Urriola Echavarría, Gabriel de. Durango (Vizcaya), 14.XI.1644 ant. – Panamá (Panamá), 1723. En Panamá, capitán, factor y veedor de Real Hacienda, proveedor y pagador de los presidios y gente de guerra, alcalde mayor del sitio y aduana de Cruces, alcalde ordinario, próspero comerciante y empresario.
Gabriel de Urriola Echavarría nació en Durango (Vizcaya), donde fue bautizado el 14 de noviembre de 1644. El 18 de junio de 1707, declaró tener cuarenta y cinco años de residir en el reino de Tierra Firme (actual Panamá), adonde había emigrado hacia 1662, cuando tenía unos 18 años de edad. Murió en Panamá el 29 de marzo de 1723, de setenta y ocho años, luego de ejercer importantes cargos públicos y acumular fortuna.
Los primeros registros conocidos de su actividad en Panamá datan de 1677, a sus treinta y tres años, cuando hizo méritos con el gobernador Antonio Bravo de Lagunas al trasladar, a costa de ambos, indígenas de la tribu emberá desde Esmeraldas, en Ecuador, para poblarlos a orillas del río Chagres (istmo central de Panamá) en 1677, con el propósito de crear una barrera humana contra eventuales invasiones enemigas por el río, como la que seis años antes había realizado Morgan. Allí fundaron el pueblo de Gorgona, al que luego continuaron trasladando más indígenas de la misma zona. En premio por esta “reducción y población”, por Real Cédula del 13 de noviembre de 1679, el rey le ofreció a Urriola que escogiera uno de los siguientes tres importantes cargos: la Alcaldía Mayor de Cruces, una de las plazas vacantes de Real Hacienda o el alguacilazgo mayor de las Cajas de Real Hacienda de Panamá. Escogió la Vara de Cruces, pero considerando el Consejo de Indias que era demasiado valiosa, en su lugar y por otra R.C. del 3 de enero de 1683, se le señalaron con carácter vitalicio 2000 pesos de renta anual del producto de dicha Vara.
Luego obtuvo patente de capitán e hizo varias levas de soldados que costeó de su bolsillo, llevándolos a Portobelo para defenderlo de los piratas y a distintas jornadas militares que se desarrollaron contra estos y los indios cunas en Darién a partir de 1680. Por órdenes del presidente, mantuvo prisioneros a doscientos cincuenta indios cunas que fueron apresados en esta campaña, que alimentó a su costa durante ocho meses. Para esa misma época tuvo un papel destacado en la defensa de la ciudad de Panamá, a la sazón amenazada por varios grupos de piratas confederados, costeando de su bolsillo grandes cantidades de madera para las cureñas, para la construcción del Puente de Tierra y 8000 estacas para las murallas. Ya para entonces se le daba el tratamiento de don.
En 1688 fue nombrado administrador del derecho de escolta del convoy de las costas del Norte, entre la boca del río Chagres y Portobelo. Durante la administración del conde del Palmar en Panamá, Urriola continuó desempeñando funciones ejecutivas de carácter urgente, como las ya mencionadas, cada vez que surgían amenazas piráticas, siempre a su costa, adquiriendo madera para estacas y cureñas, ayudando en la reparación de las murallas de la capital y del fuerte de San Lorenzo del Chagres. Durante esos años y principios de la década de 1690, ejerció en distintas ocasiones la administración de otros derechos fiscales, como las alcabalas, la sisa, la entrada del vino y ocupó interinamente los cargos de tesorero y de factor de Real Hacienda. En 1691, con materiales enviados de España y madera local, construyó en Cruces un barco luengo para el traslado de madera y la construcción del guardacostas del tramo Chagres-Portobelo. Desde enero de 1692 a enero de 1696 desempeñó interinamente el cargo de factor y veedor de la Real Hacienda de Panamá. En tal calidad realizó varios viajes a los minerales de oro de Darién, entonces en plena producción, para el cobro de las alcabalas, que nunca se habían cobrado antes en esa provincia. Realizó numerosos viajes de inspección a Cruces, al castillo de San Lorenzo del Chagres y al pueblo de Chepo. Lo mismo hizo en pueblos del interior del Istmo, visitando una veta de oro que se encontró en Veraguas. En 1697 el conde de Canillas le nombró proveedor y pagador general de los presidios y gente de guerra de Tierra Firme, por encontrarse preso el titular. Finalmente, en 1699 participó en las acciones bélicas contra el proyecto escocés de colonizar el Darién, tanto en su capacidad como capitán como de factor de Real Hacienda.
Además de acumular una vasta experiencia en el campo administrativo como funcionario de Hacienda, para la década de 1690 ya Urriola era conocido también como un próspero hombre de negocios, destacando sobre todo en el comercio de cacao de Guayaquil, de donde llevaba a Panamá cerca de 2500 cargas anuales con un valor de unos 35.000 pesos. Su posición se consolida durante esa década cuando adquiere la Vara de Cruces, la Alcaldía Mayor que controlaba el tránsito de mercancías por el río Chagres, lo que debió contribuir decisivamente a incrementar su considerable fortuna. Arrendó este cargo por 3.666 pesos anuales y lo ejerció durante largos años, hasta que pasó a mano de sus descendientes en calidad de mayorazgo (el único que existió en Panamá durante la colonia) y que éstos aún retenían al terminar la colonia.
Al parecer no tenía demasiadas ambiciones políticas, si bien no desdeñaba ocupar cargos públicos, ya que además de la Alcaldía de Cruces, fue varias veces elegido alcalde ordinario de primer voto del Cabildo de Panamá (en 1715 y reelecto el año siguiente), y en alguna crisis local se le propuso como uno de los dos únicos personajes con el crédito público necesario para restablecer la paz en Panamá. Era un hombre respetado, pero dedicado más bien a sus negocios.
Había casado en primeras nupcias con una samba o mulata de cierto caudal, llamada Nicolasa Pérez, de la que enviudó en la década de 1690 dejando descendencia. Tenía en 1691 tres hijos de este matrimonio, casi todos de corta edad. Uno de ellos era Gabriel Eusebio de Urriola, quien al morir su padre sería su albacea y tenedor de bienes.
Tras enviudar, Gabriel de Urriola Echavarría casó en 1700 en segundas nupcias en la catedral de Panamá con Juana González Salado y Andújar, nacida en Panamá. Era hija de Juana de Andújar y Terrin, nacida en Portobelo, y del castellano del castillo de Santiago, en Portobelo, Francisco González Salado, nacido en Alcuéscar, Cáceres, y quien ejercía el cargo de sargento mayor de las milicias cuando se produjo el ataque de Henry Morgan a esa ciudad el año 1671. Gracias a este matrimonio, Urriola se convirtió en concuñado del general Antonio de Echeverz y Subiza, casado con otra hija de González Salado, sentando las bases del clan más poderoso de Panamá de su época. El vínculo familiar entre Urriola y Echeverz se iría estrechando en los sucesivos matrimonios de sus descendientes, convirtiéndose en el núcleo familiar más poderoso e influyente del país hasta la década de 1760.
Algunos cargos de justicia sensibles fueron pasándose de padres a hijos, sobrinos, nietos y chotos. La Alcaldía Provincial que una vez había poseído Antonio de Echeverz y Subiza, la ocupa luego su hijo Antonio Echeverz y González, luego el hijo de este Bernardo Antonio Echeverz y Romero, y finalmente, en 1775 se le otorgó el título a Manuel Bernardino de Urriola y Echeverz. El último titular de la Vara de Cruces fue Pablo José de Urriola y González, quien la reclamaba para sí en 1815. Era choto de Francisco González Salado y tataranieto de Gabriel de Urriola Echavarría, de Antonio de Echeverz y Subiza y del tesorero Lucas Romero Parrilla.
Los hijos del segundo matrimonio de Gabriel de Urriola Echavarría fueron Juan (nacido en 1705), Gabriel, y Tomás de Urriola y González. Juan y Tomás, junto con su primo hermano Antonio de Echeverz y González (que es además suegro de Juan), dominaron los lazos del poder en Panamá entre 1730 y 1760 (aunque Antonio estuvo ausente del país entre 1729 y 1743, residiendo en Trujillo, Perú). Juan sucedió a su padre en la Vara de Cruces y en 1742 la corona se la otorgó por “juro de heredad”, es decir con carácter hereditario. Tomás se inició en la vida pública en 1724 cuando compró un cargo de regidor en Panamá; varias veces fue elegido alcalde ordinario; en 1747 compró el alferazgo real y luego fue nombrado escribano mayor de minas y registros. Ambos hermanos poseían grandes hatos ganaderos, se dedicaban a la explotación de minas de oro y eran los mayores propietarios de transportes fluviales (chatas, bongos) y terrestres (mulas), además de dueños de barcos de mayor calado, uno de los cuales le arrebataron por la fuerza a su propietario. Junto con su primo Antonio de Echeverz y González, tenían el control total del Cabildo y en consecuencia el abasto de carne de la capital. Tomás de Urriola era propietario en la calle de La Merced, en Panamá, de una “casa grande, de tres altos, los dos primeros de cal y piedra y el tercero de tablas, madera y teja”, con una “casa pequeña en su frente, de 15 varas de frente y 10 de fondo de dos altos del mismo material que la grande”, que fue destruida por el gran fuego de 1781. Medía tres lumbres de frente por tres de fondo y fue evaluada en 17.949 pesos 4 reales, siendo la más costosa de todas las que se quemaron.
Pocas veces en la historia colonial de Panamá un grupo familiar tuvo tanto poder. No les faltaban seguidores, algunos muy influyentes y poderosos, como el ya mencionado calatravo burgalés de La Madrid, Pedro González Cordero (nacido el 5 de julio de 1664), casado con Isabel, hermana de Antonio de Echeverz y González, o Juan y José Arosemena, este último “criado como un hijo” en la casa de los Urriola, o Lorenzo Fernández Bautista, o Pedro de la Guardia y San Millán, regidor, comerciante, dueño de barco y casas. Para mediados del siglo XVIII al clan se agregan los hijos mayores, como Bernardo Antonio de Echeverz y Romero, hijo de Antonio de Echeverz y González, que fue elegido alcalde ordinario, gobernador interino de Veragua y heredó de su padre la alcaldía de la Santa Hermandad.
Tal era su poder que mantuvieron durante décadas doblegados a presidentes como Dionisio Martínez de la Vega, Dionisio de Alcedo y Herrera y Manuel Montiano, así como a varios oidores de la Audiencia, sometiéndolos sistemáticamente a sus intereses. Pero los excesos del clan concitaron grandes odios. En los archivos se apilaron documentos con acusaciones por sus abusos. El temible clan era conocido popularmente como “La Casa Otomana” y a la Vara de Cruces se la apodaba “la bula loca”.
Entre las décadas de 1730 y 1760, un solo grupo domina el panorama político, económico y social en Panamá: el temible clan Urriola-Echeverz, implacables gamonales que controlaban los nombramientos del Cabildo capitalino, acaparando cargos como el de alférez real, la Alcaldía Mayor de Cruces, la Alcaldía Provincial de la Santa Hermandad y la mayoría de los regimientos. Además, una y otra vez eran sospechosamente elegidos alcaldes ordinarios de la corporación municipal. Gracias a este control absoluto del Cabildo, manejaban a su antojo el abasto de carne de la ciudad de Panamá. Detentaban la titularidad de la Escribanía Mayor de Minas y Registros, lo que les permitía explotar a sus anchas las minas de oro que poseían al noroeste de Veragua. En el Golfo de las Perlas eran dueños de varias islas y se dedicaban a la explotación perlífera. Tenían casas en la capital. Poseían un navío, El Feo, numerosos esclavos y una tienda en Playa Prieta. Comerciaban al por mayor con Perú y con Guayaquil, de donde importaban productos muy cotizados entonces como eran la cascarilla y el cacao. Poseían extensas haciendas en Pacora, ocho en Portobelo, dos en las goteras de la capital y otras dos en las riberas del Chagres. Pero tal vez el más escandaloso de sus dominios era el virtual monopolio que ejercían en la ruta transístmica, acaparando la totalidad de las chatas y los bongos en el Chagres y explotando alrededor de un centenar de mulas. Finalmente, se les acusaba de “procurar la extinción de la Real Audiencia [...] hasta haberla lograrlo, con lo que deben recelarse mayores violencias y extorsiones por lo costoso y dilatado de los recursos y la pobreza de casi todo el vecindario”.
La “Vara de Cruces”, el único mayorazgo instituido en el país, la poseían a perpetuidad, y mantenían a raya la vigilancia de los campos, capturando fugitivos y persiguiendo cimarrones, gracias a que detentaban, también con carácter vitalicio, la Alcaldía Provincial de la Santa Hermandad. Uno tras otro, los presidentes se les someten: el marqués de Villahermosa, Dionisio Martínez de la Vega, Dionisio de Alcedo y Herrera, Manuel Montiano.
Tras la acumulación de quejas contra este poderoso clan y ante la imposibilidad de realizar confiables investigaciones sobre su proceder debido a la red de complicidades locales (incluyendo al rector de La Compañía de Jesús y los presidentes Dionisio de Alcedo y Manuel Montiano), la corona optó por pedirle al gobernador de Cartagena, el ingeniero Ignacio Sala, que realizara una investigación independiente. Una real cédula del 13 de enero de 1753 ordenaba también al obispo Francisco Javier de Luna Victoria y Castro que informara sobre los procedimientos de Tomás y Juan de Urriola y de Antonio de Echeverz y González. La investigación realizada por Sala, que se inició ese mismo año, confirmó plenamente las acusaciones que se hacían contra los Urriola-Echeverz. El obispo Luna Victoria también reconoció ser ciertas las acusaciones, aunque trató de restarles importancia. Cuando las quejas abrumaron a la Corona, el Consejo de Indias solo propuso amonestar al presidente Montiano, ordenándole que no siguiera permitiendo que los Urriola-Echeverz cometiesen excesos, como si la culpa fuera suya, no de los gamonales. Tal era su poder.
A partir de la década de 1760, las quejas se aplacaron (en parte, al parecer, porque la corona, al igual que lo había hecho con su padre, envió lejos de Panamá a Antonio de Echeverz González, nombrándole corregidor de Trujillo, en Perú). Desde la década siguiente el clan comenzó a dar muestras de debilitamiento, aunque sus miembros continuaron entrelazándose con otras familias influyentes y algunos siguieron ocupando posiciones importantes en la administración, sobre todo en el Cabildo de Panamá; por lo demás, siguieron controlando la importante Alcaldía Mayor de Cruces. Al terminar el período colonial destacó el Dr. Manuel de Urriola y Zárate, que ocupó durante muchos años el cargo de asesor legal del gobierno superior.
Fuentes y bibl.: Archivo General de Indias (Sevilla), Panamá 301, Relación de servicios del capitán don Gabriel de Urriola Echavarría, padre de Don Juan de Urriola [impreso, Madrid, 15.I.1699, y presentada luego por su hijo Juan en Panamá el 24.X.1758]; Escribanía de Cámara 465ª, Juicio de Residencia de Jerónimo Badillo; Panamá, legs. 127,130, 154, 155, 213, 219, 294; Panamá 223, Carta al rey del obispo F. J. de Luna Victoria y Castro [Panamá, 14.IX.1753].
B. Torres Ramírez et al., Cartas de Cabildos hispanoamericanos, Audiencia de Panamá, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano Americanos-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1978; A. Castillero Calvo, Arquitectura, Urbanismo y Sociedad, La Vivienda Colonial en Panamá, Bogotá, 1994, apéndice 7, pág. 360; Conquista, Evangelización y Resistencia, Panamá, 1995, págs. 186-191; “El régimen fiscal de la colonia”, en Historia General de Panamá, t. XIV, Bogotá, 2004, págs. 419-420; Sociedad, Economía y Cultura Material, Historia Urbana de Panamá la Vieja, Buenos Aires, Editorial e Impresora Alloni, 2006, págs. 823-829.
Alfredo Castillero Calvo
