Torres Solanot, Mariano. Vizconde de Torres Solanot (I). Poleñino (Huesca), 11.VII.1791 – Zaragoza, 18.X.1858. Ministro, senador, abogado.
Hijo primogénito de Joaquín Torres Guillén y de María Rosa Solanot Ferrer, vecinos de Poleñino (Huesca). Encontrándose en este lugar la casa solar, la familia formada por ellos enlazaba los linajes hidalgos procedentes, respectivamente, de Peralta de Alcofea (Huesca) y Barbastro (Zaragoza), que contaban en Aragón con importantes propiedades rústicas y una notable ascendencia. Su expresión cercana la representan el hermano del padre, Tiburcio Torres, que fue caballero de la Orden de Santiago e intendente de Zaragoza, y el de la madre, Valentín Solanot, que, además de caballero de la Orden de Carlos III y regidor perpetuo del Ayuntamiento de esta ciudad, ocupó la presidencia de la Junta Superior del Reino de Aragón durante la Guerra de la Independencia.
Con estos antecedentes, concuerda el alto nivel de estudios de Mariano Torres Solanot. Así, a la conclusión de este conflicto, en el que había colaborado activamente en favor de la causa patriótica, obtuvo en 1815 el grado de bachiller en leyes por la Universidad de Zaragoza. Seguidamente, tras ejercer en este centro como profesor sustituto y estar becado como jurista en el Colegio mayor de San Bartolomé de Salamanca, en 1819 logró el título de licenciado en Derecho por la Universidad de esta ciudad. Finalmente, incorporado su expediente a la Facultad de Leyes de la Universidad de Valencia, en 1820 consiguió el grado de doctor y recibió el título de abogado.
Este recorrido por distintas instituciones académicas durante el primer período del absolutismo fernandino —todo lo indica— guarda relación con la adhesión al liberalismo de Mariano Torres Solanot desde la promulgación de la Constitución de Cádiz. En razón a ello y a su formación, con el restablecimiento de este Código en el último año citado fue integrado en las oficinas centrales de Madrid del Ministerio de Gracia y Justicia. Además de progresar aquí en la carrera administrativa —en octubre de 1823 era ya oficial segundo—, a lo largo del trienio liberal se decantó por la tendencia exaltada de los liberales. En su recta final, con la invasión del ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, siguió a las autoridades constitucionales en su retirada a Andalucía, quedando cesante en Cádiz con la restauración en octubre de 1823 del gobierno de la Monarquía tradicional. Durante este segundo período del absolutismo fernandino parece que pudo librarse de la implacable represión que le acompañó, pero a lo largo de los diez años de su dominio estuvo alejado de la actividad pública, dedicándose al cuidado de sus considerables propiedades.
Tras la muerte de Fernando VII y bajo la Regencia de María Cristina, en el régimen de monarquía constitucional, articulado en abril de 1834 mediante el Estatuto Real, participó en el Estamento de procuradores al conseguir un escaño por Huesca en las elecciones de junio. En esta Cámara, a pesar de haber visto paralizadas sus instancias para la incorporación a la carrera judicial y situarse políticamente dentro del liberalismo avanzado, no destacó en la oposición al moderantismo gobernante. Esto no fue óbice para que septiembre de 1835, con el acceso al poder de los progresistas bajo el liderazgo de Juan Álvarez Mendizábal, se le reintegrara al Ministerio de Gracia y Justicia como jefe de la Sección Eclesiástica. Esta vez sí descolló en el Estamento, apoyando no sólo el voto de confianza solicitado por ejecutivo de ese estadista, sino todas sus propuestas. De ahí que en las elecciones de febrero de 1836 obtuviera acta de procurador por partida doble, por Barcelona y Huesca. Con todo, optando por ésta, debió de discrepar entonces de la división desencadenada en el progresismo, ya que se abstuvo en la protesta de la Cámara por la sustitución en mayo del mencionado gobierno por el del ya moderado Francisco Javier Istúriz y se ausentó en la sesión que desaprobó al nuevo gabinete mediante un voto de censura. Actitud pasiva que fue recompensada en julio con la revalidación del escaño de procurador por su provincia natal (en las elecciones celebradas tras otorgar la regente a este ejecutivo el decreto de disolución) y con el nombramiento de secretario de la Sección de Gracia y Justicia del Consejo Real de España e Indias.
Con el triunfo del desarrollo revolucionario del verano que, clausurando el tiempo del Estatuto Real con el restablecimiento provisional en agosto de la Constitución de Cádiz, llevó de nuevo a los progresistas a las riendas del Estado, Mariano Torres Solanot tuvo que abandonar el último cargo citado al resultar suprimido ese alto órgano consultivo. Sin embargo, al poco, en enero de 1837, se le encargó en comisión una plaza de jefe de sección del Ministerio de Gracia y Justicia. Al regreso del titular en noviembre tuvo que dejarla, pero para entonces, desde las elecciones del mes anterior (las primeras celebradas tras la promulgación del Código político de este año), contaba por Huesca con un puesto tanto para el Congreso como para el Senado. Optando por éste, ocupó la segunda secretaría.
Con la victoria en estos comicios, los moderados se convirtieron en dominantes. Pues bien, la inclinación de Mariano Torres Solanot hacia esta fuerza política terminó al final del primer período de sesiones de esta legislatura. Así, ausente en los siguientes, cambió no sólo de estado civil, al contraer matrimonio en noviembre de 1838 con la luguesa Ramona Casas Marchamalo, sino también de rumbo político, retornando a la familia progresista. Lo hizo en el momento en que se inició un enfrentamiento en toda regla entre este partido y el gobernante moderado a consecuencia de la intención de éste, avalada por la reina gobernadora, de proceder a modificar restrictivamente el sistema político para monopolizar el poder. Por ello, cuando finalmente sus ya amigos políticos, acaudillados por el general Baldomero Espartero y contando con el apoyo de las masas populares urbanas, lograron en septiembre de 1840, recurriendo al pronunciamiento y a la movilización, neutralizar esa ofensiva conservadora, Mariano Torres Solanot se encontró en una posición inmejorable.
Fue la que facilitó que, en el trienio de hegemonía progresista entonces inaugurado, y reafirmado con la renuncia de María Cristina a la Regencia, su carrera pública alcanzara la culminación. De momento, desde noviembre pasó a ocupar el cargo de oficial mayor en el Ministerio de Gracia y Justicia. Acto seguido, en los comicios de febrero de 1841, revalidó, esta vez por Pontevedra, su escaño en el Senado, siendo elegido además primer secretario. Si este cargo lo alcanzó por su vinculación al sector del progresismo templado sustentador del Ministerio- Regencia presidido por Baldomero Espartero, no parece existir duda alguna de que detrás de su apoyo a este general como regente único y a la política del gobierno de Antonio González estuvo su designación en septiembre como magistrado de la Audiencia de Madrid. Pero Mariano Torres Solanot no sólo logró su anhelada entrada en la carrera judicial, sino que, tras manifestar su rechazo a la moción de censura que ocasionó la caída de ese ejecutivo y convertirse en uno de los más firmes seguidores del regente dentro de la Unión de Amigos Fieles organizada por Antonio González, en el gabinete que le sucedió el 17 de junio de 1842 del general José Ramón Rodil pasó a ocupar la cartera de la Gobernación.
Este gobierno, presidido por un oficial estrechamente vinculado a Baldomero Espartero a través del grupo militar de los llamados “ayacuchos” y con escasos apoyos parlamentarios, no parecía la solución más idónea para hacer frente al proceso de división del partido progresista y de creciente oposición al autoritarismo del regente. Así lo puso de manifiesto la campaña de prensa desatada contra él, cuya neutralización llevada a cabo por Mariano Torres Solanot, en calidad de titular de Gobernación, mediante la aplicación estricta de la legislación de imprenta y la constitución de una comisión para su revisión restrictiva, enardeció aún más los ánimos. Esta labor central dificultó el desarrollo de otros cometidos del Ministerio.
Con todo, su responsable pudo, cuando menos, presentar un nuevo proyecto más descentralizador sobre la organización y funciones de las diputaciones provinciales, que se sumaba al que se mantenía de su antecesor Facundo Infante referido a los ayuntamientos, y afrontar el establecimiento en Madrid de una escuela especial de administración para formar “a los diferentes agentes del poder ejecutivo”. Nada más confirmarle los electores pontevedreses en la representación de la Cámara Alta, la situación cambió totalmente con el movimiento insurreccional barcelonés de noviembre-diciembre y el empleo por el ejecutivo con el regente a la cabeza de expeditivos métodos castrenses para sofocarlo. Así, disueltas las Cortes para evitar las críticas y convocadas elecciones para marzo de 1843, la tarea fundamental de Mariano Torres Solanot fue la de movilizar todo el aparato político y administrativo, y utilizar todos los recursos legales y coactivos a favor del progresismo esparterista. No lo consiguió, incluida su candidatura al Congreso por Lugo, y la derrota supuso la caída el 9 de mayo del gobierno del que formaba parte. Acto seguido, el autoritarismo del regente se encargaría del resto: poner fin a esta nueva etapa de dominio progresista.
El distanciamiento de Mariano Torres Solanot de este tramo final marcó el inicio del definitivo alejamiento de la escena pública. A partir de entonces, convertido en heredero principal de los cuantiosos bienes paternos y habiendo aportado al linaje familiar la alta dignidad ministerial, que le reportaría desde octubre de 1847 la máxima pensión anual reconocida de 40.000 reales, se dedicó a conseguir el lustre aristocrático para el apellido. A ello correspondió su incorporación en diciembre de 1843 a la real y distinguida Orden de Carlos III, de la que tras haber realizado los laboriosos trámites era caballero desde noviembre de 1837. Pero, sobre todo, el título de vizconde de Torres Solanot, conferido el 5 de septiembre de 1852, en pleno apogeo moderado bajo el reinado efectivo de Isabel II. Pero no sólo dejó a su hijo, Antonio Torres-Solanot Casas, un patrimonio acrecentado y un título, sino también una importante inquietud intelectual por difundir y desarrollar el conocimiento. Una preocupación que, estando muy presente su eco en la memoria sobre la gestión como ministro de la Gobernación, se concretó en su vinculación a la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País y a la Sociedad Económica de Aragón, así como a la Real Academia de la Historia y a la de Ciencias Naturales, de las que fue socio, respectivamente, correspondiente y honorario.
Obras de ~: Memoria del Ministerio de la Gobernación de la Península durante la administración de ~, Madrid, Imprenta Nacional, 1843.
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie documentación electoral, 10 n.º 22, 12 n.º 21 y 14 n.º 49; Archivo del Senado, Expedientes personales, HIS- 0475-03.
F. Caballero, Fisonomía natural y política de los procuradores en las Cortes de 1834, 1835 y 1836 por un asistente diario a las tribunas, Madrid, Imp. de Ignacio de Boix, 1836, págs. 87-88; M. Gómez Uriel, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa: aumentadas y refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico, t. III, Zaragoza, Imp. de Calisto Ariño, 1886, págs. 269-270; P. Janke, Mendizábal y la instauración de la Monarquía constitucional en España (1790-1853), Madrid, Siglo XXI, 1974; C. Castro, La Revolución Liberal y los municipios españoles (1812-1868), Madrid, Alianza Editorial, 1979; C. Marichal, La revolución liberal y los primeros partidos políticos en España, 1834-1844, Madrid, Ediciones Cátedra, 1980; I. Burdiel, La política de los notables. Moderados y avanzados durante el Régimen del Estatuto Real (1834-36), Valencia, Edicions Alfons el Magnànim-Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1987; J. Cruz, Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española, Madrid, Alianza Editorial, 2000.
Javier Pérez Núñez
