Esteban de Collantes, Agustín. Marqués de Bogaraya (I). Carrión de los Condes (Palencia), 15.V.1815 – Madrid, 1876. Político y ministro.
De familia acomodada, una vez realizados los primeros estudios en su localidad natal y Filosofía en el seminario diocesano palentino, cursaría la carrera de Derecho en la facultad de la Universidad de Valladolid, en la que se licenció en 1836. Integrado en el Partido Moderado cuando éste se encontraba aún en estado de gestación, alcanzó de inmediato la secretaría de la Diputación Provincial palentina al tiempo que abría un bufete pronto prestigiado. Concejal del ayuntamiento palentino en los últimos años de la regencia de la reina gobernadora María Cristina de Nápoles, simultaneó la responsabilidad edilicia con la de teniente de la Milicia Provincial y la de la secretaría de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. De inquietudes igualmente literarias, siguió la trayectoria normal de los hombres públicos del reinado de Isabel II nacidos en provincias —en particular los abogados—, trasladándose en 1840 a Madrid a la husma de un destino político de alto vuelo.
Hibernadas y constreñidas sus aspiraciones políticas durante la regencia del general Espartero, se consagró durante su mandato a una intensa actividad como publicista, singularmente de orden periodístico, con la que se labró una sólida reputación literaria. Llegada la Década Moderada, comenzó de inmediato a tejer una densa red caciquil en su provincia, a la que representaría en la Cámara Baja en diversas legislaturas, muy en especial en la decisiva de 1844-1846, en la que intervino de modo notorio en la redacción del texto constitucional de 1845. Jefe de sección en el Ministerio de Gobernación —de uno de cuyos titulares desempeñó la secretaría particular—, director general de Administración y, ulteriormente, de Correos, su conocimiento de la estructura del Estado liberal así como sus extensas relaciones en el interior del partido determinaron en buena medida su nombramiento como ministro de Fomento en la reestructuración —del 1 de agosto al 19 de septiembre de 1853— del gabinete del general Lersundi, penúltimo de la década moderada. Su sucesor, el célebre conde de San Luis, le mantuvo la confianza y continuó desempeñando la cartera hasta la revolución de julio de 1854, que, con el término de la experiencia moderada, daría vado al bienio progresista.
En el transcurso de éste, retornó a su actividad profesional y literaria para volver luego, con menor presencia pública pero no menos intensa en los círculos dirigentes del moderantismo que en la década, a la actividad política. La extensa geografía caciquil de que era dueño y señor, su pertenencia a la generación fundadora del moderantismo y una irrefrenable ambición hacían de su figura uno de los primates del viejo partido, deseoso ahora de disputar al unionismo el cetro de la vida pública española. Ello hizo que su encausamiento, a requerimiento del Congreso de los Diputados, en el Senado —erigido en Tribunal de Justicia— en el mes de junio de 1859, a raíz del escándalo provocado por la imputación de un delito de cohecho y malversación de caudales públicos durante su etapa ministerial de 1853, con motivo de una supuesta contrata —el affaire de “los 130.000 cargos de piedra”— para la reparación de las carreteras de la provincia de Madrid, tuviera una desmesurada repercusión por ser la primera vez que, sin jurisprudencia previa, se instruyese la responsabilidad por delitos cometidos en el ejercicio del desempeño ministerial. Teniendo como defensor al más reputado de los abogados de la época —el prócer progresista sevillano Manuel Cortina— y como principal acusador al miembro de la comisión designada por la Cámara Baja, Cánovas del Castillo, el duelo jurídico y oratorio entre ambas descollantes figuras de la política y el foro del liberalismo ochocentista, adquirió de inmediato eco nacional y aun europeo. Embarcado en una campaña de moralidad pública, el gobierno de la Unión Liberal favoreció la difusión del proceso, saldado con la absolución del ex ministro y la condena de sus tres inmediatos colaboradores, los verdaderos delincuentes, según la generalidad de las opiniones coetáneas y ulteriores.
Una visión de la época no confirmada, empero, por la historiografía posterior, atribuiría el proceso del prohombre moderado a una oscura intriga larvada en el interior mismo de su partido a fin de desbancarle de su privilegiada posición cara a altas opciones futuras, conspiración terna que contaría con la complicidad con el núcleo duro del unionismo, ganoso del desahucio político de uno de sus más correosos adversarios.
Sea cual sea el grado de fiabilidad que quepa dar a tal hipótesis, resulta incontrovertible que las arraigadas aspiraciones de liderar un día a sus correligionarios por parte del palentino quedaron muy maltrechas a partir del antedicho lance.
De probada fidelidad palaciega, Isabel II le otorgaría el título de marqués de Bogaraya (1867), en el período en que, cercada la Corona por la hostilidad de la casi totalidad de los partidos y una amplia esfera de la opinión publica, la Reina quiso evidenciar su gratitud a sus hombres más incondicionales. Tal lealtad halló su máxima piedra de toque al advenir la gloriosa, etapa en la que, financiado con dinero provisto de manera directa por la reina Isabel, fundaría en Madrid el periódico El Eco de España, con la mira exclusiva de crear un estado de opinión propicio a la vuelta de los borbones al trono español. Diputado por el distrito de Saldaña en la primera legislatura del reinado de Amadeo de Saboya así como en las siguientes, no secundó pedisecuamente la estrategia marcada por Antonio Cánovas del Castillo cara a la restauración de la dinastía borbónica en la persona del príncipe de Asturias, el futuro Alfonso XII.
Lo cual determinaría no pocos choques y reservas del único diputado alfonsino —junto con Pedro Salaverría— en las Cortes de la Primera República con la dirección del movimiento restaurador. Prevalido de la simpatía que siempre despertara en Isabel II, de su peso y autoridad en el moderantismo e impulsado por su malquerencia hacia Cánovas, reivindicó una completa libertad de iniciativa en su labor parlamentaria y periodística, tendente en último extremo a postular su candidatura para el liderazgo del conservadurismo proalfonsino. Muy terne en tal posición, la abandonó generosamente, una vez triunfante el golpe de estado de Sagunto, para no obstruir la jefatura de su adversario y la composición del ministerio de Regencia.
“Señor don Agustín —le dijo Cánovas—, yo le estoy muy agradecido por la conducta noble que ha seguido usted [...] Usted y yo hemos olvidado las diferencias que nos separaron en otro tiempo, pero el público no las ha olvidado. Usted y yo no podemos figurar en el mismo ministerio. Yo, en cambio, le ofrezco otra cosa que satisfará a su corazón de padre.
Su hijo de usted (a la sazón muy joven) vendrá conmigo y yo le ofrezco hacerle su carrera. Usted, por su parte, puede elegir la legación que sea de su agrado” (marqués de Lema, 1927, II: 771).
Al frente de la representación alfonsina por Saldaña en los comicios de 1876, la embajada en Lisboa y, más tarde, la presidencia del Consejo de Estado, le impidieron formar parte de la famosa “comisión de notables” que redactara la Carta Magna de junio de 1876.
Su hijo Saturnino Esteban de Miguel Collantes llegó a ser ministro de Instrucción Pública en el primer gabinete de Eduardo Dato.
Fuentes y bibl.: Archivo del Congreso de los Diputados, Serie Documentación Electoral, 24 n.º 55, 26 n.º 16, 29 n.º 7, 31 n.º 18, 35 n.º 2, 41 n.º 31, 59 n.º 3, 65 n.º 2, 69 n.º 3, 72 n.º 14, 75 n.º 18, 78 n.º 14.
M. de Lema, De la Revolución a la Restauración, Madrid, Editorial Voluntad, 1927, 2 vols.; J. L. Comellas, Los moderados en el poder. 1844-1854, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1970; M. Fernández Almagro, Cánovas. Su vida y su política, Madrid, Ediciones Tebas, 1972; P. Carasa, “Aproximación a la oligarquía política castellana de la Restauración. Diputados a Cortes por Palencia. 1876-1899”, en M.ª V. Calleja González (coord.), Actas del II Congreso de Historia de Palencia, Palencia, Diputación Provincial, 1990; J. L. S ánchez, El Colegio de Abogados de Palencia. (1844-1994), Palencia, Diputación Provincial, 1994; P. Carasa (dir.), Elites castellanas en la Restauración. Diccionario biográfico de Parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), Salamanca, Junta de Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura, 1997; J. M. Cuenca Toribio y S. Miranda García, El poder y sus hombres ¿Por quiénes hemos sido gobernados los españoles? (1705- 1998), Madrid, Editorial Actas, 1999; J. L. Comellas, Isabel II. Una reina y un reinado, Barcelona, Editorial Ariel, 1999; G. Rueda Hernanz, Isabel II, Madrid, Arlanza Ediciones, 2001; J. M. Cuenca Toribio, Ocho claves de la historia de España contemporánea, Madrid, Ediciones Encuentro, 2004.
José Manuel Cuenca Toribio
