López de Cadreita, Aznar. Cadreita (Navarra), f. s. xii – ?, 16.III.1263. Obispo de Calahorra y La Calzada, arcediano, canónigo, embajador.
Seguramente procede de la localidad navarra de Cadreita, no sólo por su apellido sino también por poseer allí una heredad (llamada “Marras”). Moret lo supone hijo de Lope Jiménez de Rada y, por tanto, sobrino del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada. Indudable resulta su condición de hijo natural, pues debió solicitar a Roma las dispensas respectivas para el disfrute de beneficios eclesiásticos en 1216 y 1233. Quizás bajo los auspicios de su supuesto tío, cursó estudios en la catedral de Toledo, donde es mencionado como scolari y disfrutó de una canonjía desde 1216. Prosiguió su formación y promoción dentro del Cabildo toledano; en 1233, ya titulado magister, se incorporó a la elite capitular al obtener la dignidad de arcediano de Toledo.
Poco antes, en 1228, había iniciado su relación con la sede calagurritana como racionero; diez años más tarde, alcanzó allí la cima de su carrera eclesiástica, pues fue elegido obispo de Calahorra y La Calzada (no se sabe si por votación capitular o por designación papal), siendo consagrado al año siguiente. Tras la muerte del prelado anterior, Juan Pérez de Segovia, recibió un Obispado inmerso en una complicada situación. Aznar López combatió las dificultades empleando básicamente dos instrumentos: la aplicación de lo legislado en los concilios lateranenses a través del Sínodo de Logroño (celebrado sólo en 1240, según Rodríguez Ruiz de Lama, o, en opinión de García García y Díaz Bodegas, también en 1260 o 1256), así como la búsqueda del apoyo de los monarcas castellanos Fernando III y Alfonso X. En 1238, junto a su tío el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, integró una embajada de Fernando III ante Teobaldo I de Navarra. Años después, en 1257, concedió a Alfonso X el patronato perpetuo sobre las iglesias de Vitoria. Esta “castellanización” del prelado calagurritano se constata también en su ausencia de los sínodos convocados por su metropolitano, el arzobispo de Tarragona, y en una mayor vinculación, en gran parte personal, hacia la sede toledana.
En primer lugar, se enfrentó a los ataques nobiliarios contra el patrimonio diocesano. El desarrollo de la economía monetaria provocó un estancamiento de las rentas nobiliarias (la mayoría basadas en prestaciones de trabajo); en consecuencia, la nobleza dirigió sus ambiciones hacia los, más rentables, ingresos monetarios de las instituciones eclesiásticas. La sede calagurritana vivió de un modo muy trágico esta presión nobiliaria sobre su patrimonio, siendo la mayor amenaza la representada por el linaje de los señores de Vizcaya. Estos grandes nobles ejercían su señorío sobre la ciudad de Calahorra, se hallaban presentes en el Cabildo calagurritano como canónigos, administraban el patrimonio episcopal durante los períodos de sede vacante y disfrutaban, de hecho o de derecho, del cobro de rentas eclesiásticas; especialmente grave era la situación del arcedianato de Vizcaya, territorio donde el fuerte control señorial impedía al obispo percibir sus cuartas decimales. Para eludir el control del señor de Vizcaya, el anterior prelado, Juan Pérez de Segovia, había intentado trasladar la sede a una localidad de señorío episcopal: Santo Domingo de La Calzada. A la fuerte oposición de los Haro, que protagonizaron ataques armados contra el obispo, se unió la del rey castellano Fernando III, quien temía la desarticulación de su frontera frente a Navarra con el abandono episcopal de Calahorra. Aznar López resolvió esta crisis mediante una solución intermedia respaldada por el rey castellano. En 1248 mantuvo la presencia episcopal en Calahorra, evitando la desarticulación de la frontera del Ebro, y no negó la condición de catedralidad a los clérigos calceatenses. Así, estableció una sede compartida entre ambas localidades, existiendo un Cabildo catedralicio en cada una de ellas, cuyas dignidades comunes residían en Calahorra; desde entonces, la diócesis se denominó “de Calahorra y La Calzada”. Para que esta solución terminase de agradar a Fernando III, cedió a dicho Monarca el señorío de Santo Domingo de La Calzada en 1250. En su enfrentamiento con los Haro, también recurrió a dicho rey castellano para que, en 1240, obligase al señor de Calahorra, Alfonso López de Haro, a satisfacer la porción de las rentas reales pertenecientes a la catedral en dicha ciudad. Asimismo, obtuvo de Alfonso X la exención de moneda para el Cabildo calagurritano y el privilegio de que éste administrase el patrimonio episcopal durante las vacantes, evitando los expolios nobiliarios. No obstante, fracasó a la hora de ejercer su autoridad sobre el arcedianato de Vizcaya, territorio donde fueron asesinados varios de sus clérigos durante su visita de recaudación de las cuartas episcopales.
Su segunda preocupación fue el cobro de las rentas eclesiásticas, en especial de los diezmos, dificultado a causa de las distracciones de los campesinos, las irregularidades del clero local, la competencia de otros centros religiosos (monasterios, iglesias, órdenes militares, etc.). Por tanto, las disposiciones sinodales de Logroño exigían su pago íntegro a los campesinos y su correcta gestión a párrocos, arciprestes y arcedianos, sin consentir intromisiones de otras instituciones; la aplicación de estas medidas obligó al convento de Casanueva (Orden del Hospital de San Juan) a satisfacer sus contribuciones decimales en 1255. A este particular, Aznar López contó con el apoyo del papa Inocencio IV, cuyas bulas de 1243 y 1252 instaban a los judíos a pagar los diezmos de las heredades compradas a los cristianos, y de Alfonso X, quien recordaba en 1255 la obligatoriedad de las imposiciones decimales.
El tercer problema remite al propio clero diocesano. Por un lado, gran parte de estos clérigos habían perdido su preeminencia espiritual sobre los laicos al adoptar unas actitudes cotidianas que apenas permitían diferenciarlos de éstos: dejación de sus obligaciones y preceptos religiosos, deficiente formación intelectual, hábitos de ocio propios de los laicos, etc. Por otro lado, otros tantos (como los propios clérigos calagurritanos) se agrupaban en cabildos, realidades autónomas respecto del prelado que entraban en competencia con éste y entre ellos mismos; además, muchos de estos capítulos vivían en la precariedad económica debido al excesivo número de miembros y a los ataques contra su patrimonio. Respecto a los cabildos diocesanos, el Sínodo de Logroño confirmó su autonomía, pero bajo la autoridad episcopal, y delimitó mejor sus ámbitos competencial y patrimonial. Un ejemplo ilustrativo fue el reparto de rentas que Aznar López estableció con los capitulares de Calahorra en 1257. Asimismo, para evitar la precariedad económica de sus clérigos, el prelado calagurritano estableció un número máximo de beneficiados en cada capítulo y fijó sus retribuciones. En los Capítulos de Calahorra y Santo Domingo siguió las directrices marcadas por el legado pontificio, cardenal Gil Torres, en 1248. Además, prestó su ayuda económica al Cabildo de San Andrés de Armentia (víctima reiterada de usurpaciones nobiliarias), donándole en 1249 propiedades por valor de 620 maravedís, y limitó su número de miembros. Un caso paradójico fue el de San Martín de Albelda: en 1247 le permitió aumentar su número de capitulares para, dos años más tarde, remediar su penuria económica con la donación de una heredad en Albelda, llamada “Valdeobispo”; sus diferencias con el poder concejil explicarían un cambio de coyuntura tan rápido.
Del mismo modo, Aznar López utilizó los cánones del Sínodo logroñés en pos de reformar las actitudes cotidianas de sus clérigos diocesanos, para que supusieran un modelo vital a seguir por los fieles, siendo honestos, cultos y naturales del lugar. En consecuencia, se les recordaba sus obligaciones (asistencia a actos litúrgicos, ayuno, celibato, tonsura, discreción en el vestir, etc.), se hacía hincapié en los comportamientos que tenían vedados (asistencia a tabernas, juegos de cartas y dados, actividades armadas y de préstamo monetario, vinculación a poderes laicos, etc.) y se les ofrecía mejorar su formación intelectual mediante permisos para cursar estudios fuera de la sede.
El Papado le encargó la defensa de instituciones eclesiásticas como las Órdenes Mendicantes en 1245 y 1252, el monasterio de Santa María de Fitero (cenobio patrocinado por Rodrigo Jiménez de Rada) y la Orden de Calatrava en 1247, el monasterio de Santa Engracia de Pamplona en 1252, etc. No obstante, Aznar López se enfrentó a determinadas pretensiones de Roma. Ante la precaria economía diocesana, no pudo acceder a la solicitud pontificia del subsidio de Cruzada en 1244; negativa que supuso una pena de entredicho para la sede calagurritana, cancelada en 1253. Del mismo modo, tampoco atendió la recomendación del papa Alejandro IV para incorporar al Cabildo calagurritano a Juan Sánchez en 1257, pues ello supondría contradecir lo legislado sobre la admisión de nuevos miembros en las citadas ordenaciones capitulares.
Falleció el 16 de marzo de 1263, dejando una hija llamada Eva, cuyo futuro garantizó ingresándola en un convento de Marcilla y donándole una heredad en Cadreita. Este hecho demuestra que Aznar López estaba sumido en la realidad de su tiempo más allá de las pretensiones de su actividad pública, marcada por sus esfuerzos en reorganizar su diócesis y procurar la idoneidad moral e intelectual de sus clérigos. Sin embargo, seguramente sus contemporáneos valoraron más la preocupación paterna por asegurar el futuro de su hija que la infracción del precepto de celibato.
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Tomás Sáenz de Haro
