Quiñones de León y Vigil, José María. Marqués de Montevirgen (I) [III y de San Carlos (III), en el Reino de las Dos Sicilias]. Toral de los Guzmanes (León), 2.II.1788 – Madrid, 25.I.1853. Alto funcionario, parlamentario y ministro de Hacienda.
El marquesado de Montevirgen, título de origen siciliano, fue concedido en 1736 por Carlos III a la estirpe navarra de los Abaurre (o Abaurrea, cuando la voz es empleada en su forma vascuence) para premiar a Manuel de Abaurre y Salazar los servicios militares prestados a los Borbones desde la Guerra de Sucesión, al lado de Felipe V. Una trayectoria de armas que este primer Montevirgen culminó como mariscal de campo y gobernador del castillo de Nápoles, pocos años antes de morir sin descendencia directa y cuando ya su sobrina y única heredera (Antonia de Abaurre y Fuertes) había entroncado con el linaje de los Quiñones, cuyo mayorazgo se asentaba originariamente en las montañas y valles leoneses de Omaña, Luna y Babia, con su torre y solar en Riolago. En 1737 el mismo Monarca había expedido el título de San Carlos a favor de Antonio de Abaurre y Salazar, hermano del anterior, con una carrera militar muy parecida (también en Sicilia) y quien igualmente murió sin descendencia.
En virtud de la unión matrimonial celebrada entre la heredera Antonia de Abaurre y Fernando Manuel de Quiñones, el título marquesal pasó en 1771 a los Quiñones de Riolago, transmitido por su madre a Juan Manuel de Quiñones Abaurre, hijo mayor de dicho matrimonio y segundo Montevirgen. En la generación siguiente los Quiñones unieron, a ese su primer apellido, el de León —que en lo sucesivo usarían formando uno solo— así como la cuantiosa fortuna que este último llevaba incorporada y que quedaría muy disminuida tras los pleitos de que fue objeto.
José María Quiñones de León (o Vigil de Quiñones como figura indistintamente en muchos documentos) fue, por tanto, el III marqués de Montevirgen entre 1803 y 1853. Hijo único varón de Juan Manuel de Quiñones y Francisca de León, mantuvo el originario solar familiar de Riolago de Babia (León) al cuidado de administradores —como ya lo habían hecho sus antepasados desde mediados del siglo xviii, cuando fijaron su residencia en Toral— y, tras contraer matrimonio en 1807 con María Francisca Ramona Santalla Álvarez Lorenzana y Osorio, hija de un rico hacendado berciano y diputado liberal en las Cortes de Cádiz, abrió casa en Camponaraya (en el Bierzo leonés), desde donde comenzó un notable ascenso económico y político.
Asimismo, Montevirgen aparece avecindado en Toral de los Guzmanes, su lugar de nacimiento, y también en León, donde pleiteó en 1808 con el corregidor y Ayuntamiento para que le permitieran usar el título de marqués como vecino de la capital y propietario en ella de varios inmuebles urbanos.
Durante la ocupación francesa colaboró con la resistencia patriótica, pero es a partir del Trienio Constitucional cuando emergió su vocación política de perfil liberal. Mantuvo, entonces, una estrecha relación de amistad y negocios con Felipe Sierra Pambley, diputado y ministro de Hacienda en el último gobierno de esa segunda época constitucional. Con él accedió Montevirgen, en 1823, al destino de oficial de la Secretaría de Hacienda, tras haber rechazado, en 1821, el de comisionado de la diócesis de León para investigar los bienes del clero en la misma. Pero, antes que nada, aprovechó la desamortización de monacales de este período (decretada en octubre de 1820), para racionalizar su patrimonio heredado y agrandarlo de forma significativa: adquirió fincas procedentes de los monasterios bercianos en aquella comarca y otras en la ciudad de León, siempre de forma selectiva, bien planificada y de acuerdo con un plan modernizador, consistente en hacer más productivas sus anteriores posesiones y sostener una importante ganadería lanar trashumante que ya no contaba con los antiguos privilegios de la Mesta.
Desde estas primeras actuaciones económicas, Montevirgen se comportó como un hacendado y notable liberal, interesado en despojar la propiedad de cualquier elemento limitador de la libre posesión. Lejos de las preocupaciones de los títulos de la vieja nobleza, no tenía que defender un gran señorío, ni pleitear por rentas de dudoso origen; tampoco había heredado deudas significativas, ni pesaban sobre su mayorazgo censos, ni préstamos. Por todo ello saludó el nuevo orden político liberal como el más propicio para procurarse crecimiento patrimonial y oportunidades dentro de la Administración. Precisamente los destinos públicos constituyeron la otra palanca que el III marqués de Montevirgen utilizó para dar el salto a la actividad política en el siguiente período constitucional.
Entre julio de 1834 y enero de 1836, José María Quiñones de León fue miembro de las Cortes del Estatuto Real, en las que se acreditó al comienzo de esa primera legislatura con una renta mínima de 180.000 reales. Pertenecía, entonces, al pequeño grupo de once únicos títulos nobiliarios que se encontraban en el estamento de procuradores (conformado por ciento ochenta miembros) y del más exiguo, de sólo cinco individuos, que eran nobles y se situaban en la oposición a Martínez de la Rosa y a Toreno. Integró el de Montevirgen uno de los treinta y nueve votos estables de la oposición en dicha cámara, que ejercían el “derecho de petición” (puesto que los procuradores carecían de iniciativa legal) para elevar las propuestas más avanzadas y tendentes a la liquidación del Antiguo Régimen.
Fermín Caballero se refirió al marqués como “el prócer de los procuradores” y describió su orientación liberal, afirmando que “aún después de que [Toreno] le reservó in pectore para la Dirección de Rentas Provinciales, no dejó a sus amigos de la oposición en las cuestiones políticas que se ofrecieron”.
Efectivamente ocupó dicha dirección en 1835 y, tras la llegada al poder de Mendizábal, se alineó definitivamente con el liberalismo moderado, cuyo partido lideraría en León hasta su muerte. Ocupó la cartera de Hacienda en el fugaz gabinete presidido por el duque de Frías-conde de Luna (entre septiembre y noviembre de 1838) y, tras esta corta experiencia como ministro, fue nombrado jefe de la Secretaría de Estado y de Despacho de Hacienda, con destino en propiedad.
En las filas del moderantismo volvió a ser elegido diputado por la provincia de León en 1845 (desde su feudo político del Bierzo) y en 1847 fue nombrado senador vitalicio.
En el nuevo período desamortizador (1836-1851) adquirió fincas y rentas de bienes nacionales en puntos muy distantes de la provincia de León, entre las que destaca el coto redondo de Valdelaguna y la dehesa de Maudes (al lado de Sahagún de Campos), probablemente la finca más productiva y sin duda la más codiciada de León desde los ensayos privatizadores de la administración bonapartista durante la ocupación francesa. El acierto de Montevirgen en ésta y otras operaciones no fue en absoluto ajeno a la información privilegiada que poseía y a la influencia política creciente que en estos años ejerció en León y en la Corte.
Convirtió Valdelaguna en un modelo de explotación agraria decimonónica; pero su estrategia en las adquisiciones no respondía únicamente a objetivos económicos, sino también políticos: su patrimonio y la forma de administrarlo le proporcionaban prestigio, autoridad y liderazgo; su figura se proyectaba entonces como un referente de modernidad para las clases propietarias y para las elites políticas locales. A reforzar el éxito del marqués contribuyó también el título nobiliario que, en 1846, le fue reconocido como título de Castilla, a la vez que se le permitió añadirle el de San Carlos y utilizarlos conjuntamente. Fue esa combinación de elementos culturales heredados del Antiguo Régimen y brillantemente adaptados al nuevo dinamismo político y económico del orden liberal, lo que explica el poder y eficacia con que Montevirgen ejerció de notable isabelino hasta su muerte.
Desde esta posición desarrolló un fuerte patronazgo sobre los individuos y círculos que, en el segundo tercio del siglo xix, se incorporaban a las nuevas instituciones liberales. Como jefe del Partido Moderado leonés, con gran influencia política en Madrid, participó en esa especie de cooptación de elementos de la elite local que accederían a una carrera política o académica en la Corte. La protección del marqués no se limitó a sus correligionarios políticos sino que alcanzó también a la carrera de progresistas como Fernando de Castro y Pajares o Patricio de Azcárate. A su vez los del “progreso” de León acallaron las críticas a la gestión de Montevirgen en la Dirección de Rentas o desviaron hacia sus colaboradores esas responsabilidades y otras en las que resultó implicado por irregularidades electorales.
José María Quiñones de León, marqués de Montevirgen y San Carlos, laureado por Isabel II con la Gran Cruz de la Orden Española de Carlos III en 1844, acabó sus días como presidente de la Junta de Examen y reconocimiento de créditos atrasados del Tesoro Público, cargo para el que obtuvo nombramiento real en 1852. Murió unos meses más tarde en Madrid, el 25 de enero de 1853. Dos de sus hijos varones “heredaron” el feudo político berciano (distritos electorales de Ponferrada y Villafranca) y volvieron a dividir el título marquesal, utilizando Juan el de Montevirgen, que un año antes de su fallecimiento fue confirmado como título de Castilla y Cayo el de San Carlos, que a su fallecimiento fue concedido con igual denominación a su viuda como título de Castilla.
Fuentes y bibl.: Archivo del Senado, Expedientes personales, HIS-0299-07.
F. Caballero, Fisonomía natural y política de los diputados a las Cortes de 1834, 1835 y 1836. Por un asistente diario a la tribuna, Madrid, Imprenta Boix, 1836; J. Eguiagaray Pallarés, La azarosa vida del clérigo Don Rafael Daniel Sánchez, León, Imprenta Provincial, 1964; C. Álvarez Álvarez, El condado de Luna en la Baja Edad Media, León, Fray Bernardino de Sahagún, 1982; I. Burdiel, La política de los notables.
Moderados y avanzados durante el Régimen del Estatuto Real (1834-1836), Valencia, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1987; J. A. Martín Fuertes, Los Quiñones marqueses de Montevirgen: linaje y archivo, León, Instituto Leonés de Cultura, 2000; E. Aguado Cabezas, La desamortización de Mendizábal y Espartero en la provincia de León (1836-1851), León, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2002.
Elena Aguado Cabezas
