Lardizábal y Elorza, Martín de. Idiazábal (Guipúzcoa), ú. t. s. xvii – Segura (Guipúzcoa), 1740. Juez pesquisidor y comandante general de la provincia de Venezuela, consejero togado del Consejo de Indias.
Se sabe que fue colegial de San Bartolomé y profesor en la Universidad de Salamanca. Del Consejo de Su Majestad, era “jurista de reconocida competencia” y desempeñaba la Alcaldía del Crimen de la Real Audiencia de Zaragoza, cuando por Real Cédula del rey Felipe V, de 14 de agosto de 1732, fue nombrado “juez pesquisidor y comandante general de la Provincia de Venezuela, superior al gobernador y capitán general y demás ministros de ella”, un excepcional nombramiento motivado por los sucesos ocurridos en Venezuela por la actuación de la Compañía Guipuzcoana, aunque en la práctica su actuación fue de gobernador y capitán general de la provincia. La rebelión de Andresote, la polémica actuación del anterior gobernador, Sebastián García de la Torre y el juicio de éste contra el factor de la Guipuzcoana, Pedro José de Olavarriaga, fueron acontecimientos relevantes que motivaron su nombramiento. Tomó posesión del cargo ante el Cabildo de Caracas el 15 de diciembre de 1732 y acto seguido sometió a juicio al gobernador García de la Torre. La sentencia condenatoria provocó el asilo de García en sagrado (convento de San Francisco) e intentó acciones contra Lardizábal en el Consejo de Indias y ante el Rey.
Las acciones de pacificación con los rebeldes de los valles de Yaracuy y Aroa (la Rebelión de Andresote) que llevaban a cabo los sacerdotes Salvador de Cádiz y Tomás de Ponsa, apoyados por el obispo José Félix Valverde, fueron cercenadas por Lardizábal.
Decretó el cierre de los puertos a barlovento del cabo Codera y prohibió el uso de caminos y sendas con acceso al mar, para obligar a los cosecheros de cacao a transportarlo por tierra hasta La Guaira. Esta medida se confirmó por la Real Cédula de 3 de julio de 1735. Parece, se discute todavía, que esta medida, obtuvo un efecto contrario: el auge del contrabando.
Sin embargo, su intención era buena: el 14 de enero de 1734 había dictado un auto reglamentando la cantidad de cacao para la exportación a España, estipulando un aumento de ella, y limitando el comercio de cosecheros y comerciantes con la Nueva España.
En la acción política, los historiadores venezolanos se quejaron de su acción contra el Cabildo de Caracas. Éste gozaba, por la Real Cédula de 18 de septiembre de 1676, del gobierno político y militar de la provincia de Venezuela, en los casos de vacante del gobernador que, a veces, duraban dos, tres o más años. Los informes jurídicos de Lardizábal al Consejo de Indias hicieron que se promulgue en San Ildefonso la Real Cédula de 14 de septiembre de 1736, por la que, en caso de vacante del gobernador y capitán general, se debería hacer cargo del mando civil el teniente general y auditor de guerra y, en lo militar, el castellano de La Guaira, que pasaría a ser de nombramiento real. Naturalmente, en ello se vio un ataque a los privilegios municipales, que eran un germen de nacionalismo.
En febrero de 1736 el juez privativo de las composiciones de tierras y cobranzas, Antonio de Pineda, subdelegó en Lardizábal las composiciones de tierras de la provincia, y éste actuó en calidad de tal en el conflictivo litigio de los fundadores de Calabozo y zona de Barlovento.
La gestión de Lardizábal ha dado origen a interpretaciones discordantes, aún entre los propios historiadores venezolanos. Mientras L. A. Sucre (1928) lo juzga por completo entregado a los intereses de la Compañía Guipuzcoana (no por casualidad era él un nativo guipuzcoano), más modernamente, la historiadora A. Avendaño Vera, sin tomar partido, señala que, mientras unos critican abiertamente su actuación como muy favorable a la Guipuzcoana; otros, discrepantes, observan una actitud imparcial de Lardizábal frente a la Compañía. Sin embargo, señala una clara actitud negativa de Lardizábal frente a las aspiraciones criollistas (en el caso más concreto del cercenamiento de poder del Cabildo caraqueño).
Dice L. A. Sucre (1928: 251) que “hubo una conspiración para asesinar a Lardizábal”, y que tras ello “parece que estaban en el complot los señores del Ayuntamiento”. Noticia creíble pero de la que no aparece ninguna otra información en varias referencias bibliográficas sobre Historia de Venezuela.
En el orden administrativo, su Bando de Buen Gobierno, de 1737 (publicado íntegro por S. Rodolfo Cortés, 1971), contiene veinticinco disposiciones muy minuciosas que se refieren a los comercios y tiendas, aguardientes, pesas, prohibición de jugar gallos, aguas de acequias, carnes, días festivos en mercados, recogimiento a las nueve de la noche, obligación de los cirujanos de informar a las justicias sobre heridas por ataque o golpe, que no se compre a los esclavos ninguna cosa de oro, que los cerdos criados no salgan a las calles, que los vacunos se recojan en corrales, etc.
Lardizábal traspasó sus funciones, en 1737, a Gabriel Zuloaga, y regresó a España. En el libro Títulos de Indias aparece su nombramiento, el 22 de mayo de 1740, de consejero togado del Consejo de Indias, pero L. A. Sucre (1928) dice que ni siquiera llegó a posesionarse, pues murió pronto.
Obras de ~: “Bando de Buen Gobierno Decretado por Don ~ en 8 de enero de 1737: Don ~, del Consejo de Su Majestad, etc., Comandante General de esta Provincia, etc.”, en S. Rodolfo Cortés, Antología Documental de Venezuela, 1492-1900, Caracas, Talleres Rotro Lito C. A. y Editorial Pregón, 1971, págs. 133-138.
Bibl.: R. M. Baralt, Resumen de Historia de Venezuela, vol. I, París, Imprenta de H. Fournier y C.ª, 1841, pág. 443; L. A. Sucre, Gobernadores y Capitanes Generales de Venezuela, Caracas, Litografía y Tipografía del Comercio, 1928, págs. 249-251; J. Febres Cordero, La rebelión de Andresote (valles de Yaracuy, 1730-1733), Caracas, Imprenta Nacional, 1952; Títulos de Indias, Valladolid, Archivo de Simancas, 1954, pág. 21; G. Morón, Historia de Venezuela, Caracas, Italgráfica, Impresores, Editores, 1971, vol. III, págs. 175-178 y 486, vol. IV, 179-182, 184, 201, 455 y 570, vol. V, pág. 49; VV. AA., Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, vol. XXIII, San Sebastián, Auñamendi, 1987, pág. 140; A. Avendaño Vera: “Lardizábal Elorza, Martín de”, en VV. AA., Diccionario de Historia de Venezuela, vol. II, Caracas, Fundación Polar, 1988, págs. 655-656; M. Gárate Ojanguren, La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San Sebastián, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones, 1990, págs. 425 y 432; L. Vaccari San Miguel, Sobre Gobernadores y Residencias (siglos xvi, xvii, xviii), Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1992, págs. 29, 135-139 y 196.
Fernando Rodríguez de la Torre
