Arjona, Francisco de. Málaga, 3.X.1743 – Sevilla, c. 1818. Magistrado, consejero de Castilla y eclesiástico.
Obtuvo el grado de bachiller en Cánones por la Universidad de Granada el 9 de marzo de 1767. Casi diez años después, el 25 de noviembre de 1776, es recibido como abogado de la Chancillería de Valladolid.
El año siguiente comienza en ésta su carrera en la magistratura desempeñando una alcaldía del Crimen.
Por resolución real a una consulta de la Cámara de 6 de diciembre de 1786 asciende a una plaza de oidor de ella, de la que toma posesión el 22 de febrero del año siguiente. Después de una estancia de más de veinte años en la Chancillería de Valladolid, es promovido a la regencia de la Audiencia de Cataluña.
Nombrado por una resolución de Carlos IV a la propuesta del Consejo de la Cámara de 8 de agosto de 1798, sucedía en el cargo a Pedro Gómez Ibar Navarro. Una de las fiscalías del Consejo, para la que se le expide título el 29 de mayo de 1802, será su siguiente ascenso. Su carrera judicial culmina en 1807, cuando es designado por decreto de primero de marzo para una consejería de Castilla, vacante por fallecimiento de José Antonio Fita. Por el decreto imperial de 4 de diciembre de 1808, Napoleón destituye a los consejeros de Castilla. El 8 de diciembre, son arrestados el decano Arias Mon y el fiscal Jerónimo Díez. Dos días más tarde, no obstante el decreto imperial, el Consejo de Castilla celebra una reunión a la que asisten veinte miembros, entre ellos Arjona. Sin embargo, no formará parte del Consejo reunido creado el 25 de junio de 1809, pero sí a partir del 16 de septiembre del año siguiente del restablecido Consejo de Castilla.
Las Cortes resolvieron, el 15 de octubre de 1811, suspender en el ejercicio de sus funciones a catorce ministros —entre ellos a Arjona— del Consejo de Castilla por haber acordado una consulta, en la que presuntamente se dudaba de la legitimidad, autoridad y validación de los decretos de las Cortes, e incorporaba observaciones sobre algunos artículos de la primera parte del proyecto de Constitución. El Tribunal especial, creado al efecto por las propias Cortes dos días después, sentenciaría la causa el 29 de mayo de 1812 declarando a los consejeros libres de toda culpa y cargo. Las Cortes de Cádiz habían liquidado el 17 del mes anterior los Consejos —entre ellos el de Castilla—, erigiendo en su lugar el Supremo Tribunal de Justicia. Solamente dos ex consejeros de Castilla serán elegidos a consulta del Consejo de Estado de 14 de mayo para el nuevo Tribunal: José María Puig y Antonio Ignacio de Cortabarría.
Arjona tendrá la condición de cesante, conservando sus honores y percibiendo el mismo sueldo que tenía.
Cuando Fernando VII regresa del cautiverio, reinstaura a finales de mayo de 1814 el viejo Consejo de Castilla, al que nuevamente se adscribe Arjona a comienzos de junio. El 30 del mismo mes se encargará de la construcción de los cementerios ubicados en los obispados de Solsona, Urgel, Tarazona y Barbastro. A comienzos de 1815 abandona el Consejo Real al ser nombrado maestrescuela de la metropolitana de Sevilla.
Fuentes y bibl.: Archivo General de Simancas, Dirección General del Tesoro, invent. 13, leg. 6; Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 6379; Gaceta de Madrid, 5 de julio de 1814; Diario de sesiones de las Cortes generales y extraordinarias (1810-1813), Madrid, Imprenta de J. A. García, 1870.
G. Desdevises du Dezert, “Le Conseil de Castille en 1808”, en Revue Hispanique, t. XVII (1907), págs. 66-378; P. Molas Ribalta, “Las Audiencias borbónicas en la Corona de Aragón”, en P. Molas Ribalta et al., Historia social de la Administración española. Estudios sobre los siglos xvii y xviii, Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, 1980; S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca, Diputación, 1986; C. Domínguez Rodríguez, Los oidores de las Salas de lo Civil de la Chancillería de Valladolid, Valladolid, Universidad, 1997; R. Gómez Rivero, El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999.
Ricardo Gómez Rivero
