Rocha García, Juan José. Cartagena (Murcia), 15.VI.1876 – Barcelona, 27-29.VII.1938. Ministro de Guerra, Marina, Estado e Instrucción Pública.
Fueron sus padres Juan Melchor Rocha Revuelta, natural de Fuente de Ebro (Zaragoza), y Eulalia García y Muñoz, natural de Mazarrón (Murcia).
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia el 13 de noviembre de 1916 con la nota de aprobado, ejerció como abogado.
Miembro del Partido Radical fue nombrado ministro de Guerra del 12 de septiembre de 1933 al 8 de octubre 1933 (Gabinete de Lerroux), y ministro de Marina del 16 de diciembre de 1933 al 28 de abril de 1934 (Gabinete de Lerroux).
Por decreto de 31 de enero de 1934 Rocha creó la especialidad de “Estudios Superiores de Intendencia”, dependiendo de la sección de Intendencia del Ministerio de Marina, con la misión de formar un núcleo de jefes y oficiales especializados en las funciones logístico-industriales-administrativas al objeto de coadyuvar eficientemente a la ejecución de los designios del mando.
El 9 de febrero de 1934, Rocha presentó a las Cortes un proyecto de ley por el que se derogaba la ley de 8 de febrero de 1907, en lo que se refería al empleo de explosivos y sustancias venenosas o corrosivas en la pesca marítima. Todo patrón de embarcación que fuera sorprendido utilizando estas materias para pescar o fueran halladas en su embarcación, sería sancionado gubernativamente por las autoridades de Marina.
Rocha fue nombrado nuevamente ministro de Marina del 28 de abril de 1934 al 4 de octubre de 1934 (Gabinete de Samper).
El 30 de junio de 1934 Rocha presentó a las Cortes un proyecto de ley sobre protección a las Industrias y Comunicaciones marítimas. Según Rocha, dicho proyecto, que recogía las opiniones de técnicos, entidades e intereses de toda especie, pretendía comprender en un conjunto armónico cuantas medidas correspondía adoptar al Estado para salvar a la Marina Mercante nacional del colapso en que se encontraba a consecuencia de la crisis mundial de los transportes por mar, agravada para los buques españoles por las condiciones específicamente desfavorables con que comparecían en el terreno de la dura competencia internacional que se desarrollaba en la esfera de los negocios marítimos. Todas las circunstancias expuestas tenían como consecuencia el que la Marina Mercante española sufriera con angustias no igualadas por las de otros países la crisis de la navegación.
Por todo ello, este proyecto de ley contenía un plan general de política marítima nacional, que se aspiraba a que satisficiera cumplidamente los designios políticos y económicos que había de servir, pero condicionado a la necesidad de conciliar dos factores esencialmente contrapuestos: de un lado, la más austera economía en los gastos, en razón a la modestia de la Hacienda española, y de otro, la eficacia para que se cumplieran aquellos designios, siquiera también modestamente.
Por Decreto de 2 de agosto de 1934 dispuso que los marinos de cualquier clase y jerarquía, así como sus asimilados y personal de la Armada que, no disfrutando de asimilación militar propiamente dicha, perteneciera a la misma o prestara servicio en arsenales, buques o dependencias militares de la Armada con carácter fijo, no podrían pertenecer en ningún concepto ni por motivo alguno, mientras permanecieran en activo, como socios afiliados o adheridos a ningún centro, partido, agrupación o sociedad que revistiera carácter político, ni a ninguna organización o entidad de carácter sindical o societario, tuviera o no aquella índole; esta prohibición afectaría a los almirantes, oficiales generales y jefes y oficiales en situación de reserva.
Rocha fue nombrado nuevamente ministro de Marina del 4 de octubre de 1934 al 17 de enero de 1935, y ministro de Estado del 16 de noviembre de 1934 al 25 de septiembre de 1935 (Gabinete de Lerroux).
Por ley del 13 de diciembre de 1934, firmada por Alcalá-Zamora y Rocha, se aprobaba el Tratado antibélico de no agresión y de conciliación, firmado en Río de Janeiro el 10 de octubre de 1933 por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Uruguay y España, a los efectos de ratificar la adhesión al mismo por España, y que fue firmada en Buenos Aires el 27 de abril de 1934. Los Estados firmantes decidían concretar en forma convencional sus propósitos de no agresión y concordia, en el deseo de contribuir a la consolidación de la paz y de expresar su adhesión a los esfuerzos realizados por todas las naciones civilizadas para fomentar el espíritu de armonía universal, con el propósito de condenar las guerras de agresión y las adquisiciones territoriales que fueran obtenidas por la fuerza de las armas, haciéndolas imposibles; sancionaban, asimismo, su invalidez por las disposiciones positivas de este tratado, para sustituirlas por soluciones pacíficas fundadas en elevados conceptos de justicia y equidad, convencidos de que uno de los medios más eficaces de asegurar los beneficios morales y materiales que ofrecía la paz al mundo era la organización de un sistema permanente de conciliación de los conflictos internacionales, que se aplicara de inmediato al producirse la violación de los principios mencionados.
Por Decreto de 11 de febrero de 1935, firmado por Alcalá Zamora y Rocha, se concedía la Corbata de la Orden de la República al Instituto de la Guardia Civil, para premiar como recompensa colectiva los innumerables actos heroicos llevados a cabo por el personal del mismo y los relevantes servicios de carácter cívico y humanitario que había rendido a España y a la República en el cumplimiento de sus deberes.
Por decreto de 8 de agosto de 1935 se entendería que el primer grado en la Orden de Isabel la Católica era la Gran cruz, y en la de la República, la banda, quedando reservados exclusivamente los collares de dichas Órdenes para ser concedidos con carácter excepcional.
Rocha fue nombrado nuevamente ministro de Instrucción Pública del 25 de septiembre de 1935 al 29 de octubre de 1935 (Gabinete de Chapaprieta). Tras una larga enfermedad, falleció en Barcelona, donde fue enterrado, el 29 de julio de 1938.
Fuentes y bibl.: Archivo General de la Administración, caja 16.581.
Á. Ossorio y Gallardo, Diccionario político español, histórico y biográfico, Buenos Aires, Mundo Atlántico, 1945, pág. 744; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1998.
Juan Ramón de Andrés Martín
