Garicano Goñi, Tomás. Pamplona (Navarra), 9.II.1910 – Madrid, 16.I.1988. Político, ministro.
Miembro de una familia de la burguesía de negocios —su padre era director general de una importante empresa privada—, tras cursar la enseñanza primaria y el bachillerato en sendos colegios religiosos iruñeses, estudió Derecho en las Universidades de Zaragoza y Madrid. Realizadas con éxito las oposiciones al Cuerpo Jurídico Militar (1930), fue destinado a la VII Región Militar, con cabeza en Burgos, actuando en los juicios celebrados con motivo de la represión de la revolución asturiana de octubre de 1934. En los pródromos de la Guerra Civil se caracterizó como activo agente de la conspiración militar urdida por Mola —su enlace con la Marina y la VIII Región Militar—, de cuya estima y confianza gozara por sus cualidades intelectuales y políticas. En la contienda ejerció las funciones de asesor jurídico del cuartel general del Cuerpo de Ejército de Navarra, al mando del general Solchaga. Miembro del Cuerpo Jurídico del Aire desde 1940, llegaría a ser, dentro de él, consejero togado (1964) y general auditor. Admirador en su juventud de Víctor Pradera, concilió una inicial simpatía por las ideas tradicionalistas con la adhesión a las doctrinas demócrata-cristianas inspiradoras de la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, de la que llegó a formar parte. Secretario general del Ministerio de Justicia en 1941, fue nombrado gobernador civil de Guipúzcoa en 1951, cargo desempeñado con prudencia y tino hasta 1956. Delegado del Gobierno en el canal de la reina Isabel II en 1965 a instancias de su amigo y conmilitón, el ministro de Obras Públicas Federico Silva Muñoz, permaneció muy poco tiempo en el cargo, debido a su designación, en julio del año siguiente, como gobernador civil de Barcelona.
En tan importante responsabilidad daría pruebas de aperturismo y entendimiento de las nuevas realidades políticas sociales advenidas con el notable desarrollo económico del país. Así, su flexible actitud hacia el catalanismo moderado e incluso su mesurada postura ante un movimiento intelectual que tenía en la Universidad de Barcelona —la Autónoma de Bellaterra, en parte auspiciada por él, no entraría en actividad hasta el curso 1968-1969— uno de sus epicentros más agitados —asalto al rectorado en enero de 1969, con defenestración del busto de Franco, huelgas continuas y permanente y virulenta contestación al sistema—, evidenciaron su firme apuesta, intra moenis de la dictadura, por su gradual y evolutiva transición hacia un sistema de libertades. Consejero nacional (1967) y procurador en Cortes, tan impecable pedigrí o linaje franquista neutralizó las aporías y críticas que suscitara en las catacumbas del establishment su un tanto sorprendente nombramiento como ministro de la Gobernación en el Gabinete constituido tras la gran crisis del otoño de 1969, a raíz de las secuelas del célebre affaire Matesa. Ventilada intramuros con el parcial triunfo de los “tecnócratas” sobre los “azules”, el nuevo responsable de tan crucial cartera, en la que sucedía a su antiguo amigo y jefe el teniente general Camilo Alonso Vega, entrañaba el perfil más esperanzadamente aperturista. Empero, las secuelas del célebre juicio de Burgos y la radicalización del proceso involutivo de los sectores más “bunquerizados” del régimen harían de torcedor de los proyectos de convivencia más ambiciosos de un ministro que eligió como su subsecretario a un miembro de las familias más acendradas del principado catalán, como ostensible índice del decisivo papel que Cataluña representaba en sus planes, pensamiento en el que contaría con el entusiasta respaldo de su colega ministerial Laureano López Rodó. Sin embargo, al contrario de éste, las reticencias de los sectores más “ortodoxos” del régimen a cualquier innovación o cambio acabaron por provocar el desánimo del titular de Gobernación, que presentó a partir de 1972 su dimisión en varias ocasiones, sin que le fuera aceptada por Franco, al que llegaría a escribir una extensa carta particular en mayo de 1973 en la que preconizaba con toda claridad y sin rodeo alguno la inmediata liberalización del sistema, cumpliendo y desarrollando cuando menos todo el articulado de Ley Orgánica del Estado de diciembre de 1966. La designación del almirante Carrero Blanco como presidente del Gabinete constituido un mes más tarde pudo ser, en parte, la respuesta tácita del enigmático destinatario de su misiva.
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 193 n.º 2, 196 n.os 1 y 2.
A. Bayod, Franco visto por sus ministros, coord., recopilación y pról. de ~, Barcelona, Editorial Planeta, 1981, págs. 193- 205; J. M. Cuenca Toribio, La guerra civil de 1936, Madrid, Espasa Calpe, 1986; L. López Rodó, Memorias. II. Años decisivos, Barcelona, Editorial Plaza y Janés, 1991; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres. ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705-1998), Madrid, Actas, 1998, págs. 550-553; J. M. Cuenca Toribio, Estudios de historia política contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000.
José Manuel Cuenca Toribio
