Ruiz-Funes García, Mariano. Murcia, 24.II.1889 – México, 1.VII.1953. Penalista, político, ministro de Agricultura y de Justicia en 1936.
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Murcia en 1919; su primera publicación El derecho consuetudinario en la huerta y el campo de Murcia (1912), estaba influenciada por la corriente historicista y de reformismo social que inspiraba Joaquín Costa, igual que la dedicada en 1916 a la provincia murciana. A partir de 1925 su labor investigadora se centraría en obras preferentemente penales o criminológicas; como jurista le preocupó sobre todo el hombre y la garantía de sus derechos, en especial el de la vida, dedicando sus esfuerzos a la lucha contra la pena de muerte. Muchas fueron las aportaciones en el campo de la criminología de Ruiz-Funes, donde a su obra original hay que añadir traducciones de obras como El Suicidio, de Emile Durkheim, o Italia y el fascismo, de Sturzo. En ambas el traductor efectúa un amplio estudio introductorio; en el dedicado a Sturzo se autodefine como hombre de “espíritu liberal”.
Hombre de confianza de Manuel Azaña en Murcia desde la fundación de Acción Republicana en 1928, fue elegido diputado por Murcia en las Cortes Constituyentes de 1931, desempeñando un papel destacado en la Comisión Parlamentaria para redactar el proyecto de Constitución y en dos de las reformas más polémicas como la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña; también fue ponente de la Ley de Vagos y Maleantes. Azaña dejó recogido en sus diarios la estrecha colaboración con Ruiz-Funes en la República y en la Guerra. No resultó elegido diputado en 1933, año en el que fue nombrado vicepresidente nacional de Acción Republicana. Con ocasión de la revolución de octubre y el encarcelamiento de varios políticos, actuó como defensor de los consellers de la Generalitat Martí Barrera y Ventura Gassol.
En febrero de 1936 se presentó como candidato por Vizcaya siendo elegido bajo las siglas del Partido Izquierda Republicana, liderado por Azaña, que le nombró ministro de Agricultura.
El medio año de su cargo fue sin duda el más conflictivo que pudo tener un responsable ministerial pues la ejecución de la reforma agraria se intensificó desatando la hostilidad creciente de los afectados que acabaría derivando en el enfrentamiento de la Guerra Civil. Ruiz-Funes debió sufrir su particular Casas Viejas en los sucesos de Yeste en mayo de 1936: la invasión y roturación de unos montes provocó los enfrentamientos donde un guardia resultó muerto a hachazos además de diecinueve campesinos. En comparación a lo ocurrido en el período 1931-1933 la actuación de Ruiz-Funes demuestra la importancia de la voluntad política para llevar a cabo la reforma agraria pues en pocos meses se multiplicó por cinco la superficie distribuida a los campesinos. La reactivación de la reforma se concentró en las provincias contiguas de Badajoz, Cáceres, Salamanca y Toledo que sumaron tres cuartas partes de la superficie ocupada. Sin duda la experiencia del primer bienio ofrecía en negativo el programa a evitar; a tal fin la reforma del Frente Popular reducía los trámites burocráticos de aplicación de las leyes haciendo realmente ejecutivo al Consejo Ejecutivo del Instituto de Reforma Agraria (IRA).
Vázquez Humasqué, que había estado al frente de este organismo en 1932-1933, estaba de nuevo como director general dispuesto a evitar errores pasados. La radicalización de la reforma tenía dos caras, la de la iniciativa popular y sindical (influencia de la Federación de los Trabajadores de la Tierra) que promovió la invasión de fincas en marzo de 1936 en Badajoz y la del gobierno legalizando ocupaciones o llevando a las Cortes en junio el proyecto de ley de rescate de bienes comunales. Pero sería injusto creer que Ruiz-Funes lo único que hizo fue ir a remolque de los acontecimientos; al contrario. Antes de la invasión masiva de fincas del 25 de marzo, el ministro facilitó el asentamiento de los yunteros expulsados en 1935 en un tiempo record y eliminó la excepción de las tierras de pastoreo que habían limitado la aplicación de la reforma. Para ello supo sacar partido a la legislación conservadora poniendo en práctico la cláusula de “utilidad social” de la Ley Velayos de 1935, calificada habitualmente de “contrarreforma agraria”. El objetivo de todas estas disposiciones tenía poco de radicalización ideológica desbordada pues de no llevarse a cabo la ocupación y siembra en la primavera de 1936 resultaba comprometida la subsistencia de miles de campesinos en los meses siguientes. Por otra parte la imagen de un gobierno deslizado por la pendiente de la revolución mal se aviene con la actuación nada sectaria de un liberal como Ruiz-Funes, que se hizo patente cuando en el gobierno de reconciliación nacional propuesto por José A. Primo de Rivera, desde la prisión de Alicante, figurara como ministro de agricultura junto a Prieto, Marañón, Ortega y Gasset, entre otros. Como expresó Jiménez Asúa, “su pensamiento —y más todavía su vida emocional— respondió a los ideales de democracia y libertad”.
Estos ideales fueron puestos de nuevo a prueba en su paso por el Ministerio de Justicia en el gobierno de Largo Caballero de septiembre de 1936. En carta a Indalecio Prieto confesaba en 1944 “a qué sacrificios angustiosos tuve que ceder para ser el jefe de Justicia en una guerra civil e internacional, de la Justicia de un beligerante que era además agredido”. Sus esfuerzos en los dos meses de ministerio se dirigieron a mantener la autoridad del Estado frente a los que tomaban la justicia por su mano, defendiendo la actuación de los Tribunales Populares al juzgar delitos definidos en una ley anterior e imponer penas determinadas por la ley (Discurso pronunciado, en la solemne apertura de los tribunales celebrada el 5 de octubre de 1936). En efecto, como apunta Beevor, con la llegada del Gobierno de unidad de Largo Caballero se tomaron severas medidas para restablecer la ley y el orden constitucional. Se consolidaron los tribunales populares y se crearon consejos municipales para sustituir a las patrullas, enviando a sus componentes a luchar al frente. Así terminaron “sacas” y “paseos” En el mes de febrero de 1937, el ministro de Estado, Álvarez del Vayo, le envió a Varsovia como encargado de Negocios, con la misión de entablar relaciones entre los dos países; fue nombrado después embajador de la República en Bruselas donde le sorprendió el fin de la guerra. Será en Bélgica donde trabe amistad con el profesor Vervaek, criminólogo belga, pionero en la clínica criminológica.
Expulsado de su cátedra al acabar la Guerra, se instaló provisionalmente en Cuba y luego en México, donde prosiguió sus actividades profesionales relacionadas con los problemas políticos y humanos de la criminología y el derecho penal, asesorando a numerosos organismos públicos y privados. Exiliado en la ciudad de México con su familia, fue catedrático en la Universidad Nacional Autónoma y miembro de numerosas academias de América Latina. Su principal labor fue la enseñanza en diversas universidades de Centroamérica, colaborando también en la redacción de varias leyes en distintos países americanos. Su numerosa obra, imposible ni siquiera de reseñar, tiene especial interés para comprender las responsabilidades penales derivadas de la guerra y del genocidio como dejó expuesto ante los juicios de Nuremberg o con la persecución de Franco contra la masonería.
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 137 n.º 33 y 141 n.º 49.
L. Jiménez de Asúa, “Mariano Ruiz-Funes y su obra científica”, en El Criminalista, t. V [Buenos Aires], Ed. La Ley, 1945; E. Malefakis, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX, Barcelona, Ariel, 1971; J. Maurice, La reforma agraria en España en el siglo XX (1900-1936), Madrid, Siglo XXI, 1975; M. Tuñón De Lara, Tres claves de la Segunda República, Madrid, Alianza, 1985; J. Cerdá Ruiz-Funes, “Mariano Ruiz-Funes, universitario y político”, en Anuario de Historia de Derecho Español, n.º 67 (1997) (Homenaje a Francisco Tomás y Valiente), págs. 509-528; I. Herreros, “Cincuentenario de la muerte de Mariano Ruiz-Funes un jurista murciano en el gobierno de la II República”, en La Verdad de Murcia, 5 de diciembre de 2003; A. Beevor, La guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2005; R. Robledo Hernández, Los ministros de agricultura de la Segunda República (1931- 1939), Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2006.
Ricardo Robledo Hernández
