1663, lo que significa que la plaza estuvo vacante todo ese tiempo. Su heredero fue su hijo Francisco Bernardo, conde de Robres y Monteagudo, barón de Sangarrén. En junio de 1646 pidió una pensión de 600 ducados sobre el obispado de Teruel para proseguir sus estudios, de los que el Consejo aprobó 400 (consulta de 12 de junio de 1646). Descendiente ilustre del biografiado fue Agustín López de Mendoza y Pons, conde de Robres, autor de la Historia de las Guerras Civiles de España, en la que describe la génesis y desarrollo de la Guerra de Sucesión hasta 1708.
Fuentes y bibl.: Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Aragón, Registros de Cámara, 10, fol. 349; legs. 144; 264, doc. 38, consulta de 4 de julio de 1653; 311, consulta de 4 de abril de 1648; 303, doc. 39/3, consulta de 26 de agosto de 1651; 138; 303, doc. 39/2; 297, doc. 130, consulta de 12 de junio de 1646; Biblioteca Nacional de España, ms. 5247, 61v., 15 de noviembre de 1653; fol. 91r. 19 de julio de 1654; 151r.; 176r.; Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos, 2029, Libro de Resoluciones y Ceremonias del Consejo de Aragón, fols. 88r., 91r., 67v.
A. López de Mendoza y Pons, Historia de las Guerras Civiles de España, Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1882; J. H. Elliott, La rebelión de los catalanes (1598-1640), Madrid, Ed. Siglo XXI, 2.ª ed., 1982; J. Vidal Pla, Guerra dels segadors i crisi social, Barcelona, Ed. 62, 1984; J. Arrieta Alberdi, “La Junta de Inteligencias de Cataluña (1640-1642)”, en VV. AA, Actes del I Congrés d’Historia Moderna de Catalunya, t. II, Barcelona, Universitat, Departament d’Historia Moderna, 1984, págs. 141‑148; X. Torres i Sans, “Les bandositats de nyerros i cadells a la Reial Audiencia de Catalunya (1590‑1630): ‘Policía o alto gobierno”, en Pedralbes, Revista d’Historia Moderna del Departament d’Historia Moderna, 5 (1985), págs. 147‑171; J. Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón, 1494-1707, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1994; P. Molas i Ribalta, Catalunya i la Casa d’Austria, Barcelona, Curial, 1996; J. L. Palos, El juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649), Vic, Eumo Ed., 1997.
Jon Arrieta Alberdi
