Fernández de Mena, Toribio. ?, p. s. xiv – Guadalupe (Cáceres), c. 1367. Jerónimo (OSH), prior de Santa María de Guadalupe.
Hacia 1330, el sacerdote toledano Toribio Fernández de Mena se convirtió en el tenedor del santuario de Santa María de Guadalupe, sustituyendo en el puesto al fallecido frey Pedro García, sacerdote ermitaño y primer tenedor del santuario documentado.
Sin embargo, el primer titular del beneficio fue el canónigo toledano Pedro Gómez de Barroso, que lo conservó en su poder cuando fue promovido a obispo de Cartagena (1326) y después a cardenal de Santa Práxedes (1327).
Santa María de Guadalupe era entonces un pequeño santuario mariano situado en un abrupto paraje de la sierra de las Villuercas, en el extremo meridional del alfoz de Talavera, donde, probablemente a mediados del siglo xiii, se había descubierto una imagen de la Virgen María. La protección regia y los privilegios de exención de tributos fueron, quizá, anteriores a los tiempos de Alfonso XI, aunque la documentación sobre el particular sólo se conserva a partir del reinado de este Monarca castellano. Habiendo recibido con anterioridad donaciones de particulares, el impulso del Rey fue decisivo para que el santuario iniciara su crecimiento.
De tal suerte que con ese apoyo, y de acuerdo con el cardenal Barroso y el arzobispo de Toledo, a cuya diócesis pertenecía el santuario, se inició hacia 1330 la construcción de una iglesia mayor, que sustituyera a la primitiva, deteriorada y modesta ermita, cuyas obras concluyeron en 1336. El responsable de esta nueva obra fue Toribio Fernández de Mesa, personaje capital en el desarrollo inicial de Guadalupe.
Poco después, Alfonso XI decidió dar el paso decisivo para asegurar la independencia y el futuro del santuario.
En primer lugar concedió al lugar término propio, tomando para ello territorios correspondientes a los términos de Talavera y Trujillo y materializándolo en el correspondiente amojonamiento. A continuación, el monarca puso bajo su protección la iglesia y el hospital de Santa María de Guadalupe, sus ganados y todos sus bienes, al tiempo que eximía de todo tributo en sus reinos a su cabaña pecuaria. Finalmente, en 1340, Alfonso XI culminó su política de apoyo con la entrega a la iglesia de Guadalupe de licencia para que sus ganados pudieran pastar libremente en los términos de Talavera y Trujillo, la donación de la martiniega y el diezmo de cincuenta pobladores cercanos, a los que concedió casas y tierras, y la solicitud al arzobispo de Toledo para que instituyera un priorato secular de patronato regio. El arzobispo Gil Álvarez de Albornoz aprobó efectivamente la petición regia. El prior fue Pedro Gómez Barroso, cardenal residente en Aviñón, mientras que el tenedor del priorato continuó siendo Toribio Fernández de Mena, que era el auténtico protagonista de la acción directa en Santa María de Guadalupe, llevando a cabo una eficaz gestión de captación de donaciones y privilegios.
La definitiva consolidación del santuario con su conversión en priorato secular y patronato regio no podía traer más que conflictos con los concejos de Talavera y Trujillo. Las reiteradas confirmaciones de privilegios por parte del Monarca y de la reina María de Portugal, en su condición de señora de Talavera, y los no menos frecuentes mandamientos regios a los dos concejos indican que las villas no estaban dispuestas a aceptar con agrado la expansión del priorato secular, ya que habían tomado conciencia de que ese crecimiento se haría a costa de la merma de algunos derechos pertenecientes a los talaveranos y a los trujillanos.
Estas sospechas se confirmaron con la política desplegada por Alfonso XI respecto al nuevo priorato en los últimos años de su reinado.
Así, en abril de 1347, Alfonso XI autorizaba a la iglesia y al hospital de Santa María de Guadalupe a que dos mil ovejas, ochocientas vacas, quinientos cerdos y cincuenta yeguas pastaran libremente por los términos de Talavera y Trujillo. En noviembre de ese mismo año, estando el Monarca en la Puebla de Santa María de Guadalupe, ordenaba al concejo de Talavera que permitiera al boyerizo de la iglesia de Santa María de Guadalupe labrar con cuatro yuntas de bueyes y pastar con bueyes sobejanos en el término de Alía, aldea de Talavera.
Tras el fallecimiento del cardenal Barroso, acaecido en Aviñón en junio de 1348, el 28 agosto de este año, Alfonso XI volvía a solicitar al arzobispo de Toledo que autorizara el patronato regio sobre la iglesia de Santa María de Guadalupe y la instituyera en priorato, nombrando prior de la misma a Toribio Fernández de Mena, “que ha luengo tiempo que sirve aquella iglesia”. Ese mismo día, el monarca castellano concedió a la iglesia de Santa María de Guadalupe el señorío y la jurisdicción sobre la puebla de Guadalupe, excepto la justicia criminal de delitos de sangre y las alzadas. Este importante privilegio establecía un señorío jurisdiccional en tierra de Talavera, que socavaba esencialmente las competencias de la villa en el lugar.
Con todo, Talavera siguió sin aceptar las competencias que el priorato tenía por privilegios regios. Los vecinos de Talavera tomaron cincuenta y siete vacas, toros y novillos del priorato. En enero de 1350, María de Portugal, reina de Castilla y León, a través de su alcalde de Alzadas, ordenaba a los alcaldes de Talavera que devolvieran el ganado al priorato de Santa María de Guadalupe. Más de cuatro años después, la Reina mandaba al concejo de Talavera que devolviera lo tomado al priorato de Santa María de Guadalupe y respetara sus privilegios ganaderos.
La defensa monárquica del santuario mariano y de su prior Toribio Fernández de Mesa continuó durante el reinado de Pedro I de Castilla (1350-1369).
Así, en julio de 1350, el nuevo Monarca reiteraba a los concejos de Talavera y Trujillo la obligación de respetar el privilegio de Alfonso XI por el que permitía que dos mil ovejas, ochocientas vacas, quinientos cerdos y cincuenta yeguas de Santa María de Guadalupe pudieran transitar libremente por los términos de las citadas villas. Dos años después, Pedro I confirmaba la carta de Alfonso XI por la que eximía a los pastores y ganados de Santa María de Guadalupe cuando estuvieran en tierras de Talavera y Trujillo. Además, el Rey ordenaba a los concejos y oficiales de Plasencia, Trujillo, Cáceres, Talavera y la Puebla de Guadalupe que no abonaran ninguna cantidad a quien pretendiese recaudar para la cámara papal los derechos de la iglesia de Guadalupe y que defendieran a ésta frente a posibles ataques.
En enero de 1353, el monarca castellano mandaba a los alcaldes y al alguacil de Talavera que no cobraran portazgo a los romeros que se dirigieran a Santa María de Guadalupe. Un año después, el Monarca ordenaba a los concejos de Talavera y Trujillo que ampararan y defendieran a Toribio Fernández, prior de Santa María de Guadalupe, frente a quien trajera cartas papales para ocupar dicho priorato. En septiembre de 1355, ya en el contexto de la rebelión nobiliaria, Pedro I mandaba a todos los oficiales del Reino que hicieran respetar el privilegio que tenía Santa María de Guadalupe de aprovisionar de alimentos a su puebla, circunstancia que los de Talavera impedían.
El prior Fernández de Mena desarrolló en estos años una importante actividad constructiva, levantando la torre de las campanas, que todavía se conserva, y un gran acueducto en el cerro de las Villuercas de más de una legua de longitud, que costó 30.000 doblas de oro y aseguró el aprovisionamiento hidráulico de la puebla y el santuario de Guadalupe.
Toribio Fernández de Mena debió morir hacia 1367 en Guadalupe, ya que en junio de 1368 aparecía ya en la documentación su sucesor Diego Fernández.
El balance de la gestión económica del prior Fernández de Mena fue extraordinariamente positivo para el santuario mariano, ya que consiguió numerosos privilegios regios y asentó las bases productivas de Guadalupe sobre la agricultura, pero fundamentalmente sobre una ganadería que luego incrementarían los jerónimos.
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Enrique Rodríguez-Picavea Matilla
