Cortabarría Barrutia, Antonio Ignacio de. Oñate (Guipúzcoa), 23.IV.1756 – Madrid, 12.VI.1815. Consejero del Consejo Real de Castilla, magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Fue hijo de Francisco Cortabarría y Cortázar, nacido en Oñate el 7 de septiembre de 1723, y de María Josefa Barrutia y Azcarretazábal, nacida en la misma localidad el 3 de febrero de 1723. Ambos contrajeron matrimonio en Arechavaleta el 25 de junio de 1752 y tuvieron tres hijos: Antonio Ignacio, Rita y Josefa. Hacia 1770 Cortabarría ingresó en la universidad de su villa natal con el propósito de estudiar Leyes y Cánones. El 30 de mayo de 1774 obtuvo el grado de bachiller en Leyes. En ese tiempo se incorporó como pasante en el estudio del abogado Francisco Javier de Uzelay, vecino de Oñate. Dos años después, el 22 de octubre, recibió el grado de bachiller en Cánones. En enero de 1778 dejó el estudio de Uzelay, y se licenció en Cánones el 13 de noviembre de ese año.
En la misma universidad alcanzaría el grado de doctor y opositaría a una cátedra de Instituta Civil, sustituyendo al propietario en la cátedra de Digesto.
El 18 de enero de 1778 aprobó la plaza de abogado de los Reales Consejos. Desde marzo de ese año y hasta junio del siguiente sustituyó al doctor Santos Robles en la cátedra de Colecciones Canónicas de la Universidad de Salamanca. En 1782 defendió varias causas a los pobres de las cárceles reales salmanticenses. El mismo año pretendió ingresar en la denominada Carrera de Varas. A tal fin, presentaría un memorial en la Cámara de Castilla en que solicitaba una plaza de alcalde mayor de la villa de Fregenal de la Sierra. Sin embargo, no conseguiría esta plaza. Tuvo que esperar más de catorce años para iniciar su carrera judicial. Un decreto de 13 de septiembre de 1796 desgajaría el ramo de la Caballería del Consejo de Guerra confiriéndolo a una Junta integrada por un presidente, el teniente general Luis Godoy; cuatro vocales, Sebastián del Águila, mariscal de campo, el marqués de Uztariz, consejero de Guerra, Domingo Codina, consejero de Castilla y Pedro Pablo Pomar, y un fiscal, el oñatiarra. La Junta de Caballería tendría plena facultad y jurisdicción para despachar todo tipo de órdenes destinadas al fomento de la cría caballar así como para conocer y juzgar las causas civiles y criminales pertenecientes a dicho ramo. En 1802 la Junta de Caballería se integró en el Consejo de Guerra y pasó a constituir la sala tercera del mismo. Cortabarría cesó en la fiscalía y, al mismo tiempo, por un decreto despachado en Tortosa el 18 de noviembre de aquel año, Carlos IV le nombró consejero de Castilla.
Una cédula del 3 de abril de 1787 acordó el restablecimiento de los cementerios ventilados para sepultar los cadáveres. En 1804, con motivo del incremento de las enfermedades, se dispuso que los diferentes ministros del Consejo de Castilla se encargasen de la correspondencia con los pueblos de las provincias que se les asignara, así como de instar a las justicias y ayuntamientos para que, de conformidad con los prelados, vicarios y párrocos, procedieran a la implantación de cementerios. Cortabarría se responsabilizaría de la construcción de los cementerios de Madrid.
El 4 de agosto de 1808 el Consejo de Castilla decidió publicar una memoria para justificar su conducta frente al invasor francés y encargó su elaboración a Cortabarría. Para el día 18, el oñatiarra tenía ultimada la memoria y cuatro días después se imprimió con el título Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real en los gravísimos sucesos ocurridos desde Octubre del año próximo pasado. El propio Napoleón, una vez que volvió a tomar Madrid, dispuso la supresión del Consejo de Castilla, tan opuesto a sus intereses. Un decreto imperial despachado el 4 de diciembre de 1808 destituyó a los consejeros de Castilla —entre ellos a Cortabarría—, a los que declara cobardes e indignos. Los consejeros fueron obligados a permanecer en Madrid bajo pena, en caso contrario, de ser castigados como traidores. Por estas fechas Cortabarría residía en la plazuela de Santa Catalina de los Donados. La Suprema Junta Gubernativa decretó el 25 de junio de 1809 la creación del Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias, el denominado Consejo Reunido, en lugar de los hasta entonces existentes Consejos de Castilla, Indias, Órdenes y Hacienda, y del que formará parte Cortabarría. El sueldo que se asignó a los consejeros de este tribunal era de sesenta mil reales anuales. El Consejo de Regencia, por otro decreto del 21 de septiembre de 1810, reimplantó los antiguos consejos, y Cortabarría pasó a integrar el de Castilla. Las Cortes de Cádiz liquidaron el 17 de abril de 1812 los consejos —entre ellos el de Castilla— y erigieron en su lugar el Supremo Tribunal de Justicia. Solamente dos ex consejeros de Castilla fueron elegidos a consulta del Consejo de Estado del 14 de mayo para el nuevo Tribunal: José María Puig y Cortabarría.
Cuando Fernando VII regresó del exilio dictó un decreto el 4 de mayo de 1814, por el que repuso las cosas al momento en que se encontraban antes de la llegada del intruso. Otro decreto del 27 del mismo año restableció el Consejo de Castilla y días después se nombró a su presidente, el duque del Infantado, y a los veintitrés magistrados —entre ellos a Cortabarría— de que se compondría el restaurado Consejo. El 30 de junio se asignó nuevamente a Cortabarría la construcción de los cementerios de Madrid.
El 18 de agosto de 1814, Cortabarría, junto con Ramón María de Adurriaga, canónigo de la santa iglesia de Burgos, y Antonio Fernando de Chanove, tuvieron el honor de besar la mano y cumplimentar al Rey por el restablecimiento del Colegio Universidad de la villa de Oñate, donde los tres eran doctores y maestres de su claustro, y Cortabarría, desde 1804, ministro director de sus estudios.
Fuentes y bibl.: Archivo Histórico Nacional, Colección de Decretos del Rey Don Fernando VII, I, Madrid, 1818; Consejos, leg. 11887; Estado, leg. 6379; Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, invent. 16, guión 23, legs. 18, 19.
Gazeta de Madrid, 22 de noviembre de 1814 y 5 de agosto de 1814; Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias, Madrid, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870; G. Desdevises du Dezert, “Le Conseil de Castille en 1808”, en Revue Hispanique, XVII (1907), págs. 66-378; S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, Ediciones de la Diputación, 1986; L. Moreno Pastor, Los orígenes del Tribunal Supremo, 1812-1838, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1989; R. Gómez-Rivero, “Antonio Ignacio de Cortabarría y Barrutia, Consejero de Castilla y Magistrado del Tribunal Supremo (1756-1815)”, en Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, LII, 1 (1996), págs. 191-212; El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999; P. Molas Ribalta, Los magistrados de la Ilustración, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.
Ricardo Gómez Rivero
