Ibáñez de la Riva-Herrera, Antonio. Marqués de Valbuena de Duero (I). Solares (Cantabria), 1633 – Madrid, 3.IX.1710. Prelado, arzobispo, inquisidor general, presidente del Consejo Real de Castilla, capitán general y virrey de Aragón.
Descendía de la ilustre familia de los marqueses de Villa-Torre. Hijo del general de Artillería de las Cuatro Villas de la costa de Cantabria, Juan Ibáñez y Agüero, y de Catalina de la Riva-Herrera y Sota. Cursó con lucimiento la carrera eclesiástica, obteniendo en 1658 una beca en el colegio mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares y, poco después, una cátedra de Artes de su Universidad. Accedió en 1663, tras reñidas oposiciones, a la penitenciaría de la catedral de Burgo de Osma; en 1668 a la magistral de Málaga y en 1680 al Arcedianato de Ronda.
Informado Carlos II de sus acrisoladas virtudes y de su ciencia eminente, le propuso para el Obispado de Ceuta, del cual tomó posesión el 18 de junio de 1680, resignándolo el 23 de mayo de 1687, al ser promovido para el Arzobispado de Zaragoza, para el que había sido presentado por Real Cédula dada en el Buen Retiro (Madrid), el viernes, 13 de septiembre de 1686, sucediendo en el puesto a Diego de Castrillo, obispo de Cádiz, fallecido tres meses antes.
El 1 de agosto de 1690 fue nombrado por el Monarca presidente del Consejo de Castilla y el 27 del mismo mes y año éste le escribió para que tomase enseguida posesión de esta dignidad, que desempeñó con su habitual competencia (realizó en los años 1690, 1691 y 1692 diversas consultas al Rey), hasta el 14 de diciembre de 1692, en que, aprovechando su estancia en Madrid, pidió a Carlos II licencia para retirarse a descansar de tanta ocupación y mejor atender su archidiócesis, solicitud que éste le concedió al día siguiente: “Habiéndose representado el Arzobispo de Zaragoza Gobernador del Consejo los justos motivos que tiene para suplicarme le conceda licencia para ir a la residencia de su Iglesia; y hallándome en particular agrado del amor y celo con que me ha servido en este puesto, le hago merced de Título de Castilla en cabeza de D. Antonio Ibáñez de la Riva-Herrera, hijo de su hermano mayor, para sí y para sus herederos y subcesores en la casa y mayorazgo de los padres del Arzobispo” (el título concedido fue el de marqués de Valbuena de Duero).
El sábado, 28 de febrero de 1693, fue nombrado virrey capitán general de Aragón, cargos que desempeñó con idéntico celo, cediendo su sueldo y demás emolumentos a la Real Hacienda. El 20 de octubre de 1697, domingo, celebró un Sínodo en Zaragoza —lo que no se había hecho desde 1625, bajo el arzobispo Martínez de Peralta—, cuyas constituciones, sabias y prudentes, fueron impresas en Zaragoza por Pascual Bueno, en 1698. Fundó después el Montepío de Zaragoza, al que dotó con 820.000 libras jaquesas, procedentes de sus rentas como presidente del Consejo de Castilla y derechos de visita y sello; dejó, además, una considerable cantidad, cuyos réditos habrían de servir para ayudar a estudiantes pobres y dotar a doncellas necesitadas, amén de otras mandas piadosas de menor importancia.
En atención a los señalados servicios prestados a su predecesor, Felipe V le nombró nuevamente virrey (1703), y el 11 de noviembre de 1704, martes, cuando la Guerra de Sucesión estaba en todo su rigor, por segunda vez capitán general, destinos que volvió a desempeñar en tan difícil situación a satisfacción del Monarca, cuya política en este reino no fue del todo acertada.
Aun cuando el nombramiento llevase la citada fecha, ya antes se le había comunicado al interesado, quien el 28 de octubre escribía el Rey expresándole su agradecimiento, y dos días después lo comunicaba al pontífice Clemente XI, solicitándole facultades para proceder en las causas criminales, incluidas las más graves, lo que le fue concedido con la misma amplitud que lo habían hecho Alejandro VIII en 1690 para servir a la presidencia del Consejo de Castilla, e Inocencio XII, en 1693, cuando ejerció por primera vez el rango de virrey de Aragón.
En diciembre de 1705 Aragón se alzaba contra Felipe V, a favor del pretendiente austríaco Carlos de Habsburgo. En 1706 publicó Ibáñez un Manifiesto en Zaragoza contra los sediciosos (así llamaba a los partidarios del archiduque) y a favor de Felipe V, siendo muy felicitado por Luis XIV, pero muy criticado por el confesor del de Austria, P. Soneman.
No comprendía el arzobispo a los aragoneses, pese a sus buenas intenciones —“de corazones cortos y arrugados”, decía—, ni aceptaba sus Fueros ni régimen político, teniéndolos por “más inclinados a favorecer a los delincuentes que a ayudar a la justicia”. En las Cortes de Zaragoza de 1702 se pidió que las vacantes del Arzobispado y de todos los cargos eclesiásticos fueran cubiertas por naturales del reino.
En 1708 suplicó al Monarca que nombrara obispo auxiliar de Zaragoza a Felipe de Miera Rubalcaba, administrador general de los hospitales de la Corte y capellán de San Juan de los Reyes (Toledo), “sujeto muy capacitado por sus letras y puestos, y porque conoce este arzobispado por hacer quince años que en mi compañía lo visitó” (mes de julio). El 1 de septiembre del mismo año, el presidente del Consejo de Castilla le escribía anunciándole este nombramiento.
Al inquisidor general Mendoza y Sandoval le sucedió en el puesto el obispo de Ceuta, Vidal Marín (marzo de 1705); fallecido en marzo de 1709, Ibáñez de la Riva fue nombrado inquisidor general en Madrid, el lunes, 29 de abril de 1709. La Corte de Roma puso, influenciada por los austríacos, algún reparo a tal designación, pero acabó accediendo, si bien permaneció poco tiempo en él (desde abril de 1709 hasta marzo de 1710). A su muerte, le sustituyó el italiano Francesco Giudice.
El domingo, 29 de septiembre de 1709, fue nombrado arzobispo de Toledo, designación un tanto discutida por la Santa Sede que, prudentemente, no aceptaba ni los presentados para las mitras españolas por el archiduque, ni los presentados por el Borbón. Cuando Antonio Ibáñez expiró en Madrid, lo hizo sin haber obtenido la bula para Toledo, lleno de méritos y virtudes.
Sus despojos fueron provisionalmente depositados en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena (Madrid) y el 22 de mayo de 1780 trasladados a la capilla de Santiago del templo metropolitano del Salvador de Zaragoza —donde le había sucedido Manuel Pérez Araciel, obispo de León—, “que está a mano derecha entrando por la plaza de La Seo y hace correspondencia con la de San Pedro Arbués”, que había edificado a su costa. Se conserva su palacio familiar en Solares.
Bibl.: A. Martínez Salazar, Colección de memorias, y noticias del gobierno general, y político del Consejo [Real, y Supremo de Castilla], Madrid, Oficina de D. Antonio Sanz, 1764; VV. AA., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, t. XXVIII, 1.ª parte, Barcelona, Espasa Calpe, 1925, págs. 803-804; M. Escagedo Salmón, Solares Montañeses, Torrelavega, Artes Gráficas Antonio Hernández, 1930-1934; A. Canellas López (dir.), Aragón en su Historia, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1980; G. Bleiberg (dir.), Diccionario de Historia de España, Madrid, Alianza Editorial, 1981; J. Martínez Millán y T. Sánchez Rivilla, “El Consejo de Inquisición: (1483-1700)”, en Hispania Sacra (Madrid), n.º 36 (1984); J. Pérez Villanueva y B. Escandell Bonet (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000; J. M. Walker, Historia de la Inquisición Española, Madrid, Edimat, 2001; www.biografiasyvidas.com.
Fernando Gómez del Val
